La crisis política y de gobernabilidad existente en el Perú, reforzada por las presiones económicas y fiscales ocasionadas por la pandemia de la COVID-19, así como por el incremento de los precios de los alimentos y los combustibles debido a la guerra en Ucrania, viene complicando -en gran medida- la forma cómo el Estado peruano enfrenta los graves desafíos que representan el crimen organizado transnacional y el terrorismo en el país. Dicha crisis también ha afectado los recursos disponibles para que el país responda de manera efectiva y permita -mediante inversiones- la modernización, adaptación y fortalecimiento de sus instituciones de seguridad y otras componentes de la respuesta del “gobierno en su conjunto.”
En términos de medidas tradicionales de seguridad ciudadana, el desafío criminal en el Perú es mucho menor que en otras partes de la región, con 3.3 asesinatos en la región por cada 100 mil personas en el año 2021, aunque las crecientes tasas de otras formas delictivas llevaron a la declaración de estado de emergencia en el área metropolitana de Lima en febrero de 2022.