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Resumen

En Septiembre de 2016, se firmó en Cuba el “Acuerdo Final para la construcción de una paz estable y duradera” entre el gobierno Colombiano y las FARC-EP. En el cuarto punto del escrito, se establece la necesidad de encontrar una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, incluyendo la sustitución de cultivos de uso ilícito, así como la producción y comercialización de drogas.

Sin embargo, según el Reporte Mundial de Drogas 2019, el aumento en las hectáreas de siembra pasó de 46.000 ha en 2013 a 171.000 ha, en 2017. Crecimiento que se da en el marco del proceso de implementación del acuerdo, el cual viene presentando retrasos en su cumplimiento, a pesar de los resultados obtenidos en materia de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. Lo anterior, sumado a la falta de voluntad política, genera un contexto de incertidumbre para el campesinado cocalero. Todos estas factores pueden  constituir un escenario ideal para la proliferación de nuevas amenazas de grupos delictuales.

Análisis

Uno de los grandes logros del acuerdo de paz se constituyó en el reconocimiento de las variables que han hecho de Colombia el principal productor de coca del mundo, planteando como la existencia de cultivos ilícitos en el país se encuentra relacionada directamente con la pobreza y la exclusión social. En esta situación, la siembra de coca se ha constituido como un recurso de supervivencia para el campesinado que no puede contar con el Estado, por su débil presencia, en algunos territorios de la geografía colombiana.

Lo anterior refleja en que medida las vulnerabilidades estatales han contribuido al problema de las drogas ilícitas, que no solo ha financiado el conflicto armado interno sino que también ha ocasionado el surgimiento de distintas formas de violencia y contribuido al desarrollo del crimen organizado.

Es innegable que el acuerdo paz constituye un logro invaluable para los colombianos. Sin embargo, la falta de voluntad política para cumplir con lo pactado acarrea consecuencias negativas para el país. Una de las más visibles ha sido el estancamiento del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y  el aumento de los cultivos de coca que ha alcanzado cifras que no se tenían desde la década del ´90, en donde el país se encontraba penetrado completamente por el narcotráfico.

Es por esta razón que la sustitución de los cultivos ilícitos, en Colombia, representa uno de los más importantes desafíos para el posconflicto. Sin dejar de lado aspectos vitales, como la relación entre cultivos ilícitos y lo concerniente a la reforma rural. Sobre ésta cuestión, aún no ha sido establecido, por parte de estamentos gubernamentales, la forma en la cual han de vincularse los planes de sustitución de cultivos ilícitos y la reforma al campo Colombiano, generando dudas y confusión entre la población.

El Programa Nacional Integral para la Sustitución (PNIS) presenta importantes falencias que se arrastran desde el gobierno anterior, debido a que se planteó sin tener en cuenta capacidades, recursos o planeación tendiente a una correcta implementación, esto en el afán de la antigua administración de firmar el acuerdo lo antes posible.  Sin embargo, el nuevo gobierno no ha subsanado las fallas de origen. Por el contrario, solo ha emitido mensajes contradictorios en lo que a la continuidad del programa refiere.

Situación actual de la sustitución de cultivos ilícitos mediante el PNIS

El PNIS, creado por el Decreto 896 de 2017, se instaló en zonas priorizadas que corresponde a aquellas áreas que cuentan con la mayor superficie de sembrados de coca. Sin embargo, distintos hechos han ocasionado que los campesinos cocaleros se abstengan de seguir participando en el programa, Las principales causas han sido el cumplimiento de los compromisos adquiridos y los hechos de violencia que rodean el asesinato de líderes sociales que abogaban y difundían el programa de sustitución voluntaria en los territorios.

La nueva administración quien ha manifestado su desacuerdo en relación a diferentes cuestiones, referentes al acuerdo  decidió implementar una estrategia que combina el programa de sustitución voluntaria, con la erradicación forzada. Sin embargo , y debido a la falta de articulación y coordinación interinstitucional, en esta doble vía de acción,  algunos  campesinos han sido habilitados a acceder al programa de sustitución voluntaria y otros, en las mismas condiciones, fueron objeto de  erradicación forzada, a pesar de manifestar interés y voluntad de formar parte del primero. Generando situaciones, dentro de los municipios priorizados, de desconfianza,  por parte del campesinado.

Así mismo, los extensos territorios, sin presencia formal del Estado y con una marcada debilidad institucional, se convirtieron en zonas de influencia guerrillera. Al suscribir el acuerdo, el gobierno advierte la necesidad de ocupar aquellas zonas de influencia de las FARC, antes que nuevas bandas criminales ocuparan el lugar de la insurgencia. Para ello el Ministerio de Defensa basa su principal eje de acción en políticas públicas originadas en las necesidades que surgen del postacuerdo y de la del ejército Nacional se implementa el denominado Plan Estratégico Militar de estabilización y Consolidación “Victoria”.

Sin embargo, fuentes como InsightCrime, señalan que muchos de esos territorios se encuentran aún sin presencia estatal y los Sistemas de amenaza Persistente (SAP), los Grupos Delincuenciales Organizados (GDO) y disidencias mafiosas de la guerrilla, entre otros, aterrizaron antes en esos territorios sin presencia estatal, obligando al campesinado a continuar con la siembra o simplemente restando visibilidad al programa de sustitución, haciendo imposible la participación del campesinado.

A lo descrito anteriormente debe sumarse que según el informe consolidado N° 14 de Monitoreo y verificación de compromisos de sustitución de cultivos ilícitos de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el porcentaje de los pagos convenidos a las 97.084 familias inscritas al programa, por parte de la Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos (DSCI) es extremadamente bajo, considerando que el 90%, ha cumplido con la erradicación voluntaria. Lo anterior ha  hecho perder la confianza en las  promesas gubernamentales y ha fortalecido su convicción en la rentabilidad y seguridad de los cultivos cocaleros.

Así mismo la presión y disuasión, por medio de la violencia, para limitar los avances hacia la sustitución de cultivos, se materializa en el incremento de atentados y asesinatos contra diversos líderes sociales que, en el marco de los acuerdos de paz, se habían convertido en la voz de la sociedad civil que impulsaba el alcance satisfactorio de los acuerdos. El impacto disuasorio de las organizaciones criminales se manifiesta en el aumento de acciones violentas registradas contra líderes sociales por organismos de Derechos Humanos, alcanzando entre 2016 y 2018, más de 285 homicidios de líderes sociales en zonas priorizadas.

Conclusiones

El incumplimiento de los acuerdos de paz constituye un peligro para la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos por parte de las familias campesinas por condiciones coyunturales

Por un lado, La opción de la erradicación forzada pone en evidencia la ineficiencia del PNIS, acarreando deslegitimación del Estado frente a los campesinos, y favoreciendo la aparición y/o desarrollo de bandas criminales.

Por otra parte, aunque aún el porcentaje de resiembra es relativamente bajo, la falta de pagos a las familias inscritas en el programa también incrementa el riesgo de aceleración del fenómeno.. Por último el aumento de los índices de inseguridad generado por el asesinato de líderes sociales en las regiones priorizadas por le PNIS, puede acarrear la deserción del campesinado cocalero por miedo a represalias, por parte de las organizaciones armadas.

Consecuentemente el incremento en los hechos delictuales, la aparición de nuevos actores ilegales en los territorios, y las deficiencias estructurales en las políticas de erradicación y sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, pueden convertirse en variables con efectos directos en el aumento de la producción de coca y la correcta implementación del Acuerdo de Paz en Colombia.

Referencias

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