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El consenso político para la política pública de la defensa en el Perú

Resumen

La Política Pública de la Defensa en el Perú al igual que otras políticas públicas debe partir de un consenso del gobierno, organizaciones y partidos políticos, así como de la sociedad, que reafirme la misión primaria de las Fuerzas Armadas sin perjuicio de cumplir con los nuevos roles que la sociedad impone.

De acuerdo a la mayoría de las constituciones del mundo, el rol primario y fundamental del estado es garantizar que las FFAA cuenten con los recursos y los medios que permitan un nivel de fuerzas que permitan un adecuado nivel de disuasión en el plano militar y que un potencial adversario desista de intento en violar la soberanía e intereses nacionales y llegado el extremo rechazar eventuales agresiones armadas externas.

Existe consenso a nivel político y académico de la naturaleza de la Defensa Nacional como bien público, al igual que la educación, la salud pública y seguridad ciudadana por nombrar algunos relevantes.

En consecuencia, la Defensa Nacional debe ser proporcionado por el estado, fruto de una política pública de defensa que debe ser transversal a otras y con particularidades que requieren especial atención, en especial en el horizonte de planificación. Los planes y programas de reparación, modernización y reposición de activos de alto valor militar como aeronaves de combate, buques, blindados ., desde su formulación, financiamiento hasta la ejecución de los mismos, tienen horizontes que muchas veces exceden la duración de los gobiernos de turno.

Adicionalmente, las FFAA del Perú de acuerdo al mandato constitucional y leyes de la república contribuyen el restablecimiento del orden interno, en estado de excepción, en la lucha contra los remanentes de la subversión en el VRAEM, en apoyo a las otras agencias estatales en la lucha contra el narcotráfico y en los llamados “nuevos roles”, viejos roles en la realidad para las FFAA, en apoyo a la sociedad peruana empleando sus recursos humanos, sus activos y plataformas militares y capacidad instalada para la prevención, mitigación de los desastres naturales, como sismos, tsunamis, inundaciones, fenómeno del niño, entre otros.

Ahora bien, ¿Son los llamados “nuevos roles”, viejos roles como vimos, el nuevo misionamiento de las FFAA en el Perú? Creemos que no. En realidad, son muy importantes, pero son secundarios en el misionamiento de las FFAA. Priorizar únicamente los nuevos roles en detrimento del rol primario de las FFAA resulta un contrasentido. Procesos de transformación de las FFAA hacia instituciones que prioricen los nuevos roles evidentemente se tendrían que efectuar bajo reformas constitucionales modificando la finalidad y misionamiento de las FFAA.

Sin embargo, la priorización implícita de los nuevos roles, muchas veces sin un contenido conceptual, sobre el rol primario de las FFAA tendría en la práctica otra interpretación. El financiamiento presupuestal de las actividades comprendidas en los “nuevos roles” es menos onerosa que el financiamiento de actividades primarias de las FFAA. Es decir, sin perjuicio de la situación fiscal reiterativo del país, tanto de bonanza como de restricciones fiscales, el financiamiento estatal de plataformas navales, aéreas y terrestre con capacidad “dual”, es decir para ser empleadas en operaciones militares como de apoyo en actividades propias de los nuevos roles, especialmente para transporte de personal y elementos logísticos ante emergencias de la naturaleza, podrían tener prioridad en los tiempos actuales debido principalmente a los menores costos de estas comparativamente con aquellas otras plataformas que incorporan significativos avances tecnológicos dedicadas exclusivamente a los roles primarios.

Por otro lado, no menos importante, el financiamiento para el empleo intensivo de las FFAA, en los nuevos roles, tiene sin duda un efecto político que muchas veces son capitalizados y con réditos tangibles frente al financiamiento de programas de adquisiciones de plataformas de alto valor militar dedicada exclusivamente a los roles primarios debido a la intangibilidad , si los comparamos con otros bienes y servicios públicos que `resta el estado, a la población.[1].

Esta realidad pone en una situación compleja a las FFAA, ya que ha de presentar sus demandas por reparación, modernización y en especial de reposición de sus equipos de alto valor militar, debido a antigüedad y obsolescencia tecnológica, que no pueden acceder a la “dualidad” en su empleo operacional. Aeronaves de combate, sistemas de artillería y misiles, sistemas de defensa aérea, submarinos por citar algunas plataformas, muchas veces no pueden saltar la valla que permita obtener el necesario consenso político de los gobiernos, congreso y de la misma sociedad.

Esto último ha determinado que las FFAA peruanas incorporen en sus programas de modernización y reposición de plataformas de alto valor militar, programas de compensaciones offset permitiendo acceder a contra prestaciones directas o indirectas en beneficio de las FFAA o de otra organización pública con la intención de “socializar” las adquisiciones militares en los decisores políticos y la sociedad en su conjunto.

Si bien es cierto que a partir del fin de la guerra fría, es evidente una contracción de los conflictos interestatales en el mundo y en la región, se inician procesos políticos de transición o retorno a la democracia, mediante la implementación de mecanismos de solución de controversias, medidas de confianza y seguridad mutua, distensión en el plano militar mediante acercamientos de FFAA, operaciones combinadas y muchos otros procesos de integración en el plano político, económico y social que han y vienen contribuyendo en este sentido. Sin embargo, la actual situación y los avances logrados   no son absolutos ni inmunizan a los países de la posibilidad, aunque mínima, del surgimiento de un conflicto interestatal.

En consecuencia, la política pública de defensa en el Perú requiere, una vez aprobada las capacidades y estructura de fuerzas, por el Ministerio de Defensa y Consejo de Seguridad Nacional, un consenso político de largo plazo por el cual los partidos políticos se comprometen en respetar y financiar los programas de modernización y reposición de plataformas militares de corto, mediano y largo plazo, que permitan garantizar el cumplimiento de los roles primarios de acuerdo a la Constitución Política y los “nuevos roles” sin afectar el adecuado y creíble nivel de disuasión militar que todo estado soberano debe de velar para sus ciudadanos.

El principal reto de la defensa en el Perú es posicionarla como política pública y entender sus particularidades y horizontes de planificación lo cual abonará en afianzar una mejor cultura de defensa en la sociedad. En este sentido, la política pública de defensa podría llevarse al seno del Acuerdo Nacional[2], al igual que en otras políticas públicas, siendo espacio y un buen punto de partida para asumir compromisos concretos con arreglo constitucional y de carácter vinculante sobre la magnitud de las FFAA  que queremos tener.


[1] PALOMINO Milla, Fernando “Economía de la Defensa Nacional: Una Aproximación al Caso Peruano” Comisión Andina de Juristas, Lima-2004

[2] El Acuerdo Nacional es un espacio tripartito de dialogo y construcción de consensos conformado por el Gobierno en sus tres niveles y las principales instituciones políticas y sociales del país. www.acuerdonacional.pe

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Las ideas contenidas en este análisis son responsabilidad exclusiva del autor, sin que refleje necesariamente el pensamiento del CEEEP ni del Ejército del Perú