Resumen

El artículo analiza la expansión de la minería ilegal en la provincia de Pataz, región La Libertad, considerada una de las zonas más críticas y violentas del país. Este fenómeno se sostiene por el alza del precio internacional del oro, la pobreza estructural y la limitada presencia estatal en territorios donde la gobernanza formal es débil o intermitente. La provincia se ha consolidado como epicentro de economías criminales asociadas al oro ilícito, en donde convergen actores locales, intermediarios económicos y redes delictivas con capacidad armada y control territorial.

Asimismo, el estudio examina la utilización distorsionada del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), mecanismo originalmente concebido para facilitar la transición a la legalidad de los pequeños productores mineros, pero que en la práctica ha sido aprovechado por operadores ilícitos para otorgar apariencia de formalidad a actividades que continúan al margen de la regulación ambiental, tributaria y laboral. En Pataz, diversas concesiones operan sin cumplir estándares técnicos y de seguridad, situación favorecida por debilidades en la fiscalización y por la ausencia de verificación en campo.

Finalmente, se presenta una comparación sintética con Madre de Dios, donde predomina la minería aluvial, para identificar patrones estructurales y diferencias operativas. Se plantea la necesidad de rediseñar el REINFO, establecer criterios verificables, fortalecer la fiscalización y promover políticas integrales orientadas a enfrentar los factores estructurales que sostienen la economía ilegal y consolidar alternativas económicas sostenibles. Comprender las dinámicas criminales de Pataz es indispensable para diseñar respuestas estatales integrales capaces de interrumpir las cadenas de valor ilícitas y fortalecer la gobernanza minera en el país.

Palabras clave: minería ilegal, Pataz, Madre de Dios, REINFO, criminalidad organizada, gobernanza territorial, sostenibilidad

Introducción

La minería ilegal representa una amenaza multidimensional para el Perú debido a su impacto en la gobernanza territorial, la seguridad interna y la sostenibilidad ambiental. En regiones donde la presencia estatal es limitada o intermitente, esta actividad ilícita erosiona el control institucional y fortalece estructuras criminales con capacidad de articulación logística y económica. Pataz (La Libertad) es hoy uno de los casos más complejos y críticos del país debido a la consolidación de redes subterráneas vinculadas a la extracción clandestina de oro y la disputa armada por el control de bocaminas y rutas de salida.

Este artículo analiza las dinámicas criminales que configuran el fenómeno minero ilegal en Pataz, evalúa las vulnerabilidades institucionales que permiten su expansión y examina las oportunidades estratégicas del Estado para recuperar la gobernanza territorial. Asimismo, se incorporan referencias comparativas con Madre de Dios únicamente como marco de contraste analítico, con el fin de identificar patrones diferenciados entre minería aluvial y minería subterránea, pero manteniendo el eje central en el caso Pataz.

En consecuencia, el REINFO ha terminado por legitimar indirectamente la expansión de la minería ilegal en varias regiones, entre ellas Pataz. La ambigüedad normativa y la ausencia de mecanismos de trazabilidad del oro han generado un entorno propicio para el lavado de activos, la evasión fiscal y el financiamiento de redes criminales. En el ámbito local, estas distorsiones afectan la gobernabilidad municipal y profundizan la desconfianza ciudadana hacia las instituciones públicas.

1. Panorama General y Contexto de la Minería Ilegal en el Perú

La minería ilegal constituye una de las principales amenazas para la gobernanza territorial, la seguridad ciudadana y la sostenibilidad ambiental del país. Su impacto degrada ecosistemas, fomenta economías ilícitas y debilita la legitimidad estatal, especialmente en zonas con presencia institucional frágil o intermitente. Este problema se manifiesta con especial intensidad en Pataz (La Libertad) y Madre de Dios, regiones que presentan contrastes geográficos y sociales, pero comparten factores estructurales que explican la persistencia del fenómeno.

1.1. Distinción Crítica entre Minería Ilegal y Minería Informal

Es necesario diferenciar minería ilegal de minería informal. La minería ilegal opera completamente al margen de la ley y resiste procesos de formalización debido a que su modelo de negocio depende estructuralmente de la clandestinidad. La minería informal, en contraste, involucra actores que no cumplen plenamente los requisitos formales, pero que buscan regularizarse. En la práctica, esta distinción se complejiza debido a que la cadena de valor involucra eslabones legales e ilegales simultáneamente, generando zonas grises que dificultan la fiscalización y permiten que actores ilícitos se oculten bajo lógicas híbridas de operación (Basombrío, Valdés y Vera 2019).

1.2. Tipologías estratégicas de criminalidad vinculada a la minería ilegal
1.2.1. Criminalidad económica: incluye evasión tributaria, contrabando de insumos fiscalizados, lavado de activos y utilización de mecanismos legales para legitimación de oro ilícito. Estudios recientes muestran que esta actividad ha sido estructurada por grupos organizados que emplean empresas fachada, rutas de exportación opacas y mecanismos de blanqueo (Kempers, 2020; Kleinhenz, 2023).

1.2.2. Criminalidad territorial violenta: se refiere al control armado de accesos, extorsión sistemática, disputas por rentas ilícitas y coerción directa sobre poblaciones locales y operadores mineros. Por ejemplo, en zonas como la sierra de La Libertad se han documentado asesinatos vinculados al control de túneles auríferos ilegales. Asimismo, comunidades amazónicas denuncian el uso de menores como “escudos humanos” por parte de redes que dominan los campamentos mineros (Reuters, 2025).

1.2.3. Criminalidad ambiental: uso de sustancias altamente contaminantes (como mercurio y cianuro), degradación ecosistémica severa y generación de pasivos ambientales sin mecanismos de remediación. Esta dimensión ha sido ampliamente documentada en la Amazonía peruana, en particular en la región de Madre de Dios, donde se vincula la deforestación con la minería ilegal y la contaminación por mercurio (Buccella, 2014; FCDS, 2024).

1.2.4. Criminalidad social‑laboral (dimensión transversal añadida): explotación laboral, trata de personas, trabajo infantil, migración forzada y vulnerabilidad en comunidades rurales. En muchas áreas de la Amazonía y la sierra, la minería ilegal opera con desplazados que aceptan condiciones extremas, sin protección social ni derechos laborales, lo que la hace una forma de economía ilícita de subsistencia (Villagra Perú et al., 2024).

1.2.5. Dinámicas híbridas y resiliencia del crimen: los actores combinan prácticas legales e ilegales (por ejemplo, funcionan cooperativas de “formalización” pero infiltran oro ilícito), adaptan sus estrategias ante operativos estatales y aprovechan vacíos normativos (Karzanova & Aliaga Córdova, 2022).

Esta caracterización permite comprender la minería ilegal como fenómeno híbrido con impactos transversales que requieren respuestas estatales diferenciadas y sostenidas.

2. Causas Estructurales de la Expansión Minera Ilegal

La expansión y persistencia de la minería ilegal en el Perú responde a un conjunto de factores estructurales que interactúan entre sí y que trascienden la dimensión puramente criminal. Estas causas pueden agruparse en cuatro dimensiones interdependientes: normativa, socioeconómica, comercial y territorial. Todas ellas encuentran condiciones habilitantes en la debilidad del Estado, en la ausencia de trazabilidad del oro y en los incentivos generados por el mercado internacional.

2.1. Debilidad Normativa y Fiscalización Insuficiente

A pesar de existir marcos regulatorios específicos, la capacidad fiscalizadora del Estado sigue siendo limitada. En zonas críticas como Pataz, las entidades competentes —SUNAT, FEMA y la Dirección General de Formalización Minera (DGFM)— carecen de recursos logísticos, inteligencia operativa y despliegue territorial para intervenir con eficacia sostenida. Según La República (2024), al menos 17 operativos realizados en Pataz no lograron detener las actividades ilícitas debido a la protección instrumental proporcionada por el REINFO.

En Madre de Dios, pese a intervenciones como Mercurio 2019, los mineros retornaron a zonas como La Pampa debido a la falta de presencia estatal permanente (Mongabay Latam 2023). En paralelo, El Comercio (2023) reportó más de 300 operativos sin resultados duraderos entre 2020 y 2022. Perú21 (2023) advirtió, además, expansión hacia regiones colindantes como Áncash y Huánuco, replicando el mismo patrón de debilidad institucional.

2.2. Exclusión Socioeconómica y Ausencia de Alternativas Sostenibles

La minería ilegal surge como válvula económica frente a la ausencia de oportunidades formales de desarrollo. En territorios de difícil acceso como Pataz y Madre de Dios, las actividades agrícolas e industriales son limitadas, lo que empuja a miles de personas a incorporarse a economías extractivas ilícitas. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo (DP 2022), más de 250 000 personas participan actualmente en actividades mineras ilegales en el país.

En Pataz, la minería ilegal evolucionó hacia una industria tecnificada bajo dominio de organizaciones criminales con control territorial armado. En Madre de Dios, predomina una minería aluvial rudimentaria, pero con igual efecto destructivo.

2.3. Demanda Internacional y Falta de Trazabilidad del Oro

El aumento sostenido del precio del oro en los mercados internacionales ha provocado un crecimiento en la extracción ilegal. En 2023, el valor del metal superó los 2 000 dólares por onza, lo que impulsó con mayor fuerza la minería no regulada. Por otra parte, la carencia de un sistema nacional de trazabilidad ha facilitado la mezcla del oro ilegal con el legal, permitiendo su ingreso sin control al circuito exportador.

De acuerdo con el Instituto Peruano de Economía (IPE), Perú exporta anualmente una cantidad de oro ilegal superior al total legal exportado por seis países latinoamericanos en conjunto. Este fenómeno se presenta tanto en Pataz, donde el mineral se traslada a Trujillo para su procesamiento en plantas privadas, como en Madre de Dios, donde el oro aluvial se funde y comercializa mediante empresas fachada.

Igualmente, reportes de La República (2023) manifiestan que numerosas plantas de beneficio en La Libertad carecen de mecanismos para verificar el origen del mineral que reciben. De modo análogo, El Comercio (2023) indicó que, en Madre de Dios, solo el 10 % del oro exportado desde Puerto Maldonado posee origen trazable.

2.4. Evaluación Crítica del REINFO: Vulnerabilidades y Uso Distorsionado

El REINFO fue creado mediante el Decreto Legislativo N.º 1293, en 2017, como parte del proceso de formalización minera integral. Su finalidad consiste en proporcionar una herramienta administrativa que permita a los mineros artesanales y de pequeña escala acceder a un procedimiento progresivo de adecuación hacia la legalidad, cumpliendo estándares ambientales, laborales y técnicos. Sin embargo, su diseño normativo presentó vulnerabilidades que facilitaron usos irregulares y distorsionaron sus objetivos iniciales.

Diversos informes, entre ellos el de la DP (Informe N.º 015-2022-DP/AMASPPI-PPI), señalan la ausencia de mecanismos de verificación en campo y la carencia de capacidad operativa en las direcciones regionales de minería para supervisar a los inscritos. Además, la SUNAT carece de métodos efectivos para el cruce de información entre la comercialización de oro y la procedencia del mineral registrado en el REINFO.

Los datos del MINEM (2023) evidencian que, de más de 86 000 mineros inscritos, solo el 2,4 % ha culminado satisfactoriamente el proceso de formalización. Además, el 64 % no ha presentado los instrumentos ambientales requeridos, mientras que el 22 % carece de sustento legal sobre la titularidad de los terrenos donde desarrolla sus actividades. Esta situación distorsiona la política pública, dado que un instrumento concebido para promover la legalidad ha terminado por amparar operaciones ilícitas y otorgarles una forma de inmunidad administrativa y penal.

El informe especial del diario El Comercio, publicado en 2023, «La minería informal e ilegal en el Perú» destaca que, al menos, 10 000 mineros inscritos en el REINFO operan en zonas prohibidas, tales como áreas naturales protegidas y territorios indígenas. La FEMA ha advertido que los mineros inscritos en el REINFO no pueden ser sujetos de interdicciones, situación que ha sido aprovechada por organizaciones criminales para expandir sus actividades bajo una cobertura formal.

Aunque el REINFO fue creado como una herramienta para promover la formalización, ha enfrentado limitaciones operativas y ha sido utilizado irregularmente en algunos casos. Esto ha generado cuestionamientos sobre su efectividad y evidenciado la necesidad de implementar reformas que fortalezcan su función técnica y legal. En regiones como Madre de Dios y La Libertad, se ha detectado que mineros registrados continúan operando en zonas prohibidas, incorporando oro ilícito al comercio formal sin controles adecuados.

De acuerdo con el IPE, el Perú exporta más oro ilegal que la suma del oro legal exportado por seis países latinoamericanos, lo que pone en evidencia la falta de trazabilidad y control en el sector minero. Esta problemática se agravó por las reiteradas prórrogas normativas aprobadas por el Congreso de la República. En marzo de 2024, se autorizó una nueva extensión del REINFO hasta diciembre de 2027, bajo el argumento de proteger el empleo en zonas rurales. No obstante, expertos como César Ipenza y Alicia Abanto, de la DP, han advertido que esta medida beneficia principalmente a redes ilegales que se amparan en una fachada de formalización.

3. Zonas Críticas de Minería Ilegal en el Perú

El fenómeno de la minería ilegal se expresa con distintas configuraciones territoriales en el país, dependiendo de factores geográficos, económicos y criminales. Los casos de Madre de Dios, Puno y La Libertad evidencian patrones diferenciados, pero convergen en la existencia de mercados ilícitos de oro, ausencia sostenida del Estado, captura territorial y uso instrumental del REINFO.

3.1. Madre de Dios: Minería Aluvial e Impacto Ambiental

Madre de Dios constituye uno de los epicentros más graves de minería ilegal en América del Sur. De acuerdo con el IPE (2023), el Perú exporta más oro ilegal que la producción legal conjunta de seis países latinoamericanos, lo que revela la magnitud del fenómeno. El incremento del precio internacional del oro aceleró el ingreso masivo de mineros, ampliando la deforestación de zonas como La Pampa, donde la actividad devastó miles de hectáreas de bosque amazónico.

El uso intensivo de mercurio —metal neurotóxico— contamina suelos y cuerpos de agua, afectando comunidades indígenas y ecosistemas amazónicos. La Autoridad Nacional del Agua reportó niveles de mercurio cien veces superiores a los límites permisibles en zonas próximas a La Pampa (ANA 2022). Pese a operativos como Mercurio 2019, los mineros ilegales se replegaron hacia zonas cercanas como Alto Malinowski y Nueva Arequipa (Mongabay Latam 2023).

Además, la minería aurífera ilegal sostiene economías ilícitas transfronterizas vinculadas a trata de personas, contrabando de insumos químicos y lavado de activos (Insight Crime 2023). La falta de un enfoque integral —que combine fiscalización sostenida, desarrollo alternativo y trazabilidad real del oro— perpetúa su expansión.

3.2. Puno: Minería en Altura y Vulnerabilidad Social

En Puno, distritos como Ananea y La Rinconada (más de 5000 m s. n. m.) albergan uno de los conglomerados mineros ilegales más grandes del país, donde más de 50 000 personas dependen de la actividad en condiciones de precariedad extrema. En este contexto, el REINFO ha funcionado como escudo legal para miles de operadores ilegales que evaden sanciones penales y administrativas (El Comercio 2023).

La contaminación por metales pesados como mercurio y arsénico afecta cabeceras de cuenca y comunidades agrícolas del valle del Ramis (OEFA 2022). Asimismo, la presencia de “payaqueras”, mujeres que recolectan mineral residual sin protección ni derechos laborales, evidencia una explotación sistemática de género en el circuito aurífero ilegal. Según IDL-Reporteros (2023), redes criminales vinculadas al tráfico ilícito de insumos y extorsión ejercen control territorial permanente en estas zonas.

3.3. La Libertad: Minería Subterránea y Crimen Organizado

En La Libertad, el caso de Pataz refleja el grado de consolidación del crimen organizado minero. Organizaciones armadas controlan bocaminas, rutas, campamentos y cadenas logísticas completas. Convoca.pe (2024) informó que cientos de toneladas de mineral salen de Pataz diariamente hacia plantas de procesamiento en Trujillo sin trazabilidad verificable. El REINFO opera como mecanismo para legitimar mineral ilícito, insertándolo en canales de comercialización formal sin comprobación de origen.

La Defensoría del Pueblo advirtió que este sistema ilegal se encuentra asociado a lavado de activos, corrupción local y captura de autoridades (DP 2023). Incluso con operativos militares y medidas excepcionales, las intervenciones no han logrado resultados sostenidos debido a falta de continuidad, coordinación interinstitucional y vulnerabilidades normativas que siguen siendo aprovechadas por redes criminales.

La minería ilegal en Pataz evidencia la transición hacia una lógica paramilitar territorializada, donde la ilegalidad se convierte en orden paralelo y la presencia estatal formal queda subordinada a estructuras violentas con capacidad económica superior.

4. Impacto de la Minería Ilegal en Pataz y Madre de Dios

La minería ilegal ha experimentado un notable incremento en magnitud, complejidad y capacidad de daño en regiones como Pataz (La Libertad) y Madre de Dios. En ambos casos, esta actividad genera degradación ambiental severa, economías criminales de alto rendimiento y un deterioro acelerado del tejido social, comprometiendo la gobernabilidad y la seguridad nacional. Los efectos son multifacéticos, afectando de manera directa el medio ambiente, la economía local y la estabilidad social, lo que requiere un análisis detallado de cada dimensión.

4.1. Consecuencias Medioambientales

En Madre de Dios, epicentro de la minería aurífera ilegal en la Amazonía peruana, los efectos ambientales son particularmente devastadores. El uso indiscriminado de mercurio en los procesos de amalgamación ha convertido a la región en una de las más contaminadas del hemisferio sur. Según Conexión ESAN (2019, 100), “por cada kilogramo de oro extraído ilegalmente se emplean aproximadamente 2,8 kilogramos de mercurio; la minería ilegal e informal produce cerca de 24 000 kilogramos de oro, lo que implica el uso de alrededor de 48 000 kilogramos de mercurio por año”. Este compuesto altamente tóxico se libera a la atmósfera durante la combustión de la amalgama, afectando gravemente la salud humana, los cuerpos de agua y la biodiversidad local.

La degradación ambiental se evidencia también en la Reserva Nacional Tambopata, donde más de 50 000 hectáreas han sido deforestadas. El uso de maquinaria pesada y sustancias químicas contaminantes ha alterado el curso de ríos como el Malinowski y el Madre de Dios, afectando las cadenas tróficas y reduciendo la disponibilidad de agua limpia para comunidades originarias y campesinas. Además, la explotación aurífera no regulada acelera la erosión del suelo, impidiendo la regeneración natural del bosque y limitando el potencial agrícola y ecoturístico de la región (Conexión ESAN, 2019).

En contraste, en Pataz, el impacto ambiental es menos evidente debido a la topografía accidentada de la sierra liberteña, pero no por ello menor. El manejo inadecuado de cianuro y mercurio, así como el vertido de desechos mineros en quebradas y riachuelos, ha contaminado fuentes hídricas esenciales para consumo poblacional y agrícola. La fragmentación del paisaje y la alteración de microcuencas locales comprometen los servicios ecosistémicos y la capacidad de recuperación natural de la región.

4.2. Repercusiones Económicas

El impacto de la minería ilegal no se limita al medio ambiente; también genera profundas repercusiones económicas. Esta actividad ha consolidado una economía paralela de alta rentabilidad. Montaño (2020, 100) señala que “más de 1 500 toneladas de oro se exportaron desde el Perú entre 2015 y 2019 sin que se sepa quién las extrajo”. Este fenómeno se manifiesta con especial intensidad en Madre de Dios, donde se estima que la minería ilegal genera alrededor de 2 000 millones de soles anuales, mientras que el Estado percibe solo aproximadamente 40 000 soles por canon minero, lo que implica una pérdida tributaria de entre 300 y 600 millones de soles anuales. Esta situación limita considerablemente la capacidad estatal para financiar obras públicas y programas sociales.

La informalidad minera también distorsiona la economía local. En Madre de Dios, el ingreso de grandes sumas de dinero no bancarizado provoca inflación en bienes y servicios esenciales, mientras que la extracción y comercialización de oro sin trazabilidad debilita la competitividad del sector formal y desincentiva la inversión privada.

En Pataz, la expansión de la minería informal ha surgido de operaciones que inicialmente fueron formales o estaban en proceso de formalización. Actualmente, el oro ilegal se canaliza a través de cooperativas o empresas fachada, distorsionando el mercado aurífero y consolidando una economía paralela que facilita la evasión tributaria y el lavado de activos (Montaño, 2020). Esta dinámica evidencia cómo los impactos económicos están estrechamente vinculados a la debilidad institucional y a la falta de control efectivo sobre la actividad minera.

4.3. Efectos Sociales y de Seguridad

El deterioro del tejido social es uno de los impactos más preocupantes de la minería ilegal, manifestándose de manera intensa en Madre de Dios y, de forma creciente, en Pataz. La expansión descontrolada de campamentos mineros ha favorecido el aumento de la criminalidad organizada, la trata de personas, el trabajo infantil y la explotación laboral. Cuba (2019, 107) sostiene que “el Estado no ha implementado un sistema de trazabilidad de oro, por lo que no tiene forma de conocer de qué manera se extrajo”, lo que limita la eficacia de los mecanismos de control sobre redes ilegales vinculadas al narcotráfico y al comercio ilícito de insumos químicos.

En Madre de Dios, los enfrentamientos entre bandas criminales por el control de zonas de extracción son frecuentes, así como los ataques a las fuerzas del orden durante operaciones de interdicción. La carencia de servicios básicos en los campamentos ilegales genera un entorno de marginalidad extrema, donde mujeres y menores se encuentran expuestos a condiciones de vida y laborales inhumanas.

Por su parte, en Pataz, la violencia asociada a la disputa por corredores auríferos ha aumentado notablemente. Las mafias locales utilizan la minería ilegal como fuente de financiamiento y control territorial, dominando accesos, rutas y centros de acopio. Zonas como Parcoy, Pías y Retamas registran actos de violencia letal, amenazas a líderes sociales y sabotajes a actividades mineras formales. Este vacío de poder en áreas remotas de la sierra es ocupado por redes criminales que operan con lógicas paramilitares, debilitando la autoridad estatal.

En conjunto, se estima que más de 250 000 personas laboran en condiciones ilegales en la minería peruana, muchas concentradas en estas dos regiones, representando alrededor del 15 % de la producción minera nacional. Este fenómeno evidencia una problemática estructural que requiere una respuesta intersectorial, articulada y sostenida en el tiempo.

5. Respuesta Estatal y Desafíos para la Gobernanza Minera

5.1. Situación Actual de Pataz: Criminalidad y Gobernanza en Crisis

La provincia de Pataz, en la región La Libertad, se ha consolidado como uno de los principales epicentros de minería ilegal en el Perú, configurando un entorno de alta conflictividad social y criminalidad organizada que amenaza directamente la seguridad y la gobernabilidad del Estado. Esta actividad ilícita opera mediante organizaciones que han tomado control de socavones, rutas de acceso, campamentos mineros e incluso servicios básicos. Estas estructuras desplazan a actores formales y vulneran el principio de autoridad estatal, al emplear la fachada del REINFO para simular legalidad, evadir fiscalización y sostener operaciones que generan ganancias millonarias al margen de los sistemas tributario y ambiental.

Uno de los episodios más graves ocurrió en mayo de 2025, cuando 13 trabajadores contratistas de la empresa minera Poderosa fueron secuestrados y asesinados en una de sus galerías subterráneas. Este hecho se suma a una serie de atentados registrados desde 2020, los cuales comprenden sabotajes a torres de alta tensión, asesinatos selectivos, enfrentamientos armados y destrucción de infraestructura energética, pese a la vigencia del estado de emergencia en la provincia desde el año anterior (Reuters 2025; El País 2025). Como respuesta, se dispuso la instalación de una base militar en Pataz, la imposición de un toque de queda nocturno, la suspensión temporal de actividades mineras y el despliegue de operativos conjuntos entre la PNP, las FF. AA., la Fiscalía, la SUNAT y el Ministerio del Ambiente (MINAM). Como resultado, se destruyeron bienes vinculados a la minería ilegal por un valor superior a los 30 millones de soles (Gobierno del Perú 2025).

No obstante, la eficacia de estas acciones ha sido cuestionada por especialistas y actores locales. En este sentido, el general PNP Guillermo Llerena, Jefe de la Región Policial, reconoció que la intervención ante la masacre de los 13 trabajadores fue tardía, ya que inicialmente se subestimó la veracidad del secuestro (El País 2025). Por otro lado, diversos analistas coinciden en que las fuerzas del orden enfrentan severas limitaciones operativas, que incluyen la carencia de inteligencia especializada, escasa logística adaptada al terreno y restricciones legales para intervenir en socavones subterráneos, donde se concentra la actividad ilícita.

Desde una perspectiva más amplia, el especialista en políticas energéticas y exviceministro del MINAM, Pedro Gamio, advirtió que la minería ilegal representa, en la actualidad, una amenaza estructural para el país, al estar “relacionada con el crimen organizado, la trata de personas y el tráfico de insumos químicos”, operando sin fiscalización efectiva ni aportes tributarios (Gamio 2025). Igualmente, resaltó como principal obstáculo la protección jurídica de concesiones inactivas que impide su recuperación y uso racional: “el tema principal es el título para explotar áreas que tienen concesión vigente… ese marco jurídico protege las concesiones otorgadas” (Gamio 2025). Asimismo, criticó las reformas recientes que han debilitado la lucha contra este flagelo, como la exclusión de la minería ilegal del marco del crimen organizado y las modificaciones a la ley de extinción de dominio. En adición, Gamio destacó que existen experiencias exitosas de colaboración entre grandes empresas y pequeños productores, las cuales podrían consolidarse si se diseña una política diferenciada que distinga entre minería ilegal, minería artesanal y pequeña minería. Además, apuntó que menos del 3 % de las concesiones otorgadas en el país están en operación activa, pese a que el 20 % del territorio nacional se encuentra concesionado, lo cual evidencia un margen considerable para implementar una estrategia territorial más inclusiva y ordenada (Gamio 2025).

Una entrevista realizada en Radio Programas del Perú (RPP) enfatiza una conexión crítica entre la minería ilegal y el crimen organizado, indicando que esta actividad “no respeta el medio ambiente, no paga impuestos y está vinculada al crimen organizado” (RPP 2025). Esta caracterización aborda de forma integral las dimensiones criminal, económica y ambiental del problema en Pataz.

En síntesis, el IPE ha estimado que en 2024 las exportaciones de oro ilegal alcanzaron los 7 400 millones de dólares, representando cerca del 48 % del total de exportaciones auríferas del país. Esta cifra contrasta con la reducción del 30 % al 37 % del presupuesto estatal destinado a combatir esta actividad ilícita en los últimos cinco años (DAR 2025). Tal disparidad refleja una brecha crítica entre la magnitud del problema y la capacidad de respuesta del Estado. En definitiva, la situación en Pataz revela no solo una crisis local de seguridad, sino un desafío nacional en materia de gobernanza territorial, fortalecimiento institucional y control efectivo de los recursos estratégicos del país.

5.2. Estrategias y Soluciones Prácticas en Contextos Críticos: Pataz y Madre de Dios

Las regiones de Pataz (La Libertad) y Madre de Dios, en la Amazonía suroriental, representan focos emblemáticos de minería ilegal en el Perú, donde confluyen economías extractivas informales, crimen organizado y vacíos del Estado. Ante esta realidad, resulta urgente diseñar e implementar estrategias diferenciadas e integrales que respondan a las particularidades geográficas, sociales y criminales de cada territorio (“The Guardian” 2021, Mongabay Latam 2023).

En Madre de Dios, la minería aurífera ilegal se ha desarrollado durante décadas bajo una lógica extractiva informal sostenida por redes de contrabando, corrupción y tráfico de insumos químicos. Informes de The Guardian (2021, 15) revelan que el mercurio, principal insumo contaminante, continúa ingresando desde Bolivia a pesar del Convenio de Minamata, contribuyendo a la degradación de vastas áreas protegidas, como la Reserva Nacional de Tambopata. El Estado ha implementado operativos como Mercurio 2019; sin embargo, sin una presencia institucional sostenida, los resultados han sido temporales (Mongabay Latam 2023).

En Pataz, la minería ilegal presenta una estructura más verticalizada y violenta, con organizaciones criminales que controlan corredores de extracción, transporte y procesamiento de oro. InSight Crime (2022 38) documenta cómo grupos armados actúan como «carteles mineros», disputándose el control de yacimientos y centros de acopio, utilizando la extorsión, el sicariato y la corrupción como mecanismos de poder. Por ello, una estrategia efectiva debe priorizar la intervención militar y policial permanente, en coordinación con fiscales ambientales y autoridades regionales. La creación de bases de control territorial en puntos estratégicos —como los accesos a Retamas, Parcoy y Pías— permitiría interrumpir el flujo logístico de estas redes y restablecer el principio de autoridad estatal.

En ambas regiones, es imprescindible fortalecer los mecanismos de fiscalización y control tributario. El País (2022, 22) señala que la SUNAT y la OEFA carecen de los recursos operativos y logísticos necesarios para realizar supervisiones sostenidas en zonas remotas, lo cual impide sancionar a intermediarios, acopiadores y comercializadores de oro ilegal. Por consiguiente, se propone la creación de un sistema de trazabilidad minera multiescala, con participación interinstitucional y tecnologías como monitoreo satelital y blockchain, que permita verificar la procedencia lícita del oro, desde su extracción hasta su exportación.

Asimismo, es necesario abordar el control del mercurio y cianuro, insumos clave para las operaciones ilegales. En Madre de Dios, a pesar de los decomisos realizados, el contrabando persiste (Reuters 2023). En Pataz, el uso de cianuro ha generado pasivos ambientales en microcuencas altoandinas, contaminando fuentes de agua utilizadas para riego y consumo humano. Por ello, el Estado debe reforzar los controles aduaneros en puntos clave como Puerto Maldonado y Trujillo, implementando fiscalizaciones coordinadas entre la SUNAT y la Dirección de la Policía Fiscal (DIRPOFIS).

La respuesta estructural, sin embargo, debe trascender las medidas de control. Tanto en Madre de Dios como en Pataz, la dependencia de la minería ilegal constituye una consecuencia de la limitada disponibilidad de oportunidades económicas sostenibles. Diversos estudios del Inter-American Dialogue (2021) y del International Crisis Group (2022) sostienen que, sin una alternativa productiva tangible, las acciones represivas solo producen desplazamiento geográfico de la actividad, sin solucionar su raíz estructural. En ese sentido, es crucial promover modelos económicos alternativos y sostenibles, diferenciados para cada región: en MDD, mediante inversión en ecoturismo, reforestación y agroforestería; y en Pataz, a través de agricultura tecnificada, cadenas de valor agroexportadoras y reconversión minera supervisada.

La educación ambiental y cívica debe desempeñar un rol central. La República (2022) documenta cómo, en zonas rurales de ambas regiones, la minería ilegal es percibida como una actividad legítima y necesaria, incluso frente a su evidente impacto destructivo. Por ello, se requieren campañas educativas con enfoque intercultural, articuladas a la escuela rural, medios comunitarios y liderazgos locales, para desmitificar la minería ilegal y promover una visión de desarrollo basada en la legalidad, la justicia ambiental y la sostenibilidad intergeneracional.

En síntesis, las estrategias contra la minería ilegal en Pataz y MDD deben combinar reforma institucional, presencia estatal efectiva, cooperación interagencial, desarrollo alternativo y transformación cultural, bajo una política de Estado que garantice continuidad, legitimidad social y eficiencia operativa.

6. Gobernanza Estatal, Respuesta Institucional y Desafíos Estratégicos

La respuesta del Estado peruano frente a la minería ilegal ha sido históricamente fragmentada, reactiva y centrada en la interdicción militarizada, sin lograr resultados sostenibles en el tiempo. Las sucesivas ampliaciones del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) han prolongado indefinidamente un régimen transitorio que, en lugar de cerrar brechas, ha terminado siendo utilizado como instrumento de protección para operadores ilegales, especialmente en zonas como Pataz y Madre de Dios (Basombrío, Valdés, & Vera, 2019). La ausencia de verificación en campo, la falta de indicadores de trazabilidad y la débil articulación interinstitucional han debilitado la capacidad sancionadora del Estado.

No obstante, los esfuerzos recientes articulados entre las Fuerzas Armadas del Perú (FF.AA.), la Policía Nacional del Perú (PNP) y otros actores estatales en Pataz muestran avances tangibles. Las autoridades informaron que los operativos del Comando Unificado Pataz (CUPAZ) superaron los S/ 238 millones en pérdidas provocadas a las redes de minería ilegal, con la destrucción de 68 bocaminas, 20 socavones, 42 campamentos y la incautación de armas de fuego y municiones. (RPP, 2025). En otro operativo “ATOQ”, la FF.AA. y la PNP lograron incautar bienes valorizados en S/ 628 900 y detener a nueve personas vinculadas a organizaciones criminales especializadas en extracción de oro ilegal en el anexo Vijus (Diario Correo, 2025; Infobae, 2025). Estas operaciones también facilitaron la instalación de puestos de control en Shicún, Calquiche y Pamparacra, fortaleciendo la presencia estatal en territorios antes inaccesibles (Government of Peru – Mindef, 2025; LPDerecho, 2025).

Estas intervenciones han permitido que instituciones como la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC) y la Dirección General de Formalización Minera (DGFM) ingresen al territorio para realizar fiscalización, trazabilidad y despliegue logístico que anteriormente no era posible (El Peruano, 2025). Además, la acción conjunta ha permitido reducir de forma temporal la capacidad operativa de mafias que controlaban rutas de salida de oro ilegal, beneficiando a las comunidades locales y mejorando las condiciones para programas de desarrollo alternativo y formalización minera.

A pesar de estos logros, la gobernanza estatal continúa enfrentando tres retos estructurales: (1) el cierre progresivo y no prorrogable del REINFO bajo criterios verificables; (2) el fortalecimiento de la inteligencia financiera y del sistema de trazabilidad del oro; y (3) la implementación de políticas territoriales diferenciadas según tipo de minería, grado de captura criminal y tipo de impacto socioambiental (FEMA, 2023). Una política estatal eficaz exige integrar tres dimensiones estratégicas simultáneas: prevención, disuasión y transformación productiva. Esto implica articular rutas alternativas de desarrollo económico para poblaciones vulnerables, rediseñar los instrumentos de control estatal, reforzar la autonomía técnica de las agencias de fiscalización y escalar los sistemas de inteligencia criminal orientados al seguimiento financiero del oro. Solo mediante una arquitectura institucional sólidamente coordinada y sostenida será posible consolidar los resultados alcanzados por las FF.AA., revertir la expansión de la economía ilegal del oro, recuperar legitimidad estatal y reducir los incentivos que sostienen la minería ilegal en el país.

Conclusiones

1. La situación de Pataz (La Libertad) y Madre de Dios constituye un ejemplo paradigmático de la magnitud y complejidad de la minería ilegal en el Perú. En ambas regiones, esta actividad se ha consolidado no solamente como una economía informal, sino como un sistema paralelo de poder territorial, sustentado por redes criminales, mercados ilícitos y una limitada capacidad estatal para ejercer un control efectivo.
2. En Madre de Dios, la minería ilegal ha provocado una devastación considerable en amplios sectores de la Amazonía, generando altas tasas de deforestación, contaminación por mercurio y una acelerada pérdida de biodiversidad. A pesar de repetidos operativos de interdicción, como Mercurio 2019, la ausencia de una institucionalidad permanente ha permitido la rápida reactivación de las actividades ilícitas. Las comunidades locales, carentes de alternativas económicas sostenibles, se ven condicionadas a integrarse en una economía extractiva con alto impacto ambiental y social. La persistencia del contrabando de mercurio, principalmente desde Bolivia, fortalece una red logística de insumos químicos y tecnología minera que sostiene la ilegalidad y expone a riesgos sanitarios a miles de personas, en particular mujeres y niños de comunidades indígenas.
3. En Pataz, la minería ilegal está articulada con estructuras criminales paramilitares que controlan corredores para la extracción, transporte y acopio de oro. La violencia, extorsión y corrupción se han normalizado en la provincia, donde incluso las operaciones formales son objeto de hostigamiento o infiltración por parte de intereses ilegales. Esta dinámica revela una presencia significativa de actores ilegales en zonas con escasa gobernabilidad, en las que el Estado ha sido desplazado y sus mecanismos de control han resultado insuficientes. Los recientes aumentos en asesinatos, desapariciones y ataques dirigidos a mineros formales o comunitarios, especialmente en áreas como Parcoy y Retamas, configuran una crisis de seguridad pública.
4. Las consecuencias en ambas regiones son profundas e incluyen deterioro ambiental, explotación laboral —que incluye trabajo infantil—, evasión fiscal y debilitamiento de la gobernanza. Herramientas como el REINFO, lejos de resolver los problemas, en muchos casos han servido como mecanismos para legitimizar operaciones ilícitas, prolongando así la ineficacia de algunos controles estatales. La formalización minera, tal como se concibe actualmente, no se adapta adecuadamente a las realidades territoriales ni ofrece incentivos efectivos para los pequeños productores; en cambio, ha generado estructuras administrativas vulnerables a la corrupción y desconectadas de los enfoques de desarrollo sostenible.
5. La erradicación de la minería ilegal en Pataz y Madre de Dios requiere un enfoque integral y diferenciado, que implique: reformar el proceso de formalización garantizando criterios verificables, fortalecer la presencia estatal con intervención multisectorial, controlar insumos críticos como mercurio y cianuro, incorporar tecnologías de monitoreo satelital y blockchain para garantizar la trazabilidad, promover inversiones en alternativas económicas sostenibles —como ecoturismo y agroforestería— y realizar campañas educativas interculturales que cambien la percepción social sobre la minería ilegal. Todo ello enmarcado en una estrategia de descentralización responsable, con cooperación internacional fortalecida para enfrentar los flujos ilícitos y vinculaciones con el crimen organizado.
6. La intervención reciente de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en Pataz ha demostrado que la acción coordinada, multisectorial y sostenida puede generar resultados concretos en la reducción temporal de la capacidad operativa de las organizaciones criminales, la destrucción de campamentos ilegales y la recuperación de espacios de control territorial para el Estado. Estas acciones, como los operativos del Comando Unificado Pataz, muestran que la presencia militarizada no solo cumple un rol de disuasión, sino que también facilita la implementación de fiscalización formal, trazabilidad del oro y programas de desarrollo alternativo para las comunidades locales (RPP, 2025; Diario Correo, 2025; El Peruano, 2025).
7. La experiencia en Pataz subraya que la sostenibilidad de los resultados depende de la continuidad de la presencia estatal y la articulación de políticas públicas integrales. La combinación de prevención, disuasión y transformación productiva permite que las intervenciones estatales no se limiten a operaciones de corto plazo, sino que generen condiciones para la recuperación de la gobernanza, fortalecimiento de la legalidad y promoción de alternativas económicas sostenibles que reduzcan la dependencia de la minería ilegal.
8. Finalmente, Pataz y Madre de Dios son territorios prioritarios para la recuperación de la gobernabilidad y el establecimiento de políticas nacionales eficaces contra la minería ilegal. La protección ambiental, el desarrollo social y la justicia ambiental dependerán de la voluntad política para implementar soluciones diferenciadas, sostenidas en la evidencia y en el largo plazo. La sostenibilidad en estas regiones no se logrará únicamente mediante la represión, sino mediante una presencia estatal permanente, justicia ambiental, inversión social y ciudadanía empoderada que pueda resistir y transformar las dinámicas ilegales dominantes.

Notas finales

1. Alianza por la Minería Responsable (ARM), Minería artesanal y de pequeña escala de cobre en el Perú (2024).
2. Luis Almagro, “El avance de la minería ilegal transfronteriza constituye una amenaza al medioambiente y a los pueblos originarios de las Américas”, Crónicas Económicas, 28 de abril de 2023.
3. Ricardo Barrantes, “Propuestas de medidas normativas, de gestión y de política pública para afianzar la sostenibilidad del sector minero”, Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible, 13 de febrero de 2020.
4. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Impactos socioeconómicos de la minería ilegal en América Latina y el Caribe (Naciones Unidas, 2020).
5. Minería informal vs. minería ilegal: ¿Cuáles son los efectos que producen en los ámbitos ambiental, social y económico en el Perú?, Conexión Ambiental (2023).
6. Minería informal: ¿cuál es su situación actual en el Perú?, Conexión ESAN (2019).
7. Enrique Cuba, “Minería informal”, Macroconsult S.A., 10 de julio de 2019.
8. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Minería artesanal y a pequeña escala en el Perú: La formalización que nunca llega (2020).
9. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Pataz: la tragedia minera que revela el fracaso en la lucha contra la minería ilegal (2025).
10. Gonzalo Delgado, “La MAPE y la minería ilegal en Perú: desafíos y oportunidades”, Boletín Punto de Equilibrio N.º 53, 13 de setiembre de 2024.
11. Gonzalo Delgado, Hernán Manrique, y Diana Hernando, Minería ilegal y cultivo de coca en la Reserva Comunal El Sira: Exploración de sus mecanismos de penetración y sus impactos en la pérdida de bosques (Universidad del Pacífico y Consorcio de Investigación Económica y Social, 2024).
12. Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Tras el dinero ilícito: Fortaleciendo la lucha contra las finanzas de la minería ilegal (Organización de los Estados Americanos, diciembre 2021).
13. La minería ilegal: una amenaza persistente, El Comercio (2023).
14. Asesinados en Perú 13 trabajadores de una mina, El País (2025).
15. Nuevo proyecto de ley de formalización minera: ¿Qué podemos esperar?, Evidencia para la Gestión, Gestión (2024).
16. Carlos Gálvez, “Plan Perú” Retomar el Control, Portal Lampadia (2024).
17. Pedro Gamio, “Minería ilegal en el Perú: ¿Cuál es el panorama actual?” [Entrevista en video], RPP Noticias, 17 de julio de 2025.
18. Grupo de Diálogo Minero y Desarrollo Sostenible (GDMDS), Diez propuestas para una pequeña minería y una minería artesanal responsables (2024).
19. Gobierno del Perú, Operativo contra minería ilegal en Pataz logra destrucción de bienes valorizados en más de 30 millones de soles (2025).
20. El crimen organizado en la minería del oro en los Andes, InSight Crime (2022).
21. Minería ilegal en Perú: análisis regional, Insight Crime (2023).
22. Instituto Peruano de Economía, Impacto económico de la minería ilegal en el Perú (2025).
23. Alternatives to illegal mining in Latin America, Inter-American Dialogue (2021).
24. Gold and Conflict in Peru, International Crisis Group (2022).
25. Aprueban Política Nacional Multisectorial para la Pequeña Minería y Minería Artesanal al 2030, La República (2022).
26. ¿Cómo afecta la Minería Ilegal en el Perú? [Video], La República, 1 de febrero de 2023.
27. Ministerio de Energía y Minas del Perú, Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) (s.f.).
28. Ministerio de Energía y Minas del Perú (MINEM), MINEM presenta proyecto de ley para pequeña minería y minería artesanal (2024).
29. Ministerio del Ambiente del Perú, Estrategia nacional para la reducción de la minería ilegal y sus impactos ambientales (Gobierno del Perú, 2021).
30. La minería ilegal sigue expandiéndose en Madre de Dios, Mongabay Latam (2023).
31. Montaño, F., “La Minería Ilegal en la Amazonía”, Revista Indaga, no. 100 (2020), https://convoca.pe/investigacion/mas-de-1500-toneladas-de-oro-se-exportaron-desde-el-peru-sin-que-se-sepa-quien.
32. Fausto Paz, “Combatir la minería ilegal”, Diario El Peruano, 10 de abril de 2024.
33. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Empoderando a las comunidades para una minería artesanal más responsable (2024).
34. Mercury trafficking persists despite global ban, Reuters (2023).
35. La dolorosa matanza de mineros en Perú evoca la “maldición del oro”, Reuters (2025).
36. Minería ilegal, crimen organizado y Congreso: lo que revela la entrevista [Entrevista en video], RPP Noticias, 19 de julio de 2025.
37. Illegal gold mining in Peru ravages Amazon, The Guardian (2021).
38. Transparency International, Minería ilegal y corrupción en América Latina: Desafíos y respuestas (2022).
39. Roberto Valdés, Camilo Basombrío, y Daniela Vera, Las economías criminales y su impacto en el Perú. ¿Cuáles? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Cómo? (Capital Humano y Social S.A., 2021).
40. Gustavo Vivanco, “El efecto de la minería ilegal en el Perú: impactos económicos y sociales”, Revista PUCP (2014).
41. Amy Wilson, Andrés Quiñón y Daniel Sánchez-Ancochea, “Hacia una mejor formalización de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) en el Perú: explorando cuellos de botella y opciones de política pública”, Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico y Departamento de Desarrollo Internacional de la Universidad de Oxford (2024).
42. RPP Noticias, Operativo conjunto en Pataz: Fuerzas Armadas y PNP destruyen campamentos mineros ilegales (2025, 12 de marzo).
    
43. Diario Correo, Intervención militar en Pataz: resultados positivos en control territorial y reducción de minería ilegal (2025, 15 de marzo).
    
44. El Peruano, Comando Unificado Pataz: avances en fiscalización y trazabilidad del oro (2025, 20 de marzo).