Autor

It seems we can't find what you're looking for.

Guatemala: la retirada del Ejército de las calles y la seguridad pública

Foto: Agencias

Resumen

La retirada del ejército de Guatemala de las patrullas combinadas que integraban con la policía nacional civil para mejorar la seguridad ciudadana, genera un debate social sobre la necesidad de continuarlas como medio para reducir la delincuencia.

Los altos índices de violencia e inseguridad en Guatemala aconsejaron en su momento la conformación de patrullas combinadas (ejército-policía) con el fin de incrementar la presencia territorial del Estado e incidir positivamente en la seguridad interior. Rechazadas por unos y solicitadas por otros, el debate se intensificó cuando desde finales de marzo de 2018 los elementos militares fueron retirados.

Mucho se ha especulado sobre la importancia de utilizar la fuerza militar en la seguridad pública especialmente ante la ausencia de policías y la falta de la presencia del Estado en muchas zonas del país. La inseguridad es la mayor preocupación de los ciudadanos que exigen al gobierno medidas eficaces de lucha contra la delincuencia común y organizada. Finalizada la colaboración interinstitucional el debate actual es si debe continuarse con ella y cómo incidió en la reducción del índice de homicidios y otros indicadores de violencia.

Análisis

La constitución guatemalteca indica -en su artículo 244- que es responsabilidad del ejército2 garantizar la seguridad interior y exterior, y no prevé la existencia de policía más allá de las “locales o municipales” (art. 259) para asuntos específicos de esas entidades.

En los Acuerdos de Paz que pusieron fin a un conflicto armado interno de treinta y seis años de duración, se contempló la posibilidad (y necesidad) de modificar ciertos artículos constitucionales que limitaran la potestad militar y determinarán dos espacios de seguridad distintos asignados a dos instituciones diferentes: el interior a la policía y el exterior al ejército. Sin embargo, la consulta popular llevada a cabo en 1999 no autorizó tales modificaciones pero se creó la Policía Nacional Civil (PNC) a la que se atribuyó de hecho la seguridad interior y se dejó la exterior para la institución armada.

En el intenso debate político-social aparecen dos elementos contrapuestos: el marco teórico sobre el asunto y la realidad social. El primero aconseja que las misiones del ejército sean absolutamente distintas a las policiales y asigna el espacio exterior del Estado para uno y el interior para las otras. La realidad es que hay altos índices de violencia -especialmente de homicidios-, miedo por la acción creciente de las maras, preocupación por la ineficiencia policial y, en contraste, alto índice de credibilidad y confianza en las fuerzas militares, lo que alienta a lo contrario. Tal panorama permite incorporar en la decisión política aspectos que avalan el uso de fuerzas militares, a su vez legitimado por una ciudadanía que pide a sus gobernantes más seguridad y que en ocasiones no es ofrecida por debilidad institucional o por desbordamiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Como resultado, el gobernante de turno se encuentra permanentemente ante el dilema de emplear efectivos militares, pero también con una oportunidad para la oferta política “adecuada” a las demandas sociales, e incluye tal posibilidad en propuestas de gobierno especialmente en momento electorales o de competencia por el poder. Lo anterior se ve reforzado por exigencias de sectores productivos, en el sentido de que los altos costos agregados a la inseguridad repercuten en la competitividad frente a otros mercados más estables.

El alto índice de criminalidad que sitúa a Guatemala entre los primeros países latinoamericanos (junto con Honduras y El Salvador), hizo que se decretara una norma legal por la que se establecía la posibilidad de cooperación interinstitucional en caso necesario y, de esa cuenta, el ejército comenzó a formar parte de patrullas de seguridad -junto con la PNC- con la finalidad de garantizar la seguridad pública y reducir el alto nivel de violencia en el país. Es necesario precisar, para reforzar la anterior idea, que las policías locales son escasas, responden únicamente a la gestión del tráfico y carecen de capacidades de investigación. Además, se suman los escasos efectivos de la PNC -todavía en conformación- que impiden dotar de cobertura a la

totalidad del país, lo que robustece la idea de “incrementar” la presencia con elementos militares, como se ha estado haciendo tradicionalmente.

De esa cuenta, se emitió el Decreto 40-2000 -Ley de Apoyo a las Fuerzas de Seguridad Civil- cuyo artículo 1 indica que el ejército podrá apoyar a las fuerzas de seguridad “cuando las circunstancias de seguridad del país demanden la asistencia o los medios ordinarios de que dispongan las fuerzas de seguridad civil se estimen insuficientes”. Otras normas posteriores construyeron el andamiaje legal pertinente.

La excepción se convirtió en regla y el empleo del uso de fuerzas militares en labores de seguridad pública fue permanente hasta finales de marzo de 2018. Los resultados de esos patrullajes conjuntos han sido evaluados de diferentes formas. Hay quienes han visto reducida la criminalidad y aquellos otros que no perciben efectos evidentes, y es que la disuasión es difícilmente evaluable y no se ha podido determinar con precisión cuantos delitos se ha evitado como consecuencia de la presencia combinada (militar-policial). No sería correcto excluir de este debate la postura ideológica de ciertos grupos de izquierda política que, producto del resabio todavía existente por el conflicto armado interno, descartan sistemáticamente la participación militar en cualquier actividad y promueven la desaparición del ejército, lo que incide en la toma de posicionamiento político, al igual que otros que constantemente la promueven.

El compromiso político de finalizar la colaboración interinstitucional coincidió con una visita de la entonces embajadora de los Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, a finales del mes de marzo 2017 a Honduras y Guatemala, lo que “provocó” el anuncio del Presidente guatemalteco, Jimmy Morales, de poner fin al patrullaje combinado en el que participaba el ejército, a pesar de que días atrás se barajó la posibilidad de continuar con el mismo, tal y como lo recogieron medios locales de prensa.

Análisis llevados a cabo por expertos en la temática, evidenciaban que los Estados Unidos están exigiendo el cumplimiento de compromisos adquiridos con anterioridad y que se reflejan en la norma H.R.244: Consolidated Appropriations Act, 2917 que en la Sección 7045, (a), 4), (B), ix), señala:

<<NOTE: Plan.>> implement a plan that includes goals, benchmarks and timelines to create a professional, accountable civilian police force and end the role of the military in internal policing, and make such plan available to the Department of State.

El énfasis de: “poner fin al papel de los militares en la material de seguridad interna”, aclara el condicionamiento del apoyo económico al Triángulo Norte -a través del Plan

de Alianza para la Prosperidad- y es sin duda uno de los mensajes más contundentes de la visita de la diplomática norteamericana a la región3.

La realidad numérica que se puede evidenciar en ese tiempo de colaboración es que las cifras de asesinados se han ido reduciendo progresivamente y la tasa de 26 muertes por cada 100 mil habitantes (Enero 2018) es histórica y se empareja con la del 2000 que fue cuando se inició el incremento de la violencia homicida en el país. En aquel año se llegó a una tasa de 25.9 y la de 2017 fue de 26.1. Sin embargo, no todo el éxito puede ser atribuible al empleo de patrullas combinadas (de ahí la desconfianza para algunos analistas), también hay que incluir en esta ecuación valorativa la puesta en práctica de diferentes políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, mejor estrategia de investigación en la policía y en el ministerio público, mejora en la formación del capital humano, coordinación interinstitucional más estrecha y asertiva y otras cuestiones como el empleo de medios científicos, tecnología más moderna y mejora en las capacidades de inteligencia criminal.

En el corto plazo hay que destacar que casi simultáneamente con el fin del patrullaje combinado, se produjo el cambio de ministro de gobernación -febrero de 2018- y el posterior de la cúpula policial, lo que generó una controvertida discusión política y supuso un significativo retroceso en la fluida colaboración con el ministerio publico y afectó el engrasado procedimiento que se aplicaba exitosamente. A partir de entonces algunos observatorios de violencia han puesto sobre la mesa que aunque la tasa de homicidios octubre-2018/septiembre-2018 se ha reducido y actualmente es de 23, “la tendencia de la tasa interanual descendió de manera más lenta en los meses de julio y agosto, hasta que en septiembre se registró leve incremento”4 y Septiembre 2018, por ejemplo fue más violento que Agosto 2018 y más que Septiembre del año anterior. Además, se han presentado datos sobre el aumento en otros delitos aunque el mayor impacto social es, evidentemente, el número de homicidios. Es necesario precisar los índices de violencia y criminalidad son diferentes según el lugar del país, lo que complica la discusión especialmente en zonas en que la presencia del Estado no existe, son controladas por el crimen organizado, mezclan población de diferente etnicidad o se corresponden con altas concentración de población. Esa falta de uniformidad, conduce en muchas ocasiones a tomar decisiones distintas para uno u

otro lugar e impide adoptar un criterio general y uniforme que es sustituido por el estudio detallado de cada municipio o departamento en que se divide el país.

No seria correcto afirmar ni desmentir que la colaboración policía-ejército en materia de seguridad ciudadana ha incidido, por si misma, en los resultados presentados. No es posible evaluar, como ya se dijo, la disuasión y hay que incluir en el debate aspectos ideológicos de rechazo (también de aceptación) del ejército, producto de una sociedad de postconflicto así como la intención de la institución armada de mantener el estatus quo tradicional y obtener la inteligencia criminal necesaria para otras cuestiones relacionadas en muchos casos con el narcotráfico y el crimen organizado.

Todo lo anterior y la cada vez mayor presencia de maras, narcotráfico, crimen organizado y grupos armados, lleva a la conclusión sobre la necesidad de abordar, más que la colaboración interinstitucional, la creación de unas fuerzas intermedias desprovistas de la carga ideológica comentada y con las capacidades de afrontar nuevas amenazas, además de las tradicionales. El desgaste en el debate del empleo del ejército en seguridad pública puede estar desaprovechando tiempo y recursos respecto de la necesidad de cambiar un modelo agotado que, por otra parte, genera fricción y resultados difícilmente evaluables.

Pedro Trujillo Álvarez

28, diciembre de 2018


1 Doctor en Paz y Seguridad Internacional. Profesor en Universidad Francisco Marroquín (Guatemala). Perfil en: https://www.linkedin.com/in/pedro-trujillo-2254958a/ Correo: miradorprensa@gmail.com

2 Aunque la denominación oficial en Guatemala es “Ejército”, se empleará indistintamente esa denominación o la de fuerzas armadas.

3 El H.T.4796 – USA Act of 2018, en: https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/4796/text también incluye compromisos y exigencia para el Triángulo Norte en relación con la migración. Consultado por última vez el 24 de noviembre de 2018.

4 http://www.dialogos.org.gt/

COMPARTIR

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Las ideas contenidas en este análisis son responsabilidad exclusiva del autor, sin que refleje necesariamente el pensamiento del CEEEP ni del Ejército del Perú