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Resumen

Declarada la Emergencia Sanitaria, se ha logrado obtener el mayor rendimiento de los recursos y capacidades del Estado, ya que se ha operado una respuesta integral, configurada mediante la cooperación interagencial. Bajo esta forma de organización se ha integrado la labor de las FF.AA, que además cuentas con el marco legal oportuno para realizar tareas en esta crisis,

Se tornó esencial estructurar las las capacidades y recursos materiales y humanos disponibles, por lo que desde el Ejecutivo se dispuso rápidas acciones estratégicas pautadas para un conjunto de actores y consideradas de forma global para enfrentar la situación. Las instituciones de Seguridad y Defensa se encontraban entre los diversos organismos del Estado involucrados, atendiendo a una política transversal que contó con el uso de las fuerzas policiales y militares en función a este riesgo.

Análisis

Ante el escenario de los primeros cuatro casos confirmados en el país, el 13 de marzo se declaró la Emergencia Sanitaria. Esta medida de prevención implicó el cierre parcial de fronteras, suspensión de clases y de espectáculos públicos, permanencia de las personas en sus domicilios y una campaña de concientización e información acerca de las características del virus.

Con un liderazgo civil claro, el Presidente Lacalle aprobó un conjunto de medidas basadas en la coordinación institucional de los Ministerios de Salud Pública, Relaciones Exteriores, Interior, Defensa Nacional, Desarrollo Social y Economía y Finanzas, Turismo y el Sistema Nacional de Emergencia. En este contexto también se ha organizado la participación de las  fuerzas policiales y de las Fuerzas Armadas del Estado para la neutralización de esta amenaza, ¿Qué evolución normativa e institucional ha tenido lugar  para poder responder ante este desafío en materia de seguridad?

La Ley Marco de Defensa Nacional (2010) concibe a la Defensa Nacional  como el conjunto de actividades civiles y militares que, en el marco de la Constitución y las leyes, contribuyen a generar las condiciones para el bienestar social, presente y futuro de la población; ese es el objetivo central de la Defensa Nacional. Este concepto de Defensa Nacional recoge la concepción de Seguridad al mencionar que se busca generar las condiciones para el bienestar de las personas.

Uruguay carece de una definición de Seguridad, pero su concepción moderna sobre Defensa Nacional recoge el aspecto multidimensional de la seguridad a  partir del Enfoque Multidimensional de la Seguridad Hemisférica de la Organización de Estados Americanos; en este sentido, la Declaración de Bridgetown de 2002 dispone que las nuevas amenazas y otros desafíos “… son problemas intersectoriales que requieren respuestas de aspectos múltiples por parte de distintas organizaciones nacionales, todas actuando de forma apropiada conforme a las normas y principios democráticos” (AG/DEC.27).

Hace unos años, Uruguay analizaba el Contexto Estratégico para vislumbrar el escenario futuro más probable en un horizonte temporal 2014-2030 y cuáles serían los eventuales obstáculos que podría enfrentar para garantizar sus Intereses y Objetivos Nacionales. El documento Política de Defensa Nacional, aprobado en 2014, identifica como una amenaza la aparición de pandemias, estableciendo que “estas enfermedades afectan a una proporción importante de la población y en muchos casos generan graves secuelas, afectando negativamente a los países, incluso con mortalidades significativamente altas entre los contagiados”.

En relación a las FF,AA, la Política Militar de Defensa (2016) establece dentro de los objetivos de la Defensa Militar (concordantes con los Objetivos Permanentes y Estratégicos de la Defensa Nacional) que, de manera excepcional, con previa disposición del Poder Ejecutivo, y coordinada con la policía, “podrán desarrollar acciones militares a fin de asegurar las fronteras en apoyo a los organismos del Estado que lo requieran frente a las amenazas que así lo justifiquen”, que en este caso sería  la preservación de la vida y el bienestar de la población.

En 2018, el Poder Ejecutivo encomendó a las Fuerzas Armadas la realización de tareas de vigilancia en las zonas de frontera y patrullajes, como apoyo a los organismos estatales con jurisdicción y competencia en materia de protección y seguridad interna, previniendo amenazas que afecten al país. Durante 2019 se reglamentó el patrullaje previsto en la Ley 19.677 (2018) que encarga a las Fuerzas Armadas las funciones de vigilancia y de apoyo a los organismos con jurisdicción y competencia en la zona fronteriza, en el perímetro de 20 kilómetros de ancho de la frontera uruguaya, sin incluir los centros poblados.

La seguridad de las fronteras del país ya se estaba desarrollando mediante controles, pero estas normas identifican con precisión el territorio en el cual se realizarán las acciones definidas por la ley, a la que denomina «zona fronteriza». También se especifican todas las operaciones que pueden llevarse para cumplir dicha tarea, coordinadas por el Estado Mayor de la Defensa: patrullaje, identificación de personas y control de vehículos y detención en caso de flagrante delito. Si el personal militar se viera obligado a utilizar medidas coactivas, la ley establece que deberá hacerlo “de forma racional, progresiva y proporcional, agotando previamente los mecanismos de disuasión que estén a su alcance, según el caso”. También se le brinda al personal militar en uso de su material de guerra, garantías jurídicas, ampliando la causal de justificación establecida en el Código Penal, que alcanza al personal militar para las situaciones de custodia perimetral de establecimientos penitenciarios, de unidades militares y de edificios sede de organismos del Estado.

Los primeros días de marzo de este año, antes de la llegada del virus, el Ministro de Defensa, Javier García, anunciaba el fortalecimiento de la presencia militar en las fronteras (con personal, medios y equipamiento), que se efectivizó, el 16 de marzo, coincidiendo con la emergencia sanitaria, En esta nueva situación, los 500 efectivos integrantes de las tres Fuerzas se dedicaron no sólo a las tareas de vigilancia y patrullaje fronterizo, sino también a acciones en apoyo a las instituciones de gobierno y a la comunidad, para garantizar control de medidas sanitarias, aportar aeronaves y helicópteros para un  ocasional traslado de pacientes o material de laboratorio y brindar información preventiva.

Según la ley orgánica de la salud pública, la fuerza pública puede intervenir para garantizar el cumplimiento de las medidas dictadas, previéndose control a vehículos y personas, recordando a sus habitantes la importancia de permanecer en sus domicilios. En oportunidad del Coronavirus, la policía comenzó a patrullar las calles exhortando a la población la permanencia en sus casas para evitar se propague la enfermedad, realizó patrullajes aéreos disuasivos de multitudes, que sobrevolaron en diferentes ciudades. Juntos, los Ministerios de Interior y Defensa, cumplieron operativos en zonas de jurisdicción conexa.

Por último, el Presidente también convocó al Sistema Nacional de Emergencia (SINAE), para valorar la situación de pandemia, junto con el Congreso de Intendentes (jefes de gobiernos departamentales) y varios Ministros. El SINAE, creado en 2009, es un organismo de coordinación de las instituciones públicas para la gestión integral del riesgo de desastres, integrado entre otros, por los Ministerios de Defensa e Interior, y cuyo fin es proteger a personas, bienes de significación y el medio ambiente de fenómenos adversos que puedan resultar en situaciones de emergencia o desastre. Este Sistema cuenta con Comités Departamentales de Emergencias y Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales. Los primeros son responsables de la formulación de políticas y estrategias de gestión del riesgo, a nivel local, y lo integran el Intendente y representantes del Ministerio de Interior, Defensa, Salud Pública y Desarrollo Social. En la coordinación de cada Comité Departamental de Emergencia se encuentra el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales, que es el ámbito de articulación operativa para la Gestión Integral del Riesgo. Las Fuerzas Armadas, ante situaciones de emergencia, colaboran con apoyo logístico y de personal.

A su vez, el centro de distribución y logística del SINAE, que da respuesta inmediata a la población se encuentra, en un predio militar del Ejército. Para esta instancia, desde allí se recibió la donación que EEUU hiciera de camas y equipamiento CTI para el Coronavirus y las carpas prestadas,para poder ser usadas como hospitales de campaña, que se suman al  Hospital acondicionado en el marco de la emergencia sanitaria, constituyéndose como el primer centro COVID del país.

Conclusiones

A menos de 15 días de haber asumido Luis Lacalle Pou como Presidente de la República, el nuevo gobierno uruguayo debió enfrentarse a la situación de pandemia de enfermedad por el Coronavirus Covid-19. La rápida acción del Ejecutivo permitió medidas para prevenir y atender la Emergencia Sanitaria mediante el desarrollo de una estrategia integral e interinstitucional que incluyó diversos actores, entre ellos, la policía, las Fuerzas Armadas y el Sistema Nacional de Emergencias.

Con el marco normativo actual de actuación frente a amenazas de todo tipo, la participación militar y policial ante la pandemia se está llevando a cabo con resultados positivos.

El Presidente, en esta coyuntura, ha recurrido al entramado institucional, organizado de manera interagencial, para potenciar los recursos y capacidades del estado. Bajo esta estrategia se ha integrado la acción de las FF.AA.