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La violencia en Colombia tres años después del Acuerdo de Paz con las FARC-EP

Foto: Infobae

Resumen

El siguiente trabajo tiene como objetivo analizar los actores y factores que puede explicar la situación actual que atraviesa Colombia. Un contexto en el que, tras tres años de la firma del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC-EP, las sombras de la violencia permanecen presentes. Diferentes grupos armados, desde el ELN hasta decenas de disidencias de las FARC-EP, pasando por otros grupos criminales, han copado una geografía de una violencia que mantiene sus estructuras desiguales junto a notables oportunidades. El ingente negocio cocalero, unido a la debilidad endémica del Estado, el retorno a la violencia de algunos de los líderes significativos de la guerrilla o el recelo a la implementación del Acuerdo de Paz por parte del Gobierno de Iván Duque, igualmente, estarían detrás del difícil momento que atraviesa el país.

Análisis

Han pasado tres años de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP y muchas de las peores previsiones se han ido cumpliendo paulatinamente. Si bien el Acuerdo con la guerrilla, hasta ese momento más longeva de Colombia, había sido resultado de un proceso complejo -especialmente afectado por el resultado negativo del plebiscito de consulta de octubre de 2016- es igualmente cierto que el país tenía ante sí las posibilidades de un proceso de transformación estructural, territorial e institucional que, sin embargo, parece no haber llegado.

Poner fin a un proceso de violencia, lo que el sociólogo noruego Johan Galtung define como “paz negativa”, resulta siempre mucho más sencillo que consolidar los cimientos de una realidad en transformación que deje atrás las barreras estructurales y simbólicas de la misma –“paz positiva”. Y así, a pesar de que, como reconoce el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, el colombiano se trata, de largo, del Acuerdo más completo de los últimos 34 suscritos desde 1998, ello no es garantía de que, verdaderamente, se construya exitosamente una realidad que finalice con más de cinco décadas de conflicto armado interno.

Entre otros autores, Stephen J. Stedman, en 1997, acuñaba el concepto de “saboteadores de la paz” –spoilers of peace– para identificar aquellos actores que, en inicio, encuentran réditos favorables en evitar que se construyan las bases de un Acuerdo de Paz. De estos, hay dos directos, junto a un cúmulo de debilidades que, quizá, expliquen por qué motivo Colombia es en la actualidad un país más violento -en términos directamente relacionados con variables del conflicto armado- que hace tres o cuatro años.

Así, el primero de ellos es el propio Gobierno. Dentro de la literatura especializada resulta totalmente atípico que sea el Ejecutivo el primero que no está interesado en una correcta implementación de lo comprometido en el Acuerdo. Conviene recordar que las partidas presupuestarias y los compromisos destinados a este fin no fueron incluidos en el Plan de Desarrollo Nacional; que se desfinanció, hasta en un 30%, el presupuesto destinado a la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz; y que, decididamente, el Gobierno ha tratado de impedir el correcto funcionamiento de esta última o la aprobación de circunscripciones especiales que conferían visibilidad a los territorios más golpeados por la violencia.

El segundo saboteador, no menos importante, han sido el resto de los grupos armados y bandas criminales que no se han desmovilizado, pues el Acuerdo siempre fue con uno de los diferentes protagonistas de la violencia armada que acontece en Colombia. El Ejército de Liberación Nacional ha incrementado su pie de fuerza, en más de un 50%, y supera los 3.000 efectivos. El Ejército Popular de Liberación ha salido de su enclaustramiento en torno a la región del Catatumbo, en Norte de Santander, y ha conseguido tener presencia en algunos municipios del Pacífico (con más de 500 integrantes). Y el Clan del Golfo, con aproximadamente 3.000 miembros, se ha erigido como el principal grupo criminal, heredero en parte del paramilitarismo, ganando peso específico en departamentos y regiones otrora controladas por las FARC-EP.

Sin lugar a duda, en esta caracterización de enemigos de la paz en Colombia no pueden dejarse de lado las disidencias de la guerrilla oriunda de Marquetalia. Si bien éstas son minoritarias en número, pues más del 95% de los exguerrilleros de las extintas FARC-EP continúan, no sin dificultades, en el proceso de reincorporación a la vida civil, su capacidad de reclusión ha sido muy elevada. Se cuentan por decenas, aglutinan, en suma, cerca de 2.000 movilizados a la violencia, y se reproducen, casi con literalidad, en aquellos entornos en donde operaban los frentes de las FARC-EP, más próximos al negocio cocalero. Esto es, el nororiente colombiano, fronterizo con Venezuela; el suroccidente -en torno a Cauca, Nariño o Putumayo; los Llanos Orientales; o los departamentos de Antioquia o Chocó.

Simbólicamente quedaría mencionar el abandono del proceso de paz de dirigentes de primera línea de las antiguas FARC-EP como “Iván Márquez”, “Jesús Santrich” o “El Paisa”. Estos, como algunas otras estructuras criminales, muy posiblemente, operan desde Venezuela, y si bien tienen muy difícil la posibilidad de actuar en enclaves urbanos -como en algún momento apuntaron- o de recomponer un activismo de las disidencias totalmente atomizado y sujeto a la lógica del “mejor postor”, contribuyen a alimentar el escepticismo sobre el Acuerdo de Paz, en el imaginario colectivo de la ciudadanía colombiana. Más si cabe, si se confirman las sospechas de que el entorno de Márquez ordenó asesinar recientemente al líder político del partido de la vieja guerrilla, Rodrigo Londoño.

A todo lo anterior se añaden otros elementos sin los cuales es imposible entender por qué motivo el país continúa sin poder superar el lastre de una violencia irresoluta. Las estructuras de desigualdad social y territorial siguen sin transformarse. Es más, el enfoque de territorialidad que reconoce expresamente el Acuerdo de Paz colisiona frontalmente con una realidad totalmente centralista, desdibujada por una ausencia de capacidades locales, perfectamente observable en los continuos informes y documentos que publican instituciones como el Departamento Nacional de Planeación. No olvidemos que Colombia es de los países más desiguales del mundo de acuerdo con CEPAL o PNUD.

Por otra parte, la ocupación física del territorio, tal y como en su momento reconocían programas tales como “Corazón Verde” o “Plan Victoria” nunca se cumplió, de manera que las FFAA no reemplazaron a las FARC-EP en el territorio que abandonaron tras el desarme. Al respecto, hay dos elementos, cuando menos, que se pueden apuntar como variables complementarias entre sí. De un lado, la imposibilidad material de cooptar toda una geografía de la violencia en donde el Estado brilla por su ausencia y no se puede llegar a estos, únicamente, con Policía y Ejército. Es decir, nunca se ha dispuesto la presencia integral del Estado en la geografía más golpeada por la violencia y ello ofrece una ventana de oportunidad en favor de la continuidad de la violencia.

La otra es la falta de precisión de responsabilidades. En un contexto de posconflicto armado o posible post-violencia, ¿a quién le corresponde dirigir los cimientos de un cambio de paradigma en la seguridad? Tradicionalmente, el Ejército siempre estuvo más próximo a esta labor, pero si el Acuerdo de Paz, tal y como en él se recoge, conduce a una transformación en favor de la seguridad ciudadana, dicho cometido es más bien atributo policial y no del Ejército. Cuando se diseñó la estrategia en el terreno inmediatamente heredero de la violencia con las FARC-EP ya era demasiado tarde, y los grupos armados y las bandas criminales se encontraban en pleno proceso de disputa por la hegemonía de los recursos ilícitos.

Y es que, he ahí el problema. El negocio cocalero sigue en expansión -con 170.000Ha cultivadas- y en tanto que, como siempre han señalado reconocidos expertos en el conflicto colombiano como Daniel Pécaut o James Henderson, ha sido el factor explicativo de la dimensión de la violencia en las últimas décadas, es de esperar que, como sucedía en Il Gatopardo, el Acuerdo de Paz sea una suerte de “cambiar para que nada cambie”. Así, no es casualidad que los mismos departamentos que eran los que tenían más presencia de las FARC-EP -tal y como han puesto de manifiesto importantísimos trabajos como los de Camilo Echandía o Luis Gabriel Salas- sean los enclaves con mayor arraigo cocalero (o minería ilegal) y en donde, por extensión, mayor número de disidencias y otros grupos criminales operan en la actualidad.

Si hace cinco años el 90% de la geografía de la violencia del conflicto armado en Colombia se concentraba en Arauca, Norte de Santander, Antioquia, Chocó, Cauca, Nariño, Putumayo y Caquetá, hoy en día esa distribución espacial de la violencia resulta muy parecida. Estos enclaves son donde se concentra la inmensa mayoría de atentados contra la vida de excombatientes de la guerrilla -casi 200- e, igualmente, en donde se sucede la mayor parte de las muertes de líderes sociales, activistas y defensores de los Derechos Humanos -por encima de 600, desde 2016, según la Defensoría del Pueblo.

Conclusión

En conclusión, la gran diferencia con la Colombia de hace tres o cuatro años es evidente. Si entonces la guerrilla de las FARC-EP mantenía una posición casi hegemónica en 150 municipios y los siete departamentos más cocaleros del país, en la actualidad, concurren los mismos problemas irresolutos -debilidad local institucional, negocio cocalero, violencia estructural- con nuevos grupos fortalecidos por el vacío de poder dejado por las FARC-EP.

Todos ellos, al disputarse el control territorial, contribuyen a una intensificación de la violencia en donde la población civil sigue siendo la gran damnificada y en donde, en última instancia, el Estado es el enemigo común. Éste debe ser concebido como algo más que Policía y Ejército, y aun cuando es innegable su corresponsabilidad en algunos elementos de gestión de la seguridad y el control del territorio, mientras no se obtengan mayores avances en forma de institucionalidad, descentralización, democracia local, inclusión social o mitigación de la superficie cocalera -más allá de la fórmula de la erradicación sin más- difícilmente el país podrá caminar por la senda de la superación de la violencia. Mientras tanto, renovados actores y viejas dinámicas continúan al frente de parte de una violencia que tiene lugar en Colombia sin visos de resolución.

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Las ideas contenidas en este análisis son responsabilidad exclusiva del autor, sin que refleje necesariamente el pensamiento del CEEEP ni del Ejército del Perú