Resumen

La región del Amazonas que comparten países como Colombia, Perú, Brasil, Ecuador, Bolivia, Surinam, Guayana y Francia, con la Guayana Francesa, representa actualmente un escenario de seguridad regional de gran complejidad. La COVID-19 ha dejado al desnudo grandes vulnerabilidades estatales en relación con la seguridad de las comunidades indígenas. Aquella población coexiste entre el virus, el crimen y las ausencias estatales. Un coctel que, desde la aproximación de los estudios de seguridad, refleja fracturas institucionales, permite gobernanzas criminales y significa un problema de seguridad regional.

Análisis

Extinción humana del Amazonas: entre el crimen y el virus

Entre la pandemia y el crimen organizado los riesgos de extinción de los pueblos indígenas ha aumentado exponencialmente. En efecto, la relación existente entre ambas dimensiones, genera una combustión altamente peligrosa en la que los altos tomadores de decisiones de los gobiernos nacionales no han involucrado en sus agendas de seguridad de manera coordinada.

La región del Amazonas representa un corredor estratégico para las formas más dinámicas del crimen organizado. El espesor de la selva y la complejidad territorial facilitan el relativo control efectivo del territorio haciendo posible el establecimiento de grupos irregulares. El narcotráfico, el tráfico de madera, minería irregular, desplazamiento forzado de comunidades indígenas y los delitos ambientales se han convertido en las para-instituciones que generan órdenes subterráneas, llegando a desplazar al Estado e imposibilitando la arquitectura de los imperios de la ley y la legitimidad convencional.Aquellas para-instituciones son los productos subterráneos de control social y de hipótesis de orden. Grupos armados imponen contratos sociales paralelos, administran justicia, brindan “seguridad” controlan los mercados y permiten o imposibilitan actividades humanas.

Operan estructuras armadas de toda naturaleza. Por un lado, los grupos disidentes o reincidentes de las antiguas FARC-EP, por el otro, carteles del narcotráfico y oficinas off-shore de grandes estructuras narcotraficantes de México, Colombia, Brasil, Perú y Venezuela que han construido gobernanzas criminales. Sin olvidarlas bandas criminales como “la Constru”, “los Caqueteños”, generaciones post-senderistas de Perú y otras provenientes de Bolivia y Brasil que han logrado invertir en modificaciones genéticas de la hoja de coca para que crezca más rápido y sea menos vulnerable a las aspersiones aéreas de las fuerzas de seguridad de los Estados. Lo anterior es un lastre estratégico asociado al crimen organizado, a los mercados de la violencia, a los enclaves del conflicto colombiano, a las ausencias estatales en la geografía, a la triangulación con mercados ilegales de África (por Brasil) y de Asia, por el Pacífico, y a la atractividad geoestratégica de la zona como un hoyo negro en la seguridad hemisférica. Pero lo mencionado en líneas anteriores parece ser tan solo un lado de la moneda.

La población indígena de la región compartida es de aproximadamente 200 mil personas y el 90% de ellas han sido contagiadas con el COVD-19. A la relación en materia de (in)seguridad entre la insuficiencia estatal, el crimen y la gobernanza criminal, ahora se agrega la pandemia está. Un factor más que podría en riesgo las poblaciones de zona. Un asunto de seguridad localizado que, sin embargo, compromete las preocupaciones de las agendas regionales.

Las comunidades indígenas del Amazonas se caracterizan por ser nómadas en su mayoría. El tránsito y la movilidad, en tiempos de crisis sanitaria, tensiona la ecuación de la libertad de movilidad y la restricción del movimiento por los contagios, así como las lógicas biológicas asimétricas entre dichos pueblos y sus connacionales de Bogotá, Lima, Quito, Caracas, Sucre o Brasilia. Sin embargo, las hipótesis sobre cómo se generó el contagio en dichos pueblos radican en dos vertientes. La primera asociada a las tardías e insuficientes medidas de control adoptadas desde Brasil. De manera que, con ello, se abrió un boquete que permitió el contagio a las comunidades. La otra, que no es excluyente, tiene que ver con la idea que los grupos irregulares y estructuras criminales pudieron llevar y transportar el virus en la selva. Ambas hipótesis, de ser comprobadas, ponen en riesgo la vida de las personas y en peligro la seguridad humana regional.

Gobernanza criminal en el Amazonas

Las estructuras criminales que operan, desde hace décadas en la región amazónica, han construido una infraestructura crítica lo suficientemente compleja que no permite su destrucción, por parte de los Estados. Dicha infraestructura está basada en la gobernanza criminal, una estrategia de control, que incluso puede asemejarse a “un contrato social subterráneo” en el cual el hermetismo social es el componente orgánico que impide el ocaso del crimen.

El Amazonas es una región de contrastes que compromete la seguridad. Variables como la expansión de la frontera agrícola en Bolivia y la presencia de actores extra continentales como China, en la siembra de soja y ganado, la deforestación, los incendios en Brasil, el tráfico de madera, flora, fauna y cocaína, migrantes irregulares, etc., son modalidades en las que el crimen organizado participa de manera activa. Asociaciones entre carteles mexicanos con grupos como disidencias de las FARC, el ELN, grupos paramilitares, mercaderes ilegales provenientes de África y Asia, configuran incluso nuevas perspectivas para las investigaciones en materia de seguridad. La concurrencia y coexistencia de todos estos actores induce a pensar en la posible existencia de una “diplomacia criminal”, que favorece la convivencia y reparto de territorios y favorece posibles asociaciones entre ellos que consolaría o incluso aumentaría el horizonte de sus negocios. Lo anterior es un entramado sistémico que explica en buena medida las lógicas estratégicas de la zona. Explica también las fracturas, entre los órdenes legales e ilegales, y en últimas descifra las para-instituciones que, junto a la pandemia, el futuro del Amazonas es cada vez más incierto. La diplomacia y la gobernanza criminal se prueban cuando actores distantes geográficamente entablan relaciones y vínculos bajo esquemas racionales para satisfacción de intereses. Se debe a una configuración geométrica del crimen y la violencia.

Conclusión

La COVID-19 ha dejado más en entredicho las debilidades estratégicas y operacionales, en materia de seguridad, de todos los Estados amazónicos que la persistencia de los grupos criminales. De esta lógica se pueden extraer las causas subyacentes a los problemas y amenazas a la seguridad nacional de cada Estado y de ser juiciosa la tarea, la evidencia arrojaría que ni los grupos armados ni el crimen organizado o el narcotráfico son los problemas que generan inseguridad, más bien éstos son los efectos de la inseguridad. La falta de control y políticas es la combinación que hace posible la difusión descontrolada del virus en esta región pudiendo llevar a la extinción de la humanidad en una porción de la Tierra.