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Un incidente inédito se produjo en los últimos días con el desplazamiento masivo de migrantes venezolanos indocumentados desde Chile a Perú, lo que llevó al gobierno peruano a militarizar la frontera sur y decretar el estado de emergencia.

Decenas de migrantes decidieron abandonar territorio chileno ante la posibilidad de una victoria electoral del candidato presidencial ultraderechista José Antonio Kast, quien prometió expulsar a los indocumentados.

Desde el viernes, decenas de ellos quedaron varados en la frontera entre Chile y Perú, de unos 150 kilómetros, donde el paso principal está entre la peruana Tacna y la chilena Arica.

Un video publicado por el gobernador de la región fronteriza de Arica, unos 2.200 km al norte de Santiago, reveló la situación al mostrar a decenas de personas intentando salir de Chile en el paso de Chacalluta-Santa Rosa.

El estado de emergencia se mantendrá por 60 días y regirá en los distritos fronterizos de Palca, Tacna y La Yarada-Los Palos, en la región Tacna (sur).

De acuerdo al texto del decreto, el estado de emergencia peruano servirá además “para hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia”, señala la norma. “La Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas”, agrega.

Presión migratoria. El ministro del Interior peruano, Vicente Tiburcio, viajó a la frontera en Tacna, desde donde declaró que medio centenar de soldados del ejército se desplegarán “de inmediato” en el puesto fronterizo peruano Santa Rosa. Otros cincuenta efectivos del ejército se sumarán en los primeros días de diciembre, agregó. La intención es controlar el ingreso de los migrantes y admitir sólo a los que cuentan con permiso.

El canal peruano radio Tacna difundió temprano imágenes de migrantes con niños en brazos en la ruta cerca del paso fronterizo.

Desde Chile, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, dijo que “se ha producido una concentración de personas migrantes que desean abandonar el país y han tenido dificultades en su ingreso a Perú”.

El presidente interino peruano, José Jerí, también justificó la decisión a través de la red social X al señalar que lo hacían “para generar tranquilidad ante el riesgo de ingreso de migrantes sin autorización y que podría amenazar la seguridad ciudadana de nuestro país”.

El canciller peruano, Hugo de Zela, informó por su lado que Lima y Santiago abordarán el tema desde el lunes a través de un “comité binacional de cooperación migratoria” creado expresamente para afrontar la situación.

Señaló que “el estado de emergencia en Tacna permitirá incrementar de inmediato la presencia policial y militar en el lugar, especialmente en la zona de fronteras”.

También resaltó que Perú no acogerá más migrantes sin papeles. Al país arribaron desde 2015 más de 1,5 millones de venezolanos, que huyen de una crisis humanitaria y política. “No permitiremos la migración irregular, no tenemos las condiciones ni capacidad para recibir más migrantes”, declaró el jefe de la diplomacia peruana.

No es la primera vez que Perú militariza la frontera con Chile. En abril de 2023 estuvo dos meses bajo el estado de emergencia también por un desborde de indocumentados venezolanos.

Advertencia de Kast. El ultraconservador José Antonio Kast, favorito para ganar el balotaje del 14 de diciembre en Chile frente a la izquierdista Jeannette Jara, promete expulsar a los 330 mil inmigrantes indocumentados, en su mayoría venezolanos, a quienes vincula con la ola de inseguridad.

“A los inmigrantes irregulares en Chile, les digo que quedan 103 días para que salgan voluntariamente de nuestra patria. Si no salen voluntariamente, van a tener que salir posteriormente a que yo asuma la presidencia”, dijo Kast en un video publicado el viernes en las redes sociales.

Más allá de la utilización política del tema por parte de Kast, Chile se ha convertido en un destino clave de migrantes, principalmente de Venezuela.

La población migrante se duplicó en siete años y alcanzó al 8,8% del total en 2024 en este país de 20 millones de habitantes, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Es la segunda proporción más alta de residentes extranjeros en un país latinoamericano después de Costa Rica, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Venezuela es el principal país de origen de los inmigrantes en Chile (41,6%), seguido de Perú (14,5%) y Colombia (12,3%).

Según estimaciones oficiales, unos 337 mil inmigrantes son indocumentados. La mayoría ingresó al país por la frontera norte con Bolivia y Perú, un área donde el gobierno de Boric desplegó al Ejército a principios de 2022.

El tema es central en la campaña electoral, con una mayoría de chilenos que vinculan el aumento de la delincuencia con la inmigración irregular.

La llegada masiva y acelerada de inmigrantes su-damericanos, y caribeños (principalmente venezolanos y haitianos) a Chile durante la última década ha transformado significativamente la sociedad, la economía y el panorama político del país.

Chile, que tradicionalmente fue un país de emigración, se convirtió en los últimos años en un receptor principal de flujos migratorios en la región.

El impacto de la inmigración

Entre diciembre de 2014 y diciembre de 2018, la población extranjera en Chile se duplicó, pasando de 490 mil a más de 1.25 millones de personas, con un aumento acelerado de venezolanos y haitianos. Este fenómeno ha tenido múltiples consecuencias.

Por un lado, explican los expertos, ha contribuido al crecimiento demográfico y ha rejuvenecido la población chilena, aportando un significativo porcentaje al crecimiento total entre 2010 y 2020. Además, los inmigrantes han incrementado la fuerza de trabajo, ocupando a menudo labores de primera línea y puestos esenciales.

A pesar de que una parte importante de la población migrante (especialmente la venezolana) posee altos niveles de educación (con un alto porcentaje de profesionales), muchos enfrentan obstáculos para homologar sus títulos, lo que resulta en subempleo o trabajos en la informalidad con bajos salarios.

Pero, al mismo tiempo, la concentración de la población migrante ha generado una mayor demanda en los servicios públicos, como salud y educación, obligando a municipios a implementar medidas especiales.

También se ha observado un aumento en los asentamientos informales o campamentos en regiones con alta llegada de migrantes, como Antofagasta. Un impacto social relevante es la creciente hostilidad y xenofobia hacia los migrantes, con una percepción social muy difundida que vincula su llegada con un aumento de la inseguridad pública y la aparición de formas de delincuencia antes menos comunes en Chile.