Grupos Armados Organizados Residuales y Amenazas Transfronterizas en el Alto Putumayo

Este artículo ha sido publicado inicialmente en la Revista Seguridad y Poder Terrestre
Vol. 1 N.° 2 (2022): Octubre – Diciembre
DOI: https://doi.org/10.56221/spt.v1i2.15


Resumen

Durante la última década, los cultivos de hoja de coca se han incrementado significativamente en Colombia, siendo los grupos armados organizados residuales (GAOR) los principales actores involucrados en el tráfico ilícito de drogas en la zona fronteriza entre Perú y Colombia. Desde el año 2016, los GAOR son considerados organizaciones criminales que no solo basan su economía en actividades ilícitas, sino que también vulneran los derechos humanos de las comunidades que habitan en dicha región. Ante la ausencia del Estado peruano, los GAOR se han consolidado en la zona y sus actividades económicas -en gran medida- constituyen la única alternativa para que la población aledaña pueda salir de la pobreza. En ese sentido, en este artículo se analiza el impacto de los GAOR en la seguridad y el desarrollo nacional.

Palabras Claves: GAOR, Integridad Territorial, Orden Interno, Desarrollo Nacional, Amenazas Contemporáneas.

Introducción

Según el Informe Mundial sobre Drogas del año 2021 de la Organización de las Naciones Unidas, en los últimos 24 años la potencia del cannabis se ha cuadruplicado y el porcentaje de adolescentes que perciben a esta droga como perjudicial ha disminuido hasta un 40 %.[1] Sin duda, estos datos deberían llamar la atención de los decisores políticos de todos los Estados a fin de que se combata eficazmente el tráfico ilícito de drogas (TID) y se reestructuren los planes educativos tendientes al desarrollo de una conciencia crítica con relación al consumo de drogas. Pese a las restricciones impuestas durante la pandemia de la COVID-19, las organizaciones delictivas encontraron otros mecanismos para continuar e, incluso, impulsar su ilícito negocio, lo que ha generado un mayor dinamismo del TID a nivel mundial, situación que se evidencia en el aumento tanto de los métodos de contacto para la entrega, como de las cadenas de suministro internacionales.[2]

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en el último año América Latina concentró la totalidad de la producción de hoja de coca, pasta básica de cocaína y clorhidrato de cocaína del mundo,[3] mientras que el Caribe continúa siendo la ruta más frecuente para el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos.[4] Lamentablemente, las actividades ilícitas de producción de drogas son desarrolladas en países como Colombia, Perú y Bolivia, donde la población indígena y campesina es utilizada por los narcotraficantes para el cultivo de coca, marihuana y amapola, dadas sus necesidades económicas.[5]

Al respecto, en la zona limítrofe entre Colombia y Perú, los grupos armados organizados residuales (GAOR) se involucran en el TID como principal fuente de financiamiento a ambos lados de los 1,626 kilómetros que comparten como frontera.[6] Esta situación se ha convertido en una preocupación constante para ambos Estados, ya que el narcotráfico impacta directamente a las comunidades de la zona. Incluso, algunos especialistas afirman que el Estado peruano ha perdido el control de dichas áreas.[7] En ese contexto, en este artículo se analiza tanto la problemática existente en la región fronteriza entre Colombia y Perú, como sus implicancias a la seguridad y el desarrollo del Estado peruano.

Los remanentes de las FARC y la captura del Alto Putumayo

En el año 2016, el gobierno nacional de Colombia y la guerrilla de las FARC-EP firmaron el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado que enfrentaban.[8] Pese a ello, se generó la aparición de los GAOR, integrados por disidentes de las FARC-EP, quienes buscan mantener el control efectivo de los territorios que aun ocupan.[9] Es decir, los GAOR son relativamente nuevos y su interés, a diferencia de las FARC-EP, se enfoca en las actividades económicas ilícitas. Precisamente, por la manera en que operan, se puede aseverar que han dejado de lado el discurso político y la doctrina, para enfatizar el interés económico.

Como se ha mencionado, los GAOR operan en ambos lados de la frontera entre Colombia y Perú, particularmente en el Alto y el Bajo Putumayo. Por ello, dicha zona “continuará siendo un foco de narcotráfico con todas las consecuencias que esta actividad ilícita lleva consigo para la seguridad nacional.”[10] No obstante, a diferencia de las FARC-EP, estos grupos no presentan una ideología, siendo el narcotráfico básicamente una actividad de alta rentabilidad que les brinda solución a sus problemas inmediatos.

Las operaciones de inteligencia desarrolladas por las Fuerzas Militares de Colombia han identificado que -en dicha zona- dos grupos (la Estructura-48 y la Estructura-1) se enfrentan por el control del territorio y de las rutas del narcotráfico.[11] De ellos, la Estructura-48 es la más fuerte y la que domina la zona de frontera del Alto Putumayo.[12] En ese sentido, esta organización se diferencia del resto ya que funciona como una empresa con cierta ética laboral, la cual incluye el hecho de no extorsionar a la comunidad, ni realizar reclutamientos forzados. Por consiguiente, para efectos de reclutar a sus miembros, se ofrece el pago de salarios que superan ampliamente el sueldo promedio colombiano y que puede ir aumentando dependiendo de las labores realizadas.[13] No obstante, la Estructura-48 se encuentra enfrentada a la Estructura-1, esta última ubicada en el bloque Suroriental[14] e integrada por ex miembros de la Segunda Marquetalia y de la banda narco-paramilitar La Constru.[15] Consecuentemente, la región fronteriza del Alto Putumayo -entre Colombia y Perú- es la zona donde ambas Estructuras han encontraron amparo para el desarrollo de sus actividades ilícitas, principalmente el TID.

Narcotráfico: Delitos conexos y propuesta económica en tiempos de recesión

Según el Informe de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito del año 2017, la superficie de cultivos de coca en la provincia del Putumayo (Loreto) se incrementó de 1,097 hectáreas en el año 2016 a 1,376 hectáreas en el año 2017.[16] Dicha producción es comprada por los GAOR[17] y transportada a través del río Putumayo hacia Brasil. De esta manera, se crea una ruta comercial que es dominada por esos grupos y que, ante la falta de presencia del Estado, brinda una opción económica a las comunidades aledañas. Al respecto, en el Informe sobre Presencia de Grupos Armados en Colombia se afirma que las condiciones geográficas del Putumayo son “espacios de ocultamiento que además [son] fronterizos, por lo que se pueden generar acciones en red que traspasan los límites nacionales y llegan a facciones hacia Perú y Brasil, donde tienen alianzas con carteles que, a su vez, tienen enlaces en otros continentes.”[18] Por lo tanto, los GAOR constituyen una seria amenaza tanto para Colombia, como para países colindantes como Perú.

Sin duda, el aislamiento y la dificultad de comunicación directa afectan a la población de la zona,[19] ya que no pueden denunciar las extorsiones, los confinamientos, los reclutamientos forzados y los homicidios selectivos existentes en el Alto Putumayo.[20] Adicionalmente, “el narcotráfico y las disidencias han creado una formalización o alianza en la cual ambos bandos se benefician de los dineros ilegales y del control de las rutas de los llanos orientales y del pacífico colombiano.”[21] En este contexto, se promueven otras modalidades del crimen organizado transnacional como el tráfico ilegal de armas y municiones, así como la minería ilegal y la trata de personas.[22] Por consiguiente, se puede afirmar que, aunque el TID es la principal actividad económica los GAOR, también se involucran en otros ilícitos asociados.

Otro elemento que ha facilitado la consolidación de los GAOR en estas zonas es que la población presenta escasez de recursos y dificultades para superar la pobreza. Dentro de esta población existen comunidades indígenas que no cuentan con educación de calidad y que no se han beneficiado de los proyectos de desarrollo social que el Estado colombiano ha tratado de implementar,[23] encontrándose a merced de los GAOR. En el caso del Perú, la situación no es mucho mejor. El 95 % de la población peruana en la zona del Alto Putumayo vive en extrema pobreza, haciendo frente a una deficiente infraestructura, bajos niveles educativos y la casi nula presencia del Estado.[24] Desafortunadamente, la única presencia del aparato estatal está dada por una base del Ejército, una Comisaria de la Policía Nacional y una Posta de Salud en Soplín Vargas.[25] En ese sentido, resulta imprescindible llamar la atención sobre la fragilidad de este territorio, al presentarse dichas condiciones a ambos lados de la frontera, facilitando la consolidación de los GAOR.

Adicionalmente, debido a la precariedad en que viven los pobladores peruanos del mencionado sector, es muy común que ellos crucen la frontera a Colombia y busquen ahí opciones laborales, que, muchas veces, están asociadas con el narcotráfico.[26] La alta movilidad de los GAOR es otro factor a tener en cuenta. Cuando las autoridades colombianas realizan operaciones en contra de estas organizaciones criminales (como el “Plan Espejo” o la “Operación Muralla”) es común que los GAOR crucen la frontera para guarecerse en territorio peruano. Por otro lado, cuando son las autoridades peruanas las que realizan estas operaciones, las GAOR simplemente cruzan al lado colombiano.[27] Consecuentemente, la solución más eficaz sería la ejecución de operaciones coordinadas entre ambos países para asegurar el control territorial, sentando las bases para el desarrollo económico y social de su población.

Amenazas a la seguridad nacional y escenarios prospectivos para el país

Los GAOR cuentan con una logística tecnificada y una economía que les permite obtener rápidamente recursos para el desarrollo y la protección de sus actividades,[28] por lo que su erradicación resulta una labor ardua. Para enfrentar a estas organizaciones, Colombia viene ejecutando una acción integral (que incluye a las Fuerzas Militares, Policía, Fiscalía, así como Gobiernos Regionales y Locales)[29] a fin de mejorar la calidad de vida de la población, así como estabilizar y controlar el territorio.[30] Para cumplir estos objetivos, se requiera tanto de un trabajo constante como de la colaboración de los países vecinos para limitar el avance de los GAOR.

Adicionalmente, el 80 % de la mano de obra rural del sector del Putumayo se dedica al cultivo de hoja de coca, involucrándose también en el procesamiento del clorhidrato de cocaína. Esta situación ha generado que el delito “cuente con la simpatía de la población, con quienes [los GAOR] se muestran como prósperos empresarios y benefactores (ayuda social y económica, fiestas, parrilladas, etc.).”[31] Asimismo, el Informe de Presencia de Grupos Armados de Colombia señala que la presencia de esos grupos amenaza a las poblaciones originarias debido a la explotación de petróleo.[32] Por lo tanto, “un poder paralelo controlado por delincuentes que termina reemplazando al Estado, la violencia social, la corrupción y el control social de la población son algunas características de las zonas que dependen de esas actividades ilícitas,” presentándose el riesgo de su expansión a otras áreas.[33] En ese contexto, las consecuencias podrían ser muy lamentables, debido a que los efectos de su presencia en el territorio nacional podrían volverse sinérgicos y alimentar los serios problemas que ya padece el país.

Decisión política, respuesta militar y sinergia multisectorial de intervención

La sostenibilidad y soporte a largo plazo son los ejes principales bajo los cuales se deberán enfocar las operaciones y acciones militares integradas que se realicen en dichas zonas. Esto se debe a que, para alcanzar el desarrollo a esos sectores tan alejados y con tantas limitaciones sociales, es imprescindible que se aborde la problemática con un enfoque multisectorial, mediante la ejecución de etapas y la conquista progresiva de objetivos. Igualmente, el Estado debe priorizar la recuperación tanto de la identidad nacional en las zonas de influencia de los GAOR, como de la confianza de la población en las instituciones públicas.

Por consiguiente, cualquier estrategia de solución a esta problemática -bajo un enfoque unificado- debe considerar el accionar integrado y multisectorial en el marco de las siguientes fases: (1) la preparación de la fuerza y núcleos de esfuerzo multisectoriales, (2) la intervención (control militar del territorio), (3) la consolidación (control institucional del territorio), y (4) la estabilización (que comprende la recuperación y normalización de las actividades de la población). En ese sentido, para alcanzar el estado final deseado es prioritario el desalojo y erradicación de los GAOR, particularmente de la Estructura-48, lo que demanda una operación militar de envergadura, considerada decisiva para iniciar la recuperación de la zona por parte del Estado.

Conclusiones

Por una parte, la presencia de los GAOR en la región del Putumayo involucra una serie de actividades ilícitas trasnacionales que vulneran la seguridad del Estado y afectan la identidad nacional de los pobladores de dichos sectores. Por otra parte, la falta de presencia del Estado ha influido en gran medida para que muchos de los pobladores de la zona del Putumayo se sientan deslumbrados por lo que ofrecen los GAOR y decidan involucrarse. Al mismo tiempo, la falta de conocimiento y limitada calidad educativa de los pobladores ha facilitado su sometimiento por parte de los GAOR. Finalmente, el avance de la economía ilícita de estos grupos delictivos se ha logrado expandir más allá de sus fronteras, controlando sectores y consolidando su presencia en el imaginario de las comunidades, al brindarles una opción de actividad económica lucrativa en contraste con lo que el Estado les ofrece.

Recomendaciones

En primer lugar, considerando la extensión, frondosidad y lejanía de esa área de la Amazonia peruana, sería conveniente que las capacidades del Comando Operacional de la Amazonía sean reforzadas a fin de que pueda activar dos Destacamentos Conjuntos en la frontera nororiente. Asimismo, que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas evalué la activación de un Comando Especial debidamente equipado (radares, aviones no tripulados, drones, etc.) y encuadrado dentro de una estrategia unificada, siendo necesaria la decisión política y la sinergia multisectorial. Todo esto con el objetivo de erradicar las diversas amenazas a la seguridad nacional que se vienen presentado en esta zona, así como ejercer un adecuado control y vigilancia de las fronteras.

En segundo lugar, se debe limitar el dominio de la Estructura-48 y la Estructura-1 en la zona, lo que requiere acciones decisivas de coordinación y apoyo entre los países colindantes afectados por la presencia de dichos grupos. Por último, y no menos importante, se requieren atender las necesidades de las poblaciones vulnerables, ya que la educación, salud y acceso a las tecnologías brindarán oportunidades significativas de recuperación y desarrollo a dichas comunidades. Para lograrlo, resulta imprescindible: (1) la voluntad y decisión política, (2) el apoyo de la población, (3) el soporte tecnológico, (4) la colaboración internacional, (5) la acción multisectorial a nivel regional, y (6) el real cumplimiento de la Política de Fronteras Vivas. Sin ellos, los avances del esfuerzo militar serían solo momentáneos.

Notas Finales:

  1. UNODC, “Informe Mundial sobre Drogas 2021: los efectos de la pandemia aumentan los riesgos de las drogas, mientras los jóvenes subestiman los peligros del cannabis”, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (24 de junio de 2021), 9, https://www.unodc.org/peruandecuador/es/noticias/2021/informe-mundial-sobre-drogas-2021.html (Consultado el 20 junio de 2022).
  2. Ibíd.
  3. CEPAL, “Producción, tráfico y consumo de drogas en América Latina”, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2021), 2, https://www.cepal.org/es/publicaciones/5974-produccion-trafico-consumo-drogas-america-latina (Consultado el 20 junio de 2022).
  4. Ibíd.
  5. Ibíd., 14.
  6. Pamela Pirateque Perdomo, “Los grupos armados organizados residuales: la amenaza de los escenarios transformados en Colombia” en Revista Civilizar: Ciencias Sociales y Humanas 04 (04) (Colombia: Universidad Sergio Arboleda, enero-junio de 2018), 43-62, https://repository.usergioarboleda.edu.co/bitstream/handle/11232/1624/Los%20grupos%20armados%20organizados%20residuales-%20la%20amenaza%20de%20los%20escenarios%20%20transformados%20en%20Colombia.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Consultado el 20 junio de 2022).
  7. Ricardo León, “Fuego cruzado en el Putumayo”, El Comercio (2021), https://especiales.elcomercio.pe/?q=especiales/fuego-cruzado-en-la-frontera-del-putumayo-ecpm/index.html (Consultado el 20 junio de 2022).
  8. Pirateque, “Los grupos armados organizados residuales: …”, 44.
  9. Ibíd.
  10. Roger Carpio Villafuerte, “Grupos Armados Organizados Residuales de las ex FARC y su impacto en las poblaciones peruanas de la cuenca del Alto Putumayo-Loreto”, Centro de Altos Estudios Nacionales (2022), 24, https://renati.sunedu.gob.pe/bitstream/sunedu/3155936/1/TESIS%20CRL%20CARPIO.pdf
  11. Edwin Choque, Meet GAOR Cor Colombia, (video minuto 9:41) (9 de junio de 2022), https://www.youtube.com/watch?v=n_og2mxQOvo (Consultado el 20 junio de 2022).
  12. Ibíd., (video minuto 10:10).
  13. Ibíd., (video minuto 16:48).
  14. Ibíd., (video minuto 18:46).
  15. Pirateque, “Los grupos armados organizados residuales: …”, 24.
  16. Carpio, “Grupos Armados Organizados Residuales de las ex FARC…”, 27.
  17. Ibíd.
  18. Indepaz, “Los focos del conflicto en Colombia, informe sobre presencia de grupos armados”, Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (2021), 24, http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2021/10/INFORME-DE-GRUPOS-2021.pdf (Consultado el 20 junio de 2022).
  19. Ibíd.
  20. Ibíd.
  21. Jonathan Jiménez, Henry Acosta y Andrés Múnera, “Las disidencias de las FARC Estructuras criminales configuradas como grupos armados organizados – GAO” en Desafíos para la Seguridad y Defensa Nacional de Colombia: Teoría y Praxis, (Colombia: Escuela Superior de Guerra de la República de Colombia, 28 de marzo de 2018), 352, https://esdeguelibros.edu.co/index.php/editorial/catalog/view/19/16/36 (Consultado el 20 junio de 2022).
  22. Indepaz, “Los focos del conflicto en Colombia, informe…”, 24.
  23. Ibíd., 25.
  24. Carpio, “Grupos Armados Organizados Residuales de las ex FARC…», 27.
  25. Ibíd., 43.
  26. Ibíd., 27.
  27. Choque, Meet GAOR Cor Colombia, (video minuto 28:51).
  28. Indepaz, “Los focos del conflicto en Colombia, informe…”, 59.
  29. Choque, Meet GAOR Cor Colombia, (video minuto 35:42).
  30. Ibíd., (video minuto 38:15).
  31. Carpio, “Grupos Armados Organizados Residuales de las ex FARC…», 44.
  32. Indepaz, “Los focos del conflicto en Colombia, informe…”, 25.
  33. Carpio, “Grupos Armados Organizados Residuales de las ex FARC…», 27.

 

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Las ideas contenidas en este análisis son responsabilidad exclusiva del autor, sin que refleje necesariamente el pensamiento del CEEEP ni del Ejército del Perú

Imagen: CEEEP