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La Seguridad constituye en la actualidad uno de los valores hegemónicos, tanto en nuestras sociedades locales como globales. Los cambios estructurales que éstas experimentan han incrementado de forma sensible las percepciones individuales y colectivas de incertidumbre y vulnerabilidad, lo que estimula la búsqueda de sensaciones y espacios de estabilidad y previsibilidad. Los grandes riesgos y amenazas ya no son producto de guerras clásicas, terrorismo o la criminalidad organizada, sino de desajustes interactivos internos de nuestras sociedades a nivel político, económico, social, cultural y medioambiental. Por su parte, las Administraciones deben dar respuesta a ciudadanos cada vez más inquietos, activos y formados. No lograrlo tiene efectos de muy diversa índole, cuyas consecuencias últimas resultan muy difíciles de prever, pero en cualquier caso negativas para las sociedades en su conjunto.

La superación de la clásica concepción de seguridad física de muy limitado alcance ha permitido incorporar nuevas variables de amplio espectro basadas en el respeto, la defensa activa y difusión global de una determinada concepción de las sociedades humanas basada en derechos y libertades. Ello ha obligado a desarrollar renovados conceptos de Seguridad con la suficiente proyección y alcance como para velar por la protección global y específica de todas aquellas dimensiones que constituyen atributos básicos e interrelacionados promotores del desarrollo armónico de individuos y comunidades. Así, surge tras la Guerra Fría el concepto de Seguridad Humana como precursor de una reflexión amplia que ha derivado en diferentes interpretaciones de este mismo concepto a lo largo de las siguientes décadas. Desde un principio, su conceptualización primigenia planteaba ya una serie de problemas vinculados con su concreción y utilidad para convertirla en un concepto operativo y aplicable a las políticas públicas.

Con este contexto como fondo, la principal aportación de la Seguridad Integral está relacionada con el avance que supone al incorporar una concepción más concreta y práctica, de alcance global, vinculando las variables que integran la Seguridad Humana, reforzándolas mediante áreas de acción específicas interactivas en los planos organizativos, funcionales y territoriales. Sin duda, es un enfoque ambicioso puesto que incide en la construcción de una Gobernanza escalable y en la fijación de los anclajes de unas condiciones concretas para el mantenimiento de la seguridad vinculada a una Paz que no significa solamente ausencia de violencia, sino voluntad de construir un espacio de convivencia sostenible gracias al interés y compromiso de los actores más relevantes.

Este nuevo concepto de Seguridad posee un profundo componente transversal, que resulta mucho más revolucionario de lo que parece porque supone atribuir una serie de responsabilidades a la Gobernanza y remodelar funcional y organizativamente las Administraciones. Otra peculiaridad lo constituyen los principios preventivos sobre los que se deben asentar el diseño y la acción de las estrategias integrales. No debemos olvidar que la lógica integral presupone un previo conocimiento profundo de los escenarios que, convertido en Inteligencia, debe ser aplicado con la intención de prevenir daños en el tejido social y optimizar costes. La prevención es más económica que la respuesta, aunque siempre resulta difícil transmitir esta realidad, tanto a la sociedad como a los propios decisores político-institucionales.

Una de las aportaciones principales de la Seguridad Integral es que permite visibilizar actores concretos que deben contribuir desde sus respectivas áreas al sostenimiento de una arquitectura realmente compleja. El esquema que ofrece facilita que cada actor principalmente público, aunque no exclusivamente, se ubique en los marcos específicos de las políticas públicas que les corresponde y se pueda observar con nitidez si se encuentran alineados en función de las exigencias de la Seguridad Integral en ese contexto. Las actuales estrategias de Seguridad Nacional constituyen propuestas que se asoman tímidamente a esta filosofía. Cuando deciden incorporar explícitamente el concepto a su articulación el significado real que le atribuyen hasta el momento resulta limitado, posiblemente debido a las propias limitaciones cognitivas que nuestras sociedades y decisores públicos poseen como consecuencia del desconocido escenario antrópico que tenemos por delante.

Partiendo de estas premisas, podemos ofrecer una definición certera de Seguridad Integral, tal y como queda reflejado en el documento publicado por la Fundación Alternativas, Seguridad integral: España 2020, al concebir “la Seguridad Integral como una lógica de acción proactiva y defensiva, que trasciende ampliamente la clásica dimensión de la Seguridad Nacional, destacando la necesidad de incidir -para garantizar dicha Seguridad- sobre los sistemas energéticos, sanitarios, alimentarios, medioambientales, de infraestructuras, tecnológicos, militares y de la Seguridad Interior, debiendo ser promovida coordinadamente desde los instrumentos de gestión pública en el ámbito político-institucional, técnico, diplomático y de Inteligencia para el desarrollo de estrategias preventivas, así como de respuestas ejecutivas de variado alcance, con el objetivo último de garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de las personas y la seguridad de los consumidores, amparar el respeto de los Derechos Humanos y proteger el ejercicio de los derechos democráticos.”

Los actores públicos tradicionales centrados en la gestión de la seguridad interior y exterior, policías y fuerzas armadas, observan con interés y recelo la evolución de esta nueva concepción de la gestión integral de la seguridad puesto que puede alterar la distribución tradicional de funciones. A lo largo de las dos últimas décadas hemos asistido a la acelerada difuminación de los clásicos espacios de acción interior y exterior, por lo que la adaptación a un nuevo contexto caracterizado por la redefinición de roles constituirá una condición insoslayable. Una característica irrenunciable será consecuencia de la necesidad por parte de policías y fuerzas armadas de generar espacios de colaboración con las sociedades, así como el desarrollo de una visión estratégica en la que los estos actores se sitúen como parte del engranaje garante de la Seguridad Integral en función de sus roles tradicionales -defensa del Estado, orden público y seguridad ciudadana-, pero activando aquellas  capacidades latentes que poseen, pero no han sido desarrolladas por falta de interés político, corporativo o por simple desconocimiento.

El avance de nuestras sociedades dependerá de la capacidad de adaptación de las Administraciones a las nuevas necesidades en entornos complejos con nuevas demandas de seguridad. Este cambio de paradigma solo podrá realizarse si las Administraciones entienden la magnitud del desafío que tienen por delante, generando espacios de cambio estructurales internos y redefiniendo la relación con la ciudadanía, mediante la creación de nuevos canales de interacción y participación.