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Crimen Organizado Transnacional en la Triple Frontera entre Brasil, Colombia y Perú

Este artículo ha sido publicado inicialmente en la Revista Seguridad y Poder Terrestre
Vol. 1 N.° 2 (2022): Octubre – Diciembre
DOI: https://doi.org/10.56221/spt.v1i2.14


Resumen

La triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú, por sus características y vulnerabilidades, se ha convertido en un área donde convergen organizaciones involucradas en el crimen organizado transnacional (COT). En ese sentido, en este artículo se analiza la interacción de los grupos armados organizados y los grupos de delincuencia organizada con el COT, la cual se refuerza a través de economías ilícitas en las fronteras de estos tres países. Asimismo, se describen los efectos del COT, y se analiza si los mecanismos y estrategias para combatirlo -concebidas en las Políticas de Defensa y Seguridad- han alcanzado los resultados esperados.

Palabras Clave: Amazonía, Crimen Organizado Transnacional, Triple Frontera, Cooperación Internacional, Amenazas, Seguridad y Defensa, Soberanía.

Introducción

En el contexto suramericano, las Políticas de Defensa y Seguridad han sido siempre una prioridad para los Estados, que se relacionan en un ambiente estratégico cada vez más volátil, incierto, complejo y ambiguo.[1] En ese entorno, el crimen organizado transnacional (COT) es un fenómeno que no conoce fronteras, en un mundo cada vez más globalizado e interconectado que facilita y fortalece la relación existente entre las organizaciones criminales y las economías ilícitas en las que se involucran. Por ello, las fronteras que comparten Brasil, Colombia y Perú se han convertido en el epicentro de economías ilícitas rentables, en donde los grupos armados organizados (GAO) y los grupos de delincuencia organizada (GDO) ejercen el monopolio del tráfico ilícito de drogas (TID), tráfico de armas y municiones, trata de personas, minería ilegal y migración ilegal, entre otros.

La región de la triple frontera forma parte de la cuenca amazónica, la cual posee características extremadamente complejas, selváticas en gran parte e irrigadas por innumerables afluentes hídricos. Esta región carece de infraestructura vial y energética, fuentes de empleo y adecuada educación, presentando indicadores sociales críticos de pobreza multidimensional y necesidades básicas insatisfechas. Igualmente, estas fronteras son sumamente extensas, vulnerables y porosas, lo que limita el control por parte de las autoridades.

Para comprender la situación existente, en este artículo se describe la geografía de la triple frontera y su importancia como parte de la cuenca amazónica. Asimismo, se analizan tanto los efectos del COT, como los resultados de las políticas diseñadas para combatir a las organizaciones criminales involucradas. Finalmente, se brindan conclusiones a fin de adoptar estrategias y mecanismos más eficientes para enfrentar amenazas que evolucionan y se fortalecen cada día.

Descripción geográfica de la triple frontera

En el corazón del continente suramericano se encuentra la cuenca amazónica, con una extensión aproximada de 7’352,112 km2, en la que tienen injerencia países como Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.[2] En dicha cuenca confluyen las fronteras terrestres entre Brasil, Colombia y Perú, conocida también como la triple frontera.[3] Brasil y Colombia comparten una extensión fronteriza de 1,645 kilómetros,[4] Perú y Colombia de 1,626 kilómetros,[5] mientras que Brasil y Perú de 2,822 kilómetros.[6]

La cuenca amazónica es la mayor cuenca hidrográfica y de selva húmeda tropical del mundo, poseyendo un valor estratégico transcendental por su biodiversidad, ecosistemas, e innumerables especies de fauna y flora. Dicha cuenca es atravesada por el rio Amazonas, de 6,992 km de extensión, que inicia en los Andes peruanos y desemboca en el océano Atlántico. Esta cuenca es multicultural y diversa ya que está habitada por alrededor de 420 pueblos indígenas y numerosas etnias, con 86 lenguas y 650 dialectos.[7]

Igualmente, en esta región toma especial relevancia el llamado trapecio amazónico, conformado por las poblaciones de Leticia (departamento de Amazonas, Colombia), Tabatinga (estado de Amazonas, Brasil) y Santa Rosa de Yavarí (departamento de Loreto, Perú),[8] las cuales se encuentran ubicadas a orillas del rio Amazonas o Solimoes, como suelen llamarlo los brasileños. En esos centros poblados se concentran la mayor parte de la población y el desarrollo socioeconómico y cultural de dicha área geográfica.

La situación en Colombia

Escenarios y efectos. En Colombia, las diferentes modalidades de COT han estado ligadas -desde hace más de 50 años- al conflicto armado interno, con una violencia desmedida y estrechamente relacionada al terrorismo.[9] Sin duda, Pablo Escobar Gaviria es uno de los más conocidos criminales que ha operado en Colombia, pasando a convertirse, tras su alianza con Gonzalo Rodríguez, Carlos Lehder y los hermanos Ochoa, en el máximo jefe del cartel de Medellín, en la década de 1980 y principios de la década de 1990.[10] Pablo Escobar conformó una organización criminal bien estructurada a fin de hacerse del monopolio del TID en el país, supervisando la importación de grandes cargamentos de cocaína provenientes de Bolivia y Perú, y su posterior exportación hacia el mercado estadounidense.

Asimismo, en la década de 1970, surgieron organizaciones como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional y el Ejército Popular de Liberación que, en sus inicios, promulgaban diferentes ideologías a través de una estructura político-militar, y un modelo de guerra insurreccional o de guerra popular prolongada en contra del Estado. Estas organizaciones empezaron a expandirse, incrementando la violencia en diversas regiones del país y obligando al gobierno a combatirlas ante la presión de la sociedad y el desmejoramiento de la seguridad. Sin embargo, esta situación repercutió negativamente en la atención a otros delitos y amenazas que empezaban a imperar durante esos años, particularmente el TID.

Adicionalmente, en la década de 1980, surgieron grupos paramilitares de ultraderecha para defender los intereses de narcotraficantes ante los masivos secuestros perpetrados por grupos guerrilleros de izquierda. Posteriormente, se establecieron las Autodefensas Unidas de Colombia para proteger las tierras e intereses de diferentes gremios y civiles ante los ataques de las guerrillas. Este accionar permitió a todas estas organizaciones acceder a recursos, armas, propiedades y medios de comunicación, involucrándose en el control del territorio y el TID, generando con ello un devastador impacto en la sociedad colombiana.

En septiembre de 2016, ante la desmovilización de las FARC, otros GAO y GDO ocuparon rápidamente los espacios abandonados, y buscaron acaparar las economías ilícitas en lugares donde el control del Estado era limitado.[11] En el caso de la Amazonía colombiana, el GDO conocido como “los caqueteños” empezó a operar al servicio de narcotraficantes, en alianza con los GAO.[12] Este grupo delincuencial actuó, principalmente, en el departamento de Amazonas, ejerciendo el control de cultivos ilícitos en el lado colombiano, apoyado por una adecuada estructura en el lado peruano.[13] Asimismo, “los caqueteños” construyeron una alianza con la organización criminal brasileña conocida como la Familia del Norte (FDN), a quien entregaban alrededor de 11 toneladas de cocaína anuales. Para el año 2018, este grupo delincuencial fue desarticulado por las autoridades colombianas, poniendo fin a sus actividades ilegales.

Del mismo modo, otras organizaciones colombianas como el clan del golfo, los urabeños y el cartel de envigado han establecido relaciones con organizaciones criminales brasileñas como el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV). Incluso, han desarrollado alianzas con disidencias del Frente Primero de Miguel Botache Santillana (alias Gentil Duarte), quien no se acogió al proceso de paz y fue asesinado en un enfrentamiento con disidencias de la Segunda Marquetalia, en mayo de 2022. Además, el narcoterrorista Géner García Molina (alias John 40), quien al igual que Gentil Duarte no se acogió al proceso de paz, consolidó una alianza para la conformación de las disidencias en el suroriente del país. Posteriormente, esta alianza se fracturó y, actualmente, forma parte de las disidencias de la Segunda Marquetalia, comandada por Luciano Marín Arango (alias Iván Márquez) desde Venezuela. Géner García continúa con su papel de capo del narcotráfico, ejerciendo el control de la cocaína que ingresa a Venezuela desde Colombia y que, posteriormente, se comercializa con el PCC y el CV.[14]

Igualmente, las estructuras armadas que no se acogieron al proceso de desmovilización pasaron a ser las llamadas disidencias o grupos armados organizados residuales (GAOR), dentro de los cuales se encuentran la Estructura 48 Comandos de la Frontera[15] y la Estructura Primera Carolina Ramírez.[16] Ambas Estructuras se disputan los territorios que antes controlaban las FARC, lo que ha generado confrontaciones en los departamentos de Caquetá y Putumayo, concentrando este último la mayor cantidad de cultivos ilícitos de coca en el sur del país. Asimismo, estas Estructuras se disputan el control sobre los GDO dedicados a la explotación ilícita de yacimientos mineros y otros delitos en esa región de la Amazonía colombiana[17]. Por ese motivo, el departamento de Amazonas es usado como corredor de movilidad a través de las cuencas de los ríos Apaporis, Caquetá, Putumayo y Amazonas, para sus desplazamientos y el transporte de la pasta básica de cocaína (PBC) y la marihuana proveniente de los departamentos del Cauca y Nariño, que luego son comercializadas con bandas criminales brasileñas.[18]

Políticas y mecanismos. En el marco de la Política de Defensa y Seguridad (PDS) 2018-2022 del Gobierno colombiano se establecieron los objetivos estratégicos y líneas de acción para focalizar los esfuerzos en materia de seguridad y defensa a fin de proteger los intereses nacionales. Sin duda, el fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Militares (FF. MM.) y la Policía Nacional de Colombia (PNC) fue fundamental para garantizar la seguridad jurídica y el bienestar de quienes las integran. En ese sentido, Colombia deberá fortalecer sus alianzas -a través de relaciones diplomáticas- con países fronterizos como Brasil, Perú, Ecuador y Panamá para combatir el COT.

Asimismo, se deberá dar continuidad a los diferentes planes de seguridad fronterizos y demás acuerdos bilaterales y multilaterales que permitan mejorar las capacidades y estrategias para enfrentar este fenómeno de criminalidad transnacional que afecta la triple frontera. Del mismo modo, se deberá seguir fortaleciendo las relaciones entre las fuerzas armadas de los países limítrofes para lograr la interoperabilidad y conducir operaciones conjuntas y combinadas con resultados tangibles contra el COT. Igualmente, el Gobierno colombiano deberá afianzar su liderazgo en la región fronteriza, debilitando las fuentes de financiación y neutralizando las estructuras de estas organizaciones criminales, aprovechando la experiencia adquirida en la lucha contrainsurgente y contraterrorista.[19]

La PDS ha permitido el emprendimiento de una lucha frontal contra el COT, que solo se puede lograr a través de acciones articuladas con países que también son afectados por estos delitos. Para ello, se intensificará la cooperación internacional en operaciones, inteligencia, intercambio de información y ciberseguridad a fin de combatir los delitos relacionados con el COT.[20] Asimismo, se deberá acentuar de manera diferenciada la presencia de las FF. MM. en todo el territorio colombiano, de acuerdo a la criticidad en cada área, y a través de la “acción unificada” del Estado que permita sincronizar, coordinar e integrar los esfuerzos gubernamentales y no gubernamentales con las operaciones militares, con la finalidad de lograr la unidad de esfuerzo y hacer la transición del control territorial al control institucional del territorio.[21]

Con base en las políticas del gobierno y al Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, se diseñaron los diferentes planes de las FF. MM. y PNC,[22] en concordancia con la Constitución Política de Colombia.[23] Igualmente, el 9 de septiembre de 2020, las FF. MM. emitieron la Directiva Permanente 5002 (fortalecimiento de control en pasos formales y no formales fronterizos), la cual establece las responsabilidades de las unidades militares que tienen como misión el control y la estabilización de las zonas fronterizas, mediante procedimientos ceñidos a los reglamentos y en total observancia de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.[24]

En ese sentido, se estableció el Comando Conjunto Sur Oriente Nº 3, con responsabilidad sobre los departamentos del Meta, Guaviare, Vaupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas, con el propósito de desarrollar operaciones militares conjuntas e interinstitucionales contra los GAO y GDO, debilitando sus economías ilícitas y su relación con el COT en la región del sur oriente colombiano. Este Comando Conjunto cuenta con un componente terrestre (dos Divisiones del Ejército Nacional), un Componente Naval, un Componente Aéreo y la Fuerza de Tarea Conjunta Omega para lograr los objetivos estratégicos nacionales o multinacionales que espera el gobierno nacional.

Adicionalmente, en febrero de 2021, el gobierno nacional activó el Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT) con el objetivo de fortalecer la ofensiva contra el narcotráfico y otras amenazas transnacionales como la explotación ilícita de yacimientos mineros, extorsión, secuestro, tráfico de armas, migración ilegal y tráfico de emigrantes.[25] Para ello, el CONAT cuenta con tres Brigadas contra el Narcotráfico, una Brigada Contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros, y con la Fuerza de Despliegue Contra Amenazas Transnacionales.

Resultados. Según el general Jorge León González Parra, jefe de Estado Mayor Conjunto de las FF. MM. de Colombia, en el año 2020 se erradicaron 130 mil hectáreas de cultivos de coca y 103 mil hectáreas en el año 2021, cumpliendo las metas impuestas por el gobierno nacional. Igualmente, en el año 2021 se destruyeron 5,700 laboratorios utilizados para el procesamiento de PBC y se incautaron 600 toneladas de cocaína. Adicionalmente, se realizaron dos campañas con la participación de otros países para reducir los ingresos económicos de los GAO y los GDO. Por un lado, la estrategia Orión fue cabezada por la Armada Nacional de Colombia con el apoyo de 40 países y 102 instituciones, logrando la incautación de 262 toneladas de cocaína. Por otro lado, la estrategia Zeus fue liderada por la Fuerza Aérea Colombiana, realizando operaciones de interdicción con 5 países de la región para detectar trazas ilegales, pudiendo neutralizar 38 pistas clandestinas empleadas para el transporte del alcaloide, inmovilizar 4 aeronaves, e incautar 22 toneladas de cocaína. Asimismo, en el año 2021, se neutralizaron a más de 5,000 integrantes de diferentes GAO, entre capturados, sometidos a la justicia, desmovilizados y muertos durante el desarrollo de operaciones militares.[26]

En marzo de 2022, el CONAT desarrolló una operación militar conjunta e interinstitucional contra el GAOR Estructura Comandos de Frontera en la zona rural del municipio de puerto Leguizamo (departamento de Putumayo). Como resultado, se logró la neutralización de 15 integrantes de este grupo armado, así como la incautación de material de guerra, intendencia y comunicaciones, debilitando considerablemente su capacidad armada y afectando su principal fuente de financiación, el TID.[27] Posteriormente, en octubre de 2021, el Comando Conjunto de Operaciones Especiales realizó un ataque aéreo a inmediaciones del municipio de Morichal (departamento de Guainía), neutralizando a 10 integrantes del GAOR, entre ellos Jaider Steven Cisneros (alias Mono Ferney), señalado como el lugarteniente de Néstor Gregorio Vera (alias Iván Mordisco), máximo cabecilla del GAOR.[28] Estos resultados exitosos muestran que el trabajo articulado logra efectos de alto impacto contra el COT.

La Situación en Brasil

Escenarios y efectos. Brasil es el sexto país más grande del mundo[29] y el primero en Sur América, con una extensión de 8’515,770 Km2 y una población aproximada de 212 millones de habitantes. Aunque su economía es la décimo segunda más grande del mundo,[30] las altas tasas de desempleo y el bajo nivel de vida de sus habitantes es evidente.[31] Lo que es peor, Brasil es el segundo país de mayor consumo de cocaína en el mundo, después de los Estados Unidos, y uno de los más violentos, con un índice de 30 homicidios por cada 10 mil habitantes.[32] Brasil también presenta altos índices de criminalidad y violencia debido a las acciones delictivas de organizaciones criminales que se involucran en el TID, expandiendo la violencia y el crimen a nivel nacional e internacional.

Entre las organizaciones criminales más relevantes en Brasil -dedicadas al TID y otros delitos asociados al COT- se encuentran el PCC, la FDN y el CV, quienes tuvieron sus orígenes en los centros penitenciarios del país. El número de integrantes de estas organizaciones ha ido en aumento, en la medida en que se incrementaba la población carcelaria y se degradaban las condiciones en estos centros. Inicialmente, exigían derechos y condiciones mínimas de seguridad al interior de estos centros, pero, progresivamente, fueron ampliando su dominio en la mayoría de los estados, especialmente en Rio de Janeiro, Sao Pablo y Manaos. Desde estos lugares, empezaron a ejercer el monopolio del TID a través de las diferentes rutas establecidas no solo para consumo interno, sino también para exportar drogas a Norte América, Europa y África.[33]

Brasil presenta vulnerabilidades en sus fronteras terrestres y fluviales, especialmente sobre el rio Amazonas, ya que las comparte con los principales países productores de cocaína como Colombia, Perú y Bolivia.[34] En consecuencia, las características que se presentan en la triple frontera son llamativas para estas bandas criminales, incentivadas a obtener recursos de manera ilegal a través del TID, tráfico de armas y minería ilegal. Estas actividades ilícitas buscan no solo un fin económico, sino también una jerarquía y dominio mediante la violencia en alianzas con otras organizaciones criminales de Colombia y Perú, convirtiéndose en una amenaza de carácter transnacional.

Una de estas organizaciones es la FDN, establecida en el año 2006, la cual ejerce cierto grado de control sobre las economías ilícitas en el estado de Amazonas y sobre los cargamentos de cocaína, procedentes de Colombia y Perú en la triple frontera a través del rio Solimoes.[35] Igualmente, la FDN estableció una alianza con el narcotraficante peruano Wilder Chuquizuta Velayrse, uno de sus proveedores de drogas, empleando los cascos urbanos de Leticia y Tabatinga como centros de acopio para sus actividades ilegales.[36] La alianza criminal entre el PCC y el CV con el GAOR en Colombia y Venezuela, así como con varios carteles de la droga de Colombia, como la Oficina de Envigado,[37] demuestran los fuertes vínculos existentes entre estas organizaciones criminales.

Políticas y mecanismos. Considerando que la seguridad y la defensa son fines esenciales del Estado, todos los poderes e instituciones del Estado integran sus capacidades para salvaguardar los intereses nacionales.[38] En ese sentido, el Libro Blanco de Defensa de Brasil cobra vital importancia para la seguridad, como un mecanismo que articula la política y la estrategia nacional. Además, Brasil posee el 60 % de la amazonia, despertando el interés de algunos países por su posición geográfica e impacto geopolítico.

En efecto, en el año 2000, el Gobierno brasileño firmó la convención de la ONU contra el COT y la ratificó en el año 2004.[39] Este instrumento internacional proporcionó herramientas y respaldo para que el gobierno hiciera frente a los delitos tipificados en esa convención. En ese sentido, se realizaron ajustes en materia de seguridad y defensa -incluyendo el marco legal- para que las Fuerzas Armadas (FF. AA.) puedan enfrentar el COT en la región Amazónica, posicionando unidades militares a lo largo de dicha frontera.[40] Igualmente, se enfatizó la integración que debería existir entre las FF. AA. y las diversas autoridades, entidades y poderes del Estado para el cumplimiento de esa responsabilidad.

Dentro de los instrumentos generados y las tareas asignadas a las FF. AA. se concibieron los siguientes: (1) El Plan Estratégico de Fronteras, del año 2011, para el fortalecimiento tanto de la prevención, control, fiscalización y represión de los delitos transfronterizos en el área de frontera, como de las alianzas con países vecinos para articular esfuerzos, control aduanero y acciones conjuntas entre las autoridades limítrofes, respetando la soberanía y sus respectivas legislaciones; (2) El Programa Calla Norte, del año 1985, para incrementar el apoyo en pro de la defensa nacional, fomentando el desarrollo sostenible en la región amazónica y fortaleciendo la integridad territorial y la soberanía; (3) El Sistema de Protección de la Amazonia (SIPAM), con su brazo operativo el sistema de vigilancia de la Amazonia (SIVAM), para combatir la piratería y la deforestación, y proteger los parques naturales y los recursos minerales e indígenas; (4) El Sistema Integrado de Vigilancia de Fronteras (SIFRON) para contrarrestar delitos transfronterizos, así como para fortalecer y articular la interoperabilidad e integración de esfuerzos entre los países vecinos contra el COT; (5) La articulación del Ejército brasileño, a través del Comando Militar de la Amazonia y Comando Militar del Norte, integrados por seis Brigadas de Infantería de Selva y ubicados en tres estados amazónicos, con el propósito de garantizar el control y la seguridad de esos estados fronterizos, salvaguardando los intereses nacionales; (6) Los Pelotones Especiales de Frontera para vigilar y asegurar la línea de frontera a través de ejes fluviales y terrestres.[41]

Resultados. El programa nacional de seguridad de fronteras y límites, denominado “VIGIA,” implementado por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública en el año 2019, busca evitar el ingreso de armas, drogas, contrabando, vehículos y embarcaciones al País. Para ello, se instaló la base fluvial Arpão, ubicada entre los municipios de Coari y Tefe, sobre el rio Solimoes, principal ruta fluvial para el tráfico de cocaína y marihuana hacia Manaos. Desde su implementación hasta la fecha, se han decomisado más de 800 toneladas de droga, 100 millones de paquetes de cigarrillos, 4 mil vehículos, 400 embarcaciones y 133 toneladas de agroquímicos, entre otros.[42] Asimismo, gracias al intercambio de información entre autoridades colombianas y brasileñas, en el año 2021, en la región fronteriza del estado de Amazonas, se incautaron 3,244 kilogramos de marihuana tipo creepy y varias embarcaciones empleadas para el tráfico de estupefacientes, y se capturaron 13 delincuentes (6 brasileños y 7 colombianos), afectando las finanzas de los GAOR en aproximadamente 17 millones de dólares.[43]

En los últimos años, los esfuerzos realizados por las FF. AA. en la lucha contra el COT han sido significativos, logrando limitar los recursos a las organizaciones que delinquen en los estados brasileños. Sin embargo, la rentabilidad de las economías ilícitas para estas organizaciones hace que se diseñen permanentemente nuevos métodos y estrategias para evadir el control de las autoridades. Adicionalmente, la corrupción de funcionarios públicos facilita el desarrollo de las actividades ilegales en todo el país. Por otro lado, la extensión de la amazonia y la gran cantidad de afluentes hídricos dificultan la labor de las autoridades para ejercer el control efectivo de las fronteras, generando oportunidades y libertad de acción para que las actividades ilícitas de estas organizaciones traspasen las fronteras.

La Situación en el Perú

Escenarios y efectos. Según el Libro Blanco de la Defensa del Perú, la multidimensionalidad en temas de seguridad regional se vincula a diversos problemas de interés común con países limítrofes como Brasil y Colombia. En ese contexto, algunas de estas amenazas han alcanzado un carácter transnacional y constituyen riesgos potenciales para el Estado.[44] Durante las décadas de 1980 y 1990, grupos armados como Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru mantuvieron estrecha relación con el narcotráfico, concentrando su accionar delictivo, principalmente, en dos cuencas cocaleras como son el Valle del Alto Huallaga y el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). En consecuencia, estos grupos sostuvieron confrontaciones armadas y, en otros casos, construyeron alianzas para ejercer el dominio del territorio y el control de cultivos de coca en las cuencas mencionadas, agudizando la violencia que afectó principalmente la zona centro y sur del país.[45]

Colombia, Bolivia y Perú son los principales productores de hoja de coca a nivel mundial y conforman el denominado “triángulo blanco.”[46] Por ese motivo, Perú es el segundo mayor exportador de cocaína por debajo de Colombia, aunque desde el año 2016 se observa una leve tendencia al incremento de cultivos ilícitos, debido -entre otros- a una disminución de cultivos en Colombia desde el año 2018.[47] De igual forma, la gran demanda de países consumidores como Estados Unidos y otros de Europa ha generado un marcado incremento de la producción de cocaína en estos tres países, pasando de 865 toneladas en el año 2014 a 1,827 toneladas en el 2019.[48] Por ello, el TID se convierte en una seria amenaza para la seguridad nacional. Los narcotraficantes peruanos se asocian no solo con diversos cárteles mexicanos, colombianos, brasileños, italianos, rusos y serbios, incluyendo remanentes de SL que sirven como custodios de los cultivos ilícitos en las regiones con predominio cocalero, sino también con organizaciones criminales nacionales en todo el país, facilitando la cadena de producción, el transporte y la comercialización hacia mercados nacionales e internacionales.[49]

En cuanto al tráfico ilícito de armas en Perú, este se ha incrementado en los últimos años, convirtiéndose en un mercado negro muy lucrativo para los remanentes de SL y redes del crimen organizado. En ese sentido, estas organizaciones emplean cualquier medio lícito o ilícito para obtener armamento, ejerciendo cierto grado de control en la población mediante amenazas para cumplir con sus propósitos criminales.[50]

Políticas y mecanismos. La política de seguridad y defensa nacional del Perú tiene como finalidad garantizar su soberanía, independencia e integridad territorial, así como la protección de sus intereses y el cumplimiento de sus objetivos para el bien de la sociedad. En tal sentido, el Gobierno peruano debe afrontar las diferentes amenazas, internas y externas, con políticas claras, en estrecha cooperación y coordinación, identificando las prioridades bajo un enfoque multidimensional. La política de seguridad y defensa nacional determina los lineamientos para el cumplimiento de los objetivos trazados en la política y, de esta forma, poder diseñar la estrategia que genera los mecanismos adecuados para su cumplimiento.[51]

En el ámbito penal y procesal, el Estado peruano ha desarrollado diversos mecanismos que buscan identificar aquellos delitos asociados al crimen organizado y la manera en que deben ser perseguidos, juzgados y sancionados. Dentro de los instrumentos normativos está la Ley Nº 30077 contra el crimen organizado, el Decreto Legislativo Nº 1106 para la lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado, y el Decreto Legislativo Nº 1244 que fortalece la lucha contra el crimen organizado y la tenencia ilegal de armas.[52]

Asimismo, el Estado ha generado instrumentos políticos que complementan la normatividad penal y procesal contra el crimen organizado y delitos asociados, entre los cuales destacan: (1) El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018, que tiene como propósito disponer de un sistema articulado con cinco objetivos estratégicos orientados a prevenir la delincuencia y fortalecer el sistema de justicia contra el crimen organizado; (2) La Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas 2017-2021, que busca fortalecer la presencia del Estado en zonas cocaleras y proteger a la población de los efectos de esta cadena criminal; (3) La Política Nacional Multisectorial de Lucha Contra el Crimen Organizado 2019-2030, que tiene como propósito fortalecer las capacidades del Estado para controlar los mercados ilegales y perseguir a las organizaciones criminales, así como evitar la vinculación de la ciudadanía al crimen organizado, asistiendo a las víctimas de este flagelo.[53]

Por otro lado, en cuanto a la responsabilidad de las FF. AA. en la lucha contra el COT, esta se limita solo en apoyo operativo a la Policía Nacional del Perú (PNP) y al Ministerio Público. De igual forma, el rol del Ejército del Perú en apoyo a la PNP está enfocado a las operaciones de interdicción, siempre y cuando se rebasen las capacidades operativas de la PNP. En el caso de la Marina de Guerra, esta apoya a la PNP en la interceptación de embarcaciones en puertos del litoral marítimo y puertos fluviales en zonas de influencia cocalera dentro del territorio peruano. Finalmente, la Fuerza Aérea tiene como misión la interceptación de aeronaves en el espacio aéreo para evidenciar la comisión de delitos relacionados con el TID, debiendo informar a la PNP y al Ministerio Público.[54] Igualmente, a raíz de la modificación al Decreto Legislativo 1241 mediante la Ley 30796, se autorizó la participación de las FF. AA. en la interdicción del TID en zonas declaradas en estado de emergencia. En ese contexto, el Comando Especial VRAEM (CE-VRAEM) viene desarrollando operaciones contra el terrorismo y el TID en zonas declaradas en estado de emergencia sobre los valles Apurímac, Ene y Mantaro.[55]

Adicionalmente, mediante la Directiva N° 055 del 2008, el Comando Conjunto de las FF. AA. estableció zonas de vigilancia de fronteras entre las cuales se encuentra la zona de vigilancia de frontera Nº 2, cuya responsabilidad está a cargo del Ejército a través de la Quinta División y sus unidades orgánicas en el departamento de Loreto. Por su parte, el Comando Operacional de la Amazonía (COAM) tiene responsabilidad sobre los afluentes hídricos entre el límite interdepartamental de Amazonas-Loreto (en la frontera con Ecuador) hasta el límite interdepartamental Loreto-Ucayali (en la frontera con Brasil). Del mismo modo, las zonas fronterizas que comparte con Colombia y Brasil cuentan con seis puntos de paso autorizados, a los cuales se llega solo de manera fluvial. Además, existen dos puestos de combate fluvial en el Estrecho y Soplin Vargas. Por lo tanto, todas las capacidades y esfuerzos de las FF. AA. y PNP se integran y complementan con el propósito de combatir al COT que afecta esa área de frontera de los tres países.[56] Sin embargo, estos recursos y esfuerzos no son suficientes.

Resultados. En la lucha contra el TID y la minería ilegal se han logrado excelentes resultados por parte de las FF. AA. en apoyo a la PNP. En septiembre de 2020, durante una operación desarrollada por el COAM en el departamento de Loreto, fueron capturados cuatro colombianos que, de acuerdo a inteligencia militar, eran integrantes de la Estructura 48 Comandos de Frontera, logrando la incautación de 11 kilogramos de cocaína, armas largas, pistolas, granadas y municiones. Por su parte, en septiembre de 2020, el CE-VRAEM, en el departamento de Ayacucho, incautó 200 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 3 toneladas de insumos para el procesamiento de PBC. Además, la PNP decomisó 231 kilogramos de cocaína procedentes del VRAEM, que iban a ser transportados vía aérea desde una pista de aterrizaje clandestina con destino a Brasil y Bolivia.

Con relación a la minería ilegal, en el año 2020, las FF. AA. y la PNP, con apoyo de la Fiscalía, ubicaron y destruyeron 22 campamentos mineros ilegales, e intervinieron en los sectores de Vuelta Grande y Laberinto en La Pampa (Madre de Dios), donde fueron decomisados, entre otros, 30 motores, 26 balsas y 11,916 litros de combustible destinados a la extracción de oro de manera ilegal. Cabe destacar que La Pampa se ha convertido en un enclave minero importante a raíz de la construcción de la ruta Interoceánica Brasil-Perú.[57]

Alianzas para enfrentar al COT en la triple frontera

Teniendo en cuenta que en el área de la triple frontera que comparten Brasil, Colombia y Perú se presentan amenazas similares y ligadas al COT, las cuales atentan contra la seguridad, estabilidad y desarrollo de las comunidades de esa área en particular, estos tres Estados vienen fortaleciendo sus alianzas a través de los mecanismos bilaterales ya existentes. Por esta razón, se continúan reuniendo los Altos Mandos de las FF. AA. de dichos países y las Comisiones Binacionales Fronterizas, y se vienen desarrollando los Planes Operativos Anuales Binacionales.[58] Estos mecanismos tienen como propósito generar alianzas, buscando el fortalecimiento, cooperación e integración de capacidades para el desarrollo de operaciones conjuntas y combinadas entre las FF. AA. de los países en el área de la triple frontera con el apoyo de otras entidades públicas, de manera que estas acciones impacten de forma contundente al COT. Adicionalmente, se realiza la Reunión de Mandos Regionales de Frontera por parte de las FF. AA. de los tres países, con el fin de efectuar el análisis de las amenazas que afectan esa área en particular y otras formas del COT.[59]

En el caso de la seguridad colectiva, esta se ve desafiada en el momento mismo en que la amenaza actúa, por ello es importante la integración de esfuerzos y capacidades de los Estados para identificar posibles amenazas que puedan afectar la seguridad, estableciendo prioridades y buscando mecanismos que permitan incidir en territorios fronterizos y más allá de los límites nacionales.[60] En ese sentido, Brasil, Colombia y Perú firmaron un Memorándum de Entendimiento para combatir las economías ilícitas como el TID y armas sobre los ríos fronterizos y/o comunes en la triple frontera.[61] De igual forma, existen otros tratados y mecanismos bilaterales y multilaterales de los que hacen parte Brasil, Colombia y Perú para la seguridad y protección de la cuenca amazónica, como la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica de 1998 o la Iniciativa para la Integración de Infraestructura Regional Suramericana del año 2000. Esta última tiene como objetivo promover, coordinar y articular el trabajo de sus miembros para el desarrollo de la infraestructura de transporte, energía y telecomunicaciones, con el fin de atraer la inversión en esta región y permitir el progreso económico y social aumentando los índices de seguridad en la cuenca amazónica.[62] No obstante, se requiere un mayor y constante involucramiento de los máximos decisores políticos de estos tres países, si es que realmente se desea combatir eficazmente al COT en la triple frontera.

Conclusiones

La triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú, por sus características y vulnerabilidades, se ha convertido en un área donde convergen organizaciones delictivas involucradas en el COT. Esta situación se agrava ya que Colombia y Perú son dos de los principales productores de cocaína, mientras que Brasil es el segundo consumidor a nivel mundial, factores que alteran y afectan considerablemente la seguridad y estabilidad en la región. Por su importancia geoestratégica, la cuenca amazónica debe ser considerada como un bien preciado para quienes hacen parte de esta, no debiendo escatimarse esfuerzos para su protección, seguridad y conservación. Por lo tanto, se deben implementar los mecanismos necesarios para preservarla de la acción predatoria de organizaciones criminales dedicadas a actividades ilegales, traspasando las fronteras y transgrediendo la soberanía de los Estados que comparten esta región.

Aunque Colombia ha estado involucrada por más de cinco décadas en un conflicto armado interno sin precedentes, continúa con el esfuerzo y lucha frontal contra el TID y otros delitos relacionados. Lamentablemente, esta lucha ha causado muchas muertes, desapariciones y desplazamientos forzados en diversas regiones del país. Para Colombia, la PDS siempre ha sido una prioridad a fin de facilitar el desarrollo y bienestar de la sociedad. En tal sentido, el Estado colombiano ha acumulado suficiente experiencia como para rediseñarse y cohesionarse en materia de seguridad y defensa para combatir el COT, el terrorismo y otras amenazas. Para ello, se requirió de un fuerte liderazgo civil para diseñar políticas eficientes en seguridad y defensa, logrando la modernización y profesionalización de las FF. MM. y PNC, como factores clave para convertirlas en referentes regionales de la lucha contra el terrorismo, la insurgencia y el COT.

Asimismo, Brasil considera que la protección y conservación de la selva amazónica es una de las prioridades del Estado. Por tal razón, la seguridad y control de fronteras terrestres y fluviales son clave para ese propósito. En ese contexto, planes y programas como el SIPAM y SIVAM han sido fundamentales para que las FF. AA. combatan el COT y delitos conexos a lo largo de la línea fronteriza y ejes fluviales, restándoles iniciativa y capacidad a estas organizaciones criminales.

Por su parte, Perú enfrenta amenazas similares a las de Brasil y Colombia en la triple frontera, siendo la principal de ellas el TID, ya que el país es el segundo productor mundial de cocaína. Sin embargo, existen otras amenazas de carácter transnacional que también afectan al país, como el tráfico ilícito de armas, la trata de personas, la migración irregular y los daños al medio ambiente. Por ello, el Estado peruano viene fortaleciendo las medidas en materia penal y procesal contra el COT, buscando mecanismos apropiados para perseguirlos, juzgarlos y sancionarlos. Igualmente, las FF. AA. cumplen un papel fundamental en la lucha contra el terrorismo y las diversas modalidades de COT, especialmente en los límites fronterizos con Brasil y Colombia, y en el VRAEM.

En la triple frontera no solo predomina el TID como principal actividad ilegal económica, sino también convergen otros ilícitos como la minería ilegal, el tráfico de armas, la migración ilegal y el tráfico ilegal de flora y fauna, entre otros. Por lo tanto, los Estados deben asegurar el desarrollo de capacidades en las FF. AA. y demás instituciones públicas involucradas en combatir el COT, pero principalmente deben asegurar que todos los instrumentos del poder nacional se involucren coordinadamente en esta lucha.

Brasil, Colombia y Perú tienen suficientes políticas, planes, programas y mecanismos unilaterales, bilaterales y multilaterales para prevenir, perseguir y combatir el COT. No obstante, se requiere de una mayor reciprocidad colectiva y cooperativa para fortalecer a las instituciones involucradas en esta lucha. De igual forma, es importante consolidar herramientas jurídicas y un marco normativo ajustado a las necesidades actuales, que brinden las garantías a los miembros de las FF. AA. en el desarrollo de los procedimientos operacionales contra estas amenazas transnacionales.

Notas Finales

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  60. Nathalie Pabón Ayala, “Inseguridad y perspectivas de cooperación en la región Amazónica”, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO (2012), 206-207, http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/gt/20120413104850/prisma-8.pdf, (consultado el 15 de junio de 2022).
  61. Ibíd., 208.
  62. Ibíd., 211.

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Las ideas contenidas en este análisis son responsabilidad exclusiva del autor, sin que refleje necesariamente el pensamiento del CEEEP ni del Ejército del Perú

Imagen: CEEEP