Foto: Agencia Andina

Resumen

Las protestas acaecidas a finales del 2019 en Chile, Bolivia, Ecuador o Colombia ha generado debates en diferentes ámbitos como el político, económico y social, pero no puede olvidarse la seguridad y en particular la participación de las FF.AA para reprimir dichas protesta. Dichas protestas, aunque en su mayoría pacíficas registraron actos de violencia que desbordaron la capacidad de las fuerzas policiales y superaron la competencia política de desmovilizar las protestas, mediante la convocatoria al dialogo. Esta incapacidad explica que los gobiernos optaran por trasladar la solución y responsabilidades a las FFAA, decretando estados de emergencia y toques de queda.

Esta situación ha suscitado todo un debate de particular interés en relación a la forma y modo en que deben participar las FF.AA en estas situaciones. La cuestión que se debate en los países que ha padecido un escenario de “Estallido Social”, con violencia, es si los militares pueden participar en su represión, desde el punto de vista constitucional; si deben o no participar y de hacerlo cuándo y cómo debe ser su actitud y respuesta y qué respaldo legal deben tener.

Análisis

En los últimos meses del año 2019, se presentó en diferentes países de la región, casi en simultáneo, una inesperada convulsión social “Estallido Social” producto de un generalizado descontento ciudadano, ante el pedido de solución de legítimas demandas sociales y creación de expectativas sin cumplir. Estas han sido mayormente pacíficas, con episodios de extrema violencia y fuera del control (bloqueo de carreteras, saqueos, incendios provocados, destrucción de infraestructura pública, ataque a puestos policiales y cuarteles) cometidos en su mayoría por jóvenes, Aunque con motivaciones diferentes, las causas que la generaron son comunes: la desigualdad, el abuso del poder y la corrupción. En Ecuador, los motivos de protesta fueron la eliminación del subsidio a los combustibles tras un acuerdo entre el gobierno y el FMI. En Chile, por la subida de los precios del metro de Santiago. En Bolivia, por acusación de fraude en las elecciones presidenciales, y en Colombia, por el rechazo a normas de carácter económico y laboral debido a cambios en la política social y económica.

Ante este complejo escenario, los gobiernos democráticos están empleando a las FFAA contra el crimen organizado transnacional (narcotráfico), según su situación particular, y están adoptando, cada vez más, como fórmula de solución, su empleo para resolver problemas internos (políticos, sociales, seguridad pública), con o sin decretar estados de emergencia. Aquellos que se oponen han manifestado los riesgos e implicaciones que lleva consigo el desempaño de estas, tanto para los propios militares, como para los riesgos que con lleva la protección de los derechos humanos, al desempeñar tareas para los que no están preparados.

Esta violencia social, instalada en los países, se agrega a los altos niveles de violencia registrados por el accionar del crimen organizado que no es enfrentado con eficiencia por los cuerpos policiales nacionales y de igual manera se ha convocado a las FF.AA para su persecución. En México, las FFAA son empleadas para enfrentar a los carteles del narcotráfico que presentan organización y capacidad de fuegos superior al de los cuerpos policiales.   En Colombia, por estar relacionado con los disidentes de las FARC, el ELN y las Bacrim, también combaten el narcotráfico. En Perú, actúan en el VRAEM, valle de mayor producción de cocaína en el mundo. Al ser una zona de geografía difícil, donde la policía no tiene la capacidad operacional ni logística para enfrentarla se ha justificado la presencia de las FF.AA. En Argentina, Uruguay y Chile participan brindando apoyo logístico a las unidades policiales de frontera.

La cuestión que se debate en los países que han padecido un escenario de “Estallido Social”, con violencia, es si los militares pueden participar en su represión, desde el punto de vista constitucional; si deben o no participar y de hacerlo cuándo y cómo debe ser su actitud y respuesta y qué respaldo legal deben tener.

La forma como los gobiernos han solucionado temporalmente, no en forma definitiva, el “Estallido Social” presenta similitudes en todos los países de la región donde han acontecido estas protestas. Sin excepción se ha recurrido a las fuerzas policiales y militares para tomar control de la solución, lo que explica el debate mencionado.

PROPUESTAS DE EMPLEO

Ante el “Estallido Social” con acciones violentas se presentan propuestas relacionadas a las FFAA. Se propone su participación en la protección de la infraestructura crítica para aumentar la seguridad en el marco de las protestas sociales y liberar a los efectivos policiales que realizan estas tareas para que puedan patrullar las calles, controlar a los manifestantes y asegurar el orden público. También se propone la posibilidad de una presencia permanente, sin facultades de empleo de armas y sin necesidad de decretar estado de emergencia, para no restringir las libertades y derechos de los ciudadanos.

Es muy difícil que en los países que están empleando a sus FFAA, algún gobierno se arriesgue a regresarlas a los cuarteles. En México han creado una Guardia Nacional – Policía militarizada- para no emplearlas, pero no han podido cumplir con retirarlas de las calles, porque la guardia nacional está hipotecada en las fronteras controlando a los migrantes.  En Perú la constitución contempla que durante el estado de emergencia las FFAA pueden asumir el control del orden interno, si así lo dispone el presidente de la Republica y desde hace años vienen actuando contra el narcotráfico (VRAEM) y contra la minería ilegal (Madre de Dios). Además, debido al prestigio y credibilidad ante la ciudadanía, la mayoría de la sociedad también pide su participación en tareas de seguridad ciudadana.

Conclusiones

Las FFAA tienen que ser el último recurso al que debe recurrir un gobierno para solucionar un problema social, evitándose, en todos los casos, emplearlas en forma directa contra los manifestantes. Su participación, sin declarar el estado de emergencia y sin respaldo legal, puede dar lugar –dará lugar- a que se vean directamente involucradas y expuestas a ser demandadas por violación a los DDHH y a la reprobación ciudadana.

Su participación en casos de “Estallido Social” debe estar orientada a la protección de la infraestructura critica durante el tiempo que dure la protesta, con declaración del estado de emergencia y autorización de empleo de las armas en caso de ataque o sabotaje a las instalaciones que protege y con el resguardo legal donde las consecuencias de su accionar sean consideradas como cuestiones de función a ser deliberadas en la justicia militar.

La militarización de las calles se da por la incompetencia de los dirigentes políticos que acuden a las FFAA para que solucionen una inconformidad social, trayendo como consecuencia que sean culpadas de dar “Golpes de Estado” (Bolivia) o denunciadas por violación generalizada y sistemática de los DDHH (Chile).

La atención central del estado debe estar en la persona. Una vez alcanzando el desarrollo humano, el uso de la fuerza no será el instrumento para mantener la paz, siendo la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos el “Arma Eficaz” que tienen los gobiernos para crear un ambiente de seguridad y de convivencia pacífica.