Resumen

Las medidas adoptadas, en numerosos países del mundo, entre ellos el Perú, tienden a securitizar la política, es decir, tratar los temas como un problema de seguridad, en este caso una crisis sanitaria. Organismos internacionales como la ONU o la OEA no están exentos de esta tendencia.

La controversia de las medidas, con voces a favor y en contra, da lugar a contemplar la securitización de la política como un weak signal, que debe ser analizado teniendo en cuenta sobre todo los posibles impactos en el futuro de la sociedad. Esto da lugar a que ante esta pandemia, en el Perú, las FF.AA adopten un papel principal para resolver un problema de salud.

Análisis

En la prospectiva se usa el término weak signal (señal débil), para describir eventos ambiguos, controversiales, polémicos e incluso paradójicos, pero que anticipan posibles impactos en la sociedad. La detección y análisis de los weak signals depende de la cosmovisión de las personas o grupos de personas que observan la realidad, es decir, son producto de sus valores culturales, formado por: ideas, ideologías, principios axiológicos, historia de la persona, estatus social, nivel de poder, edad, estado de salud, formación académica, idiosincrasia, personalidad y carácter de las personas (Rodriguez, 2012, p.52). [1]

En este marco, las políticas adoptadas por muchos gobiernos consideran al covid-19 como un problema de seguridad. Se define la pandemia como una amenaza. Es así, que los presidentes: Trump (EEUU), Macron (Francia), Sánchez (España), Putin (Rusia), Vizcarra (Perú), entre otros, se refieren como “guerra” a los acontecimientos producidos por el covid-19. En el Perú, se dispusieron medidas drásticas para quien no acate el distanciamiento social (quedarse en casa), se hizo un llamado a los reservistas del Ejército e incluso se aprobó una ley que exime de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en caso de lesiones o muerte. Aún más, los medios de comunicación lanzan titulares como “Estamos en guerra: o nos ponemos fuertes o miles de peruanos morirán”.

Estas medidas buscan securitizar la política, es decir, tratar los temas como un problema de seguridad, en este caso una crisis sanitaria. La controversia de las medidas, con voces a favor y en contra, da lugar a contemplar la securitización de la política como un weak signal, que debe ser analizado teniendo en cuenta sobretodo los posibles impactos en el futuro de la sociedad.

Los riesgos de esta securitización, haciendo el símil con una vacuna, como forma de prevención de una enfermedad son claros. Siguiendo a un filósofo contemporáneo, Roberto Esposito, los procesos de vacunación o inmunización tienen la lógica de luchar contra las amenazas denominadas enfermedades. El mecanismo de vacunación consiste en la introducción de una dosis de la misma enfermedad que se pretende proteger al cuerpo del paciente. Del mismo modo, la securitización de la política, introduce una dosis de coerción y violencia llegado el caso, para prevenir la reacción violenta de la sociedad. Esta es una práctica paradójica del paradigma inmunitario, el problema es que se advierte que al final este paradigma puede producir una violencia muy superior y se convierte en aquello que prescribe la destrucción de lo que había de preservar (Esposito, 2009). [2]

En adición, la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el año 2002, emitió un informe sobre la violencia y salud en el mundo, donde presenta un modelo sistémico que analiza los factores que contribuyen a la violencia en cuatro niveles: individuos, relaciones, comunidad y sociedad. En el cuarto nivel (sociedad) se ubican las medidas que contribuyen en general a crear un clima en el que se alienta o se inhibe la violencia, y como escribió Nelson Mandela en el prólogo de dicho informe “Los comportamientos violentos están más difundidos y generalizados en las sociedades en las que las autoridades respaldan el uso de la violencia con sus propias actuaciones”.

Este tema es muy relevante para el Perú, que presenta cifras alarmantes de violencia, según el Observatorio Nacional de la Violencia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en el año 2019, se han atendido 181 mil 885 casos de violencia, de los cuales el 85.3% es hacia las mujeres. En el mismo año, se reportaron 166 casos de víctimas de feminicidio y 404 casos de mujeres que se salvaron de morir (tentativa). Además, durante la cuarentena por el covid-19 (al día 17), la Ministra de la Mujer, reveló que se han registrado 538 casos de violencia hacia las mujeres, 43 casos de violaciones, de los cuales 26 casos contra niñas.

Asimismo, la evidencia demuestra que el factor que más contribuye a la futura violencia es la experiencia que viven las personas a lo largo de su vida, más aún, en los niños y adolescentes. Como menciona el psicoanalista Max Hernández, uno de los más prestigiosos  intelectuales del Perú actualmente, el futuro del hombre también depende de su biografía, es decir, de sus pasiones, temores y angustias, experimentadas a lo largo de su vida. En este punto, es pertinente recordar la definición del prospectivista Michel Godet “La prospectiva es la identificación de un futuro probable, de un futuro deseable y de un futuro posible, que depende de la acción del hombre valiéndose del conocimiento de sus proyectos, anhelos y temores”.

En este mismo sentido, se observa un proceso creciente de la securitización de la política, promovida incluso por los organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA). La ONU ya desde el año 1994 amplía el ámbito de la seguridad y define el concepto de seguridad humana. La lista de amenazas contra la seguridad humana se agrupa en siete categorías: seguridad económica, seguridad alimentaria, seguridad en materia de salud, seguridad ambiental, seguridad personal, seguridad de la comunidad, seguridad política (PNUD, 1994, p.28). [3] Además, el concepto de seguridad humana es recogido en la actual Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Por otro lado, la Asamblea General de la OEA aprobó la Declaración de Bridgetown en el año 2002, donde se reconoce el enfoque multidimensional de la seguridad hemisférica, que debe abarcar nuevas amenazas en los aspectos políticos, económicos, sociales, de salud y ambientales. Asimismo, la OEA aprobó la Declaración sobre Seguridad en las Américas en el año 2003, donde se ratifica que la seguridad es de alcance multidimensional, incluye las amenazas tradicionales y las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad de los Estados del Hemisferio.

En el Perú, en coherencia con lo establecido por la ONU y la OEA, el Ministerio de Defensa aprobó, en el año 2017, la Política de Seguridad y Defensa Nacional, mediante Decreto Supremo N° 012-2017-DE, incluyendo en el concepto de seguridad el problema del tráfico ilícito de drogas, el terrorismo, el crimen organizado, el tráfico de armas, la deficiente calidad de los servicios de justicia, la corrupción, la inadecuada gestión del Estado, los conflictos sociales, las actividades de la minería informal y la minería ilegal, la contaminación ambiental, la vulnerabilidad ante desastres, los escasos niveles de desarrollo tecnológico y la pobreza, la inseguridad ciudadana, entre otros. Aún más, establece que la articulación e implementación de la Política de Seguridad y Defensa Nacional, deben de incorporarse en las políticas y planes sectoriales (articulación horizontal), y luego, en las políticas y planes regionales y locales (articulación vertical).

Bajo este marco, en Estados afectados por una débil institucionalidad y gobernabilidad, la participación de las Fuerzas Armadas es muy amplia. Así lo pone de manifiesto John Griffiths, como resultado del análisis comparativo de la Seguridad y Defensa de EEUU, Chile y Perú:

«Existe una directa relación entre el proceso de consolidación de Estado y la correspondiente formación de una noción de seguridad y defensa nacional. Se confirma que mientras este proceso es más avanzado, la noción de seguridad se centra con mayor énfasis en el uso de la fuerza para defender el interés nacional, la soberanía y la integridad territorial, de amenazas principalmente externas, con un papel de los militares centrado con mayor fuerza en sus labores profesionales. Al contrario, a menor grado de desarrollo del proceso de consolidación de Estado, la seguridad se focaliza con mayor fuerza en el tratamiento de amenazas internas, en donde el empleo de la fuerza puede expresarse en el interior para fines políticos, no necesariamente ligados a la defensa del Estado, sino que a la defensa de un determinado gobierno o régimen. En este escenario, el papel de los militares es amplio, abarcando funciones no tan solo profesionales, sino que de seguridad interna, de acción cívica o de desarrollo nacional» (Griffiths, 2011). [4]

Es así, que en el Perú, al no tener un Estado consolidado (en términos de gobernabilidad e institucionalidad), cuando una crisis, como la actual, sobrepasan las capacidades de las instituciones responsables (como actualmente al Ministerio de Salud, al Ministerio del Interior, a la Policía Nacional y al Ministerio de Transportes principalmente), el Estado Peruano recurre y dispone de la intervención de las Fuerzas Armadas, con los mismos recursos que atiende su finalidad primordial, que según el artículo n.° 165 de la Constitución Política del Perú es garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República.

Por tal motivo, en el año 2019, el Ministerio de Defensa, en el marco de sus competencias sobre las Fuerzas Armadas, y con el propósito de no correr el riesgo de la securitización y propender asegurar los recursos (en términos organizacionales, normativos, económicos, materiales y de personal), desarrolló dos instrumentos de política:

1. La Directiva de Seguridad y Defensa Nacional para la protección de los Activos Críticos Nacionales – ACN, aprobada mediante Decreto Supremo N.° 007-2019-DE, se define claramente el momento y las condiciones de la participación de las Fuerzas Armadas, con el fin de delimitar su ámbito de actuación.
2. Una propuesta de política que aparte de abordar el fin primordial de las Fuerzas Armadas, delimita la participación de las Fuerzas Armadas en el orden interno, la gestión de riesgos de desastres, el desarrollo nacional y la política exterior. Asimismo, considera lineamientos para los procesos de cambio en cada Institución Armada, como es en el caso del Ejército del Perú, que actualmente está en un proceso de transformación institucional.

Conclusiones

• La importancia de la prospectiva para detectar y analizar los weak signals (señales débiles), que podrían generar grandes impactos en el futuro de la sociedad.
• Los weak signals deben ser detectados y analizados antes de lanzar políticas a nivel internacional o nacional, con el fin de evitar decisiones contraproducentes.
• La securitización de la política es un weak signal que debe ser reflexionado en mayor profundidad, debido a que su ámbito de aplicación está incorporado en temas como las políticas de seguros previsionales (AFP’s y ONP), las políticas ambientales (el Secretario General de la ONU declaró que “El cambio climático es más mortal que el coronavirus”), las políticas migratorias, las políticas de justicia, las políticas de educación, entre otros, que a nivel nacional e internacional no están logrando resultados e incluso, como menciona Roberto Esposito, están destruyendo lo que debía de preservarse.

[1] Rodriguez, R. (2012). La sistémica, los sistemas blandos y los sistemas de Información. Instituto Andino de Sistemas – IAS. Lima, Perú.

[2] Esposito, R. (2009). Comunidad y violencia. Minerva.

[3] Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (1994). Informe sobre el Desarrollo Humano. Nueva York, EEUU.

[4] Griffiths, J. (2011). Teoría de la Seguridad y Defensa en el Continente Americano. Análisis de los casos de EE.UU. de América, Perú y Chile. Edición de Kindle.