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La migración de centroamericanos y la seguridad nacional de México

Foto: France 24

Resumen

El objetivo es poner de manifiesto que la problemática de las migraciones de centroamericanos, cruzando a través de México, camino de los Estados Unidos, no es una crisis de seguridad nacional. El movimiento de las caravanas ha servido de excusa para endurecer la política migratoria, pero no necesariamente quiere decir, a pesar del incremento de migrantes detenidos en los Estados Unidos y México, que nos encontremos frente a un aumento del incremento del paso de migrantes.

Análisis

Tanto los Estados Unidos como México han convivido con una migración silenciosa de centroamericanos sin mayores problemas desde la década de los años ochenta. En este documento se defiende que no ha existido una amenaza a la seguridad nacional de México por el paso de indocumentados a través de su territorio, y que el fenómeno de las caravanas de migrantes ha sido utilizado por el presidente Donald Trump para sus propios fines políticos partidarios.

La amenaza a la seguridad nacional mexicana, relacionada con el paso de migrantes, ha sido la advertencia del presidente estadounidense de que en el caso de no sumarse a su política de detenciones, México sufriría una sanción, revisable en aumento, de un 25 por ciento sobre los impuestos a sus importaciones de productos.

El mayor número de detenciones de migrantes, que se ha presentado en el año 2019, no obedece necesariamente al aumento de paso de indocumentados, considerado en este discurso como una especie de “invasión” de extranjeros, sino a una intención política tanto de Estados Unidos, como de México.

La migración de centroamericanos hacia los Estados Unidos es un desplazamiento con vocación de permanencia en la mayoría de los casos.

En muchas de las grandes áreas metropolitanas estadounidenses hay importantes colonias de centroamericanos perfectamente integradas en la sociedad estadounidense. Desde 1999 hondureños y nicaragüenses, y desde 2001 salvadoreños, a consecuencia del huracán Mitch de octubre de 1998, y de los terremotos de enero y febrero del 2001, en El Salvador, han podido acogerse al Estatus de Protección Temporal (TPS), que les brinda una estancia legal renovable en los Estados Unidos, permitiéndoles obtener mejores condiciones migratorias e incluso la naturalización estadounidense en muchos casos.

En México la convivencia entre los habitantes de una zona fronteriza con Guatemala y Belice, que tiene una extensión aproximada de 1,158 kilómetros, tampoco ha generado mayores problemas. Se implantaron tarjetas de visitante temporal y de trabajador fronterizo a finales de los años noventa, para regularizar el habitual tránsito indocumentado, y existe registro que desde el año 2006 al 2018 se han producido 26 millones 972 mil 483 cruces documentados, además de los que se han seguido desarrollando de forma indocumentada por razones de vecindad, comercio o visitas familiares.

Por otra parte las diferentes comunidades de extranjeros documentados en México, con algún tipo de tarjeta migratoria diferente a la de turista, son relativamente pequeñas. En el año 2018 había en México 352 mil 935 extranjeros documentados. De ellos únicamente 83 mil 330 son centroamericanos. Los naturalizados en México tampoco representan un número muy importante. Entre el año 2000 y el 2017 obtuvieron la nacionalidad mexicana 65 mil 703 personas. De ellos, entre el 2004 y el 2016 se naturalizaron 25 mil 3977 centroamericanos y de otros países vecinos (Cuba, República Dominicana, Haití, Venezuela y Colombia), que representan el 51.4 por ciento del total.

Los problemas relacionados con la seguridad nacional en la frontera no han estado relacionados con la migración, sino con la presencia del crimen organizado, y con una crisis económica, política y de seguridad regional muy profunda. El crimen organizado ha puesto en jaque a la mayoría de los países centroamericanos, y también a México, que está experimentando un continuo incremento de los homicidios desde el año 2009 hasta la fecha.

La industria criminal decidió que Centroamérica y México fueran la ruta de tránsito de drogas a partir de finales de los ochenta, y también ha ido diversificando sus actividades. Desde hace unos años el negocio del paso de indocumentados se ha incorporado a su agenda, y ha ido encareciendo y tornando muy peligroso el desplazamiento hacia los Estados Unidos.

Es muy difícil saber el número aproximado de centroamericanos que transitan por México. El canciller mexicano Marcelo Ebrard afirmó en el año 2019 que eran unos 500,000 al año. Se basaba en las estadísticas de detenciones de los Estados Unidos, que entre en 2014 y en 2018 neutralizaron anualmente ese número de indocumentados. Entre el 2001 y el 2018, México repatrió a 2 millones 142 mil 852 centroamericanos y cubanos.  Los Estados Unidos entre el año 2014, y el 2019 detuvieron 2 millones 960 mil 500. Sólo en el 2019 Estados Unidos retuvo en su frontera sur a 977 mil 509 y México a 298 mil 211.

Los hechos nos muestran que la cifra de centroamericanos que tratan de cruzar es mucho mayor a la señalada por Ebrard, y que el número de migrantes que se han movilizado en las 13 caravanas que se han organizado, desde noviembre del 2018, es poco importante. Esto quiere decir que el número de migrantes que atraviesan México para llegar a los Estados Unidos no ha aumentado de forma dramática necesariamente, y que no existe una amenaza derivada a la seguridad nacional diferente a la que existió en años previos.

El aumento de detenciones responde a un interés político por parte del presidente Donald Trump, y del gobierno mexicano, que se ha visto obligado, por las presiones, a combinar su Plan de Desarrollo Integral de la región, acordado con la CEPAL, con una política de militarización de la frontera, con la utilización de la Guardia Nacional y de todos los recursos del Estado para impedir el paso de migrantes indocumentados.

En el caso del número de repatriaciones realizadas por México se evidencia con claridad la tesis del interés político, ya que se visualizan cuatro etapas muy definidas.

Desde el 2001 al 2007 se repatrió a 1 millón 127 mil 812 centroamericanos y cubanos en un periodo marcado por la inercia del Plan Sur, que después del atentado terrorista del 11 de septiembre del 2001,en Nueva York y Washington, endureció la política.

Desde el 2008 al 2013, en la etapa en la que se cambia la Ley General de Población, modificando el concepto de “ilegal” por “indocumentado”; se impulsa en la legislación el concepto de Derechos Humanos, y se relaja la política de repatriación. Únicamente se deportan a 367 mil 362.

Del 2014 al 2018 derivado del Plan Frontera Sur, y de laslas políticas de securitización de los Estados Unidos hacia la región, se vuelve a incrementar el número de retornados a 626 mil 280.

La cuarta etapa inicia en el 2019, y si bien al principio planteó un escenario de mucha tensión por la preferencia de México por apostar por el desarrollo regional, en lugar de seguir con la política anterior; sin embargo, a partir de la amenaza de aranceles del presidente Trump de finales de mayo del 2019, ésta se decantó a seguir la política que obligó los Estados Unidos.

En el año 2010, las primeras noticias de secuestros de migrantes en México se observaron desde una visión de seguridad humana, y desembocaron en la introducción del concepto de derechos humanos en la legislación migratoria mexicana. En la actual crisis, la influencia de los Estados Unidos y del discurso de su Presidente, están conduciendo a que exista una percepción en México de crisis de seguridad nacional y una alarma tanto entre la población mexicana, como entre sectores importantes de la administración pública.

Conclusión

El crimen organizado ha abierto una brecha en la gobernabilidad, que no se ha logrado gestionar ni con políticas de securitización, ni con políticas de desarrollo.  En este contexto un gran número de ciudadanos centroamericanos se han desplazado de forma indocumentada hacia los Estados Unidos, atravesando de forma terrestre México. Éstos no han generado serios problemas de seguridad y sin embargo han sido víctimas del crimen organizado. Sin embargo, México ha retrocedido en el trato hacia los migrantes; cambiando de una visión centrada en los derechos humanos a otra más represora, incrementando la detención de migrantes. Ello no significa, a pesar del impacto mediático de la organización de migrantes en caravanas, que el paso de migrantes indocumentados haya aumentado. El motivo han sido las presiones del presidente de los Estados Unidos.

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Las ideas contenidas en este análisis son responsabilidad exclusiva del autor, sin que refleje necesariamente el pensamiento del CEEEP ni del Ejército del Perú