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Seguridad energética: Desafío colateral del crecimiento económico de la República Dominicana

Foto: INTEC

Resumen

La economía dominicana ha crecido torno al 5,5 % del producto interno bruto (PIB) por año, entre 1991 y 2019. Este favorable escenario ha generado también un incremento en la demanda de energía, que se ha convertido en el gran desafío para garantizar la seguridad energética nacional.

Palabras clave: seguridad, defensa, energía, República Dominicana, desarrollo social, seguridad nacional

Análisis

Para cualquier país, la gestión de la energía se ha convertido en un asunto vital, con serias implicaciones para la seguridad nacional, obligando a los Estados a diseñar estrategias nacionales y políticas públicas que permitan garantizar un suministro energético mínimo, para intentar satisfacer una demanda de energía cada vez más creciente; y la República Dominicana no es la excepción.

Inicialmente, la noción de seguridad estaba esencialmente vinculada a la integridad del Estado-nación, sin embargo, con el transcurrir del tiempo la interpretación del concepto seguridad nacional ha ido complejizándose, hasta ser abordado desde un enfoque multidimensional.  Ahora, además de atender las preocupaciones tradicionales de permanencia y supervivencia del Estado en sí mismo; también se debe garantizar el bienestar de las sociedades e individuos que lo componen, prestando atención a nuevas amenazas antropogénicas y no antropogénicas que distan mucho de desafíos de carácter propiamente militar.

En nuestro hemisferio, las declaraciones de Bridgetown (2002) y México (2003) asumen este enfoque multidimensional de la seguridad, integrando aspectos políticos, sociales, de salud y ambientales, muchos de los cuales se ven afectados directa o indirectamente por el acceso a la energía.

En correspondencia con este nuevo enfoque, el Consejo Mundial de la Energía ha invitado a los países a considerar la energía “Un asunto de seguridad nacional” y como un factor de productividad que debe ser gestionado de forma eficiente, confiable y ambientalmente sostenible. (Consejo Mundial de la Energía , 2014).

Los Estados Unidos y Canadá, han asumido plenamente esta visión al decretar la seguridad energética como un componente de la seguridad nacional, considerándola un instrumento geoestratégico de la política exterior de sus países. Y ya en Latinoamérica, casi todos los países han mostrado avances en el diseño de respuestas estatales a este nuevo desafío. México, por ejemplo, en su Estrategia Nacional de Energía, considera que ésta es el motor del desarrollo económico, por ser un recurso indispensable para cualquier proceso de producción, transporte y consumo de bienes o servicios, que encamine el Estado para satisfacer las necesidades primordiales de las personas. (Secretaría de Energía de México , 2013).

Desde el año 2010, el Perú ya cuenta con una Política Energética Nacional, con perspectiva al 2040, con el propósito de garantizar un sistema energético que permita satisfacer la demanda nacional de energía de manera confiable, regular, continua y eficiente; promoviendo el desarrollo sostenible y soportada en la planificación, la investigación y la innovación tecnológica continúa. (Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, 2010)

En el caso de la República Dominicana, ha tomado tanta relevancia el tema energético, que mereció ser incluido en la segunda ley más importante del país, la Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana (END-2030), cuyo tercer eje procura una economía sostenible, integradora y competitiva. Se establece como uno de sus objetivos específicos, asegurar un suministro de energía confiable, eficiente, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental. (Ley Núm. 1-12, 2012)

De ahí surge la inquietud que ha motivado este breve análisis, para verificar si el marco regulatorio del sector energético de la República Dominicana, dota al país de las herramientas suficientes para atender el desafío de garantizar seguridad energética, en un contexto de crecimiento económico, sostenido de aproximadamente un 5,5% del PIB anual, por casi dos décadas, el cual trajo consigo como efecto colateral, un incremento de la demanda energética nacional.

Luego de una mirada panorámica de la situación normativa del sector energético dominicano, que permite comprender la estructura y la jerarquización de todo el componente legal que rige los asuntos relacionados a la seguridad, se puede arribar a las consideraciones siguientes:

  1. Por un lado, se evidencia que el país cuenta con un marco jurídico bastante robusto y completo, en lo referente al sector energía, que abarca desde la Constitución de la República, acuerdos internacionales, leyes orgánicas y especializada, decretos y resoluciones, en varios de los cuales se dedica especial atención a cada uno de sus subsectores: electricidad, energía renovable, energía nuclear, hidrocarburos y la minería, muestra de eso es que en cada de los niveles normativos, se cuenta con instrucciones precisas para regir y regular el comportamiento de cada uno de los actores del sistema energético nacional.
  2. Sin embargo, salta a la vista el hecho que contar con una regulación estricta no ha sido suficiente para garantizar que los actores involucrados cumplan la ley y tampoco ha sido capaz de obligar a la continuidad de la implementación de políticas públicas, que permitan encontrar soluciones permanentes a la crisis del sector energético dominicano. En otras palabras, gran parte de estos instrumentos normativos no disponen de un mecanismo de consecuencia severo, para quienes decidan no cumplir las reglas establecidas, violar la ley o simplemente hacer de la vista gorda, en beneficio de sus intereses particulares.
  3. Otra dificultad identificada, que afecta al buen desempeño del sector energético dominicano, está vinculada a su complicada estructura institucional, en donde el componente estatal es ente regulador, y, al mismo tiempo, un actor regulado. La consecuencia es la existencia de conflictos interinstitucionales que pueden bloquear o ralentizar los procesos de desarrollo y la solución a la crisis del sector energético del país. Las entidades de los subsectores electricidad e hidrocarburos, quedan subordinadas a un Ministerio de Energía y Minas (MEM), de reciente creación Este debe esforzarse por ganar el respeto necesario para poder liderar el sector y garantizar la implementación de las políticas públicas que diseña. Y para ello, debe vencer, la resistencia de estas entidades subordinadas, las cuales con el paso de los años han ido adoptando su propia cultura institucional, que a veces difieren de los lineamientos y directrices del MEM.

Pero no todo son nubes grises en el escenario energético dominicano. En  2000, se aprobó el Plan Energético Nacional, La  y la última versión revisada, en 2010, con cobertura al 2025, ha logrado un mayor porcentaje de ejecución con relación a los anteriores. El suministro de petróleo y sus derivados se ha realizado con la regularidad y periodicidad necesitada; la matriz energética ha sido diversificada, integrando una mayor cantidad de recursos provenientes de fuentes renovables; la instalación de varios gaseoductos, de propiedad privada, ha permitido la conversión a gas natural de miles de vehículos. El país lleva casi dos décadas sin un episodio de huelgas por desabastecimiento de combustible.

El área de electricidad también ha tenido sus avances. Pese a que seguimos teniendo unos de los precios, por kilovatios/hora, más caros del Gran Caribe. La producción de energía eléctrica ha aumentado con capacidad de suplir más del 90% de la demanda nacional, especialmente luego de la entrada en funcionamiento de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, con una generación 752 MW brutos adicionales que, desde finales de 2019, han sido integrados al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

En cuanto a la distribución y suministro de electricidad, el gobierno dominicano compró al Grupo Unión Fenosa Internacional, las acciones que tenían en las dos principales distribuidoras de electricidad del país EDENORTE y EDESUR y a partir de entonces, se ha restructurado todo el sistema de comercialización de la energía. Ahora con las modalidades de facturación prepago para sectores humildes y pospago para clientes regulares, con circuitos de 24 horas de suministro ininterrumpido en la mayoría de las provincias del país.

Aún queda un arduo camino por recorrer, para superar el desafío de garantizar la seguridad energética nacional,  la República Dominicana ha ido avanzado hacia ese objetivo. Sin embargo, para alcanzarlo, es preciso el acuerdo de todos los implicados  para firmar el Pacto Eléctrico Nacional. Posiblemente la primacía de sus particulares, impide que éstos no le den  la necesaria importancia al tema energético, para el desarrollo socioeconómico, y supervivencia misma del Estado y de sus propios intereses. En ese proceso, tanto el gobierno como los demás actores tomadores de decisiones, no deben olvidar que la estructuración de una adecuada estrategia de seguridad energética, no puede ser formulada de forma aislada, sino como parte fundamental de la estrategia de seguridad nacional del país.


Referencias bibliográficas

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Las ideas contenidas en este análisis son responsabilidad exclusiva del autor, sin que refleje necesariamente el pensamiento del CEEEP ni del Ejército del Perú