Resumen

En este artículo, la autora describe el proceso de reasentamiento poblacional de la ciudad de Morococha, en la provincia de Yauli – Junín, y analiza la problemática que involucra el traslado de los pobladores hacia una nueva ciudad, teniendo en cuenta las dimensiones social, económica y comunitaria. Asimismo, se analiza la potencial mejora de las condiciones de vida de la población, así como la creación de un sentido de pertenencia en una nueva zona. Todo ello, en el marco de la gestión del riesgo de desastres, y bajo el sustento del proceso de gestión correctiva realizado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED). El artículo concluye con un balance de los aciertos y desaciertos cometidos en el proceso de reasentamiento, tanto por los pobladores como por la empresa minera, a ocho años de su inicio.

 Palabras clave

Reasentamiento poblacional – gestión correctiva – dimensión comunitaria

 Análisis

A 4600 msnm, en el distrito de Morococha, provincia de Yauli, región Junín, se desarrolla el Proyecto Toromocho de la Minera Chinalco Perú, subsidiaria de Aluminium Corporation of China. Morococha, a lo largo de su historia, siempre estuvo rodeada de proyectos de exploración y explotación de yacimientos mineros, que fueron convirtiendo a esta ciudad en unos de los distritos mineros más importantes del país. Actualmente, Toromocho es un yacimiento de clase mundial, con grandes reservas de cobre y molibdeno, así como con capacidad de procesar hasta 117200 toneladas diarias de mineral, consistente en una mina a tajo abierto con una reserva aproximada de 1526 millones de toneladas de mineral, a ser extraídas y procesadas en un período de 36 años.

Debido a que el área del Proyecto Toromocho comprende la zona urbana de la ciudad de Morococha (de aproximadamente 5000 habitantes), desde el año 2006 se inició el proceso de participación ciudadana en audiencias públicas, con la finalidad de reubicar a los pobladores en un área apta, fuera del alcance de cualquier infraestructura del Proyecto Minero. Es en este contexto que, desde el año 2009, la empresa Social Capital Group (SCG) ha liderado el proceso de reasentamiento de la ciudad de Morococha, como parte del desarrollo y puesta en operación de la mina Toromocho.

En un escenario de cambios en la industria minera en el Perú, resulta interesante analizar la manera en que la empresa y el Estado han llevado adelante uno de los procesos de reasentamiento de mayor envergadura en la historia reciente. Al respecto, conviene indicar que el proceso de reasentamiento estuvo plagado de desencuentros entre ambas partes, debido a que prácticamente la mitad de los pobladores se resistían a dejar sus viviendas, alegando un sentido de pertenencia, vínculo cultural y arraigo con Morococha. Por este motivo, se elaboró e implementó el estudio de impacto social y el plan de acción para el reasentamiento de la población por parte de la minera, a través de un proceso participativo que involucró a la población en la definición del nuevo sitio, la identificación de familias beneficiarias, el modelo de viviendas, y ubicación de las familias y de los locales comerciales en los barrios de la nueva ciudad.[1]

Esta nueva localidad, denominada Carhuacoto, se ubica a 10 km de la ciudad de Morococha y posee infraestructura con diseño urbanístico completo e integral, con viviendas de entre 40 y 52 metros cuadrados, las mismas que cuentan con servicios de agua, desagüe, energía eléctrica e internet. Asimismo, cuenta con colegios, centro médico, lozas deportivas y un museo de la memoria denominado “Ojos de Morococha”, con la finalidad de dejar perennizado su pasado en imágenes, así como mantener la información y el recuerdo de la antigua ciudad, a través de la fotografía.[2]

Según el estudio de impacto ambiental del proyecto (Knight Piésold, 2009), el reasentamiento era un proceso sumamente necesario, no solo para dar paso a la ejecución del proyecto Toromocho, sino también para salvaguardar la salud y seguridad de los habitantes del distrito de Morococha. A pesar de lo anteriormente expresado, numerosas familias se negaron a mudarse, manifestando que la nueva ciudad no tenía las condiciones de seguridad necesarias ante la ocurrencia de peligros naturales como la licuación de suelos, las inundaciones y los sismos.

Al ser la gestión del riesgo de desastres una práctica transversal e integral[iii] en todas sus facetas y niveles, se procedió a desarrollar un estudio detallado bajo el liderazgo del CENEPRED -como autoridad técnico-científica-, y la colaboración del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico –INGEMMET e Instituto Nacional de Defensa Civil -INDECI. En el informe final, se determinó que la ocurrencia de licuefacción de suelos era poco probable, que el área inundable fue modelada en el año 2009 con un período de retorno de 500 años, y que las viviendas reunían las condiciones sismorresistentes establecidas en el reglamento nacional de edificaciones.[iv]

En tal sentido, la empresa responsable de la reubicación había tomado las medidas de prevención necesarias y se evidencia que la zona de reasentamiento denominada “Carhuacoto”, reúne las condiciones y brinda la seguridad requerida para sus pobladores.

Por otra parte, conviene destacar que las actividades programadas para la explotación minera del proyecto Toromocho deberían desarrollarse con normalidad, debido a la magnitud e importancia de este proyecto para el desarrollo económico local y nacional. Por consiguiente, resulta necesario crear las condiciones de seguridad y estabilidad, evitando la generación de conflictos sociales en la zona. Sin embargo, en un proceso de reasentamiento poblacional se deben tomar en cuenta una serie de factores y las implicancias que estos generan en sus pobladores.

Respecto a la dimensión económica, existe la falta de trabajo en ambas ciudades debido a que la empresa solo brinda trabajos temporales o rotativos.

Adicionalmente, los pobladores, dedicados al comercio y al transporte, reconocen la falta de compradores en la nueva ubicación, viéndose forzados muchos de ellos a cerrar sus negocios y optar por alquilar o vender sus viviendas. A diferencia de la minería tradicional, que generaba lazos entre trabajadores, empresas y comunidad, en la actualidad los trabajadores ya no establecen relaciones fuertes con las mineras, en gran medida por las nuevas modalidades de contratos como la locación de servicios que, por su naturaleza, no genera un vínculo laboral.

En cuanto a la dimensión social, los pobladores sienten que se llevó a cabo un reasentamiento forzado, con un inadecuado proceso de consulta, debido a que no se tuvo un consenso de parte de toda la población. Asimismo, perciben que existió un abuso en los acuerdos firmados como, por ejemplo, en el precio por metro cuadrado (nueve dólares) que la empresa pagó a los propietarios de las viviendas en Morococha, generando con ello un creciente descontento y malestar.

En lo que respecta al impacto comunitario, la percepción es de desarraigo por la extinción de Morococha, alterando su sentido de pertenencia. Para los especialistas sociales, al dividir a los pobladores se quebró su tejido social y el patrón cultural y de identidad. Si bien se implementó el Museo “Ojos de Morococha” y se llevó a cabo un proceso participativo para el registro fotográfico de la vida cotidiana de las familias locales, en el cual participaron niños y jóvenes de la ciudad (quienes recibieron talleres a cargo de psicólogos sociales, fotógrafos y artistas audiovisuales), el museo se ha convertido en un salón de usos múltiples, perdiendo el sentido para el cual fue creado. Incluso, en ocasiones, ha sido utilizado como vivienda temporal, empleando carpas y bolsas de dormir, debido a la precaria situación económica de algunos pobladores.

 Conclusiones

Transcurridos ocho años del inicio del reasentamiento poblacional, el resultado no ha sido el esperado, sobre todo para los pobladores, ya que se redujeron los ingresos económicos, las fuentes de trabajo y el movimiento de capital. A ello se suma el desempleo y el subempleo que aumentaron significativamente, disminuyendo las perspectivas de desarrollo. Aunque valoran la mejora física de las viviendas, las condiciones de los servicios básicos intradomiciliarios y de los servicios públicos, la percepción de los pobladores hacia su nueva situación es desfavorable, especialmente frente al factor económico.

En este sentido, resulta importante entender que toda actividad extractiva genera conflictos, sobre todo en realidades tan complejas como la peruana, con marcadas desigualdades. Modificar esta situación representa una tarea complicada para el conjunto de los actores involucrados (empresas, Estado y comunidades), por lo que, únicamente, con una visión integral del problema y no sólo con infraestructura física se podrá resolver este tipo de discordancia.

Finalmente, se debe incidir en mejorar la relación entre la empresa y los pobladores, mediante un seguimiento, monitoreo y proceso de acompañamiento post reasentamiento, a fin de convertir la problemática existente en una posibilidad de desarrollo para los habitantes de la nueva Carhuacoto.

Referencias:

1. Entrevista con la Sra Liseth Meza, Jefa de Relaciones Comunitarias de la Minera Chinalco (17/07/2020).
2. Reportaje Periodístico del Programa Cuarto Poder (12 diciembre 2018)
3. Lavell, Allan. Sobre la Gestión del Riesgo: Apuntes hacía una Definición (2001)
4. Informe Técnico N°028SGI Gestión Correctiva del riesgo, en el distrito de Morococha, provincia de Yauli – región Junín