Este artículo forma parte del libro Desafíos y Amenazas a la Seguridad en América Latina.

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Resumen

La profunda crisis existente en Venezuela ha generado el mayor flujo migratorio de América Latina, estimándose que, para fines del año 2022, el Perú -segundo país de acogida tras Colombia- contará con una población de migrantes y refugiados venezolanos cercana a los 1.45 millones. Al respecto, es claro que ninguna población se encuentra preparada ni para dejar de manera forzosa su país de origen -debido a la crítica crisis existente- ni para acoger a un gran número de personas externas en tan poco tiempo, generándose un contexto de extrema vulnerabilidad para la población migrante, así como de incomodidad e, incluso, rechazo en la población de acogida o receptora. Lograr la plena integración de la población venezolana en la sociedad y en la economía peruana requiere del decisivo involucramiento por parte del Estado y de la sociedad civil con miras a promover un arduo y progresivo cambio de mentalidad en los peruanos (pasando del rechazo a la empatía) a través de la educación y de la cultura. Caso contrario, se podrían generar situaciones que afecten gravemente no solo la seguridad, sino también la estabilidad que se requiere para el desarrollo integral del país.

Palabras clave: Crisis en Venezuela, Migración Venezolana, Trayectoria Migratoria, Xenofobia.

Introducción

Durante la última década, la situación política y económica de Venezuela ha generado una profunda crisis, causando la migración forzosa y masiva de más de seis millones de venezolanos en búsqueda de mejores oportunidades, de los cuales unos cinco millones han sido acogidos en distintos países de América Latina.^[1] En este contexto, la región afronta el mayor flujo de personas refugiadas y migrantes de su historia, originando una serie de retos y oportunidades tanto para la población migrante como para la población de acogida o receptora.

Sin duda, ninguna población se encuentra preparada ni para dejar de manera forzosa su país de origen, ni para acoger de manera masiva a personas externas en un breve lapso de tiempo. Estas circunstancias generan un contexto de extrema vulnerabilidad para la población migrante, así como de incomodidad e, incluso, rechazo por parte de la población receptora, sobre todo cuando el Estado del país de acogida no es capaz de gestionar dicha situación. Por ejemplo, el 26 de septiembre de 2021, una manifestación de casi cinco mil personas que expresaban su rechazo al arribo de inmigrantes venezolanos que ocupaban algunos espacios públicos de la ciudad chilena de Iquique, ubicada al norte del país, terminó con la quema de pertenencias personales y carpas donde se alojaban estos migrantes.^[2]

Aunque dicha agresión fue ampliamente rechazada por la población y organizaciones chilenas, incluyendo al gobierno central, muestra como la población receptora es capaz de exteriorizar su descontento y frustración a través de expresiones xenófobas y actos violentos contra la población migrante, principalmente cuando las autoridades no son capaces de generar empatía en sus ciudadanos ni de enfrentar los retos ocasionados por la llegada masiva de extranjeros. Durante esta manifestación, aproximadamente tres mil migrantes venezolanos se encontraban varados en Iquique, muchos de ellos ocupando parques y lugares públicos de la ciudad a la espera de regularizar su situación migratoria.^[3]

Sin embargo, lo sucedido en Chile no es un hecho aislado en la región. Casos similares de xenofobia y violencia contra ciudadanos venezolanos han ocurrido en Colombia, Ecuador, Brasil y Perú, los cuales –coincidentemente- son los países de América Latina que mayor cantidad de venezolanos han acogido. Se calcula que, a mayo de 2022, Colombia habría recibido alrededor de 1.8 millones de venezolanos, seguido de Perú con 1.3 millones, Ecuador con 513 mil, Chile con 448 mil y Brasil con 345 mil venezolanos.^[4]

Para comprender tanto la penosa situación experimentada por los migrantes venezolanos, como los retos y oportunidades que enfrenta el Estado peruano durante este proceso migratorio, en este artículo se analiza la crisis existente en Venezuela, la difícil trayectoria migratoria que deben seguir los venezolanos, así como la reacción de la población peruana frente a los migrantes y refugiados, incluyendo la influencia de los medios de comunicación en la percepción de la población. En ese sentido, las instituciones del Estado peruano deben cumplir un rol más activo para convertir esta situación en una oportunidad de integración y de crecimiento, en beneficio del país y de los ciudadanos que lo habitan. Caso contrario, se podrían generar situaciones que afectarían gravemente no solo la seguridad de la población venezolana que radica en el Perú, sino también la estabilidad que se requiere para el desarrollo integral del país.

La Crisis en Venezuela

En la práctica, Venezuela ha tenido solo dos presidentes en los últimos 23 años. Tras el fallecimiento de Hugo Chávez (quien gobernó entre 1999 y 2013), Nicolás Maduro asumió la presidencia, manteniéndose en el cargo hasta la fecha, pese a que gobiernos de diversos países no lo reconocen como tal. Por un lado, la crisis política, con una oposición fragmentada y prácticamente anulada, es innegable en Venezuela. Por otro lado, la crisis económica ha generado el deterioro de las condiciones de vida de los venezolanos. Se estima que la tasa de inflación anual de dicho país alcanzó el 1’300,000 % durante el año 2018.^[5] Esta hiperinflación originó una subida del nivel de precios muy rápida y sostenida, haciendo que el dinero perdiese apresuradamente su valor.^[6]

Las reservas probadas de petróleo de Venezuela son las más grandes del mundo. No obstante, el país vive una crisis económica sin precedentes. La caída internacional del precio del crudo en el año 2014 fue demoledora para la economía venezolana, debido a que el petróleo representaba cerca del 95 % de sus ingresos en exportaciones.^[7] En consecuencia, el país entró en déficit de moneda extranjera, limitando la importación de bienes y ocasionando una crítica escasez de productos. Como resultado, las empresas incrementaron los precios de los escasos productos, generando inflación, lo que se vio agravado por la decisión del gobierno venezolano de emitir más papel moneda para cubrir sus necesidades de moneda y aumentar el salario mínimo como medida populista.^[8]

Aunque en el año 2021 se habría registrado una inflación anual de 686.4 % (mostrando cierta mejora), Venezuela continúa teniendo la inflación más alta del mundo.^[9] En marzo de 2022, el gobierno de Nicolás Maduro dispuso el incremento del salario mínimo en un 1,705 %, pasando de 1.6 a casi 29 dólares.^[10] A pesar de este significativo incremento, el salario mínimo en Venezuela no permite que sus habitantes puedan cubrir la canasta básica de alimentos ya que se estima que una familia venezolana promedio de cinco personas necesita, por lo menos, 353 dólares al mes para satisfacer sus necesidades mínimas de alimentación.^[11]

El Estado venezolano no solo ha vuelto a sus ciudadanos dependientes de sus servicios y productos, al ocasionar el colapso del sector privado, sino también les ha impuesto mecanismos de control y coacción, a través de diversos programas sociales. Tras el colapso del sistema socialista impuesto en Venezuela, los ciudadanos se han quedado desabastecidos. En ese sentido, la salida de venezolanos al exterior constituye lo que Alexander Betts denomina una “migración de supervivencia,”^[12] debido a que la crisis política y socioeconómica existente en dicho país genera la total desprotección y la privación de los derechos humanos de sus ciudadanos. En este contexto, la inseguridad alimentaria constituye un factor fundamental para que esta migración sea tan masiva.^[13] La seguridad alimentaria “existe cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana.”^[14] Consecuentemente, la mayoría de venezolanos que han abandonado su país lo han hecho para obtener un trabajo que les asegure un ingreso para conseguir alimentos.

Tras el cierre de la frontera con Colombia en el año 2015 y el desabastecimiento de alimentos en las tiendas y supermercados venezolanos,^[15] los programas sociales y las empresas estatales constituyeron las únicas alternativas para que los ciudadanos pudiesen conseguir alimentos. En los Mercados de Alimentos (MERCAL), por ejemplo, el jefe de familia –según el número de cédula- tenía un día asignado para comprar alimentos de acuerdo a su carga familiar, existiendo problemas con la calidad y la disponibilidad de los productos.^[16] Posteriormente, en el año 2016, el gobierno venezolano dispuso que los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) distribuyesen bolsas o cajas con alimentos básicos, vendidos (a precio subsidiado) a cada familia previamente inscrita en los Consejos Comunales. Aunque lo recibido a través de este programa solo permite alimentar a una familia por una semana, los seguidores del gobierno de Maduro alaban esta medida porque -de lo contrario- no tendrían comida en sus mesas, mientras que los detractores del gobierno manifiestan que la necesidad por alimentos hace que los venezolanos se conformen y, sin mayor opción, asuman una posición favorable o, al menos, neutral al gobierno.^[17]

A partir del año 2018, tras el ingreso de productos importados a Venezuela, los alimentos se pueden encontrar en las tiendas, pero a precios muy elevados y fuera del alcance de la mayoría de las familias venezolanas. Esta situación muestra claramente la inseguridad alimentaria existente en dicho país ya que esta se da no solo por la ausencia de alimentos sino también por la imposibilidad de adquirirlos cuando estos están disponibles.^[18] Según una evaluación realizada en el año 2019 por el Programa Mundial de Alimentos (PMA), se estima que una de cada tres personas en Venezuela (32.3 %) sufre inseguridad alimentaria y necesita asistencia.^[19] Asimismo, el PMA señala que las familias venezolanas han tenido que adoptar distintas estrategias de sobrevivencia para enfrentar esta crisis, entra las que resaltan: la reducción de la variedad y calidad de comida, la disminución del tamaño de la porción de sus comidas, el trabajo a cambio de comida, y la venta de bienes familiares para cubrir necesidades básicas.^[20] Por ello, los padres prefieren comer poco o saltar comidas, para priorizar la alimentación de sus hijos y/o de otros dependientes.

Por una parte, con relación a las fuentes de ingreso en Venezuela, el PMA señala que el 59 % de los hogares no tiene ingresos suficientes para comprar comida y el 65 % no es capaz de comprar artículos esenciales de higiene, ropa y calzado.^[21] En este contexto, las remesas enviadas por familiares que lograron salir del país constituyen un pilar fundamental para que los venezolanos que se han quedado puedan conseguir alimentos. Sin embargo, la salida constante de migrantes, aunque permite el envío de remesas, genera una preocupante pérdida del capital humano y social en Venezuela, incluyendo la reducción del número de profesores, doctores, científicos y otros trabajadores cualificados.^[22] Por otra parte, con relación a los servicios básicos en Venezuela, el PMA indica que cuatro de cada diez hogares presentan interrupciones diarias en el servicio de electricidad, afectando la conservación de los alimentos e impactando la salud de la población. Asimismo, el 25 % de los hogares venezolanos no cuenta con acceso estable a agua potable, mientras que el 72 % de los hogares tiene un suministro irregular de gas, generando la reducción del número de comidas al día por su carencia.^[23]

La falta de una dieta diversificada (debido al bajo consumo de carne, pescado, huevo, vegetales y frutas) ha generado una ingesta nutricional inadecuada en la mayoría de los hogares venezolanos. Según Cáritas, la desnutrición infantil en Venezuela subió al 26 % entre diciembre de 2019 y marzo de 2020,^[24] lo cual –sin duda- se ha agravado por los efectos de la pandemia de la COVID-19. Esta situación tiene distintas repercusiones (de corto y largo plazo) tanto en la salud como en el desempeño de la población, afectado principalmente a los más vulnerables.

Asimismo, el colapso del sistema de salud es otra de las razones por las cuales los venezolanos optan por salir de su país.^[25] Se estima que durante el año 2016 la mortalidad infantil (de menores de un año) y materna aumentó en un 30.12 % y 65.79 % respectivamente con relación al año anterior.^[26] En ese sentido, la insuficiente e inadecuada alimentación para los pacientes, el deterioro de la infraestructura y de los equipos, la falta de medicamentos e insumos médicos, así como la escasez de personal calificado son algunos de los rasgos que caracterizan la atención de los pacientes en los establecimientos públicos de salud en Venezuela.^[27] En este contexto, el desabastecimiento de medicinas en farmacias y hospitales pone en peligro la vida de miles de enfermos crónicos y trasplantados en dicho país.^[28]

Adicionalmente, la crisis económica impacta también al sistema educativo venezolano. Los bajos presupuestos no solo afectan a la infraestructura de las instituciones educativas, sino también a los educadores, muchos de los cuales han abandonado el país o han tenido que dedicarse a otra actividad laboral por las bajas remuneraciones percibidas. Al 2019, más del 50 % de estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador habían abandonado las clases porque no tenían dinero para pagar sus pasajes o porque tenían que trabajar para ayudar a sus familias a sobrevivir. Situación que se agrava debido a que la universidad no cuenta con agua, ni electricidad permanente y el comedor estudiantil ha dejado de funcionar.^[29]

La corrupción generalizada es otra de las razones por las cuales los venezolanos abandonan su país. Venezuela está entre las naciones con mayor corrupción percibida en el sector público del mundo, lo cual ocasiona graves violaciones a los derechos sociales de sus ciudadanos.^[30] Lamentablemente, el sistema judicial venezolano actúa como un instrumento de represión contra la disidencia y las voces críticas al gobierno.^[31] Igualmente, las trabas para la emisión de pasaportes y de antecedentes penales, así como la apostilla de documentos no solo se han convertido en una estrategia del gobierno venezolano para dificultar la emigración de ciudadanos cualificados, sino también han permitido que la corrupción y la lentitud se apoderen de estos procesos administrativos.^[32] En ese sentido, resulta interesante analizar el rol que cumple el “carné de la patria,” al ser un instrumento de control y chantaje empleado por los partidarios del gobierno para no atender a los que -según ellos- son enemigos de la nación.^[33]

Además de la corrupción, otros problemas, como la violencia y la criminalidad existentes en Venezuela, influyen en las decisiones de los venezolanos para abandonar su país. En el año 2017, Venezuela se había convertido en el segundo país con mayor número de homicidios, siendo Caracas la ciudad más violenta del mundo, con 71 asesinatos por cada 100 mil habitantes y más de 90 % de impunidad.^[34] Esta situación se ve agravada por la violencia causada por algunos de los denominados “Colectivos,” grupos de civiles armados que amenazan y atacan a los opositores al régimen de Maduro.^[35]

Como se puede apreciar, el Estado venezolano no salvaguarda los derechos de sus ciudadanos, poniéndolos en una situación de supervivencia.^[36] Consecuentemente, lo que motiva a los venezolanos a iniciar un difícil trayecto migratorio es la búsqueda de un lugar donde puedan gozar de estos derechos.

El Difícil Trayecto Migratorio

Las trayectorias migratorias presentan dos elementos esenciales: el proyecto migratorio (que incluye la elección de un destino, ruta, tiempo de estadía y finalidad de la migración) y las estrategias migratorias (las acciones para ejecutar dicho proyecto).^[37] Adicionalmente, como proceso, una trayectoria migratoria comprende la preparación, el acto migratorio, el asentamiento e –idealmente- la integración.^[38] En ese sentido, se puede afirmar que la estrategia migratoria adoptada por los venezolanos depende de la naturaleza del proyecto migratorio, las características del país de acogida, el tiempo de permanencia, las aspiraciones laborales, las intenciones de retorno y, principalmente, del tipo de documentos disponibles.^[39]

Ante esta realidad, los migrantes venezolanos se ven obligados a adaptar sus trayectorias, modificando no solo las rutas, sino también las estrategias a lo largo de sus viajes a fin de enfrentar los controles migratorios impuestos por los países de la región.^[40] No obstante, la trayectoria migratoria no solo debe ser entendida como una ruta entre dos puntos, sino también como una experiencia de vida que enfrenta la realidad existente entre el destino posible (aquel que las limitaciones y el marco legal permiten) y el destino ideal (aquel realmente deseado).^[41] Por ello, resulta imprescindible conocer y comprender las trayectorias migratorias seguidas por los venezolanos para llegar al Perú. Al respecto, Robin Cavagnoud identifica diversos tipos de trayectorias migratorias desde dos enfoques de movilidad: el individual y el de grupo familiar.^[42]

Por un lado, la migración como “iniciativa individual” es la que se da cuando los jóvenes venezolanos optan por salir de su país sin ser acompañados por sus familiares directos. Bajo este enfoque se identifican tres tipos de trayectorias migratorias hacia el Perú. El primero de ellos es el de las migraciones “de aventura,” realizadas por aquellos jóvenes que migran sin un plan de viaje preestablecido ni objetivos específicos de apoyo económico a la familia que se queda en su país. En su mayoría, son hombres de entre 18 y 22 años, que no terminaron la educación secundaria y que no tienen responsabilidades paternas ni obligación de enviar remesas a sus familiares en Venezuela.^[43] La permanencia de estos jóvenes en un lugar dependen de las oportunidades que se presentan, de las amistades que se van desarrollando en el recorrido o de amigos ya instalados que les informan sobre las opciones laborales en alguna localidad. Estos jóvenes tienen escaso acceso a los servicios de salud y realizan trabajos mayormente informales (como vendedores ambulantes, albañiles o en servicios de entrega de comida a domicilio).^[44]

El segundo tipo es el de las migraciones “de abnegación,” realizadas por jóvenes venezolanos que también viajan solos hasta el Perú, pero con el objetivo explícito de apoyar a su familia directa en Venezuela.^[45] Mayormente, son hombres y mujeres de entre 25 y 35 años, que se encuentran en mejores condiciones físicas para viajar largas distancias y que contemplan –en algún momento- la reagrupación familiar, pero no necesariamente en el Perú. Estos jóvenes realizan trabajos mayormente informales (comercio ambulatorio, actividades domésticas en casas privadas, cuidado de niños o de adultos mayores, entre otros).^[46]

El tercer tipo es el de las migraciones “de exploración,” realizadas por jóvenes (mayormente mujeres) que salen de Venezuela para trabajar, enviar remesas a sus familiares y –a partir de un ingreso económico y de un alojamiento estable- contemplar la posibilidad de traer a sus familiares directos al Perú. Es decir, a diferencia del grupo anterior, estos jóvenes sí contemplan la convivencia familiar en el Perú.^[47] Lamentablemente, los venezolanos que se involucran en estos tres tipos de trayectorias migratorias atraviesan -en muchas ocasiones- situaciones no solo de explotación laboral, sino también de discriminación.

Por otro lado, según Cavagnoud, la migración como “dinámica familiar” es la que se da cuando los jóvenes venezolanos salen de su país acompañados por sus familiares directos, identificándose -bajo este enfoque- tres tipos de trayectorias migratorias que confluyen en Perú. La primera corresponde a la migración “de reunificación familiar,” la cual tiene como objetivo una reagrupación familiar ligada a una migración “de exploración.”^[48] La reconstitución de estas familias puede dar lugar al nacimiento de nuevos hijos de nacionalidad peruana, lo que refuerza la decisión de quedarse a largo plazo en el país, descartando la posibilidad de retornar a vivir en Venezuela en el futuro.

El segundo tipo es el de la migración “de un núcleo familiar,” en la cual los miembros de la familia toman la decisión de viajar juntos hasta el Perú, implicando una fuerte inversión económica.^[49] Aunque es un grupo menor, tras un periodo de adaptación, estas familias logran cierta estabilidad (incluyendo la escolarización de sus hijos) y envían remesas a sus familiares (particularmente a sus padres) que se quedaron en Venezuela. Estas familias logran superar la condición inicial de migrantes y no tienen la intención de regresar a Venezuela.

Finalmente, el tercer tipo es el de la migración “de un núcleo familiar monoparental,” realizado por madres de familia separadas de su pareja o del padre de sus hijos, que migran con sus hijos pequeños en condiciones muy precarias.^[50] Estas familias presentan muchas necesidades, pero pueden ingresar al país, beneficiándose de las excepciones otorgadas a las personas en situación vulnerabilidad. Por consiguiente, todas estas tipologías no solo son diversas y difíciles, sino que también están enmarcadas en cambiantes políticas migratorias del Estado peruano.

La Respuesta del Estado Peruano

Como se ha mencionado, el Perú es el segundo país que acoge la mayor cantidad de venezolanos en América Latina. La mayoría de ellos (casi el 90 %) ha ingresado por la vía terrestre, requiriendo satisfacer de manera inmediata sus necesidades básicas, tales como alimentación, vivienda y servicios de salud. Se estima que, para finales del año 2022, habrá 1.45 millones de venezolanos en el Perú.^[51] En ese sentido, el permanente y masivo arribo de venezolanos ha obligado al Estado peruano (particularmente al poder ejecutivo) a realizar diversos cambios en su política migratoria, la misma que -en los últimos años- oscila entre la “hostilidad” (por el endurecimiento del control migratorio, las expulsiones, los rechazos en frontera, y los controles de identidad, entre otras) y la “hospitalidad selectiva” (la cual busca diferenciar entre los deseables e indeseables dentro de la población migrante).^[52]

Estos cambios en la política migratoria peruana han generado situaciones ambiguas y desprotección para con los migrantes venezolanos. En el año 2017, la adopción del Permiso Temporal de Permanencia (PTP) fue una clara muestra de la política de hospitalidad selectiva ya que únicamente está destinada a la población venezolana y, al ser temporal, no les otorga residencia, limitándoles sus derechos.^[53] Posteriormente, en el año 2018, el Estado peruano exigió la presentación del pasaporte a la población venezolana para el ingreso al país. Sin embargo, tanto el elevado costo como el colapso del sistema administrativo venezolano para la expedición de este documento hacen que su obtención sea sumamente difícil.

Adicionalmente, en el año 2019, el Estado peruano empezó a exigir una visa humanitaria a los venezolanos que ingresaban al país. Aunque el trámite de este documento es gratuito, contempla como requisito –entre otros- la presentación de un certificado de antecedentes penales venezolanos debidamente apostillado, para mayores de 18 años.^[54] Desafortunadamente, la gestión para la apostilla de este documento es costoso y sumamente burocrático. Esta situación ha obligado a los venezolanos a solicitar asilo en el Perú para evitar estos trámites migratorios, elevándose a 530 mil la cantidad de venezolanos solicitantes de asilo en el país.^[55]

Si bien los Estados tienen la facultad soberana de regular la entrada de cualquier extranjero, también tienen el deber de respetar los derechos humanos de estas personas, incluyendo el derecho a la no devolución.^[56] No obstante, para emitir políticas y legislar sobre asuntos migratorios, los Estados –incluyendo al peruano- también deben enfrentar los retos derivados de la falta de un concepto internacionalmente aceptado tanto de “migrante” como de “familia.” Por un lado, la Organización Internacional para los Migrantes (OIM) señala que el término “migrante” comprende “todos los casos en los que la decisión de migrar es tomada libremente por la persona concernida por ‘razones de conveniencia personal’ y sin intervención de factores externos que le obliguen a ello.”^[57] Sin embargo, este concepto no incluye a aquellas personas que migran forzadas por la grave crisis existente en su país para poder sobrevivir, como es el caso de la migración venezolana. Por otro lado, la Real Academia Española define a la “familia” como al “grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas,”^[58] pero este concepto no involucra a aquellas familias cuyos miembros han tenido que migrar para lograr ciertas condiciones que les permitan traer a su lado al resto de su familia y reunificarla.

En los últimos años, la política migratoria peruana ha sufrido una serie de cambios a consecuencia de la creación de diversas entidades y de nueva jurisprudencia. En este contexto, en el año 2011, se creó la Mesa de Trabajo Intersectorial para la Gestión Migratoria, adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, con el objeto de proponer el lineamiento de la política integral migratoria en el Perú. Posteriormente, en el año 2012, se creó la Superintendencia Nacional de Migraciones, adscrito al Ministerio del Interior, como un organismo encargado del control migratorio de nacionales y extranjeros.^[59]

No obstante, es recién a partir de la aplicación del Decreto Legislativo 1350 del 7 de enero de 2017 y su posterior reglamentación que se dan los cambios más importantes desde el enfoque de los derechos de las personas migrantes y sus familias.^[60] Este nuevo marco regulatorio comprende los principios de unidad familiar e interés superior del niño y del adolecente, reconoce los derechos de la familia con base matrimonial y con base en la unión de hecho, distingue entre la calidad migratoria del titular extranjero y la de sus familiares, así como amplía el reconocimiento de las personas en situación de vulnerabilidad.^[61]

Asimismo, en el año 2017, mediante el Decreto Supremo 015-2017-RE, se aprobó la Política Nacional Migratoria 2017-2025, cuyo objetivo es “garantizar el respeto y la protección de las personas migrantes, promoviendo la igualdad, la equidad, la inclusión, la integración y la observancia de la seguridad nacional, a través de una eficiente gestión integral del proceso migratorio y que articule al Estado y a la sociedad, acorde a las necesidades, intereses y expectativas de la población migrante y sus familiares.”^[62] Sin embargo, a pesar de los avances de la legislación peruana, los marcos normativos de los vínculos familiares no se han ampliado lo suficiente como para incorporar a las familias extendidas (que incluyen a abuelos, nietos, entre otros) y a las familias basadas en parejas del mismo sexo.^[63]

Esta situación se vio agravada por las restricciones adoptadas por el Estado peruano para limitar el ingreso al país durante la pandemia de la COVID-19, lo que generó el incremento de los ingresos irregulares a través de nuevas rutas para evitar los controles migratorios, poniendo en riesgo la vida de los migrantes venezolanos al exponerlos a organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. Por ello, resulta imprescindible conocer las duras condiciones a las que están expuestos los migrantes venezolanos que arriban al Perú.

Actitudes Hacia la Migración Venezolana en el Perú

La masiva llegada de migrantes venezolanos ha transformado rápidamente la realidad migratoria del Perú, pasando de ser un país de origen a uno de destino de migrantes. Sin duda, las trayectorias migratorias elegidas por los venezolanos para llegar al Perú son duras y complejas. La rápida inserción de venezolanos al sector informal de la economía peruana, aunque les permite generar ingresos, les expone a diferentes formas de explotación y discriminación, particularmente a los discursos xenófobos.

La xenofobia comprende “actitudes, prejuicios y comportamientos que rechazan, excluyen y, a menudo, difaman a las personas en función de la percepción de que son forasteras o extranjeras para la comunidad, la sociedad o la identidad nacional.”^[64] En ese sentido, la xenofobia “se manifiesta a través de creencias, actitudes y comportamientos hostiles hacia las personas de origen distinto al propio, como el desprecio, la discriminación, y las agresiones físicas o verbales.”^[65] Lamentablemente, la xenofobia y el racismo suelen ir acompañados.

De acuerdo a una encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) en el año 2019, el 73 % de los encuestados mostraba su desacuerdo con la migración venezolana al Perú, debido a motivos económicos y laborales (quitan trabajo, afectan la economía, incrementa la informalidad), al aumento de la delincuencia e inseguridad, a la mala relación con los peruanos, entre otros.^[66] No obstante, el 83 % de los que expresaron su desacuerdo a la migración venezolana no habían tenido contacto con ellos, lo que muestra claramente que la razones de su rechazo carecen de fundamentos, y se basan en percepciones, tal y como es el caso del incremento de la delincuencia y de la inseguridad por culpa –supuestamente- de los migrantes venezolanos.

Al respecto, según la Policía Nacional del Perú, de las 730 mil denuncias recibidas en el año 2019, solo el 1.8 % involucraba a ciudadanos extranjeros, siendo el resto peruanos.^[67] Sin embargo, a pesar de esta evidencia, en enero del año 2020, el Ministerio del Interior anunciaba la creación de la “Brigada Especial contra la Migración Delictiva” y el entonces ministro del Interior, Carlos Morán, manifestaba públicamente que “los delincuentes extranjeros, esos venezolanos que han venido a delinquir, tienen dos caminos: irse del país o a la cárcel.”^[68] La percepción negativa hacia los migrantes venezolanos es, por consiguiente, igualmente motivada por inadecuados discursos políticos y mensajes de los medios de comunicación.

En ese sentido, resulta importante recalcar que en países o lugares con deficiencias notables en los servicios públicos, así como con problemas estructurales enraizados en la sociedad, los migrantes suelen ser identificados como los culpables de estas situaciones, promoviéndose su rechazo.^[69] Consecuentemente, el Perú no es una excepción a este tipo de comportamientos, existiendo ejemplos en su historia reciente que muestran la forma cómo operan los mecanismos sociales y simbólicos para vincular a los migrantes con problemas propios del país.^[70]

Por un lado, la llegada de migrantes chinos a finales del siglo XIX generó discriminación y rechazo a su presencia debido a prejuicios raciales existentes en la población limeña. A ellos se les acusaba de falta de higiene, de practicar vicios, de provocar malos olores y causar suciedad en la zona, pero en dicha época la falta de salubridad e higiene en las calles era un problema ya existente en el país.^[71] Por otro lado, la migración masiva interna hacia las ciudades, ocurrida en la segunda mitad del siglo XX, volvió a generar discriminación y rechazo contra los migrantes provenientes de regiones andinas, a quienes se les consideraba como los únicos responsables del deterioro urbano debido a sus actividades económicas informales, sus malas costumbres de higiene y hasta por su apariencia.^[72]

En la actualidad, en pleno siglo XXI, actitudes similares se vienen dando contra los migrantes venezolanos, a quienes se les culpa de todos los problemas sociales ya existentes en el país, como la informalidad, la falta de empleo o la inseguridad ciudadana. En este contexto, el término “veneco” viene siendo empleado para referirse despectivamente a un venezolano, presentando la misma connotación negativa de palabras como “cholo” o “serrano” con las cuales aún se discrimina a los migrantes e hijos de migrantes andinos en las grandes ciudades como Lima.^[73]

Lamentablemente, no solo los discursos políticos negativos e infundados influyen en las actitudes de rechazo frente a los migrantes venezolanos, sino también la retórica hostil hacia esta población por parte de los medios de comunicación peruanos, quienes realizan la cobertura mediática tanto de las expulsiones como de los hechos delictivos cometidos por venezolanos, a pesar de que las estadísticas demuestran su escaso involucramiento en este tipo de acciones en el Perú.^[74] El consumo diario de este tipo de información por parte de la población peruana, la predispone a asumir una actitud al momento de interactuar con ciudadanos venezolanos en espacios públicos.^[75]

Las restricciones impuestas en el contexto de la pandemia de la COVID-19 también impactaron negativamente a los venezolanos en el Perú ya que no podían salir a la calle a ganarse el sustento diario, mientras que los que trabajaban sin contratos legales (la inmensa mayoría) quedaron desprotegidos. Adicionalmente, el gobierno peruano no entregó bonos de ayuda económica a los migrantes venezolanos que se encontraban en situación de pobreza o extrema pobreza, dejando dicho apoyo en manos de los organismos de cooperación internacional.^[76] Con esta decisión, en la práctica, el gobierno peruano reflejaba parte de las ideas de la ex congresista Esther Saavedra, quien durante una intervención en el Congreso de la República, en septiembre de 2019, le increpaba al ex presidente Martín Vizcarra, que “un millón de inmigrantes entre legales e ilegales, entre trabajadores y bandidos delincuentes, tienen que comer, tienen que dormir, vienen a quitarle trabajo a nuestros peruanos. (…) quiero decirle, que es el presidente de todos los peruanos y no de los extranjeros, (…), no de los venezolanos. Malos o buenos tienen que salir del Perú, que se vayan.”^[77]

Sin embargo, gran parte de los peruanos discrepan y condenan esa actitud de rechazo frente a la población venezolana, mostrando empatía y compromiso para facilitar o promover su inserción en la sociedad.

En este sentido, el Estado peruano debe mostrarse mucho más proactivo y enfático en valorar, promover y difundir los innumerables aportes y oportunidades que brinda la migración venezolana al Perú, y evitar con ello que se generen escenarios de inestabilidad que no favorecen al desarrollo inclusivo y sostenible del país.

Aporte y Oportunidades de la Migración Venezolana en el Perú

Según la encuesta realizada por el IEP en el año 2019, el 22 % de los encuestados se mostraba de acuerdo con la migración venezolana al Perú, debido a que: (1) su país está en crisis y no tienen adónde ir, (2) a la reciprocidad histórica (el Perú fue país de migrantes y lo apoyaron otros países), (3) a que son amigables, trabajadores y de buena educación, y (4) porque ayudarán al crecimiento económico, representando mayor mano de obra y oferta laboral.^[78] Estas razones muestran un alto nivel de comprensión y empatía interiorizada en una parte de la población peruana, que el Estado debe ayudar a desarrollar en toda su población.

Al respecto, de acuerdo a un estudio del Banco Mundial del año 2019, la población venezolana que ha emigrado al Perú es principalmente joven (el 42 % tiene entre 18 y 29 años de edad), proviene mayormente de zonas urbanas y es altamente calificada (el 57 % cuenta con algún tipo de estudios superiores, de los cuales la mitad tiene estudios superiores universitarios completos).^[79] Se estima que la inversión en educación de esta población venezolana le habría costado al Perú cerca de 3.3 billones de dólares, lo que representa un tercio del presupuesto anual de educación del país.^[80] Asimismo, esta organización resalta que la migración venezolana al Perú se realiza primordialmente en grupos familiares, los cuales están compuestos por hombres y mujeres, incluyendo unos 117 mil infantes que –en muchos casos- formarán parte activa del futuro del Perú.^[81]

Los migrantes y refugiados venezolanos representan una gran oportunidad económica para el Perú, pudiendo no solo aumentar la capacidad productiva del país, sino también impulsar su crecimiento de manera significativa.^[82] Por ejemplo, el 8 % del crecimiento del Producto Bruto Interno peruano del año 2018 se debió al aporte de los venezolanos como consumidores y trabajadores. Igualmente, la población venezolana podría aportar más de 600 millones de dólares en ingresos fiscales netos al Perú entre el año 2020 y el 2024, así como podrían incrementar la productividad laboral en un 3.2 % (tan solo por el número de migrantes que se encontraba en el país al 2018).^[83]

No obstante, si se desea aprovechar esta oportunidad, se requiere tanto de la adecuada formulación e implementación de políticas, como de la activa participación de instituciones públicas para integrar debidamente a la población venezolana a la sociedad y a la economía peruana.^[84] De hecho, un 30 % de los migrantes venezolanos que en su país ocupaban puestos como profesionales científicos e intelectuales, ahora trabajan como cocineros de comida preparada en la calle, ayudantes de cocina y vendedores ambulantes en el Perú.^[85] Igualmente, los migrantes venezolanos que poseen formación técnica o profesional universitaria (quienes representan el 57 % de los venezolanos en el Perú) no pueden ocupar puestos para los cuales se encuentran capacitados, ya que la gran mayoría no cuenta con permiso legal para trabajar o no ha convalidado sus estudios en el país.

En este contexto, cabe resaltar, por ejemplo, la gran labor cumplida por los profesionales y técnicos de la salud venezolanos que se incorporaron al sistema de salud peruano para mitigar los efectos de la pandemia de la COVID-19. Ante la actual carencia de profesionales de la salud en el Perú, el trabajo coordinado entre las entidades correspondientes debe proseguir a fin de incorporar a la mayor cantidad de estos profesionales venezolanos al sistema de salud del país. Al año 2019, de los casi 500 mil venezolanos que habían obtenido el PTP en el Perú, 3,147 eran médicos.^[86]

Conclusiones

Como se ha mencionado, ninguna población está lo suficientemente preparada ni para dejar su país de manera forzosa, ni para acoger a un gran número de personas externas en poco tiempo. Por un lado, el Estado venezolano no es capaz de salvaguardar los derechos fundamentales de su población, obligando a una parte considerable de ella a emigrar. Por otro lado, la población peruana –normalmente- identifica a los migrantes venezolanos como los culpables de los problemas estructurales ya existentes en el país, generando un rechazo hacia ellos, expresado a través de actos y discursos discriminatorios.

Lograr la plena integración de la población venezolana a la sociedad y a la economía peruana requiere del involucramiento del Estado y de la sociedad civil para conseguir el cambio de mentalidad de los ciudadanos peruanos (pasando del rechazo a la empatía) a través de la información, la educación y la cultura. En ese sentido, el desarrollo de la empatía –es decir, la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos-^[87] requiere ponerse en el lugar de la otra persona y sentir como ella. Los peruanos deben ser conscientes que muchos de los venezolanos han tenido que emigrar al exterior para poder sobrevivir, experimentando terribles privaciones y sufrimiento durante su trayecto migratorio. Igualmente, los peruanos no pueden ser indiferentes a la discriminación y la incomprensión ya que en las últimas décadas muchos de sus familiares y amigos también tuvieron que emigrar a otras ciudades del Perú o de diversos países del mundo para buscar un futuro mejor. Por consiguiente, la sociedad peruana debe ser solidaria con el migrante, apreciando oportunidades en lugar de amenazas.

La configuración social y cultural de muchos países ha sido el resultado de grandes y constantes procesos migratorios. Esta afirmación también aplica en el Perú, en donde la migración interna, así como la proveniente de Europa, África y Asia ha generado una rica y diversa conformación social y cultural, la cual se refleja en distintas expresiones (artísticas y culinarias, entre otras) que son motivo de orgullo local y de reconocimiento internacional. Por lo tanto, carece de sentido que algunos peruanos rechacen y discriminen a los migrantes venezolanos desde una percepción de “lo peruano” o de “lo nuestro”, cuando dicha pureza no existe en el Perú.^[88]

Sin duda, el Estado peruano ha tomado algunas decisiones apropiadas para proteger a los migrantes venezolanos, pero estas medidas aún son insuficientes. En ese sentido, acciones políticas y de sensibilización deben ser adoptadas por diversas instituciones del Estado para facilitar el cambio de mentalidad de la población peruana. Asimismo, los medios de comunicación deben asumir la responsabilidad de informar sin sensacionalismo para evitar la construcción una percepción negativa hacia los venezolanos. Lamentablemente, la lucha contra xenofobia -como una forma de discriminación- toma tiempo, por lo que las estrategias para combatirla no solo deben ser pensadas a largo plazo, sino también deben facilitar la construcción de un proyecto intercultural que fomente el mutuo conocimiento, el respeto, el diálogo y el encuentro entre la población receptora y la población migrante.^[89] Estas estrategias deben permitir que la sociedad peruana (incluyendo a su clase política) enfrente con actitud positiva los retos de un proceso migratorio, así como reconozca las oportunidades y potencialidades de dicho proceso.

Notas finales:

1. R4V – Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, Refugiados y Migrantes de Venezuela, (5 de mayo de 2022), https://www.r4v.info/es/refugiadosymigrantes (consultado el 11 de junio de 2022). ↑
2. BBC News Mundo, “Chile: la marcha contra migrantes que terminó con la quema de pertenencias y carpas de extranjeros”, (26 de setiembre 2021), https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-58700359 (consultado el 11 de junio de 2022). ↑
3. Ibíd. ↑
4. R4V, Refugiados y Migrantes de Venezuela. ↑
5. BBC News Mundo, “Crisis en Venezuela: 5 claves que explican cómo se ha desarrollado hasta ahora”, (10 de enero 2019), https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46821723 (consultado el 11 de junio de 2022). ↑
6. Ibíd. ↑
7. Ibíd. ↑
8. Ibíd. ↑
9. Daniel González, “Cómo salió Venezuela de la hiperinflación y qué significa para la golpeada economía del país”, BBC News Mundo (11 de enero 2022), https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-59939636#:~:text=La%20hiperinflaci%C3%B3n%20de%20Venezuela%20ha,8%25%2C%20dijo%20el%20BCV (consultado el 11 de junio de 2022). ↑
10. Agencia EFE, “Nuevo salario mínimo en Venezuela, insuficiente para salir de la pobreza”, (17 de marzo de 2022), https://gestion.pe/mundo/nuevo-salario-minimo-en-venezuela-insuficiente-para-salir-de-la-pobreza-noticia/?ref=gesr (consultado el 11 de junio de 2022). ↑
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12. Alexander Betts, “Survival Migration: Failed Governance and the crisis of Displacement”, (Nueva York: Cornell University Press, 2013), 4, https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/30779/642723.pdf?sequence=1&isAllowed=y (consultado el 11 de junio de 2022). ↑
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18. Borios, “Huir para vivir…”, 56. ↑
19. Reliefweb, “WFP Venezuela – Evaluación de seguridad alimentaria: Principales hallazgos. Datos recolectados de julio a septiembre de 2019”, (23 de febrero de 2020), https://reliefweb.int/report/venezuela-bolivarian-republic/wfp-venezuela-evaluaci-n-de-seguridad-alimentaria-principales#:~:text=El%20Programa%20Mundial%20de%20Alimentos,de%20los%20hogares%20en%20Venezuela (consultado el 18 de junio de 2022). ↑
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69. Pablo Vega Romá, “Experiencias de discriminación hacia jóvenes migrantes venezolanos: construcción del discurso e impactos en la vida cotidiana”, en Trayectorias migrantes: la juventud venezolana en el Perú, (Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, diciembre de 2021), 264. ↑
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82. Banco Mundial, “La migración venezolana puede impulsar la productividad y el crecimiento económico del Perú”, (Perú: 26 de noviembre de 2019), https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2019/11/26/migracion-venezolana-peru (consultado el 25 de junio de 2022). ↑
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87. Real Academia Española, “Empatía” en Diccionario de la lengua española, (2001), https://dle.rae.es/empat%C3%ADa (consultado el 25 de junio de 2022). ↑
88. Gonzalo Gamio Gebri, “Ética y migración: reflexiones sobre la migración venezolana en tiempos de crisis”, en Trayectorias migrantes: la juventud venezolana en el Perú, (Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, diciembre de 2021), 303. ↑
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