Foto: Clarin
Permítanme hablar sin eufemismos, la situación actual del sector Defensa en la República Argentina es crítica. Las FFAA se encuentran prácticamente descapitalizadas y la situación de los ciudadanos de profesión militar y de los civiles que trabajan en esta área del Estado es también muy delicada. Este escenario es producto de la combinación de tendencias de largo plazo y de cuestiones más coyunturales. Voy a referirme brevemente a ambas.
Desde 1983 – año de la restauración democrática – a día de hoy el presupuesto de Defensa, tanto en su relación al PBI, como al Presupuesto total del Estado, ha tenido una constante caída, estabilizándose en los últimos años en torno al 0,8% del PBI. Una cifra comparativamente baja si se tiene en cuenta que en la región se gasta un promedio de alrededor de 1,5%. Asimismo, dentro de ese presupuesto, entre un 75/80% se destina a salarios o retiros un 15/20% a funcionamiento y menos del 5% a inversiones. En un sector donde el componente “capital” suele tener un peso muy fuerte por la complejidad y costos que tienen sofisticados sistemas de armas, estamos hablando de guarismos del inciso 4 (inversiones) bajísimos. La prolongación de esta situación en el tiempo, sumado a un despliegue territorial propio de otras épocas y desafíos, ha provocado una situación de virtual desarme, desmovilización y desmoralización que ha llevado a lo que algunos especialistas han denominado metafóricamente como “maltusianismo militar” (Thomas Scheetz) o “elefante famélico” (Ernesto López).
Si bien el derrotero presupuestario del sector es el descripto, no todas las gestiones administraron la carencia de la misma forma. Por caso, durante la primera década del s.XXI, se avanzó sobre una serie de cuestiones críticas para el Sistema de Defensa. Se ratificó la misión primaria de las FFAA (establecida originariamente en la Ley de Defensa de 1988) y se determinaron cuatro misiones subsidiarias; se jerarquizó y robusteció el rol del Estado Mayor Conjunto con la creación de un Comando Operacional Conjunto; se creó e implementó un sistema de planeamiento estratégico por capacidades que debía culminar en un plan de inversiones y ulteriormente en un diseño presupuestario que se ajustara – nada menos – que a un plan. En efecto, hasta la implementación del Ciclo de Planteamiento Estratégico creado a través del decreto 1729 de 2007 no se había realizado en el sector Defensa un ejercicio integrado y sistémico de planeamiento. Si entendemos, como se debería, que el presupuesto es una “traducción” económica y financiera de un plan, pues bien, esto nunca se había hecho. Y este primer Ciclo culminó en 2011/2012 en un Plan de Capacidades Militares que a esta altura de los acontencimientos bueno sería actualizar y empeñar recursos para atenderlo.
Dicho esto, y volviendo a los aspectos más coyunturales que mencionaba al comienzo, durante la gestión del Ing. Mauricio Macri el presupuesto continuó siendo muy bajo, pero los niveles de ejecución del mismo lo llevaron a niveles históricamente mínimos. Así mismo, muchas de las iniciativas vinculadas a investigación, desarrollo y producción para la defensa fueron discontinuadas, cuando no lisa y llanamente dadas de baja. El proyecto SARA (Sistema Aéreo Robotizado Argentino), cuyo desarrollo comenzó en 2011/2012, duerme en un depósito de la planta de INVAP en Bariloche. El submarino ARA San Juan que culminó su mantenimiento de media vida en 2015 en el Centro Industrial Naval Argentino (CINAR) se hundió en el océano atlántico y no se realizaron tareas de mantenimiento preventivo sobre los otros dos submarinos en dotación. De manera que hoy Argentina por primera vez desde la década de 1930 no tiene flota de submarinos. Al igual que el mítico “Proyecto Cóndor”, el mucho más modesto “programa GRADICOM” desarrollado por CITEDEF y la Fuerza Aérea fue detenido y destruido (sí, destruido). En la Dirección General de Fabricaciones Militares cerraron plantas, líneas de producción y despidieron a centenas de trabajadores. Hubo una excepción muy elocuente: la fabricación de vallas para contener protestas sociales.
En fin, más allá de la continuidad de los crónicos problemas de financiamiento, la gestión de Cambiemos desanduvo aquellas iniciativas que mostraban cierta evolución y dinamismo en la procura de tecnologías estratégicas y disruptivas. En el plano normativo las cosas tampoco fueron muy auspiciosa. A lo largo de esta gestión se procuró desdibujar la delimitación entre seguridad interior y defensa nacional. Algo poco conveniente, según opinión de este cronista, pero completamente legítimo si el gobierno elegido popularmente conseguía los consensos suficientes para modificar el plexo normativo existente. Sin embargo, a través del decreto 683 de 2018, se pretendió modificar, por decreto, varias leyes nacionales. Por lo tanto, como era previsible, tuvo un nulo efecto en términos jurídicos y operativos si es que se pretendía algo más que un shock mediático y efectista. Por la misma vía pretendieron remplazar gendarmes por militares en la custodia de objetivos estratégicos, algo por cierto legítimamente debatible. Sin embargo, nuevamente lo hicieron sin cumplimentar otros requisitos legales indispensables. Una vez más ocurrió lo previsible: ningún militar pasó a custodiar objetivo estratégico alguno.
Este es el panorama que deberá enfrentar el nuevo presidente electo, cuando asuma el 10 de diciembre de 2019. Un Sistema de Defensa con un ordenamiento jurídico e institucional similar al de las llamadas “democracias liberales” más avanzadas, pero con un personal cada vez menos adiestrado (las horas de vuelo, los días de navegación y los días de entrenamiento en el terreno no han parado de caer) y con un nivel de alistamiento del material completamente inapropiado.
Tras 36 años de democracia quizás sea hora de llegar a acuerdos pluripartidarios estratégicos que permitan alcanzar un horizonte de sustentabilidad y previsibilidad para un sector clave y castigado del Estado. Resulta imperativo que izquierdas y derechas dejen de lado diferencias, porque sin Defensa no hay Nación.
