Este artículo está incluido en la publicación Ambiente Estratégico 2022: Seguridad, Desarrollo y Defensa Nacional.

Resumen

La seguridad ciudadana es responsabilidad de la sociedad en su conjunto, involucrando no solo a las entidades del Estado, sino también a la empresa privada e incluso a la comunidad organizada. Este esfuerzo debería converger en el logro de vivir en armonía, posibilitando el desarrollo de las actividades cotidianas con normalidad. En ese contexto, en este artículo se analiza la capacidad de respuesta de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) para apoyar a la Policía Nacional del Perú (PNP) en la seguridad ciudadana. La problemática encontrada es que las FF. AA. disponen de capacidades para la guerra, las cuales -obligatoriamente- requieren ser adecuadas si se pretende proporcionar un apoyo eficaz. De no mitigar la problemática, es probable que las operaciones de las FF. AA. produzcan efectos negativos a la población en relación con los derechos humanos, así como que los planificadores y participantes sean objeto de problemas judiciales. En tal sentido, es importante crear un ambiente operacional que disponga de normas legales adecuadas y una fuerza militar con capacidades óptimas.

Palabras clave: Estado, Delincuencia, Normas, Capacidad de Respuesta, Seguridad Ciudadana.

Introducción

La problemática abordada en este artículo se enfoca en el mejoramiento de las capacidades de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), las cuales aún no han alcanzado un nivel óptimo que les permita reaccionar de forma eficiente ante cualquier crisis que atente contra la seguridad ciudadana. Para ello, se analizará la normatividad disponible, el tipo de equipo y el nivel de capacitación, instrucción y entrenamiento del personal militar para la planificación y conducción de acciones militares en apoyo al control de la seguridad ciudadana. Al respecto, si bien existe el marco legal para el uso de la fuerza por parte de las instituciones armadas, presenta vacíos que deben ser resueltos con la finalidad de que las FF. AA. realicen operaciones eficaces en apoyo a la Policía Nacional del Perú (PNP) en el campo de la seguridad ciudadana.

Adicionalmente, las FF. AA. están organizadas y equipadas para responder ante una crisis o situación de emergencia que afecte al Estado peruano. Sin embargo, debido a las complejas situaciones de los últimos años, estas habilidades deben modificarse y disminuir su letalidad si se pretende que las FF. AA. se involucren en la seguridad ciudadana. Aunque ciertos elementos de las instituciones armadas tienen experiencia en el uso y empleo de la fuerza para mantener el orden público, resulta necesario que el personal militar sea debidamente entrenado en acciones de intervención y tratamiento con la población. Igualmente, deben de recibir capacitación práctica sobre las técnicas de control de multitudes en acciones de violencia. Por consiguiente, se hace necesario estandarizar los procedimientos de intervención en coordinación con la PNP y, adicionalmente, que las FF. AA. y la PNP realicen un planeamiento conjunto que les permita fortalecer e integrar sus capacidades y, por ende, disminuir sus debilidades.

La Seguridad y Defensa Nacional en la Región

La definición del orden internacional, la globalización y los diversos procesos de integración transnacional han cambiado los conceptos de seguridad y defensa a nivel internacional, regional y nacional. La seguridad y la defensa tienen definiciones diferentes.

La defensa es la acción o conjunto de acciones capaces de proporcionar y mantener la sensación de seguridad en la sociedad; por otro lado, la seguridad es un Derecho Constitucional del ser humano y del Estado, válido en todos los países y constituye, junto con la justicia y el bienestar común, una de las tres finalidades del Estado.^[1]

Vivir con seguridad es un derecho y una necesidad básica de los ciudadanos que el Estado debe garantizar de forma permanente, ya que las amenazas y los conflictos son cada vez más complejos. Asimismo, están surgiendo nuevas formas de conflictos y amenazas de carácter transnacional, que vulneran y afectan el normal desarrollo de las actividades de la población.^[2]

La seguridad de la ciudadanía se ha desbordado en la sociedad. Sistemáticamente, la delincuencia común y la delincuencia organizada están ganando terreno. En muchos países de América Latina, la capacidad de la Policía o agencias similares han llegado al límite del control del crimen. En ese contexto, las FF. AA. están también participando en el control de la seguridad ciudadana.^[3] Si bien existen diferentes opiniones sobre los roles que cumplen las FF. AA., su empleo en la lucha contra el crimen organizado origina debates y controversias. La participación de las FF. AA. en temas de seguridad ciudadana ha tenido un impacto aceptable en la población, logrando disminuir los índices de criminalidad en algunos países de América Latina.

En otros países de Latinoamérica o Europa, las FF. AA. han ampliado su radio de acción en materia de seguridad pública. La globalización ha acentuado el problema de los actores criminales transnacionales que operan dentro de las fronteras nacionales y, en tal sentido, ha sido necesario emplear la fuerza militar adaptando la normatividad sobre el uso de la fuerza.^[4]

Las fuerzas policiales han demostrado ser insuficientes en diferentes lugares del país. Por lo tanto, su capacidad de respuesta se ha visto disminuida, lo que se agravaría frente a los demás desafíos y amenazas emergentes que pudiesen suscitarse. En América Latina, las FF.AA. están cubriendo esta falencia, como es el caso de El Salvador. En ese país, se han diseñado FF.AA. dotadas de capacidades reguladas para enfrentar al crimen organizado; por consiguiente, han tenido que disminuir su efecto letal con fines de un mayor control, y ser únicamente empleadas para casos de emergencia.

Al emplear las FF. AA. cara a cara con la población, esto conlleva consecuencias negativas para los regímenes democráticos a nivel local y nacional; asimismo, podría afectar las libertades civiles, ya que en muchos casos el accionar de las FF. AA. tiene un grado considerable de rudeza y sus armas son para aniquilar y no para controlar, hecho que afectaría seriamente a la ciudadanía.^[5]

En tal sentido, se requiere que los gobiernos capaciten al personal militar con la finalidad de minimizar riesgos potenciales. Esta capacitación debe incluir -como mínimo- los siguientes aspectos: control de multitudes, tácticas de persuasión, inteligencia policial, normas legales, derechos humanos, análisis de crisis en orden público, planeamiento militar-policial, procedimientos de detención, seguridad de la fuerza y análisis de la normatividad legal durante los operativos. Por lo tanto, para implementar efectivamente los nuevos métodos de seguridad, es fundamental formular políticas públicas basadas en hechos y rigor científico.

Se deben cumplir tres condiciones para que este enfoque sea efectivo: Acceso a modernas herramientas de comunicación, disponibilidad y manejo de información veraz y oportuna, así como recursos humanos con capacidades técnicas para gestionar políticas asociadas al nuevo paradigma de seguridad, tanto en ambientes formales como informales.^[6]

Para el planeamiento militar en apoyo a la seguridad ciudadana, el proceso de toma de decisiones depende, en gran medida, de la precisión y accesibilidad de la información e inteligencia militar-policial, ya que permite una evaluación más precisa del problema, reduciendo el peso de variables subjetivas como la sensación de inseguridad, la opinión pública, y la influencia de los medios de comunicación social. Adicionalmente, aún existen problemas de tecnología en el ciberespacio que impiden que los datos sobre delincuencia y violencia se recopilen y sean transmitidos de manera oportuna. Consecuentemente, es necesario que la PNP mejore las capacidades de sus plataformas de control policial para situaciones de conflictos y orden público. Esta información debería ser compartida con las FF. AA. en casos de emergencia y también durante los entrenamientos conjuntos.^[7]

El enfoque sistémico de la seguridad ciudadana requiere de personal con capacidades técnicas y profesionales especializadas en competencias transversales, como el trabajo en equipo, una actitud proactiva y resolutiva, y habilidades de comunicación horizontal y vertical. Sin embargo, es necesario mejorar los sistemas de acceso de datos sobre las actividades de la delincuencia organizada. Para ello, se hace necesario disponer de plataformas y sistemas de control integrados al ciberespacio, que permitan utilizar las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para luchar contra las organizaciones criminales. Estos medios deben ser compartidos con las FF. AA. en sus sistemas de comando y control existentes.

La Seguridad y la Defensa Nacional en el Perú

El Libro Blanco de la Defensa Nacional señala que “los peligros tradicionales provienen de las disputas territoriales, a las que se suman las organizaciones radicales que fomentan la violencia social y los estallidos populares, que están contribuyendo al crecimiento de los conflictos sociales en el Perú.”^[8] Esto conlleva a que la percepción de la inseguridad ciudadana se haya visto significativamente afectada por la globalización. La seguridad ciudadana es la acción del Estado para proteger a la población en todos los campos de la actividad humana a través de estrategias que permitan la convivencia pacífica, igualitaria y libre de toda forma de violencia, basándose en la protección a la vida y los derechos humanos. En tal sentido, el Estado peruano debe de mejorar las políticas públicas, así como la normatividad legal y presupuestaria para que tanto las FF. AA. como la PNP puedan trabajar eficazmente.

El sentimiento de inseguridad ciudadana se ha acrecentado significativamente en los últimos diez años; la delimitación geográfica de Lima y Callao, atribuibles principalmente a factores como el aumento del desempleo y la pobreza, devienen en un nivel de violencia y problemas sociales que ponen en peligro la seguridad personal, propiedad privada y la libertad de las personas.^[9]

En el Perú, las amenazas tradicionales que provenían de disputas territoriales han sido reemplazadas por grupos radicales que fomentan la violencia social y los exabruptos públicos. Usualmente, los disturbios civiles se generan por motivos políticos, sociales y económicos. No obstante, las capacidades de las FF. AA. aún no han sido adaptadas, careciéndose de unidades creadas especialmente para el apoyo al orden interno y la seguridad ciudadana. Asimismo, el aspecto de interoperabilidad no se encuentra convenientemente definido para tal fin. El equipamiento para control de multitudes solo está disponible en ciertas unidades militares de la capital como, por ejemplo, en la Primera Brigada de Fuerzas Especiales y algunas otras unidades de la Segunda División de Ejército acantonadas en la capital.

La PNP, como institución tutelar, tiene la misión de garantizar, mantener y restablecer el orden interno y, por consiguiente, la seguridad ciudadana. Sus esfuerzos se pueden apreciar diariamente; sin embargo, el problema es más amplio y requiere de un real compromiso de las autoridades y complementar con las capacidades militares.^[10]

La PNP ha sido diseñada para acciones de control del orden interno y mantenimiento del orden público, mientras que las FF. AA. están entrenadas para usar la fuerza letal contra el enemigo hasta lograr su destrucción. Esta disyuntiva obliga a regular el tipo de medios y capacidades militares para la seguridad ciudadana. De no ser así, el poder destructivo generaría conflictos sociales y -principalmente- problemas al personal militar que planifica y participa de las operaciones. Por ese motivo, resulta imprescindible la estandarización de los procedimientos de ambas fuerzas para ser empleadas en la seguridad ciudadana.^[11]

Finalmente, una unidad militar diseñada para apoyar el control de la seguridad ciudadana debe de emplear un equipamiento para el control de multitudes, armas no letales, armas letales en mínimas cantidades (solo para casos de emergencia), y sistemas de comunicaciones interoperables con el puesto de comando (ya sea militar o policial). Igualmente, las patrullas militares deben de disponer de comunicación radioeléctrica para cada uno de sus integrantes, mientras que el sistema de comando y control requiere de aviones no tripulados y drones para el monitoreo de los operativos.

Conclusiones

La capacidad militar es el conjunto de recursos y habilidades que permiten llevar a cabo operaciones y acciones militares para contrarrestar amenazas, problemas y preocupaciones en los niveles estratégico, operativo y táctico. Sin embargo, estas capacidades no están adecuadas a los requerimientos operativos que exige el apoyo a la PNP en la seguridad ciudadana, en razón de que el empleo de las armas tiene un efecto destructivo. Las FF. AA. cuentan con ciertas capacidades para participar en el control de la seguridad ciudadana. No obstante, debido a la gran variedad de escenarios que afectan los derechos humanos, sus medios y sistemas de armas deben disminuir el nivel de letalidad. Por ese motivo, estas instituciones deben de adquirir armas no letales orientadas al control de multitudes. Paralelamente, el Estado peruano debe promulgar las normas legales que permitan a las FF. AA. participar adecuadamente.

El empleo óptimo de las FF. AA. para la seguridad ciudadana tiene como centro de gravedad la capacitación del personal militar en las actividades de tratamiento con la población y en el empleo de la fuerza. En tal sentido, es necesario estandarizar los procedimientos en coordinación con la PNP, aprovechando la experiencia y la doctrina policial. La teoría del enfoque sistémico en acciones conjuntas de seguridad ciudadana requiere disponer de personal con capacidades técnicas y profesionales especializadas en competencias tecnológicas de información. Por lo tanto, es necesario disponer de plataformas y sistemas de control integrados al ciberespacio, que permitan utilizar las TIC para luchar contra las organizaciones criminales. Estos medios deben de ser compartidos con las FF. AA. y ser integrados a los sistemas de comando y control existentes.

Adicionalmente, es necesario que exista un planeamiento coordinado entre ambas fuerzas con la finalidad de sincronizar las acciones e integrar sus capacidades. En la etapa de conducción de las operaciones combinadas se requiere detallar y adecuar la capacidad de comando y control. Su ejecución descentralizada vulneraría la unidad de comando, originando la pérdida de la capacidad de maniobra en un escenario donde solo la PNP tiene experiencia. Consecuentemente, se deben establecer los protocolos de intervención de las FF. AA. a fin de no causar daños en la población y no atentar contra los derechos humanos. Por ende, es necesario verificar ambas doctrinas y establecer criterios o protocolos estandarizados.

Notas finales:

1. César Astudillo. “Un ensayo sobre la Seguridad y la Defensa en el Perú – Nuevas Amenazas, Nuevos Roles”, Escuela Conjunta de las Fuerzas Armadas del Perú (diciembre 2017), https://www.esffaa.edu.pe/wp-content/uploads/2020/10/LIBRO-ENSAYO-SEGURIDAD-DEFENSA.pdf ↑
2. Ibíd. ↑
3. Jhon Baylis, Seguridad internacional y global en la era de la posguerra fría. La globalización de la política mundial: Una introducción a las relaciones internacionales (Oxford University Press, 2001). ↑
4. Marcio Da Silva, Empleo de las Fuerzas Armadas brasileñas contra los delitos transfronterizos, (Argentina: Universidad de la Defensa Nacional del Plata, 2017). ↑
5. Ibíd. ↑
6. Eduardo Castro, “La noción de policía en los trabajos de Michel Foucault: objeto, límites, antinomias”, en Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, Universidad Nacional de Colombia (1 de julio de 2019), https://doi.org/10.15446/achsc.v46n2.78218 ↑
7. Matt McDonald, “Securitization and the Construction of Security”, European Journal of International Relations (2008), 563-587, https://doi.org/10.1177/1354066108097553 ↑
8. Juan Carlos Huamaní, Optimización de la capacidad operativa del Ejército en apoyo a la Policía Nacional del Perú frente a la alteración del orden público por conflictos sociales en la minería, (Perú: Escuela Superior de Guerra del Ejército Escuela de Post Grado, 2021). ↑
9. Ibíd., 1. ↑
10. Roger Aguilar, Reyner Arévalo y Javier Ccapa. “Capacidad de respuesta del Ejército del Perú en apoyo a la Policía Nacional en el control del orden interno”, Escuela Superior de Guerra del Ejército Escuela de Post Grado (2019), http://repositorio.esge.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14141/200/CAPACIDAD%20DE%20RESPUESTA%20DEL%20EJÉRCITO%20DEL%20PERÚ%20EN%20APOYO%20A%20LA%20POLICIA.pdf?sequence=3&isAllowed=y ↑
11. Alberto Cahua, Elvis Cabrera y Leoncio Bernal, “Organización y empleo de una fuerza militar especializada para desastres naturales en el Perú”, Escuela Superior de Guerra Escuela de Post Grado (2018), http://repositorio.esge.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14141/145/ORGANIZACIÓN%20Y%20EMPLEO%20DE%20UNA%20FUERZA%20MILITAR%20ESPECIALIZADA%20PARA%20DESASTRES.pdf?sequence=1&isAllowed=y ↑