Autor

Manifestación Social Violenta e Inestabilidad Democrática

Este artículo forma parte del libro Desafíos y Amenazas a la Seguridad en América Latina.


Resumen

La protesta social en el ámbito latinoamericano se inscribe en un marco normativo regional que la reconoce como una acción ciudadana pacífica y democrática. Aunque la mayoría de los Estados de la región se reconocen como Estados democráticos, las movilizaciones sociales que se presentaron en el año 2019 dejaron entrever las fisuras que sufren las democracias en el hemisferio. La protesta social, que por definición debe mantener un carácter pacífico para la reivindicación de derechos, se ha visto empañada por actos de violencia que han afectado el orden institucional de los países. La respuesta de la fuerza pública ante tal amenaza se ha puesto a prueba de manera que se logre armonizar los derechos en juego. En este artículo se analiza la participación de los movimientos sociales en la protesta social que se dio en América Latina durante las movilizaciones del año 2019, y la manera en que estos actores pueden exacerbar el conflicto político-social en los Estados de la región.

Palabras Clave: Protesta Social, Manifestación, Violencia, Derechos, Democracia.

Introducción

El creciente malestar social que se vive en América Latina y el Caribe (ALC) se inscribe en medio de un contexto internacional marcado por presiones políticas, sociales, económicas y ambientales que han derivado en movilizaciones masivas en distintas partes del mundo. Desde fines del año 2018, el movimiento de los Chalecos Amarillos en Francia convocó a miles de personas a movilizarse contra el alza en el precio de los combustibles, la injusticia fiscal y la pérdida del poder adquisitivo. Estas protestas tuvieron eco en otros países de Europa y en Canadá.

El 2019 fue un año marcado particularmente por manifestaciones sociales a nivel global. En el caso europeo, además de los Chalecos Amarillos en Francia, también se dieron movilizaciones en Cataluña (España), República Checa y el Reino Unido. Pasando al Oriente Medio, las protestas en Líbano en contra de los impuestos progresivos hacia servicios de redes sociales digitales forzaron la dimisión del primer ministro Saad Hariri.[1] Asimismo, las manifestaciones en Egipto y Argelia son muestra de un ambiente de malestar social generalizado en la región. En el caso de Asia, la situación más notable fue la masiva movilización en Hong Kong en contra de las medidas represivas adoptadas por el gobierno de Beijing. En medio de este panorama, América Latina se vio permeada por un entorno de malestar social que se ha ido manifestado de diferentes formas en otros continentes. A esto se suman una serie de causas endógenas que -a través de los años- han venido acumulando una creciente inconformidad con la persistente desigualdad en la región.

En tal sentido, el conjunto de factores endógenos y exógenos que han incrementado el malestar social en ALC conllevó a que varios países de la región fueran testigos de manifestaciones sociales desde el año 2019 hasta el 2022. Vale la pena señalar que en ciertos casos se ha hecho evidente que las manifestaciones desbordan la esfera pacífica y se convierten en movilizaciones vandálicas y violentas, llamando la atención por su coordinación y articulación. Esta situación genera afectaciones a la seguridad colectiva y a la gobernabilidad de los Estados, constituyéndose en un factor de inestabilidad. Por ese motivo, surge un interrogante esencial: ¿Pueden ciertos movimientos sociales en América Latina distorsionar el derecho a la protesta social y exacerbar el conflicto político-social, afectando la estabilidad institucional y democrática de los Estados?

A continuación, se hace una reflexión sobre la naturaleza de las manifestaciones que se han vivido en ALC durante el año 2019, sus implicaciones en el orden público y democrático de los países, así como la respuesta que se ha dado desde la fuerza pública a esta situación.

Protesta Social y Política Contenciosa en ALC

Los movimientos sociales han formado parte activa de la sociedad. Sin embargo, su conceptualización y estudio histórico es relativamente reciente. Eric Hoffer, pionero del estudio de los movimientos sociales, aborda una perspectiva psicosocial sobre las motivaciones que llevan a los individuos a conformar estas agrupaciones. Para él, todos los movimientos de masas ganan seguidores apelando a un conjunto de emociones, frustraciones y motivaciones personales.[2]

Posteriormente, autores como Charles Tilly y Craig Calhoun definen el término de “movimiento social” como la única forma de contienda política.[3] De acuerdo a los autores, la democratización fomenta la formación de movimientos sociales, los cuales combinan tres tipos de reivindicaciones: programáticas, identitarias y de oposición. Adicionalmente, el contexto político, los procesos imitativos, la comunicación y la colaboración facilitan la creación de movimientos sociales.

A partir del siglo XX, los movimientos sociales se han situado en un contexto enfocado al desarrollo industrial y tecnológico, donde la penetración tecnológica y de la información se incorpora en las costumbres y tradiciones humanas. Como lo describe Dylan Taylor, esta situación ha transformado la sociedad y sus estructuras en cuanto al control económico y político, dado que se amplía hacia la búsqueda del control de la información, las redes y la tecnología.[4] Conscientes de la conceptualización histórica que se ha hecho sobre los movimientos sociales, en el marco interamericano la movilización social y/o protesta social se entiende como una forma de acción individual o colectiva dirigida a expresar ideas, visiones o valores de disenso, oposición, denuncia o reivindicación.[5]

La protesta social también está ligada a la defensa y promoción de la democracia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que, en situaciones de ruptura del orden democrático, la protesta social debe ser entendida “no solo en el marco del ejercicio de un derecho sino al cumplimiento del deber de defender la democracia.”[6] En ese sentido, las sociedades democráticas contemplan la protesta social como un ejercicio ciudadano legitimo a través del cual se reclaman derechos y se reivindican deberes.

Bajo esa lógica, la protesta social es convocada con el fin de visibilizar procesos de reivindicación y expresión de los movimientos sociales que utilizan este mecanismo democrático como una estrategia de promoción de ideas, intereses y derechos. Entre los grupos que realizan estas convocatorias se destaca: la sociedad civil organizada, Organizaciones No Gubernamentales, entidades religiosas, centros de enseñanza, institutos de investigación, sindicatos, asociaciones profesionales y partidos políticos. Ahora bien, como lo señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la protesta social también puede ser espontánea ya que mediante ella se puede expresar una sola persona, pequeños grupos de personas, o conjuntos multitudinarios en los que pueden articularse miles de individuos sin una pertenencia asociativa específica con organizaciones más estructuradas.[7]

En cuanto a las modalidades de la protesta social se debe señalar que, si bien se encuentran establecidas mediante legislación nacional e internacional, algunas de las modalidades generan conflicto en cuanto a la ponderación de derechos. Sin entrar en un análisis jurídico sobre algunas de estas formas de protesta, es evidente que existen situaciones en las que se presentan complejidades para armonizar los derechos en juego.

En ese sentido, la CIDH ha señalado que “cualquiera sea la modalidad de la protesta, los instrumentos interamericanos establecen que el derecho de reunión debe ejercerse de manera pacífica y sin armas.”[8] Adicionalmente, se señala que el Estado puede restringir la participación en manifestaciones públicas y protestas a las personas que cometan actos de violencia o que porten armas. Igualmente, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas señaló que los “Estados tienen el deber de adoptar las medidas necesarias para evitar actos de violencia, garantizar la seguridad de las personas -incluidos los manifestantes- y mantener el orden público.”[9]

Una protesta social cuyo principio y fin se desarrolla en aras de la reivindicación de derechos a través de medios pacíficos, cuenta con la legitimidad y protección que otorga un Estado democrático. No obstante, aquellas manifestaciones que tienen como fin la vandalización y destrucción del espacio público deben considerarse como movilizaciones sociales violentas, las cuales el Estado debe controlar según las disposiciones de la ley y el marco normativo internacional.

Desde la academia se ha hecho un estudio de aquella modalidad utilizada por ciertos grupos sociales que incitan a la movilización violenta. Asimismo, en las últimas dos décadas, los estudiosos de las Ciencias Políticas han tratado de unificar el análisis de diversas formas de política de confrontación (desde las protestas pacíficas y los movimientos populistas hasta las campañas terroristas violentas y las insurgencias) en un campo académico denominado Política Contenciosa.[10] Como lo describen Mc Adam, Tarrow y Tilly, la política contenciosa se centra en reclamaciones colectivas y llamados a la acción que van desde las expresiones de apoyo colectivo más pacíficos hasta los ataques más devastadores y violentos.

En ese contexto, la violencia se convierte en un mecanismo de acción política que incluye estrategias que promueven los robos, saqueos, secuestros y violaciones. Bajo esta modalidad, las víctimas son asesinadas de forma aleatoria e indiscriminada. Corresponde entonces hacer un contraste entre lo que desde la academia se ha denominado como protesta social, manifestación violenta y política contenciosa con los hechos ocurridos en ALC durante el año 2019.

Estabilidad Democrática de los Estados en ALC

Si hay una región en el mundo que ha llegado a un acuerdo sobre la importancia de la democracia como forma de gobierno de los Estados, esa es las Américas. Con la firma y adopción de la Carta Democrática Interamericana (CDI), los Estados de las Américas se comprometieron a la defensa activa de la democracia.[11] Por consiguiente, la CDI es un instrumento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que reconoce el derecho de los pueblos de las Américas a la democracia, así como la obligación de sus gobiernos de promoverla y defenderla.

Bajo estas disposiciones, los Estados de la región se han comprometido con una serie de elementos que deben cumplir a fin de reconocerse como Estados democráticos. En ese sentido, se hace énfasis en que toda acción y participación ciudadana se debe hacer en el marco del orden constitucional admitido, lo que lleva a pensar que el ámbito de aplicación de estas disposiciones implica una profunda reflexión sobre el verdadero estado de la democracia en los países de ALC.

Según los postulados de Barbara Walter, para analizar la situación que vivió el mundo en el año 2019, uno de los mejores indicadores de si un país experimentará una guerra civil es si se acerca o se aleja de la democracia.[12] Bajo esta lógica, aquellos países que se autodenominan democráticos, pero que distan mucho de los principios que hacen que un Estado sea verdaderamente democrático, son denominados como “Anocracias.” Este término acuñado por el profesor Ted Robert Gurr se refiere a aquellos países que no son ni autocracias completas ni democracias, sino algo intermedio.[13] Para Walter, los países que tienen características de anocracias son los más propensos a entrar en una guerra civil. Esto a raíz de la constante inestabilidad de esos gobiernos en términos políticos, institucionales y militares. De hecho, los líderes de una anocracia no suelen tener el suficiente poder para manejar las disidencias y garantizar la lealtad de sus aliados.

Al revisar estas consideraciones teóricas versus la realidad de las democracias en ALC, se podría vislumbrar que más de uno de los Estados de la región cumple con la descripción de las Anocracias. En el contexto de las manifestaciones del año 2019 en ALC, se evidenció una erosión de la confianza en las instituciones por parte de la ciudadanía. En la región, la exclusión y desigualdad continúan siendo factores generadores de nuevos grupos y coaliciones identitarias que movilizan agendas políticas. Todo esto se da bajo un marco institucional débil en el que los Estados no garantizan el bienestar social de su ciudadanía, ni cuentan con una fuerza pública suficiente para enfrentar amenazas al orden público, viviendo un clima de desorden y zozobra aprovechado por ciertos movimientos sociales para crear el caos. Ante ese escenario, como lo menciona Walter, se dan las variables que en una anocracia llevan a la guerra civil.

Si bien esto puede ser aplicable para casos en países como El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Colombia, Ecuador, Haití y Bolivia, no se puede hablar de la misma realidad en el caso de países como Chile o Costa Rica. De acuerdo al informe del Instituto para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA, por sus siglas en inglés) del año 2019 sobre el Estado Global de la Democracia, tres países de ALC (Chile, Costa Rica y Uruguay) están entre el top cinco de países del mundo con los niveles más altos de Gobierno Representativo.[14]

Esta situación, denota que en la región no se puede hablar de manera igual sobre el estado de la democracia en cada uno de los países. Si bien algunos de los Estados de la región están entre las democracias más estables del mundo, otros países de ALC distan de ser democráticos. A pesar de eso, la movilización social del año 2019 se dio tanto en países democráticos como en los que no lo son. Por lo tanto, es necesario revisar aquellos elementos que exacerban el conflicto político-social en los países de la región y cómo estos se han reflejado en la protesta social o movilización social violenta, lo que ha exigido una respuesta institucional en el marco democrático de sus gobiernos.

La Desigualdad y la Brecha Tecnológica como Causa del Descontento Social

ALC sigue siendo una de las regiones más desiguales del mundo en materia de ingresos. El 10 % más rico de la población capta 22 veces más de la renta nacional que el 10 % más pobre.[15] Hacia finales del año 2019, la ciudadanía de la región daba muestras de malestar, reclamando más y mejores servicios, así como mayores oportunidades de movilidad social. Tal fue el caso de Chile, Colombia y Ecuador, donde la ciudadanía se movilizó exigiendo una amplia agenda de derechos legítimos de una sociedad democrática. Desde la perspectiva de la opinión pública, los medios de comunicación identificaron el factor de desigualdad como la principal causa del descontento social que se vivía en esos países.

Aunque la desigualdad es un elemento crucial a la hora de estudiar los movimientos sociales en ALC, en el caso de las movilizaciones del año 2019, no es el único elemento a considerar. De hecho, al estudiar separadamente los casos más significativos de movilizaciones sociales en la región, se puede evidenciar que aquellos países con niveles de desigualdad similares tuvieron reacciones ciudadanas muy distintas. Por ejemplo, de acuerdo a los datos más recientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Chile tienen el nivel de desigualdad más bajo del continente; no obstante, fue el país de la región donde la protesta social tomó más fuerza. Por consiguiente, el factor de la desigualdad no es excluyente frente a otros elementos que animan a la movilización ciudadana.

En ese sentido, se podría decir que –actualmente- la ciudadanía percibe la realidad de otra manera y se moviliza por otras causas. Como ya lo mencionaba Taylor, la ciudadanía del siglo XXI se expresa a través de las redes y la tecnología. Este nuevo escenario de discusión ha adquirido una relevancia fundamental a la hora de leer el sentir y pensar de la población. Por ese motivo, el malestar social de la ciudadanía de hoy se ve expresado en las redes sociales, lo cual le da una dinámica que trasciende fuera del límite de las fronteras de los países. En el caso de las protestas sociales del año 2019, que se produjeron en un contexto de malestar social internacional, tuvieron un efecto replicador a gran escala en toda la región de ALC.

De acuerdo a un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la ciudadanía activa en redes sociales en ALC alcanzaba -hasta junio de 2019- los 454 millones de usuarios, un número muy significativo en la región. Esta situación refleja que el debate, la convocatoria, la movilización y la percepción de las situaciones pasan por un nuevo escenario virtual. En este contexto, el debate en redes se ha visto también permeado por las noticias falsas, los ciberataques y demás modalidades difíciles de controlar, teniendo un efecto multiplicador y de influencia en la percepción de la gente. Como lo describe David Denning, este tipo de acciones desarrolladas en el mundo virtual del ciberespacio pueden ser consideradas como delitos informáticos e, incluso, ciberterrorismo,[16] dado sus medios de intimidación y coacción para promover un objetivo político o social. Asimismo, han demostrado su capacidad de producir mayores y más rápidos efectos que un movimiento físico.

Considerar el empleo de los medios de información, comunicación y tecnología bajo los objetivos políticos que puedan tener los movimientos sociales, plantea escenarios que afectan el orden público y la concepción pacífica de la protesta ya que conlleva a la radicalización, la difusión de la violencia y divisiones profundas de la sociedad, generado mayores niveles de inestabilidad, así como caos y anarquía.

Exacerbación del Conflicto Político-Social y Violencia

Los procesos de redefinición de la ciudadanía enfrentan nuevas formas de exclusión (como la tecnológica), generando diferentes formas de acción colectiva que requieren innovadoras formas de respuesta por parte del Estado. En el año 2019, ALC tuvo una fuerte agitación política y criminal, viviendo enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes.[17] Las capitales latinoamericanas donde se dieron masivas movilizaciones sociales no escaparon a los efectos de la corrupción, la violencia y el crimen organizado.

Si bien Latinoamérica -desde los años noventa- venía siendo la región con más homicidios en el mundo, para el año 2019 esta tendencia aumentó, con una tasa de homicidios para hombres de 18 a 19 años estimada en 46 por cada 100 mil, mucho mayor al riesgo que enfrentan sus pares en otras regiones.[18] Esta cifra viene acompañada del hecho que la mayor cantidad de homicidios fueron perpetuados con armas de fuego, lo cual debela un problema de presencia de un mercado ilegal de armas que tiene una fuerte conexión con el tráfico de drogas, así como con la trata de personas.[19] Consecuentemente, en Latinoamérica, la violencia armada tiene una directa relación con la creciente presencia de mercados ilegales en entornos urbanos. Estos mercados consolidan mecanismos de control territorial y protección no asociados a los organismos del Estado y los gobiernos locales.

La violencia latinoamericana es heterogénea. Abarca fenómenos como los conflictos armados, las guerras entre carteles de las drogas ilícitas, así como otras manifestaciones de crimen organizado y violencia organizada que se expanden por la región.[20] Todos estos grupos violentos al margen de la ley han aprovechado el desorden social causado por las manifestaciones sociales del año 2019 para adelantar su agenda de política contenciosa en la región.

Durante estas movilizaciones se caracterizaron hechos concretos de violencia que irrumpían en el carácter pacífico que tiene la protesta. De hecho, la fuerza pública de varios países de la región tuvo que enfrentar: (1) ataques en su contra, (2) secuestro de soldados y policías, (3) robo de material de guerra, intendencia y comunicaciones, (4) obstrucción a las operaciones y procedimientos militares, policiales y judiciales, y (5) prohibición o declaración de zonas vedadas para evitar la presencia de tropas en resguardos y territorios indígenas.

En este punto, vale la pena hacer la diferenciación entre la protesta social que se da en un entorno rural y la que se da en un entorno urbano ya que, de acuerdo al entorno en el que se desarrolla, se visualizan diferentes modalidades de protesta y violencia. En el contexto latinoamericano, en las zonas rurales donde se desarrollan operaciones de erradicación de cultivos ilícitos se ha evidenciado que durante las jornadas de protesta las comunidades atacan a la fuerza pública y a los erradicadores civiles, con la finalidad de impedir que se lleven a cabo tareas de descontaminación de las zonas cultivadas. De esta manera, deslegitiman la actuación del Estado (representado en su fuerza pública), favoreciendo a las organizaciones criminales y sus fuentes ilícitas de financiación.[21] Esto conlleva a una situación en la que las organizaciones criminales toman provecho de las protestas sociales para adelantar su agenda violenta en contra del orden público y la legalidad.

Por otro lado, en los contextos urbanos también se ha podido evidenciar la infiltración de grupos criminales que manejan el tráfico y la venta de drogas en ciertas zonas de las ciudades, donde se aprovecha la situación de caos y desorden. En ese sentido, el porte de armas, la destrucción y saqueo de establecimientos públicos y privados, la vandalización del espacio público, así como el ataque frontal contra la fuerza pública son elementos que caracterizan la violencia en contextos urbanos en el marco de las protestas sociales.

Como lo señala Mary Kaldor, en el siglo XXI la confrontación ha migrado de los grandes espacios rurales a los espacios urbanos donde se vive una constante tensión entre los diferentes grupos sociales. De acuerdo a Kaldor, las ciudades alimentan simultáneamente comunidades inclusivas, cosmopolitas y multiculturales, junto al racismo, la política de clase basada en la creciente desigualdad de ingresos y los fundamentalismos religiosos para segregar, excluir y, lo que es peor, generar asedios y ataques violentos.[22] Dentro de ese escenario emergen actores desestabilizantes, incluyendo organizaciones criminales y terroristas, que cunden el miedo y promueven el caos. Este modo de actuar es lo que algunos teóricos han denominado como la política contenciosa o política de la confrontación.[23] Esta forma de confrontación también suele darse bajo la modalidad de la resistencia sin líderes, o estructura de célula fantasma. Esta última es una estrategia de resistencia social en la que grupos pequeños e independientes (células encubiertas) o individuos (célula denomina «lobo solitario») desafían a una institución establecida, una ley, un sistema económico, un orden social o un gobierno.[24]

Como consecuencia de estos desmanes y actos de criminalidad y vandalismo realizados en el marco de las protestas, la fuerza pública de varios países de ALC se ha visto en la obligación de tomar medidas extraordinarias para el mantenimiento del orden público. Dentro de estas medidas se incluyen órdenes para las operaciones en asistencia militar a la policía, aplicando la doctrina para el control militar en zonas urbanas. En el caso colombiano, se priorizó el uso de unidades militares con capacidades diferenciales y armas menos letales, como las Agrupaciones de Fuerzas Especiales Urbanas y Policía Militar.[25] Todo esto conllevó a que en los escenarios urbanos la fuerza pública contara con unidades entrenadas y equipadas para el control de localidades y el combate a la protesta social violenta.

Desde el punto de vista de la fuerza pública, en el momento en que la protesta social se torna en una movilización violenta, se debe asumir la responsabilidad de enfrentar este tipo de amenaza para garantizar el normal desarrollo social de la población y el orden público, principalmente cuando esa amenaza interna se encuentra representada por organizaciones criminales y economías ilícitas, amparadas y protegidas por la protesta social violenta. Si se analiza esta situación aplicando la teoría de Carl von Clausewitz sobre la “maravillosa trinidad” inseparable, se debería seguir la idea que (1) el Gobierno establece los intereses y los objetivos nacionales, así como toma la decisión política, (2) la Fuerza Pública se encarga de la estrategia para alcanzarlos y (3) la Sociedad respalda las decisiones del gobierno, respetando la institucionalidad.[26]

El problema consiste, entonces, en la forma de mantener el equilibrio entre estas tres tendencias, como si fueran tres polos de atracción. El actuar de la fuerza pública en el marco de la protesta social se rige bajo el ordenamiento jurídico interno y el marco jurídico interamericano. Mucho se ha dicho sobre el exceso del uso de la fuerza y la proporcionalidad a la hora de contener los actos vandálicos en las movilizaciones. Cada una de las entidades ha iniciado los respectivos procesos de investigación, así como se han realizado visitas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para esclarecer los hechos. Sin embargo, se ha generado una imagen de desconfianza sobre la institucionalidad y la legitimidad de la acción de la fuerza pública.

Esta situación evidencia el desequilibrio que existe en lo que Clausewitz determinó como la “maravillosa trinidad” pues, de acuerdo a la teoría, se entiende que el gobierno es quien planifica la política en representación del pueblo, mientras que la fuerza pública es la entidad encargada dentro del ordenamiento institucional con la capacidad y efectividad para hacer cumplir dicha política. Ante situaciones de movilización social violenta, la fuerza pública responde a razón de la política dirigida por el Estado, en representación de los ciudadanos, para garantizar la paz y el orden. En el momento que se rompe ese equilibro, se exacerba el conflicto político social. Por consiguiente, la fortaleza de la institucionalidad democrática juega un rol fundamental para mantener el orden y la estabilidad.

Conclusiones

Los movimientos sociales en ALC son parte activa de la protesta social. Esta afirmación traduce una realidad explicita que se vislumbra en la plaza pública, en las calles y en las redes, donde se ven movimientos sociales que reclaman derechos ante situaciones de profunda desigualdad. Asimismo, la protesta social no surge exclusivamente como resultado de la desigualdad en ALC. Como se analizó anteriormente, a la hora de revisar los indicadores de bienestar social, seguridad, pobreza, educación y gobernabilidad, hay una realidad muy dispareja entre los países de la región. Si bien ciertos países podrían caer en lo que Walter denomina como la Anocracia, una manifestación social de la magnitud que se vivió en Chile no responde a la misma realidad ni circunstancias, ya que es un país con un desempeño económico, social y democrático más consolidado.

Lo mismo aplica para el análisis sobre el estado de la democracia en la región, pues se reafirma la idea que no solo en los países menos democráticos la protesta social es más recurrente. De hecho, la protesta social se enmarca dentro de la legislación de los países auténticamente democráticos. Entonces, ¿De qué manera se exacerba el conflicto político-social en las sociedades de América Latina en el siglo XXI?

Aunque dar una respuesta única que abarque la realidad de toda la región es muy difícil, se han logrado identificar ciertos elementos que caracterizan situaciones comunes a la mayoría de ellos. La ciudadanía del siglo XXI se moviliza en escenarios donde el malestar social se escala rápidamente hasta llegar incluso fuera del límite de las fronteras de los países, a una gran velocidad, potenciada por las nuevas tecnologías. En ese sentido, la ciudadanía está permeada por el debate público que hoy llega también a las redes sociales y que anima la movilización masiva de personas.

Este nuevo escenario de convocatoria y discusión, como los son las redes sociales, está infiltrado también por actores al margen de la ley que promueven la desinformación y la violencia. Particularmente, América Latina -donde los grupos criminales y terroristas adelantan una agenda política que desestabiliza las instituciones- ha sido víctima del actuar de estos grupos en las movilizaciones sociales, sacándolas de su esfera pacífica. La modalidad de operación de estos movimientos sociales que desestabilizan y generan caos ha sido caracterizada por los académicos como la “política contenciosa”. El desafío de la fuerza pública ha sido responder a aquellas amenazas a la seguridad y estabilidad institucional sin violar el derecho democrático de la protesta. Todo esto en aras de mantener el equilibrio de la “maravillosa trinidad” mencionado por Clausewitz. Para ello, los ejércitos de la región han desarrollado novedosas metodologías que les permiten identificar a los actores criminales en los múltiples escenarios donde hoy actúan.

La movilización social del año 2019 en ALC (1) se dio tanto en países democráticos como en los que no lo son, (2) se dio en países profundamente desiguales y en aquellos con mejores indicadores de bienestar, (3) se dio en países con importantes avances tecnológicos y aquellos más rezagados, así como (4) fue un fenómeno transversal en el que la ciudadanía reclamaba una amplia gama de reivindicaciones que terminaron empañadas en la mayoría de los casos por la violencia. Esto ha exacerbado el conflicto político-social afectando la estabilidad institucional de los Estados y poniendo en jaque el estado de la democracia en la región.

Notas finales:

  1. DW, “Protestas en Líbano, la ‘revolución del WhatsApp’”, Deutsche Welle (18 de octubre de 2019), https://www.dw.com/es/protestas-en-l%C3%ADbano-la-revoluci%C3%B3n-del-whatsapp/a-50894507
  2. Eric Hoffer, “El Verdadero Creyente, sobre el Fanatismo y los Movimientos Sociales.” Harper & Brothers (1951).
  3. Stefan Berger y Holger Nehring, “The History of Social Movements in Global”. Springer (2017) https://doi.org/10.1057/978-1-137-30427-8
  4. Dylan Taylor, “Social movements and democracy in the 21st century”. Basingstoke: Palgrave Macmillan (2017), 66, https://doi.org/10.1007/978-3-319-39684-2
  5. RELE, “Protesta y Derechos Humanos”, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión OEA/CIDH, (Washington D. C.: setiembre 2019) https://www.oas.org/es/cidh/expresion/publicaciones/ProtestayDerechosHumanos.pdf
  6. Corte IDH, “Caso López Lone y otros vs. Honduras”, Corte Interamericana de Derechos Humanos (5 de octubre de 2015), 148, https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_302_esp.pdf
  7. RELE, “Protesta y Derechos Humanos”
  8. Ibíd.
  9. Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, “Informe del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación”, Naciones Unidas (Nueva York: 2012), https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-HRC-20-27_sp.pdf
  10. Eugenio Decrema y Benati Stefano. “The mechanics of contentious politics” The Journal of Mathematical Sociology Vol. 44, Iss. 3 (2020), 163-198, https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0022250X.2020.1753187
  11. OEA, “Carta Democrática Interamericana” Tratado, Organización de Estados Americanos (Lima: 11 de setiembre 2001), https://www.oas.org/charter/docs_es/resolucion1_es.htm
  12. Barbara F. Walter, “How Civil Wars Start: And How to Stop Them” (New York: Penguin Random House, 2022)
  13. Ibíd.
  14. IDEA, “The Global State of Democracy 2019 Addressing the Ills, Reviving the Promise”, International Institute for Democracy and Electoral Assistance (Stockholm: 2019), https://www.idea.int/sites/default/files/publications/the-global-state-of-democracy-2019-summary.pdf
  15. Matías Busso y Julián Messina, “La crisis de la desigualdad, América Latina y el Caribe en la encrucijada” Banco Interamericano de Desarrollo (2020), 24, file:///C:/Users/51988/Downloads/La-crisis-de-la-desigualdad-America-Latina-y-el-Caribe-en-la-encrucijada.pdf
  16. Dorothy E. Denning, “Activism, hacktivism, and cyberterrorism: The Internet as a tool for influencing foreign policy” Networks and netwars: The future of terror, crime, and militancy, Journal STORage (2001), 239-288, https://www.jstor.org/stable/10.7249/mr1382osd.13?seq=5#metadata_info_tab_contents
  17. María Alejandra Navarrete y Anastasia Austin, “Balance de homicidios en las capitales de América Latina en 2019”, Insight Crime (5 de marzo de 2020), https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/balance-homicidios-capitales-2019/
  18. UNODC, “Estudio Mundial sobre el Homicidio”, Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Viena: julio 2019), https://www.unodc.org/documents/ropan/2021/HOMICIOS_EN_ESPANOL.pdf
  19. Lucia Dammert, “Estrategias globales de reducción de violencia urbana en América Latina”, UN Institute for Disarmament Research UNIDIR (2020), https://unidir.org/commentary/estrategias-globales-de-reduccion-de-violencia-urbana-en-america-latina-1
  20. Ibíd.
  21. Roberto D. Ortiz, “Guerrilla y narcotráfico en Colombia” Centro de Estudios y Análisis de Seguridad Universidad de Granada (2000), https://www.ugr.es/~ceas/America%20Latina/Guerrilla%20y%20narcotrafico%20en%20Colombia.pdf
  22. Mary Kaldor y Saskia Sassen, “Cities at War: Global Insecurity and Urban Resistance” (Columbia University Press, marzo de 2020).
  23. Eugenio Decrema y Benati Stefano. “The mechanics of contentious politics”
  24. Louis Beam, “Leaderless Resistance”, louisbeam.com (febrero 1992), http://www.louisbeam.com/leaderless.htm
  25. CEDOC, “Protocolo de actuación frente a eventos de violencia o vías de hecho por parte de personal civil contra integrantes del Ejército Nacional” (Bogotá, Comando de Educación y Doctrina del Ejército Nacional de Colombia, 2019).
  26. Carlos Enrique Álvarez, Carlos Giovanni Corredor y Omar Ferney Vanegas, “Pensamiento y cultura estratégica en Seguridad y Defensa: bases para la construcción de una gran estrategia del Estado”, Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova (Bogotá: 2019), https://librosesmic.com/index.php/editorial/catalog/download/20/16/219?inline=1

COMPARTIR

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Las ideas contenidas en este análisis son responsabilidad exclusiva del autor, sin que refleje necesariamente el pensamiento del CEEEP ni del Ejército del Perú

Imagen: CEEEP