Resumen

La relación del tema ambiental con el Sector Defensa surge con la ley 99 de 1993.  Con esta ley se da vida al Sistema Nacional Ambiental y al Ministerio de Medio Ambiente y además establece, en su artículo 103, que las Fuerzas Militares tienen como parte de sus funciones, la protección de los recursos naturales renovables y no renovables, desarrollando funciones y acciones de control y vigilancia, en apoyo a las autoridades ambientales, entes territoriales y a la comunidad.

Por consiguiente, las fuerzas y entidades que conforman el sector defensa, como parte del Estado, deben desarrollar su misión incorporando una adecuada gestión de las variables ambientales más relevantes, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental en sus áreas de influencia. En este sentido, con la participación de la Fuerza Pública, Fuerzas Armadas y Policía, en la protección ambiental es posible ilustrar el nuevo concepto de fuerza multimisión que aspira a lograr Colombia, a medio y largo plazo, donde, entro e otras misiones la dedicación a este ámbito es particularmente destacable.

Análisis

El contexto ambiental de la Defensa y Protección del Medio ambiente en Colombia

No cabe duda de la gran riqueza ambiental colombiana, de hecho, es considerado como un país megadiverso. Colombia ocupa el 0.22 % de la superficie terrestre y alberga más del 10% de las especies conocidas actualmente (IAvH 2013). Como territorio megadiverso es catalogado dentro del grupo de los 14 países que albergan el mayor índice de biodiversidad en la tierra (Andrade 2011a). Además más de la mitad de su superficie total  está cubierta por bosques naturales, muchos de los cuales se encuentran bajo la categoría de reserva forestal o bajo otras figuras de ordenamiento ambiental del territorio. Sin embargo, en los últimos 20 años ha sido evidente el incremento en la degradación ambiental producto de la minería ilegal, los cultivos ilícitos, la tala de bosques y el tráfico ilegal de especies, fenómenos que han avanzado en todas las regiones del país afectando, principalmente, los resguardos de biodiversidad de la Amazonía y del Chocó biogeográfico (Ministerio de Medio Ambiente,2018).

De manera paralela, el país se encuentra ante la consolidación de una situación de seguridad ambiental, que depende  de aspectos como la implementación de los acuerdos de paz, del resultado del proceso de reintegración de los excombatientes, de la lucha contra los cultivos ilícitos y contra el narcotráfico  y de la capacidad institucional de gestión y de cooperación internacional para llevar la gobernabilidad democrática y las oportunidades económicas legales a las regiones ambientalmente más vulnerables.

Sí, mientras los instrumentos convencionales de políticas públicas, especialmente los ambientales, de la justicia y policía, no estén plenamente disponibles para garantizar el orden público y la convivencia y existan actores armados con el poder de desestabilizar el Estado Social de Derecho y dañar gravemente a la población, la opción estratégica colombiana tiende a ser la continuidad del involucramiento doméstico intenso de sus Fuerzas Militares. De la consolidación de la paz, la protección y defensa del medio ambiente y el postconflicto dependerá parcialmente el futuro de las Fuerzas Armadas.

Ahora bien, Colombia desde la Constitución Nacional de 1991 estableció que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del medio ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines (Artículo 79). Además, que, para prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, deberá utilizar las entidades públicas que sean requeridas. lo que incluye la presencia de las Fuerzas Armadas en el control de los principales corredores ambientales del País.

Después de la Constitución “verde”, se aprobó la ley 99 de 1993, como expresión del pensamiento ambiental y como deber ser de la institucionalidad, con los elementos necesarios para el funcionamiento de un sistema complejo de instituciones, capaz de comprender y gestionar los procesos ambientales y colaborar en la búsqueda del desarrollo sostenible del país. Esta norma, producto de un largo proceso académico y político de concertación, estableció los fundamentos de la política ambiental y la forma de cómo alcanzarlos. Además de crear un núcleo de instituciones de investigación articuladas entre sí y con el Ministerio de Medio ambiente y las demás entidades del Sistema Nacional Ambiental, así como con otras entidades públicas que complementan el sistema. Dentro de esas entidades, la ley 99 dio especial énfasis al papel de las Fuerzas Armadas al establecer que velarán en todo el territorio nacional por la protección y defensa del medio ambiente y los recursos renovables y por el cumplimiento de las normas dictadas con el fin de proteger el patrimonio natural de la nación, como elemento integrante de la soberanía nacional.

Las Fuerzas Armadas y su relación con el Medio Ambiente en Colombia

Desde 2012 en un contexto de transformación militar y nuevos roles para las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa propuso una transformación de acuerdo con los lineamientos de seguridad humana, la cual surge de la evolución del concepto de seguridad e invita a hacer frente a nuevas amenazas y transformaciones sociales sin descuidar las funciones clásicas de seguridad y defensa (Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia, 2015).  

Esta transformación se plasmó en el planteamiento de tres líneas estratégicas a desarrollarse hacia 2030. La primera dirigida al control institucional del territorio y la construcción de una paz estable y duradera, dándose prioridad a 160 municipios, antiguos territorios de presencia de las FARC, con el fin de enfrentar el narcotráfico, la minería ilegal y los tráficos ilegales entre otros.   Las dos líneas siguientes son la creación del Comando Estratégico de Transición (COET) responsable de la coordinación de la dejación de las armas por parte de las FARC; y el Comando de Transformación del Ejercicito del Futuro (COTEF) que planteo tres fases para la consolidación de dicha transformación:

(2014-2018) Consolidación del Ejército y apoyo al proceso de paz,

(2018-2022) Fortalecimiento de capacidades por áreas de operación.,

(2023-2030) Consolidación de un ejército multi –misión que abarque desde el mantenimiento del orden interno, hasta la participación en misiones internacionales y diferentes temas relevantes para la agenda mundial como temas ambientales y atención a desastres (Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia, 21 de febrero de 2017).

Al evidenciar la importancia del medio ambiente, como futuro escenario, las Fuerzas Armadas  han creado planes estratégicos para contribuir al cuidado del mismo, el cual siempre ha sido de vital importancia para las mismas, Así ya consta en lel Plan de Campaña Espada de Honor, (El plan Estratégico Ambiental 2011- 2015), donde la fuerza, en aras de seguir cumpliendo su misión constitucional de salvaguardar la soberanía del país, se compromete en cumplir las tareas asignadas, contribuyendo con ello a la consolidación de una paz estable y duradera,  y garantizar la seguridad nacional (Ejército Nacional de Colombia, 2016)

Estos  planes estratégicos ambientales, han  buscado abarcar dos grandes áreas de acción: La primera relacionada con el impacto ambiental producto del desplazamiento de las tropas, la realización de operaciones y el cumplimiento de los objetivos de la misión operacional, propias de las fuerzas,, y la segunda en marcada  en la protección, sostenibilidad, atención, promoción y restauración del medio ambiente, acciones que a su vez se encuentran inmersas en la doctrina de acción integral, la cual se ve como un eje transversal en cada uno de estos planes estratégicos..

Ahora bien, si bien las Fuerzas Armadas han realizado un enorme esfuerzo en abordar protección y defensa del medio ambiente, como parte de su área misional no tradicional, hasta el momento no han sido suficiente las actividades realizadas por las Fuerza Armadas a favor del medio ambiente, ya que todavía gran parte del que hacer de las mismas sigue orientado a los temas de seguridad tradicional. Además, de que se sigue sin consolidar una estrategia de seguridad en materia ambiental permitiendo responder a las realidades ambientales a las que se enfrenta Colombia.

Acciones realizadas por las Fuerzas Armadas en Materia Ambiental

Si bien los esfuerzos por lograr articular el papel de las Fuerzas Armadas en la protección de la defensa del medio ambiente, siguen muchas veces quedándose en el papel, es importante resaltar que la presencia de las Fuerzas Armadas ha hecho posible el despliegue de diferentes modelos de vigencia comunitaria, seguridad rural, de aeropuertos, de puertos y de pasos fronterizos. Esta actuación  ha permitido la intervención en zonas donde se localiza mayor presencia de los fenómenos de la explotación y tráfico de recursos naturales, haciendo énfasis en la minería ilegal, la tala producto de cultivos ilícitos y el tráfico de especies.

Con el fin de contrarrestar el fenómeno de la minería ilegal, proteger los recursos naturales y debilitar una de las fuentes de financiación de los grupos ilícitos presentes en varias regiones del país; en el año 2015 durante el gobierno del presidente Juan Manual Santos, se creó y activo la brigada del ejercicito contra la Minería Ilegal. Su funcionamiento se soportó en tres bases fundamentales:  el mando y control, la realización de operaciones en los 233 municipios afectados por la extracción ilegal de minerales y la interrelación con la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio del Medio Ambiente.

A partir de su creación, esta brigada ha realizado alrededor de 27 operaciones conjuntas, coordinadas, combinadas e interagenciales, dando como resultados, 334 minas intervenidas, 134 capturas, 72 retroexcavadoras destruidas, incautación de 1.902 gramos de mercurio, evitando la destrucción de las fuentes hídricas, suelos y biodiversidad de los colombianos. Igualmente,   entre las operaciones más significativa realizadas en la lucha con la minería ilegal, se resalta la operación denominada ‘Anostomus I’ desarrollada, en el 2015, y de manera conjunta con efectivos brasileros. El objetivo primordial fue golpear las actividades desarrolladas en el Cerro Tigre, Campo Alegre y la Serranìa del Naquè, tres áreas que estuvieron durante mucho tiempo bajo  el control del Frente Acacio Medina, el Frente 16 y la Columna Móvil Urías Rondón de las FARC.

De igual forma, durante la operación Anostomus II, realizada en noviembre y diciembre en la Reserva Nacional Natural PUINAWAI las autoridades arrestaron a 24 colombianos por diversos delitos, entre ellos por daño a los recursos naturales, contaminación ambiental, acceso ilegal y extracción ilegal de minerales. Durante el 2016, se han realizado 41 operaciones conjuntas y dos coordinadas e interagenciales dando como resultado 111 capturas. (Comando General de las Fuerzas Militares, 2016, p. 5).

Ahora bien, a pesar de los enormes esfuerzos se han venido implementado, también es evidente los obstáculos a los que se enfrenta las Fuerzas Militares en la lucha contra la minería ilegal.  Es así que en un reciente operativo realizado por la Brigada 26 de Selva y la Sexta División del Ejército Nacional, con apoyo de la Fuerza Aérea, Policía Nacional y Batallón de Infantería de Selva, capturaron a ocho personas que hacían parte del grupo delincuencial Los Caqueteños, dedicado a la explotación ilícita de yacimientos mineros en el río Caquetá, tráfico de estupefacientes u otras actividades ilegales. Después de ser traslados a la Leticia (Departamento del Amazonas), ninguno de los capturados fue procesado, el fiscal de turno considero que no había pruebas ni elementos probatorios suficientes, y que el material de video y fotografías no eran claras, y que, al no tener las partes de las dragas desmanteladas, los detenidos tendrían que ser dejados en libertad.

Organizaciones criminales como los caqueteños se aprovechan de los ríos para desarrollar todo tipo de actividades delincuenciales. Financian el tráfico de estupefacientes, armas y, desde hace varios años, se dedican a la minería ilegal. La rentabilidad del negocio viene dada por la baja inversión en relación a los altos y rápidos beneficios, , ya que instalar una daga cuesta unos 40 millones de pesos; pero en una semana ya está generando ingresos de hasta 70 millones, por el oro.

Paralelamente, otra de las problemáticas ambientales que enfrentan las Fuerzas Militares, es la relacionada a la tala o deforestación. El acaparamiento de tierras, los cultivos ilícitos, ganadería extensiva, construcción de infraestructura como vías y carreteras e incendios forestales, son para el Estado colombiano, los principales motores de la deforestación, flagelo que se estima que en 2018 erradicó más de 270.000 hectáreas de bosque (MinAmbiente,2018). Para el caso de los cultivos ilícitos, el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), en su informe de 2018, estableció que los parques nacionales son de las zonas de mayor afectación por la presencia de actividades ligadas a organizaciones del narcotráfico. La proximidad a zonas boscosas con difícil acceso y baja presencia institucional, han favorecido la concentración de cultivos.

Para 2017, dentro de la estrategia de reducción del área sembrada con coca, se priorizo la intervención a través de la erradicación manual forzada en algunas áreas seleccionadas. Dicho ejercicio favoreció en primera instancia a los parques de la Sierra Nevada de Santa Marta, la Paya y Nukak, Se redujo el 35% del área con coca. al pasar de 2,493, en 2016, a 1619, en 2017 (SIMCI,2017). Esta reducción se da por el control, protección y coordinación entre las Fuerzas Militares y las Autoridades ambientales; quienes han venido trabajando conjuntamente para diseñar planes de sustitución voluntaria, con las comunidades, a partir de posibilidades de desarrollo, acordes con las capacidades de carga y condicionantes ambientales del área protegida.

En concordancia con lo anterior, las Fuerzas Militares también apoyan acciones reforestación. Así, para el año 2016, el Ejército proyectó la siembra de 54.000 árboles, meta que fue superada con la siembra de 58.339 especies arbóreas. Adicionalmente, en conjunto con la Fuerza Aérea Colombiana, el Ejército Nacional desarrolla más actividades de siembra de árboles. En enero de 2015, se inició la ejecución del convenio de cooperación No. 013-080 y 004 suscrito entre la Fuerza Aérea Colombiana y Compañía Española de Petróleos S.A.U. (CEPCOLSA) para la siembra de 50 hectáreas de la Acacia Mangium y especies nativas en la base del Grupo Aéreo del Oriente (GAORI), la cual culminó satisfactoriamente, el 16 de diciembre de 2016, cuando se establecieron aproximadamente 55.800 árboles (Comando General de las Fuerzas Militares, 2016, p. 5).

Por otro lado, las Fueras Militares también vienen participando en la creación de los denominados Comités departamentales para la protección y preservación de la Flora y Fauna. Estos comités han servido para articular acciones conjuntas entre diversas instituciones de carácter gubernamental, tales como Autoridades Ambientales, Secretarías de Gobierno, la Policía Nacional, Fiscalía, CTI e INTERPOL; y que han permitido identificaron tres rutas principales: la primera con destino a Estados Unidos y México, donde se concentra principalmente en el tráfico de aves, pieles de reptiles, mamíferos y anfibios. La segunda, en la que se comercializan especialmente pieles de reptiles y mamíferos, teniendo como destino principal a Europa. La última y tercera ruta cuyo principal destino es Asia, se concentra en el tráfico de reptiles, anfibios, insectos y especies de flora silvestre. Del mismo modo, en cooperación con el Grupo Investigativo de Delitos Contra el Medio Ambiente de la Dirección Central de Policía Judicial, se ha avanzado en la identificación de redes de traficantes que desde de los departamentos Amazonas, Vaupés, Guaviare, Putumayo y Meta; han traficado con alrededor de 211.571 entre 2009 y 2016 (Comando General de las Fuerzas Militares, 2016, p. 6).

Por último, y con el fin de seguir consolidando las acciones ambientales en materia de la protección del medio ambiente, el 15 de julio de 2015, se realizó la vinculación a la Mesa Nacional de Control Ambiental, encabezada por el Ministro de Ambiente, Parques Nacionales Naturales, ASOCARS, Fuerzas Militares, Policía Nacional, Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía, y la Defensoría del Pueblo. Dicha participación, ha permitido establecer una agenda de trabajo conjunto, cuyos principales frentes de acción son la priorización de acciones, ejercer control sobre la minería ilegal, valorar y atender los daños ambientales ocasionados a la infraestructura petrolera, tráfico ilegal de flora y fauna, entre otros. Estos frentes de acción responden al objetivo principal de facilitar la gestión interinstitucional creando escenarios de diálogos, para la construcción de soluciones y el fortalecimiento de la gestión ambiental para la conservación de los recursos naturales renovables

Conclusiones

La transformación de las Fuerzas Armadas hace parte de una gran ola de cambios, que las fuerzas armadas contemporáneas alrededor del mundo han venido realizando.  Esta transformación de una fuerza contrainsurgente a una fuerza multimisión, responde al reconocimiento del escenario de posacuerdo que enfrenta el país, y que responde a nuevos desafíos e interpretaciones que exige el contexto internacional

Dentro de dichos desafíos, el compromiso constitucional de proteger y defender el medio ambiente y los recursos naturales del accionar de actores ilegales, convierten a las Fuerzas Militares en un actor fundamental  en la implementación de acciones de tipo ambiental. Este es el caso de la minería ilegal, que, a través de la Estrategia Nacional de minería ilegal de 2015, la institución militar han asumido roles de combate contra las estructuras  criminales dedicadas a la extractaciòn ilícita de yacimientos mineros, especialmente de oro.

Además, con el ánimo de intervenir en las zonas donde se generen los fenómenos de explotación y tráfico, se han desplegado en zonas con altos recursos naturales y corredores. Despliegue que se utilizara a su vez, para la vigilancia y control territorial, en apoyo a las autoridades ambientales, a los entes territoriales y a las comunidades locales.

Las Fuerzas Armadas del Futuro, como  fuerza multimisión, se cimienta sobre sólidas bases constitucionales porque responden al fin de la Fuerza Pública, esto es, defender y asegurar los intereses del Estado, de la población civil y la vigencia del orden jurídico-constitucional en el contexto de nuevos desafíos que plantean las transformaciones del conflicto interno, políticas, sociales, económicas, ecológicas y de las relaciones internacionales.

A través de la intervención y educación a las comunidades, las sociedades y organizaciones y  y de la implementación de la normatividad desarrollada en las últimas tres décadas, se crean las bases y oportunidades de mantener, en las mejores condiciones posibles los ecosistemas naturales, con el firme propósito de que las generaciones futuras puedan tener un planeta habitable con un conocimiento enmarcado en el cuidado, preservación y conservación del medio ambiente.

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