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Sendero Luminoso y su Alianza con el Narcotráfico en el VRAEM

Este artículo está incluido en la publicación Ambiente Estratégico 2022: Seguridad, Desarrollo y Defensa Nacional.


Resumen

En este artículo se aborda la alianza existente entre los remanentes del grupo terrorista Sendero Luminoso (SL) y las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). Por un lado, SL necesita solventar sus gastos administrativos y operativos; por otro lado, los narcotraficantes necesitan asegurar sus actividades en la zona, donde -desde hace más de tres décadas- las autoridades nacionales no han podido derrotar a los remanentes de SL, a pesar de un sinnúmero de operativos. Sin duda, la principal preocupación de una organización criminal es mantener y hacer crecer sus operaciones, sin importar quién sea su aliado. En ese sentido, mientras que el Estado no planifique, desarrolle y ponga en marcha un programa efectivo para enfrentar en simultáneo el problema del terrorismo y narcotráfico, estos seguirán existiendo como un mal endémico que afecta a la población y, por consiguiente, a la economía y el desarrollo del país.

Palabras clave: Sendero Luminoso, Narcotráfico, VRAEM.

Introducción

El valle del Alto Huallaga y el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) representan el centro productor de la cocaína en el Perú. Estos lugares fueron invadidos por Sendero Luminoso (SL) a mediados de las décadas de 1980 y 1990, donde formaron “zonas liberadas.” El VRAEM es crucial para los narcotraficantes porque les ha permitido desarrollar en la región un patrón específico de interacción con los remanentes de SL, ayudándoles -a estos últimos- a financiar su revolución en el resto del país durante esas décadas.

En general, las organizaciones terroristas utilizan técnicas y tecnología de punta para diversificar sus fuentes de financiamiento, medios de comunicación y modos de operación. Asimismo, estas organizaciones difunden desinformación mientras ponen en peligro la seguridad de la población, dependiendo -frecuentemente- de las actividades del crimen organizado para alcanzar sus objetivos políticos.[1] En ese contexto, la marginación social y económica, así como las crecientes disparidades y los abusos contra los derechos humanos son condiciones que fomentan el extremismo violento y el terrorismo.

La alianza de SL con organizaciones dedicadas al narcotráfico se originó por la imperiosa necesidad de solventar sus gastos a cambio de brindar seguridad a los narcotraficantes. La transformación de SL se inició en el año 2000, a partir de su mutación como organización criminal en el valle de los ríos Apurímac y Ene, fenómeno favorecido por la debilidad del Estado peruano en la zona, y que actualmente se ha propagado a sectores circundantes al río Mantaro. En ese sentido, en este artículo se aborda el neosenderismo en el VRAEM, el resurgimiento del cultivo de coca en el Perú y Bolivia, y la mutación de SL en una organización narcoterrorista.

Neosenderismo en el VRAEM

La conexión del neosenderismo con el narcotráfico es conocida como narcoguerrilla o narcoterrorismo, pudiendo tener -o no- características de un movimiento organizado. Durante las dos últimas décadas, SL ha desechado la teoría insurreccional de Abimael Guzmán y ha replanteado su estrategia con el objetivo de fortalecer su poder, estabilidad y base económica en el VRAEM a través del narcotráfico. Los neosenderistas operan como una banda criminal organizada a pesar de sus bases políticas, enfatizando la nueva interpretación de sus objetivos políticos.[2] En esta organización prevalece la actividad comercial relacionada con el narcotráfico, brindándoles seguridad y dedicándose al sicariato. Por ello, es importante diferenciar entre terrorismo y narcotráfico, dos actividades socioeconómicas distintas, a pesar de tener adversarios, áreas geográficas y víctimas comunes. Los neosenderistas son solo una pieza más del engranaje del narcotráfico en el VRAEM, involucrándose en el crimen organizado.[3]

Ha habido mucho debate sobre si la guerra impactó principalmente en su ideología o si fue simplemente un capítulo más en la historia post Guzmán de SL.[4] Sin embargo, se puede afirmar que los remanentes de SL se encuentran en un período de acumulación de fuerzas, ante la ausencia del Estado peruano en el VRAEM. Los neosenderistas no son senderistas puros alimentados de ideología, sino que se disfrazan en un discurso político para involucrarse en el narcotráfico y obtener beneficios económicos. No obstante, gracias a ese discurso político logran captar a la población, siendo su experiencia militar y su estructura de organización y mando sus principales fortalezas.

Resurgimiento del Cultivo de Coca en el Perú y Bolivia

Perú y Bolivia son dos países tradicionalmente productores de coca en los Andes centrales de América del Sur, aunque dicha producción se ha incrementado significativamente durante las últimas décadas. Por consiguiente, la atención y los recursos de países como los Estados Unidos (que apoya en mayor medida a Colombia en la lucha contra el narcotráfico) deberían enfocarse también en la zona del VRAEM.

Desde las acciones del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) del año 1952, las cooperativas campesinas han existido en las áreas rurales de Bolivia, generando asociaciones de cultivadores de coca y previniendo el surgimiento de grupos criminales o movimientos guerrilleros como intermediarios. En el Perú, se puede decir que SL se ha convertido en un grupo narcoterrorista debido a la falta de asociaciones de base fuertes entre los campesinos, lo que permitió que ambas organizaciones guerrilleras (SL y MNR) actuaran como intermediarias y protectoras de los narcotraficantes o -en otros casos- realizaran acciones de tráfico de drogas, propiamente dicho.[5]

Para evitar que se repita el efecto globo (empujar el cultivo fuera de un país solo para que reaparezca en otros) el gobierno de los Estados Unidos tendrá que establecer una relación viable con el gobierno de Bolivia, y encontrar formas efectivas de combatir el resurgimiento de SL y el cultivo de coca en el Perú. Si no se logran políticas de control de drogas más efectivas en ambos países, es probable que se produzca un incremento continuo de la producción de coca en Perú y Bolivia, anulando así cualquier progreso de las políticas contra el cultivo y el narcotráfico adoptadas por el gobierno peruano en el VRAEM.

La Mutación de Sendero Luminoso en una Organización Narcoterrorista

Las organizaciones peruanas dedicadas al narcotráfico, conocidas como «firmas,» son débiles en comparación con los grupos criminales colombianos, como los extintos carteles de Cali y Medellín. Los traficantes peruanos están menos organizados, son menos potentes y poco capaces de crear alianzas y tratos con grupos competidores. Tradicionalmente, las «firmas» convierten la hoja de coca en pasta básica de cocaína o clorhidrato de cocaína, coordinando los envíos aéreos de estos productos a Colombia.[6] Sin embargo, los narcotraficantes peruanos han adquirido una mayor autonomía después de que el Cartel de Cali fuera desarticulado en el año 1995 y han comenzado a producir y vender su propia cocaína a bandas mexicanas que envían la droga a los Estados Unidos.[7] Debido a su vulnerabilidad, los narcotraficantes han aceptado la oferta de los remanentes de SL en el VRAEM, a través de la cual se les brinda protección armada contra los operativos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF. AA.), permitiéndoles continuar con sus operaciones delictivas en la zona.

Aunque los traficantes peruanos son lo suficientemente poderosos como para extorsionar y abusar de los campesinos en el VRAEM, son a la par incapaces de hacer frente a las FF. AA. o a la PNP. La falta de un grupo suficientemente fuerte de traficantes que pueda coordinar sus actividades, como ocurriera con la organización de Pablo Escobar para el Cártel de Medellín o la de Orejuela para el Cártel de Cali, es un valido argumento de la teoría de la acción colectiva, en contraste con Colombia. Debido a que los traficantes peruanos confían en la experiencia y seguridad de los sicarios colombianos, también es factible que estos últimos utilicen una estrategia de divide y vencerás con los primeros.[8]

A finales del siglo pasado, existieron alrededor de 12 “firmas” en el Perú, las cuales tenían el control de 100 subgrupos.[9] Las “firmas” más grandes estaban lideradas por capos como Reynaldo Reynoso (detenido en el año 1985), Catalino Escalante (alias “Vampiro”), Guillermo Cárdenas (alias «Mosca Loca») y su hijo Jorge (alias “Mosquito Loco,” detenido en el año 1997), Demetrio Chávez (alias “el Vaticano”), y Elías Chávez (alias “Lan Chile”).[10]

Los traficantes en el Perú tienen un interés compartido por sobornar a las autoridades civiles y/o militares, protegerse de las fuerzas del orden y del Estado, así como obligar a los campesinos a cultivar y vender su hoja de coca a un menor precio. Esta es una directriz que persiguen todas las “firmas” narcotraficantes en el VRAEM. Por lo tanto, estas acciones constituyen un método para incrementar y afianzar el negocio de la cocaína. No obstaste, ninguna de estas “firmas” -por si sola- ha sido capaz de construir una organización sólida y eficaz para lograr esos objetivos.

Por su vinculación con el narcotráfico, SL inició un proceso estructural de transición hacia el neosenderismo, partiendo de sus orígenes como organización criminal en el VRAEM. Si bien es plausible que los narcotraficantes tuvieran interés en frustrar los esfuerzos del gobierno peruano para regular el VRAEM, intentar cambiar el sistema político del país o sus bases económicas y sociales no serviría ni a sus objetivos, ni a los de los ciudadanos del país. Por ejemplo, para los narcotraficantes, la actividad capitalista arquetípica (ilegal) de libre mercado no tendría cabida en una sociedad comunista puritana como la “Nueva República Democrática” que planeó imponer el grupo terrorista SL en su momento. En cambio, la corrupción de políticos y funcionarios gubernamentales es importante para los narcotraficantes como medio de salvaguarda para su comercio. Los narcotraficantes son parte de un mercado global, lo que hace que sea ventajoso para ellos mantener un mercado libre.

El dilema del Estado peruano radica en que, si bien promete brindar un desarrollo alternativo a los campesinos cocaleros (compromiso que existe “en el papel” desde el año 1991), no ha podido, sin embargo, realizarlo, debido a su limitada capacidad y crecimiento socioeconómico ya que, al no haberse mejorado las políticas de control de drogas, el Perú depende del financiamiento externo para llevar a cabo estas iniciativas. En ese contexto, la asistencia de Estados Unidos está más orientada a políticas de represión (interdicción) que de crecimiento económico por lo que, ante esta realidad, los campesinos del VRAEM son más propensos a aceptar la protección de SL. Mientras tanto, los traficantes persisten en sus actividades ilícitas y SL continúa exigiéndoles dinero, pudiendo satisfacer mutuamente sus necesidades y permanecer en dicho lugar. Por consiguiente, sin otras alternativas de desarrollo, la coca seguirá siendo el principal medio de subsistencia de los campesinos del VRAEM.[11]

Conclusiones

El principal objetivo de una organización criminal es mantener y hacer crecer sus operaciones, sin importar con quien aliarse o infringir sus convicciones políticas. En ese sentido, existe una necesidad mutua -entre SL y las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico- por tener una alianza que les beneficie. Mientras que SL necesita quien le pueda solventar sus gastos administrativos y operativos, los narcotraficantes necesitan recibir seguridad en la zona del VRAEM.

Muchos creen que una vez que SL haya sido derrotado militarmente, los campesinos cocaleros podrán agruparse bajo la bandera de una federación sindical nacional de cocaleros y usar las patrullas armadas para chantajear al gobierno o para protegerse de cualquier futura campaña. Si bien es cierto que las acciones terroristas de SL vienen siendo contenidas por las FF. AA. y la PNP, paradójicamente el peligro del narcotráfico se ha incrementado de manera significativa debido a los crecientes niveles de corrupción en los gobiernos regionales y locales del VRAEM.

Otro factor a tener en cuenta es el desequilibrio de fuerzas entre SL y las “firmas” de narcotraficantes en el Perú. Esta diferencia es bastante alta a favor de los remanentes de SL, aunque una alianza no necesita tener una simetría de poder para existir. Esta situación muestra que no existe un “Sindicato de Drogas Peruano,” sino un conjunto de bandas criminales independientes que carecen de recursos para unir fuerzas contra un adversario más grande. Sin embargo, aún se debate si la asociación de SL con los narcotraficantes constituye una alianza o un “matrimonio de conveniencia.” Sin mayores opciones, los narcotraficantes peruanos han aceptado la protección de SL ya que, cuando estos últimos ocuparon el VRAEM, los asesinos a sueldo que trabajaban para las «firmas» fueron casi eliminados.

Debido a la complejidad de los mercados de drogas ilegales, reducir la oferta de estupefacientes también se ha vuelto más complejo. La seguridad, la salud y el bienestar general de las personas y las comunidades se ven amenazados por los niveles, sin precedentes, de cultivo, fabricación y tráfico de drogas ilegales. Varias causas, incluida la urbanización, los cambios demográficos y, en particular, el «aumento de la juventud» y la desigualdad socioeconómica, están impulsando el crecimiento del consumo de drogas, especialmente en los países emergentes.

Mientras el Estado no planifique, desarrolle y ponga en marcha un programa efectivo que pueda derrotar en forma conjunta tanto el terrorismo y como el narcotráfico, estos seguirán existiendo como un mal endémico que afecta no solo a la población de la zona del VRAEM, sino a la economía y desarrollo del país.

Notas finales:

  1. UNODC, “Estudio mundial sobre el tráfico de armas de fuego 2020”, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2020), https://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/2020/Global_Study_Ex_Summary_es.pdf
  2. Fernando Rospigliosi, “La Responsabilidad del Gobierno”, La República (23 de mayo de 2019), https://larepublica.pe/politica/395944-la-responsabilidad-del-gobierno/
  3. Ricardo Soberón, “El narcotráfico en el Perú y la ausencia de políticas de Estado”, Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (Perú: 2007), http://www.desco.org.pe/recursos/site/files/CONTENIDO/11/Peru_Hoy_2007A_12_Soberón.pdf
  4. Raúl González, “Contraataque militar a Sendero Luminoso”, en una entrevista por Páez, Ángel, Diario Digital Republica Dominicana (17 de mayo de 2010), https://hoy.com.do/
  5. Mariano Valderrama y Hugo Cabieses, Questionable Alliances in the War on Drugs: Peru and the United States, (Florida: University Press of Florida, 2004), 53-69.
  6. Administración para el Control de Drogas, “El Comercio Sudamericano de Cocaína: Una ‘Industria’ en transición”, U.S. Department of Justice (2022), https://www.justice.gov/; Pablo G. Dreyfus, “When all the Evils Come Together: Cocaine, Corruption, and Shining Path in Peru’s Upper Huallaga Valley, 1980 to 1995”, SAGE Journals (1999), https://doi.org/10.1177/1043986299015004004
  7. Ibíd.
  8. LaMond Tullis, Unintended Consequences: Illegal Drugs and Drug Policies in Nine Countries (Studies on the Impact of the Illegal Drug Trade), (London: United Nations University, 1995), 72.
  9. Los Señores de la Droga, Actualización sobre el Narcotráfico, (marzo de 1994), 7.
  10. Rensselaer W. Lee III, El laberinto blanco. Cocaína y poder político, (Londres: Transaction Publishers, 1991), 109.
  11. Ibíd.

 

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Las ideas contenidas en este análisis son responsabilidad exclusiva del autor, sin que refleje necesariamente el pensamiento del CEEEP ni del Ejército del Perú

Imagen: CEEEP

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