Resumen

Guatemala se encuentra en una encrucijada, asediada por el tráfico transnacional de drogas, la migración descontrolada y el implacable dominio de las violentas pandillas callejeras. La debilidad de las instituciones y la corrupción sistémica erosionan la gobernanza y alimentan la desilusión de la población. La elección del presidente Bernardo Arévalo supuso un rechazo a las élites arraigadas, pero su programa de reformas se enfrenta a la resistencia de una legislatura hostil y de estructuras de poder profundamente arraigadas. El apoyo de Estados Unidos sigue siendo esencial, pero debe actuar con cautela para no provocar una reacción nacionalista. Hay mucho en juego: si no se restaura la seguridad, se acelerará la migración, se envalentonarán las redes criminales y se agravará la inestabilidad regional. Este estudio analiza la crisis de seguridad de Guatemala, evalúa la estrategia de Arévalo y valora las consecuencias geopolíticas del éxito o el fracaso.

Palabras clave: Crisis de seguridad en Guatemala, delincuencia transnacional, corrupción institucional, intereses geopolíticos de Estados Unidos, reforma militar, violencia de las pandillas, corredores migratorios.

Introducción

La sorprendente elección del candidato reformista Bernardo Arévalo en Guatemala en agosto de 2023, y su lucha contra las élites arraigadas que intentaron bloquear su toma de posesión en enero de 2024 y despojar a su partido Semilla de su personalidad jurídica, pone de relieve la amplia batalla de Guatemala por la estabilidad.^[2] Como país clave para el tránsito de drogas ilegales y migrantes, su éxito como democracia estable y próspera con instituciones sólidas es vital no solo para la región, sino también para los intereses estratégicos de Estados Unidos.

Guatemala ocupa una posición geográfica fundamental. Se extiende a lo largo del istmo centroamericano, desde el Atlántico hasta el Pacífico, y sirve tanto de corredor para el flujo de drogas y migrantes hacia Estados Unidos como de posible punto de control para frenarlos. También une —o separa— a América del Norte, incluido México, del resto de América Central y del Sur, incluido el Canal de Panamá. Cabe destacar que Guatemala sigue siendo el último país de habla

hispana de Centroamérica que reconoce a Taiwán por encima de la República Popular China (RPC), incluso cuando Pekín amplía su influencia política y sus proyectos de infraestructura estratégica en toda la región.^[3] La creciente huella de China incluye alianzas con gobiernos en desacuerdo con Washington, como el régimen antiamericano de Ortega en Nicaragua, la administración populista de izquierda Libre en Honduras y el autoritario y rebelde Nayib Bukele en El Salvador.^[4]

Un Guatemala debilitado, ya sea por su colapso en un narcoestado populista o por un realineamiento estratégico hacia Pekín, sería un desastre geopolítico. Cualquiera de los dos escenarios afianzaría el crimen organizado, profundizaría la inestabilidad regional y erosionaría la influencia de Estados Unidos en el hemisferio.^[5]

Este estudio examina los retos de seguridad a los que se enfrenta Guatemala y los esfuerzos del Gobierno de Arévalo para hacerles frente. Destaca la lucha del Gobierno contra amenazas formidables, desde la delincuencia transnacional hasta la corrupción interna, al tiempo que se enfrenta a limitaciones de recursos y fracturas políticas. Con el apoyo de Estados Unidos, las fuerzas de seguridad de Guatemala están montando una defensa decidida, pero la magnitud de la crisis amenaza con superar incluso sus mejores esfuerzos.

Los retos de seguridad de Guatemala

La posición geográfica de Guatemala la ha convertido desde hace tiempo en un corredor de tránsito fundamental para la cocaína destinada a América del Norte. Procedentes inicialmente de Colombia y más tarde de Venezuela, estos envíos de droga han atravesado el país durante décadas.^[6] En 2022, las autoridades guatemaltecas incautaron 5,04 toneladas métricas de cocaína dentro de sus fronteras y aguas costeras, mucho más que en los vecinos Honduras y El Salvador. Sin embargo, esto sigue siendo una fracción de las 739 toneladas métricas interceptadas por las autoridades colombianas ese mismo año, lo que pone de relieve la magnitud del comercio ilícito.^[7]

Guatemala, que antes era principalmente una fuente de migración, se ha convertido también en un importante centro de tránsito para los migrantes procedentes de Venezuela, Cuba, Haití, Ecuador y otros países, muchos de los cuales cruzan el peligroso Tapón del Darién antes de dirigirse hacia el norte a través de Centroamérica en ruta hacia Estados Unidos.^[8]

La estructura del narcotráfico en Guatemala y la relación entre los cárteles externos y las redes locales de contrabando han evolucionado significativamente en los últimos años. Antes de 2008, un puñado de clanes de contrabandistas guatemaltecos, conocidos localmente como transportistas, controlaban el tráfico. Familias como los Lorenzana, los Mendoza y los López Ortiz colaboraban con socios mexicanos para transportar cargamentos de cocaína hacia el norte. Inicialmente, los traficantes utilizaban pistas de aterrizaje clandestinas (narcopistas) en la remota región de Petén, antes de pasar a rutas terrestres a través de Honduras y México.^[9] El resultado era un sistema profundamente corrupto, pero relativamente estable: un Estado controlado por los conservadores, con un soborno endémico, pero con bajos niveles de violencia.^[10]

Ese frágil equilibrio se derrumbó alrededor de 2008. El cártel mexicano Los Zetas, respaldado por antiguos miembros de las fuerzas especiales mexicanas,^[11] se alió con un traficante guatemalteco marginado, Horst Walther Overdick, para hacerse con el control de las rutas de contrabando de alto valor.^[12] Su incursión intensificó la violencia mientras luchaban por consolidar su poder. En 2012, el Gobierno de Otto Pérez Molina, con la importante ayuda de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), intensificó su represión contra las redes de transportistas. El resultado: la fragmentación de los grupos de contrabando guatemaltecos y un aumento de la violencia, ya que las facciones fragmentadas competían por el dominio.^[13]

La presión combinada de las fuerzas de seguridad mexicanas contra Los Zetas y la resistencia de los grupos guatemaltecos arraigados, sobre todo los Huistas de Huehuetenango, acabaron expulsando a Los Zetas de Guatemala.^[14] Mientras tanto, el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina fue encarcelado por corrupción y vínculos con narcotraficantes, lo que modificó aún más el panorama criminal del país.

Hoy en día, los dos cárteles dominantes de México —Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)— operan a través de una red aún fragmentada de grupos de contrabando guatemaltecos. Este acuerdo beneficia a los cárteles mexicanos, ya que les da influencia y un interés particular en impedir la reconsolidación del crimen organizado en Guatemala.^[15] No obstante, la persistencia de grupos como los Huistas —una de las organizaciones criminales más grandes que sobreviven en el país^[16] — y los Pochos, cuyo líder, Juan José Morales Cifuentes, fue arrestado recientemente, subraya el legado perdurable del pasado criminal de Guatemala. Morales Cifuentes proviene de la familia Zúñiga, un clan con vínculos profundamente arraigados en el tráfico de drogas.^[17]

Con el tiempo, han surgido cultivos de coca y laboratorios de procesamiento en zonas remotas como Izabal y Alta Verapaz, regiones en las que el Estado guatemalteco sigue estando prácticamente ausente.^[18] Este cambio refleja tanto los incentivos para producir cocaína en el país en lugar de introducirla de contrabando desde Colombia como las condiciones fértiles de las regiones montañosas de Guatemala, en particular San Marcos, que producen hojas de coca con un alto contenido en alcaloides. El resultado: un producto de mayor valor y mayor rentabilidad.^[19]

Las principales rutas de contrabando siguen sin cambios en gran medida. Los traficantes continúan utilizando las narcopistas en Petén, explotando la porosa frontera sur de Guatemala con Honduras y transportando las drogas por tierra a México a través de rutas costeras e interiores bien establecidas.^[20] Mientras tanto, el contrabando marítimo se ha intensificado. Cada vez más, los traficantes utilizan embarcaciones, incluidas semisubmersibles, que parten de las costas del Pacífico de Colombia y Ecuador, y a menudo transitan por la vasta zona económica exclusiva de Guatemala, de 200 millas, antes de llegar a tierra en México o en la propia Guatemala.^[21] Estas operaciones han puesto a prueba la sobrecargada marina de Guatemala, cuya pequeña flota de lanchas rápidas lucha por patrullar vastas distancias en las a menudo agitadas aguas del Pacífico.

La frontera oriental de Guatemala con Belice se ha convertido en una zona cada vez más problemática, plagada de una débil presencia estatal y una infraestructura vial mínima en sus tramos escasamente poblados.^[22] Para complicar aún más la situación, la zona que rodea el río Sarstoon sigue siendo objeto de una prolongada disputa territorial entre ambos países. Las tensiones se recrudecieron en 2016, cuando se produjo un enfrentamiento entre sus fuerzas de seguridad.^[23] Afortunadamente, el incidente se contuvo gracias a la estrecha relación de trabajo entre sus ejércitos. La disputa se encuentra actualmente ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), pero los esfuerzos por evitar nuevos enfrentamientos militares han llevado a ambas naciones a limitar su presencia armada en la región, lo que ha creado un vacío de seguridad que los narcotraficantes y otros actores ilícitos no han dudado en aprovechar.^[24]

La débil presencia del Estado guatemalteco, agravada por la retirada de fondos a de su ejército tras la guerra civil, ha permitido que vastas extensiones de territorio caigan bajo el control de organizaciones criminales.^[25] La región montañosa de San Marcos, cerca de la frontera con México, se convirtió en el principal centro de cultivo de adormidera para la producción de heroína de la región,^[26] mientras que la producción de marihuana proliferó en zonas remotas del país.^[27]

Sin embargo, a medida que el Gobierno guatemalteco ha intensificado sus operaciones contra los narcotraficantes, la demanda de heroína y marihuana cultivada localmente en San Marcos ha disminuido, lo que ha provocado una contracción de la producción. Mientras tanto, según los informes, se ha expandido el cultivo de coca y el procesamiento limitado de cocaína.^[28] Los expertos consultados para este estudio advierten que los espacios sin gobernar de Guatemala podrían convertirse pronto en lugares de producción de drogas sintéticas, incluido el fentanilo, dada la creciente demanda mundial de estas sustancias, especialmente en Estados Unidos.^[29]

Además del tráfico de drogas, Guatemala, al igual que sus vecinos El Salvador y Honduras, ha luchado contra el flagelo de las pandillas callejeras violentas, en particular la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18 (B-18).^[30] Sin embargo, a diferencia de El Salvador y Honduras, donde la influencia de las pandillas ha sido más generalizada, la actividad de las pandillas en Guatemala se ha limitado en gran medida a los suburbios marginales de la ciudad de Guatemala, en particular en Villanueva y Mixco,^[31] así como, en menor medida, en Escuintla, al sur de la capital.^[32]

El dominio del campo guatemalteco por parte de los narcotraficantes y las élites conservadoras ha impedido que la MS-13 y la B-18 se expandan más allá de sus bastiones urbanos. Además, las dos pandillas han respetado en general los límites territoriales de la otra, lo que ha limitado las guerras territoriales entre pandillas, pero sigue sometiendo a los residentes bajo su control a una extorsión sistemática.^[33]

Las medidas represivas en El Salvador contra los líderes de la MS-13 y la B-18 han contribuido a la fragmentación de estas pandillas en Guatemala, debilitando sus estructuras de mando y creando una oportunidad para que grupos criminales oportunistas extorsionen a empresas y residentes bajo la apariencia de afiliación a las pandillas. Como resultado, la extorsión en Guatemala se duplicó con creces entre 2013 y 2021.^[34] El auge de estos grupos «imitadores», junto con delitos como los robos en motocicleta, ha alimentado una creciente sensación de inseguridad pública.

A pesar de la fuerte disminución de los homicidios —de 46 por cada 100 000 habitantes en 2016, una de las tasas más altas de la región, a 16,7 por cada 100 000 en la actualidad—, la delincuencia sigue siendo una preocupación constante.^[35] En 2023, los delitos denunciados aumentaron un 10,5 % en comparación con el año anterior, lo que pone de relieve los continuos retos que se plantean para el orden público.^[36]

Más allá de las drogas y las pandillas, Guatemala se ha convertido cada vez más en un corredor de tránsito para los migrantes que se desplazan a través del istmo centroamericano hacia los Estados Unidos. Estos migrantes provienen de Venezuela, Ecuador, Haití, Cuba y otras naciones.^[37] La estrecha costa atlántica de Guatemala, la «esquina» de Centroamérica, limita con Honduras al este y con Belice al norte, lo que la convierte en un punto de entrada clave. Muchos migrantes también son introducidos ilegalmente a través de la porosa frontera con Belice antes de continuar hacia el norte, cruzando a menudo a México cerca de la región costera frente a Tapachula.^[38]

Si bien los venezolanos constituyen el grupo de migrantes más numeroso que pasa por Guatemala, el país ha evitado hasta ahora el afianzamiento de organizaciones criminales venezolanas como Tren de Aragua, que han explotado y traficado con migrantes en otras partes de Sudamérica.^[39] Los expertos consultados para este estudio sugieren que las bandas venezolanas aún no se han establecido en Guatemala, en gran parte porque los migrantes venezolanos no permanecen allí en número suficiente ni durante períodos de tiempo lo suficientemente largos.^[40]

Dentro de Guatemala, el control de las prisiones del país sigue siendo un reto acuciante, agravado por el hacinamiento rampante.^[41] La población carcelaria se ha triplicado desde 2000, y el uso excesivo de la prisión preventiva es uno de los principales factores que contribuyen a ello. Más del 47 % de las 23 000 personas encarceladas en Guatemala aún no han sido juzgadas. En algunos casos, los detenidos han cumplido el equivalente a su posible condena, o incluso han fallecido bajo custodia, antes de comparecer ante un tribunal.^[42] Otros han fallecido mientras esperaban el juicio, lo que supone una triste acusación contra la ineficacia del sistema y la inercia legal.^[43]

Para agravar los problemas de seguridad y gobernanza de Guatemala, a principios de 2024 una ola de incendios forestales devastó los departamentos del norte del país.^[44] La combinación de la tala deliberada de árboles y las condiciones de sequía provocó incendios masivos en Jutiapa y Petén, que consumieron más de 465 millas cuadradas de la Reserva de la Biosfera Maya.^[45] La crisis obligó al presidente Arévalo a declarar el estado de emergencia nacional y a desplegar al ejército para ayudar en las tareas de extinción de incendios, evacuación y operaciones de seguridad, en coordinación con la autoridad nacional de gestión de emergencias, CONRED.^[46] El despliegue, aunque necesario, supuso una carga para la ya limitada capacidad de las fuerzas armadas de Guatemala, desviando recursos de otras misiones críticas.^[47]

La respuesta del Gobierno de Guatemala

La respuesta del Gobierno guatemalteco en materia de seguridad refleja tanto la continuidad de las iniciativas puestas en marcha por administraciones anteriores como las nuevas directrices del presidente Arévalo.

Para hacer frente a los crecientes retos de seguridad, la Policía Nacional de Guatemala ha ampliado sus filas y ha adquirido recursos adicionales, entre ellos 500 motocicletas nuevas y 24 camiones en diciembre de 2023.^[48] La administración Arévalo se ha fijado el ambicioso objetivo de incorporar hasta 12 000 agentes. Sin embargo, la capacidad limitada de la academia de policía y otras instituciones de formación limita la velocidad de esa expansión, incluso si se pueden garantizar los fondos para los salarios, el equipo y los gastos operativos.

Más allá de las cifras, los problemas sistémicos de profesionalización y corrupción dentro de la policía siguen socavando su eficacia. Según los expertos consultados para este trabajo, los repetidos cambios de liderazgo a lo largo de múltiples administraciones han generado inestabilidad institucional, lo que ha perturbado la continuidad sin aportar reformas sustantivas.^[49] Bajo la presidencia de Alejandro Giammattei, el Gobierno introdujo una estrategia integral para la transformación de la policía.^[50] Algunos elementos de ese plan se llevaron a cabo —los nuevos uniformes y equipos llegaron justo cuando su administración dejaba el cargo—, pero las reformas estructurales más amplias siguieron siendo difíciles de alcanzar.

El presidente Arévalo y su ministro del Interior, Francisco Jiménez, se han comprometido a fortalecer la fuerza policial y erradicar la corrupción. Sin embargo, los detalles de su enfoque —y cómo se alinea o se aleja de las reformas inconclusas de Giammattei— siguen sin estar claros.^[51]

Durante los periodos en los que se registraron altos índices de homicidios y una presencia policial insuficiente, el Gobierno guatemalteco creó las «Brigadas de Seguridad Ciudadana», compuestas principalmente por exmilitares, con el fin de reforzar la confianza de la población en la seguridad.^[52] En su momento álgido, había 10 brigadas de este tipo en funcionamiento.^[53] Sin embargo, su autoridad limitada —sin poder para realizar detenciones ni emplear fuerza letal— disminuyó su efecto disuasorio.^[54] A medida que la Policía Nacional Civil (PNC) se expandía, las brigadas se reorientaron para proporcionar seguridad perimetral alrededor de las prisiones de Guatemala, apoyando las operaciones internas de la PNC mediante la creación de una zona de amortiguación para evitar el contrabando de armas, teléfonos móviles y otros artículos prohibidos.^[55]

Para hacer frente a las amenazas de seguridad en constante evolución, la policía ha creado unidades especializadas. Entre ellas se encuentra la FIAAT, el equivalente guatemalteco de los equipos SWAT estadounidenses. En los últimos años, la FIAAT ha adquirido sus propios helicópteros gracias a donaciones de Estados Unidos,^[56] con agentes de policía formados como pilotos, lo que ha reducido la dependencia de la unidad del ejército guatemalteco para la movilidad aérea.^[57]

La PNC también cuenta con una unidad dedicada a la lucha contra las pandillas, la DIPANDA, que se centra en combatir la violencia y la extorsión de las pandillas.^[58] Con el apoyo de Estados Unidos, la DIPANDA amplía su misión más allá de la aplicación de la ley y participa en iniciativas para disuadir a los jóvenes en riesgo de unirse a las pandillas.^[59]

En respuesta a la creciente amenaza de la extorsión, perpetrada no solo por pandillas establecidas como la MS-13 y Barrio 18, sino también por grupos «imitadores», el Ministerio del Interior ha puesto en marcha un nuevo Grupo de Trabajo contra la Extorsión.^[60] Sin embargo, su impacto en la contención de la crisis sigue siendo limitado hasta ahora.^[61]

Para abordar la seguridad fronteriza, los anteriores gobiernos guatemaltecos crearon una serie de Fuerzas de Tarea Interinstitucionales (IATF) policiales y militares para vigilar las regiones fronterizas y los cruces clandestinos.^[62] Entre ellas se encontraban Chortí, que cubría la frontera con Honduras; Xinca, asignada a la frontera con El Salvador; Tecún Umán, que supervisaba la frontera costera con México; y Belem, en fase de desarrollo para asegurar la frontera interior de Guatemala con México. Sin embargo, las tensiones operativas entre la policía y el ejército, derivadas de diferencias institucionales que perturbaban la unidad de mando, acabaron socavando la eficacia de estas unidades. En consecuencia, el Gobierno de Giammattei disolvió las IATF en marzo de 2023, lo que permitió a la policía volver a centrarse en la seguridad interna.^[63] Este cambio permitió un aumento de la presencia policial a lo largo de la frontera con México en enero de 2024.

Dentro del Ministerio del Interior, también se han realizado esfuerzos para abordar el hacinamiento y el control de las prisiones. El sistema penitenciario de Guatemala, compuesto por 15 prisiones, incluida la prisión de máxima seguridad Enfermito en Escuintla, está bajo la jurisdicción del ministerio. Reconociendo la necesidad de separar a los detenidos en espera de juicio de los delincuentes condenados, el Gobierno estableció un centro de detención preventiva específico. Se han llevado a cabo planes para ampliar la infraestructura penitenciaria, incluida la construcción de un nuevo centro de máxima seguridad en Masagua, pero siguen estancados debido a dificultades administrativas y legales.^[64]

En lo que respecta al ejército guatemalteco, las prioridades de la nueva administración de Arévalo y del ministro de Defensa, general Henry Sáenz Ramos, se han centrado en garantizar que la institución siga siendo apolítica y en abordar la corrupción dentro de sus filas. ^[65]

En aras de mantener su neutralidad, el ejército guatemalteco demostró una notable moderación durante la controvertida transición de poder que precedió a la toma de posesión del presidente Arévalo. A pesar de la intensa lucha política entre el presidente electo Arévalo y su partido Semilla, por un lado, y la Fiscalía General y las élites conservadoras que intentaban desafiarlos, por otro, el ejército logró evitar dar la impresión de tomar partido.^[66]

En cuanto a la corrupción, el Ministerio de Defensa del Gobierno de Arévalo ha adoptado, según se informa, una postura firme contra las conductas indebidas dentro de sus filas. Esto incluye la jubilación forzosa de oficiales fuertemente sospechosos de corrupción, en casos en los que habría sido difícil obtener condenas a través de tribunales militares o civiles.^[67]

La seguridad fronteriza ha sido otra prioridad clave, como lo demuestra el despliegue de 5000 efectivos para reforzar la frontera con México en los departamentos de San Marcos y Huehuetenango en el marco de la Operación Cinturón de Fuego.^[68]

Además, el Gobierno ha hecho hincapié en el estricto cumplimiento de las normas de derechos humanos en las operaciones militares y en las interacciones con la población civil. En abril de 2024, subrayó este compromiso con la inauguración de una nueva escuela de formación en derechos humanos en la sede de la Brigada Mariscal Zavala.^[69]

La nueva administración también ha dado prioridad a los esfuerzos para hacer del ejército una institución más inclusiva. En particular, Guatemala cuenta ahora con cuatro coroneles mujeres, algo sin precedentes, una de las cuales es la directora de la escuela de derechos humanos recientemente creada. Dada la trayectoria actual, es probable que una de estas oficiales se convierta en la primera mujer general del país, lo que supondría un hito importante en la evolución de las fuerzas armadas guatemaltecas.^[70]

En cuanto a capacidades específicas, el ejército guatemalteco sigue operando de manera impresionante dentro de las limitaciones de unos recursos muy escasos.

A pesar de las restricciones crónicas de recursos, el ejército guatemalteco sigue operando con eficacia dentro de sus limitaciones. El control del espacio aéreo, en particular la lucha contra los vuelos de narcotraficantes en regiones como Petén, sigue siendo un reto persistente debido a la limitada flota de aviones interceptores del ejército. En la actualidad, Guatemala posee un Pilatus PC-7 y dos aviones A-37 suministrados por Estados Unidos, ninguno de los cuales está operativo. Aunque los gobiernos anteriores han intentado adquirir nuevos interceptores de Argentina y Brasil, estos esfuerzos se han visto plagados de acusaciones de corrupción, lo que finalmente ha impedido que las adquisiciones siguieran adelante.^[71]

Además de la falta de aviones interceptores, las capacidades de defensa aérea de Guatemala se ven obstaculizadas por la dependencia de un sistema de radar Indira español obsoleto.^[72] Si bien el sistema ofrece cierta capacidad para detectar incursiones aéreas no autorizadas, los narcotraficantes conocen bien sus lagunas de cobertura. Según se informa, funcionarios corruptos han filtrado información sobre estas vulnerabilidades, lo que ha permitido a los traficantes eludir la detección por radar y realizar vuelos fuera de las zonas vigiladas.

Más allá de los interceptores, las fuerzas armadas guatemaltecas también se enfrentan a limitaciones en materia de transporte y capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR). El ejército opera actualmente cinco aviones de transporte Cessna 208, un Pilatus PC-12 recibido de Estados Unidos en mayo de 2024,^[73] dos Beech Super King Air, un DHC-6 Twin Otter más antiguo y un Bassler B-67, este último fuera de servicio por problemas de mantenimiento. Si bien la flota de aviones sigue siendo limitada, Guatemala ha tenido algo más de éxito en el mantenimiento de su capacidad de helicópteros. Su flota de helicópteros incluye dos helicópteros Bell 412EXP, adquiridos en diciembre de 2022,^[74] y un Bell 429, adquirido en enero de 2024.^[75] Según se informa, la introducción de los Bell 412 por sí sola aumentó la disponibilidad operativa de la flota de helicópteros de Guatemala en más de un 50 %.

Un factor importante que ha contribuido a la preparación de Guatemala en materia de aeronaves de ala giratoria ha sido el apoyo de Taiwán en la formación de sus pilotos de helicóptero. Esta ayuda resultó fundamental después de que las tensiones entre Guatemala y Colombia provocaran la cancelación de los programas de formación colombianos. La disputa diplomática se originó por el nombramiento del controvertido exjefe de la CICIG, el organismo anticorrupción respaldado por las Naciones Unidas en Guatemala, como ministro de Defensa por parte del presidente izquierdista del país. Sin embargo, tras la toma de posesión del presidente Arévalo, Colombia restableció su cooperación con Guatemala en materia de formación de pilotos, lo que contribuyó a restaurar un componente clave de la preparación de la aviación militar del país.

En el ámbito marítimo, Guatemala sigue enfrentándose a importantes retos para proteger su zona económica exclusiva (ZEE) de 200 millas náuticas contra el tráfico de drogas. La principal herramienta del país para la interceptación marítima en el Pacífico es su unidad de fuerzas especiales navales, la Fuerza Especial Naval (FEN),^[76] , que opera desde embarcaciones relativamente pequeñas y rápidas en las aguas a menudo turbulentas del Pacífico.^[77] Sin embargo, el alcance operativo de la Armada se ve limitado por su escasa infraestructura portuaria. La base naval principal se encuentra en Puerto Quetzal, en la parte sur de la costa del Pacífico, lejos de la frontera marítima con México, donde atracan un mayor número de embarcaciones cargadas de narcóticos. Aunque existen instalaciones menores en Ocos y Champerico, más cerca de la frontera con México, estas carecen del personal, el apoyo logístico y la infraestructura necesarios para mantener y reabastecer los activos navales de mayor tamaño.^[78] Un segundo puerto militar importante previsto en Champerico nunca se materializó debido a la imposibilidad de desarrollar la infraestructura portuaria comercial necesaria. No obstante, Estados Unidos sigue explorando opciones con las autoridades guatemaltecas para mejorar las capacidades portuarias militares del país en el futuro.^[79]

Para ampliar el alcance operativo y la autonomía de la FEN y sus embarcaciones, el Comando Sur de los Estados Unidos proporcionó a Guatemala una «nave nodriza» de apoyo logístico para repostar pequeñas embarcaciones interceptoras en el Pacífico y proporcionar descanso a la tripulación.^[80] Además, Guatemala ha contactado con el astillero colombiano COTECMAR para la posible adquisición de una segunda embarcación de este tipo.^[81] Sin embargo, finalmente se consideró que la nave nodriza inicial era demasiado lenta y poco adecuada para los mares más agitados del Pacífico, lo que llevó a su reasignación al Atlántico. Para mejorar aún más las operaciones de seguridad marítima, Guatemala recibirá a finales de junio de 2024 un buque patrullero costero naval (NCPV) de 85 pies de eslora procedente de Estados Unidos. El buque, retirado del servicio de la Guardia Costera de Estados Unidos, mejorará la capacidad de Guatemala para mantener una presencia prolongada en el Pacífico y llevar a cabo operaciones de interceptación más eficaces.

En lo que respecta a la seguridad fluvial, que es fundamental tanto para el movimiento interno en regiones remotas como Petén como para las rutas de contrabando transfronterizas, la Armada de Guatemala ha ampliado sus capacidades mediante el despliegue de embarcaciones de patrulla fluvial de fondo plano. Entre ellas se incluyen embarcaciones más pequeñas proporcionadas anteriormente por Estados Unidos, así como embarcaciones confiscadas a delincuentes. En 2020, Guatemala reforzó aún más sus fuerzas fluviales con la apertura de un modesto astillero en su puerto atlántico, que desde entonces se ha utilizado para construir aproximadamente diez pequeñas embarcaciones de tres tamaños diferentes, conocidas como Eduarinos.^[82] Las instalaciones también ofrecen servicios de mantenimiento y reparación limitada para los activos navales del país.^[83] Con esta capacidad ampliada, Guatemala ha podido ejercer un control razonable sobre sus vías navegables interiores, incluido el río Suchiate, que forma parte de la frontera suroeste del país con México.

Las fuerzas terrestres de Guatemala siguen estando muy limitadas por la escasez de recursos, ya que el presupuesto militar del país solo representa entre el 0,4 % y el 0,5 % del PIB.^[84] La «Brigada de la Selva», responsable de las operaciones en la densa región de Petén, funciona principalmente como una unidad de infantería ligera y carece del equipo especializado, como embarcaciones fluviales, necesario para mejorar su eficacia en el entorno selvático.^[85] Del mismo modo, la Brigada de Alta Montaña sigue sin disponer de equipo orgánico suficiente que le permita operar a pleno rendimiento en el accidentado terreno bajo su jurisdicción. En 2024, cuando se pidió a estas unidades que reforzaran la seguridad fronteriza y combatieran los incendios forestales en Petén y Jutiapa, el ejército guatemalteco incorporó temporalmente unidades de otros comandos que poseían las capacidades especializadas necesarias. Sin embargo, esta solución supuso un aumento del ritmo operativo de esas unidades incorporadas y una reducción de su disponibilidad en otras partes del país.^[86]

En lo que respecta a la movilidad terrestre, el ejército guatemalteco sigue dependiendo de Jeep CJ-8 blindados proporcionados por Estados Unidos,^[87] aunque estos vehículos llevan mucho tiempo sufriendo problemas persistentes de suspensión y mecánicos que han afectado negativamente a su disponibilidad operativa.^[88] En octubre de 2022, Estados Unidos donó 95 vehículos adicionales, entre los que se encontraban Toyota Hilux, Land Cruiser y motocicletas, una contribución que, según se informa, mejoró la movilidad general de las fuerzas armadas.^[89] Esta mayor movilidad resultó especialmente útil durante el aumento de fuerzas en enero de 2024 para e ar la frontera mexicana en San Marcos y Huehuetenango en el marco de la Operación Cinturón de Fuego.^[90]

Como complemento a sus capacidades existentes, el ejército guatemalteco mantiene desde 2007 una unidad de élite conocida como Batallón Especial de Interdicción y Rescate (BEIR). Esta fuerza integra a las prestigiosas fuerzas especiales militares del país, los Kaibiles, con medios de movilidad aérea y terrestre mejorados. Al igual que la FIAAT en la policía y la FEN en la Armada, el BEIR se emplea en operaciones de alto riesgo contra las principales redes de narcotráfico y otros objetivos difíciles.^[91]

Más allá del equipamiento, la infraestructura y la formación, la administración Arévalo está elaborando una nueva estrategia de seguridad nacional. El presidente Arévalo, cuya trayectoria académica incluye varios libros sobre las relaciones entre civiles y militares en Guatemala, ha demostrado un interés particular por la política de defensa.^[92] Bajo su administración, Guatemala también está revisando su código penal militar con el apoyo de Estados Unidos. Como parte de una cooperación más amplia en materia de defensa, Estados Unidos ha colaborado con Guatemala para mejorar su sistema de planificación militar, SIPLAGDE, y ha introducido nuevas herramientas de investigación operativa, como MAGDEF, para reforzar las capacidades analíticas y de planificación estratégica del Ministerio de Defensa. Además, Estados Unidos ha financiado la incorporación de un asesor de alto nivel del Ministerio de Defensa (MODA) para ayudar en los esfuerzos de reforma militar.^[93]

Con este mayor apoyo, las fuerzas armadas guatemaltecas, en particular la Armada, han logrado avances notables en la planificación de la defensa. Esto incluye mejorar la racionalidad de las adquisiciones, obtener una comprensión más sofisticada de los costos del ciclo de vida y mejorar la capacidad del ejército para justificar ante el Congreso las solicitudes de capacidades específicas.^[94] Sin embargo, a pesar de estos avances en la reforma de la defensa, la lucha más amplia de Guatemala contra el crimen organizado sigue viéndose obstaculizada por las luchas políticas internas entre el poder ejecutivo y el Ministerio Público independiente, dirigido por la fiscal general Consuelo Porras.^[95] Si bien persisten los enjuiciamientos rutinarios contra elementos criminales, los casos de alto perfil se han visto afectados negativamente, incluyendo casos de intercambio limitado de inteligencia entre la oficina de Porras y las fuerzas del orden. Ante la falta de inteligencia fiable de alto nivel por parte de la Fiscalía General, la agencia de inteligencia del Ministerio del Interior, la DIGCI, se ha visto obligada a depender principalmente de la inteligencia policial, que sigue siendo insuficiente para combatir eficazmente a las organizaciones criminales transnacionales.^[96]

Desafíos civiles y militares

El presidente Arévalo se ha enfrentado a varios retos y tensiones menores en su papel de comandante en jefe civil del ejército de Guatemala. Sin embargo, su experiencia como académico especializado en relaciones civiles-militares,^[97] , combinada con el asesoramiento de personas de confianza, como su jefe de seguridad nacional, el general retirado Ismael Cifuentes Bustamante, le ha permitido sortear estas dificultades con eficacia.^[98]

Una de las principales fuentes de controversia se derivó de la decisión del presidente Arévalo de seleccionar a los altos mandos militares de la Promoción 117, dejando de lado a los miembros de la Promoción 118 de l , que contaban con un año más de antigüedad y experiencia. Esta decisión provocó cierto descontento entre las filas. El punto de fricción más destacado surgió entre su antiguo jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Carlos Medina Juárez, miembro de la Promoción 118 con amplia experiencia en el mando —incluidas operaciones de combate como parte del contingente de mantenimiento de la paz de Guatemala en el Congo— y su ministro de Defensa, Henry Sáenz Ramos, de la Promoción 117.^[99] Sáenz había concluido su servicio con el rango de coronel antes de ser ascendido a general, pero gozaba de la confianza del presidente Arévalo y había demostrado una gran capacidad para representar a las Fuerzas Armadas de Guatemala ante el Congreso, la sociedad civil y la comunidad internacional.^[100]

Aunque las diferentes habilidades de los dos líderes eran, en algunos aspectos, complementarias, las tensiones entre ellos persistían. Estas tensiones llegaron a su punto álgido cuando el general Sáenz, como ministro de Defensa, decidió acompañar al presidente Arévalo en uniforme durante una marcha pública desde el Palacio Presidencial hasta el Congreso.^[101] La marcha formaba parte de una iniciativa más amplia del presidente para presionar al poder legislativo a fin de que aprobara una ley que restringiera los poderes de la Fiscalía General, cuya titular, Thelma Aldana, había estado trabajando activamente para socavar su administración mediante investigaciones y otras maniobras legales.^[102]

Sin embargo, el general Medina se negó a unirse al presidente y al ministro de Defensa en la manifestación. Tras una disputa pública sobre la idoneidad de que altos mandos uniformados participaran en una actividad tan política, las tensiones subyacentes dentro del liderazgo militar se volvieron insostenibles. Esto llevó finalmente al presidente Arévalo a destituir al general Medina y sustituirlo por el coronel Hermalindo Choz.^[103]

La decisión de colocar a un coronel en un puesto de autoridad sobre los generales del Estado Mayor exacerbó aún más el descontento dentro de las filas. También alimentó las preocupaciones de los observadores de derecha sobre las credenciales izquierdistas del presidente Arévalo, y algunos interpretaron la medida como un intento de socavar la jerarquía militar tradicional.^[104] Para aumentar las tensiones, una demanda judicial presentada por otro coronel guatemalteco bloqueó temporalmente varios ascensos militares propuestos por el presidente. La demanda alegaba que los seleccionados para el ascenso no cumplían los requisitos legales exigidos para sus nuevos rangos.^[105]

Más allá de los asuntos militares, el presidente Arévalo ha tenido dificultades para impulsar su agenda legislativa, especialmente en el ámbito de la política de seguridad. Al cumplir los 100 días de su administración, aún no había conseguido la aprobación de ninguna ley significativa. Este fracaso se debió en gran medida a que los opositores conservadores que controlan las instituciones electorales de Guatemala lograron bloquear el reconocimiento legal en el Congreso de sus aliados del partido Semilla. Como resultado, Semilla no pudo ocupar la presidencia de ninguna comisión ni ejercer influencia procedimental en asuntos legislativos, lo que paralizó efectivamente las iniciativas políticas del presidente.^[106]

Para agravar estas dificultades, Arévalo, que hizo campaña con una plataforma de gobernanza limpia, se ha visto obligado a destituir a dos miembros de su administración debido a acusaciones e es de conducta indebida. En abril de 2024, despidió a la ministra de Medio Ambiente, María José Iturbide, después de que se revelara que su hija había utilizado indebidamente un vehículo del Gobierno.^[107] Al mes siguiente, destituyó a la ministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, por irregularidades en los pagos a empresas constructoras.^[108] Aunque Arévalo sigue gozando de un fuerte apoyo público, se enfrenta a una presión cada vez mayor para obtener resultados tangibles y mantener una trayectoria intachable. Su capacidad para mantener su capital político será fundamental a la hora de afrontar los complejos retos de seguridad y gobernanza a los que se enfrenta el país.^[109]

Conclusiones

La influencia generalizada del tráfico transnacional de drogas, los flujos migratorios descontrolados y la delincuencia generalizada impulsada por las pandillas callejeras siguen socavando las instituciones democráticas de Guatemala. Estas fuerzas no solo ponen a prueba el aparato de seguridad de la nación, sino que también contribuyen a profundizar la desilusión social, erosionando la confianza pública en la capacidad del Gobierno para proteger a sus ciudadanos y defender el Estado de derecho. La elección de Bernardo Arévalo representó un rotundo rechazo a la corrupción arraigada, la inseguridad y el estancamiento económico que han azotado al país durante mucho tiempo. Su victoria significó la desesperación de los guatemaltecos por un cambio y su esperanza en un gobierno capaz de abordar estos desafíos sistémicos. Sin embargo, aunque Arévalo goza de cierta buena voluntad por parte del público, su administración se enfrenta a obstáculos formidables. Los limitados recursos financieros, una legislatura hostil que no está dispuesta a conceder financiación adicional ni apoyo legislativo, y unas estructuras de poder arraigadas y resistentes a la reforma amenazan con frustrar sus esfuerzos. Las élites corruptas, muchas de las cuales se beneficiaron de las ineficiencias de las administraciones anteriores, siguen profundamente interesadas en su fracaso y tratan de debilitar su Gobierno en todo momento.

Estados Unidos ha prestado una importante ayuda en materia de seguridad y desarrollo a Guatemala, reconociendo las amplias implicaciones que tiene la estabilidad del país para la región. Sin embargo, los responsables políticos estadounidenses deben lograr un delicado equilibrio, apoyando al Gobierno de Arévalo sin sobrepasar los límites que podrían provocar una reacción nacionalista o ser percibidos como una injerencia extranjera indebida. Si bien Washington tiene un interés particular en fortalecer las instituciones de gobernanza y seguridad de Guatemala, su papel debe calibrarse para respetar la soberanía y la dinámica política interna de Guatemala.

En última instancia, hay mucho en juego. Si el Gobierno de Arévalo fracasara, las consecuencias se extenderían mucho más allá de las fronteras de Guatemala. El fracaso a la hora de contener la corrupción, el crimen organizado y la inestabilidad podría exacerbar las presiones migratorias, fortalecer las redes criminales transnacionales y desestabilizar aún más la región. La lucha por reformar las instituciones de Guatemala y restaurar la confianza pública en la democracia es una batalla cuesta arriba, pero es una batalla en la que el fracaso no es una opción, ni para Guatemala, ni para Estados Unidos, ni para la región en general.

Notas finales:

1. El Dr. Ellis es profesor investigador sobre América Latina en el Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de los Estados Unidos. Las opiniones expresadas en este artículo son estrictamente suyas. El autor agradece al general Juan Pérez Ramírez, al vicealmirante Carlos Lainfesta, al general de brigada Carlos Villagrán, al Dr. Guillermo Pacheco y a Diego Solís, entre otros, por sus importantes aportaciones a este trabajo. ↑
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