Este texto fue publicado originalmete en el libro América Latina en la Nueva Geopolítica Global.

Farid Kahhat Kahhat^[1]

Resumen

Diversas políticas públicas en diferentes Estados han sido justificadas históricamente aludiendo a la naturaleza estratégica del sector económico al que involucran. Pese a ello, no siempre hay claridad respecto a qué criterios debería cumplir un sector de la actividad económica para poder ser considerado estratégico, ni existe una definición consensuada del término. A partir de debates específicos sobre políticas públicas, en este artículo se busca discernir los criterios que subyacen a la designación de un sector económico como estratégico y dilucidar sus implicaciones.

Palabras clave: Sector estratégico, políticas públicas, seguridad, economía.

Introducción

Planificación estratégica es una frase crucial en el ámbito de la gestión empresarial que, a juicio de algunos gurúes en la materia, sería mejor no pronunciar cuando se habla del Estado. Un autor clave en esta veta de la literatura sobre negocios —sin duda— es Tsun Tzu. La paradoja implícita se torna evidente cuando recordamos que la obra por la que Tsun Tzu es recordado lleva por título “El Arte de la Guerra”, es decir, una actividad estatal por antonomasia.

No obstante, a diferencia —por ejemplo— de la teoría de juegos, en donde la palabra estratégica tiene un significado preciso,^[2] el empleo del término en debates de índole político suele ser impreciso. En ese contexto, el término sugiere que el área de actividad en cuestión es de gran importancia para el Estado, sea por razones económicas o de seguridad. En otras palabras, se convierte en un sucedáneo de la perspectiva que brinda la teoría realista en relaciones internacionales sobre la seguridad del Estado.

Esa perspectiva se basa en la concepción de la guerra contenida en el texto antes citado de Tsun Tzu, según la cual “El arte de la guerra es de vital importancia para el Estado. Es una cuestión de vida o muerte, un camino que lleva a la seguridad o a la ruina.”^[3] Desde la perspectiva realista, las políticas de seguridad tienen como propósito o bien prevenir la guerra o, de tener que afrontar una, conseguir mediante ella los objetivos políticos del propio Estado (que, en orden decreciente de importancia, suelen ser el garantizar su existencia, su integridad territorial y su capacidad de tomar decisiones con autonomía).

Análisis

Dado que garantizar la existencia del Estado se presenta como condición necesaria para alcanzar cualquier otro fin (como el de alcanzar el bienestar material), por naturaleza, la seguridad es importante, por lo que su salvaguardia justifica el empleo de medios costosos y excepcionales (como la restricción de derechos, entre otros). Al asociar el debate sobre la existencia de sectores o recursos estratégicos con esa perspectiva de la seguridad, se pretende brindarles el sentido de urgencia que ello implicaría, así como justificar el empleo de esos onerosos e inusitados medios. Por ejemplo, durante la pandemia de la COVID-19, Donald Trump se definió como un presidente en tiempos de guerra para explicar las medidas excepcionales que adoptó para afrontarla,^[4] al invocar el Acta de Producción para la Defensa (adoptada en la década del 50 durante la Guerra de Corea) con el propósito de obligar a la compañía General Motors (GM) a proveer ventiladores clínicos al gobierno federal de los Estados Unidos.

Es decir, Trump exigió a una empresa privada fabricar bienes que esta no producía, obligándola además a producirlos en un plazo, cantidad y precio establecidos por el gobierno federal, el cual sería, por lo demás, el único comprador de esos bienes; algo que, bajo condiciones normales, sería incompatible con una economía de mercado. El tema ya venía siendo negociado entre el gobierno federal y GM, pero, como dijera el propio Trump, “Nuestras negociaciones con GM en torno a su capacidad para proveer ventiladores ha sido productiva, pero la lucha contra el virus es demasiado urgente para permitir que la toma y daca del proceso de contratación continúe su curso normal”.^[5]

Como sugiere el ejemplo anterior, aunque no exista una definición consensuada sobre lo que define un sector de la economía como estratégico, tampoco es el caso que esa definición sea del todo discrecional: aún alguien que no acepta la existencia de sectores estratégicos, por ejemplo, podría, cuando menos en principio, estar de acuerdo con que una pandemia implica un grave riesgo para la economía y la salud pública de un Estado, y que ello ameritaría el empleo de medios costosos y excepcionales para afrontarla.

Otro ejemplo similar sería el argumento que esgrimió otro gobierno republicano en los Estados Unidos para justificar la intervención del Estado en la economía a fin de rescatar con fondos públicos a entidades crediticias privadas durante la crisis financiera del año 2008. En palabras del entonces secretario del Tesoro, Henry Paulson, sobre el rescate de Fannie Mae y Freddie Mac, dos entidades dedicadas al crédito hipotecario: “Fannie Mae y Freddie Mac son tan grandes y están tan entrelazadas con nuestro sistema financiero que la quiebra de cualquiera de ellas ocasionaría una gran conmoción en los mercados financieros aquí en el país y alrededor del mundo. Esta conmoción impactaría de manera directa y adversa la riqueza de los hogares (…). Y la quiebra sería perjudicial para el crecimiento económico y la creación de empleo. Es por eso que hoy tomamos estas acciones”.^[6]

De hecho, el secretario del Tesoro estadounidense justificó el rescate de entidades privadas con fondos públicos, argumentando que la quiebra de esas entidades tendría un efecto sistémico sobre la economía tanto de Estados Unidos como mundial. El argumento del efecto sistémico, sin embargo, ignoraba el problema del riesgo moral. En ese contexto, se permitió quebrar a Lehman Brothers porque rescatarla equivaldría a premiar a un banco de inversión cuya conducta incurrió en riesgos imprudentes, cuando no en el delito,^[7] y equivaldría a castigar a los bancos de inversión que actuaron dentro de la ley y de normas elementales de prudencia. El hecho de que luego se decidiera salvar con fondos públicos a los principales bancos de inversión equivalía entonces a premiar las conductas que hicieron necesario el rescate, haciendo más probable que se repitan en el futuro.

Incluso, si se aceptase que la intervención del Estado es necesaria para impedir el efecto sistémico de una quiebra, cabría cuestionar que no se hiciera un esfuerzo substantivo para evitar el riesgo moral (es decir, para evitar que una decisión gubernamental propicie conductas indeseables en el futuro). En los años noventa del siglo pasado, por ejemplo, Suecia rescató bancos privados con fondos públicos, pero infligiendo un costo a los accionistas y ejecutivos cuya conducta propició su quiebra. En aquella oportunidad, el gobierno sueco adquirió la propiedad de los bancos a su valor de mercado, el cual —dada su situación de insolvencia— era bastante bajo; luego, asumió el costo de los préstamos impagos y recapitalizó los bancos con fondos públicos para —una vez saneadas sus finanzas— privatizarlos, recuperando así la mayor proporción posible de los fondos públicos empleados para el rescate.

El punto es que, aún si se acepta que el rescate de empresas privadas con fondos públicos en los Estados Unidos no lidió en forma adecuada con el problema del riesgo moral, seguiría siendo válido el argumento de que el Estado debía intentar evitar el riesgo sistémico de la quiebra de empresas privadas. De ahí a sostener que aquellas empresas —cuya quiebra podría suponer un riesgo sistémico— constituyen un sector estratégico de la economía hay sólo un paso.

Sin embargo, la controversia en torno a si existen o no sectores estratégicos no se debe únicamente a la imprecisión conceptual con la que se los define, sino también al papel del Estado en la economía, existiendo cuatro debates al respecto. El primero de esos debates es el que ya hemos esbozado: ¿Debe el Estado intervenir para evitar con fondos públicos la quiebra de empresas privadas por su presunto carácter estratégico? A lo dicho sólo añadiría que han existido respuestas distintas a esa pregunta, como en el caso de Islandia, que “a diferencia de otras economías occidentales, el gobierno islandés dejó quebrar a sus tres principales bancos (…) y luego fue tras los banqueros irresponsables.”^[8]

El segundo debate sobre el papel del Estado en la economía con el que se relaciona la controversia sobre la existencia de sectores estratégicos es el de la propiedad. Una presunción habitual es que, si un determinado sector es particularmente importante para la economía o seguridad de un país, tal vez el Estado debiera ejercer la propiedad sobre él. No es casual, por ejemplo, que en el año 2005 las tres empresas más grandes del sector de hidrocarburos a nivel mundial fueran propiedad de Estados en desarrollo o poscomunistas: Aramco (de Arabia Saudita), Gasprom (de Rusia), y la Compañía Nacional de Petróleo (de Irán).

Sin embargo, fue el gobierno conservador de Margaret Thatcher en el Reino Unido el que cambió la naturaleza de este debate, al considerar que un sector de la economía podía ser estratégico sin que por ello tuviera que ser propiedad del Estado. De un lado, permitió la participación de capital extranjero en empresas privatizadas, incluso en sectores de particular relevancia para la economía o seguridad de su país. De otro lado, no obstante, creó las denominadas acciones doradas como mecanismo especial de regulación. Estas acciones dotaban al Estado británico de un derecho de veto sobre ciertas decisiones corporativas (esencialmente en temas relacionados con la propiedad, tales como la ampliación del capital, la adquisición o la fusión con otras empresas). En algunos casos, el propósito de esas acciones doradas era claro: evitar que empresas que producían tecnología de punta en el ámbito militar pudieran ser adquiridas por Estados considerados hostiles, o por empresas de otros países que competían con empresas británicas.

El tercer debate sobre el papel del Estado en la economía relacionado con la controversia en torno a la existencia de sectores estratégicos tiene que ver con las denominadas políticas industriales. Es decir, ¿Debe el Estado tener políticas públicas que beneficien a un sector particular por su importancia (presunta o real) para la economía o seguridad de un país? Hablamos de políticas tales como otorgarle créditos en condiciones preferenciales, subsidios, exoneraciones tributarias o arancelarias, o controles de exportación e inversión. Por ejemplo, en su momento el Estado en Corea del Sur decidió que el desarrollo económico de su país debía sustentarse en la exportación de productos industriales con un alto valor agregado. Ello condujo a poner en práctica políticas industriales diseñadas para lograr ese fin, pero no había nada de natural en establecer ese objetivo, ya que se trataba de una decisión eminentemente política.

Tampoco era natural optar por esas políticas para conseguirlo; por ejemplo, mientras en Corea del Sur el Estado protegió primero y promovió después empresas privadas que eran propiedad de ciudadanos coreanos, en otros países se persiguieron objetivos similares a través de la expropiación de empresas privadas, o librando en una mayor proporción— la asignación de recursos a las fuerzas del mercado. Esto último, sin embargo, no impidió que esos Estados eligieran a sus propios favoritos. En el caso del Perú, un partidario de la economía de mercado como Carlos Boloña no tuvo, en su rol de ministro, inconveniente en destinar recursos públicos para impedir la quiebra de bancos privados, explicando su conducta con base en el denominado riesgo sistémico antes mencionado.

Sin duda, ese es un debate de gran actualidad por decisiones recientes de algunos de los principales Estados del mundo. Por ejemplo, en la cadena de suministros de un Iphone participan empresas de diversos países, desde aquellas que proveen insumos hasta aquellas que diseñan el producto, pasando por aquellas que lo ensamblan. Hasta hace unos años, esas cadenas se establecían principalmente —aunque no exclusivamente— con base en un criterio de eficiencia económica; esto es, quien fuese capaz de ofrecer un mejor producto o un menor precio, conseguía convertirse en un eslabón de la cadena. Pero por los cortes en las cadenas de suministros debidos a la pandemia y a la guerra en Ucrania, los gobiernos de las principales economías del mundo subordinan, cada vez más, la eficiencia como criterio en favor de cadenas de suministros más resilientes y menos dependientes de rivales políticos.

De pronto, por ejemplo, el que Taiwán concentre alrededor del 90 % de la producción mundial de microprocesadores avanzados (los de nueve nanómetros o menos), se convierte en una vulnerabilidad política, en caso de que esos suministros se detengan producto del conflicto entre la República Popular China y los Estados Unidos en torno a Taiwán. Asimismo, preocupa el hecho de que, según un reporte de la Agencia Internacional de Energía,^[9] China concentre una gran proporción de la capacidad internacional para procesar y refinar las denominadas tierras raras (un insumo crucial para el desarrollo de energías renovables).

Lo que China, Estados Unidos y los Estados de la Unión Europea hacen —con mayor frecuencia— es adoptar políticas industriales que consigan tres fines: producir a nivel nacional parte de aquello que antes se importaba, diversificar las fuentes de suministro de aquellos componentes que no sea factible producir a nivel nacional (para no depender de una sola fuente), y reducir la dependencia de Estados rivales (como en el caso de las importaciones europeas de gas y petróleo ruso). Como se ha mencionado, ello implica la adopción de políticas industriales en favor de empresas nacionales o de Estados que no sean considerados una fuente de riesgo económico o político (por ejemplo, el principal beneficiario en América Latina de esas políticas sería México, que tiene fronteras y un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, está integrado en cadenas de suministros que abastecen a ese país, y no es considerado un rival político). Es decir, hablamos de políticas que introducen de modo deliberado distorsiones en los mercados internacionales para tener cadenas de suministros más resilientes y menos dependientes de rivales políticos, pero a costa de ser menos eficientes en términos económicos.

A juzgar por experiencias pasadas, ese tipo de políticas implican ciertos riesgos. El principal es que, al aplicarlas todas las grandes economías de manera simultánea, no consigan su propósito inicial o lo hagan a un costo económico exorbitante. Por ejemplo, durante la Gran Depresión la mayoría de las principales economías intentaron compensar la escasa demanda interna exportando hacia sus socios comerciales. Para ello, apelaron a políticas tales como devaluar su moneda (para que sus exportaciones fueran más competitivas), o adoptar medidas proteccionistas (para hacer menos competitivas las exportaciones de sus socios comerciales). Sin embargo, dado que todos adoptaron las mismas medidas estas se neutralizaron mutuamente, con lo cual no se consiguió el efecto deseado y además empeoró la recesión internacional (experiencia que explica los acuerdos de Bretton Woods tras la Segunda Guerra Mundial para propiciar la cooperación incluso en tiempos de crisis).

Actualmente, el Acta para la Reducción de la Inflación aprobada por el gobierno de los Estados Unidos podría provocar consecuencias parecidas.^[10] Con el fin de reducir el impacto ambiental del crecimiento económico, a través de dicha Acta el gobierno de los Estados Unidos provee incentivos para que su industria haga una transición hacia energías renovables y tecnologías menos contaminantes. El Acta para la Reducción de la Inflación contiene dos tipos de incentivos que incluso países aliados de los Estados Unidos ven como una fuente de competencia desleal. Por una parte, provee subsidios y exoneraciones tributarias a productores y consumidores (contempla, por ejemplo, un crédito fiscal de hasta 7.500 dólares por la compra de un auto eléctrico). Por otra parte, las empresas solo accederían a esos beneficios si, cuando menos, parte de sus procesos productivos se realizan en los Estados Unidos o en países que tengan acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos (lo cual excluye a la Unión Europea, el Reino Unido y China, entre otros).

La prueba de que esos beneficios son percibidos como una fuente de competencia desleal en la Unión Europea, es el pronunciamiento conjunto de los gobiernos de Alemania y Francia titulado “Por una Política Industrial Verde Europea, una contribución franco-germana.”^[11] En este pronunciamiento, ambos gobiernos sostienen que “Las reglas existentes de ayuda estatal podrían hacerse más ágiles en el área de las tecnologías de transformación”^[12] (esto es, las que permitirían la transición hacia un crecimiento ambientalmente sostenible). Por si hubiera duda de lo que ello implica, añaden que “Proponemos permitir la experimentación con subsidios y exoneraciones tributarias focalizadas.”^[13] Plantean, además, usar la política comercial de la Unión Europea para “preservar el mercado común de las distorsiones que provienen en particular de países que no son economías de mercado y asegurar reglas de juego equitativas.”^[14] Aunque el énfasis está puesto en la República Popular China (bajo el eufemismo de países que no son economías de mercado), la prueba de que esa propuesta también tiene como blanco a los Estados Unidos es el hecho de que, poco después de dar a conocer ese documento, los ministros de economía de Alemania y Francia viajaron a Washington para discutir las implicaciones del Acta para la Reducción de la Inflación. No en vano, la agencia de noticias alemana DW tituló así su informe sobre el tema: “Francia y Alemania viajan a Estados Unidos para evitar una guerra comercial.”^[15]

Al riesgo de iniciar un conflicto comercial con sus propios aliados, hay que sumar la prohibición a cualquier empresa en el mundo de exportar hacia China microprocesadores avanzados o los medios y tecnología para producirlos, si estos cuentan con propiedad intelectual o componentes provenientes de empresas estadounidenses.^[16] Es decir, además de aplicar políticas que proveen a las empresas estadounidenses de una ventaja competitiva frente a las de sus aliados, les exige a estos últimos dejar de hacer negocios con un país cuyas importaciones representan cerca del 50 % del comercio mundial en ciertos tipos de microprocesadores (o de los componentes para producirlos). Aunque, en el corto plazo, las empresas con matriz en esos países no pueden sino aplicar esas sanciones, es de suponer que, a largo plazo, intenten producir los mismos bienes sin tecnología o componentes estadounidenses para sortear el efecto de las sanciones y seguir comerciando con China. De hecho, existe un precedente en la industria satelital. Después de que los Estados Unidos introdujeran controles de exportación hacia China en el año 1999, empresas europeas comenzaron a diseñar satélites libres de componentes estadounidenses para evadir el efecto de esas sanciones y continuar comerciando con China.

Finalmente, el cuarto debate sobre el papel del Estado en la economía relacionado con la controversia en torno a la existencia de sectores estratégicos tiene que ver con el anterior, en tanto la presunción de que el Estado debe promover o proteger esos sectores podría implicar la adopción de políticas comerciales proteccionistas. La autosuficiencia en materia de recursos calificados estratégicos históricamente ha sido considerada un fin deseable desde una perspectiva geopolítica. De no ser posible, cuando menos debía evitarse depender de rivales potenciales como fuentes de abastecimiento (esa es la razón por la que Chile, durante el gobierno de Augusto Pinochet, prefería importar energía del este asiático antes que hacerlo de la Argentina, un Estado vecino con el que mantenía diferendos limítrofes). A su vez, la búsqueda de autosuficiencia solía tener como contrapartida negar el acceso a esos recursos a rivales potenciales, todo lo cual incrementa la probabilidad de un conflicto armado entre dos Estados. Ya en el año 1939, Eugene Staley advertía de los riesgos que implican las políticas comerciales proteccionistas. Según él, si los países que controlan la mayor parte de los recursos en el mundo no mantuvieran relaciones económicas con el resto, estarían “sembrando las semillas de la intranquilidad y de la guerra. Sobre todo, crean una poderosa dinámica de imperialismo. Cuando se erigen los muros económicos a lo largo de las fronteras políticas, se obliga a que la posesión del territorio coincida con las oportunidades económicas.”^[17]

En otras palabras, en una economía internacional en la que imperan restricciones significativas al comercio, aquellos Estados cuyo crecimiento depende del acceso a recursos naturales que no poseen podrían buscarlos a través de medios militares. En cambio, en una economía internacional abierta se podría acceder a esos recursos naturales a través del comercio. El contraste entre la conducta expansionista del Estado japonés antes de la Segunda Guerra Mundial y su conducta pacífica tras el fin de esa guerra puede servir como ejemplo de ello.

Sin embargo, cuando se produjo la pandemia de la COVID-19, la mayoría de las potencias internacionales prohibieron o restringieron la exportación de equipos médicos (como los respiradores mecánicos) o productos medicinales (como las pruebas de diagnóstico), y luego acapararon en su etapa inicial la oferta de vacunas. Además, la gran mayoría de los países desarrollados se opusieron en la Organización Mundial de Comercio (OMC) a la propuesta de India y Sudáfrica para eximir temporalmente a países en desarrollo de cumplir con los derechos de patente, dada la emergencia sanitaria; una propuesta que estaba amparada por cambios que se hicieron al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (o TRIPS, por sus siglas en inglés).^[18]

Asimismo, cuando el inicio de la guerra en Ucrania restringió temporalmente la oferta mundial de alimentos y fertilizantes, Estados como la India restringieron sus propias exportaciones de ese tipo de bienes en previsión de una posible escasez internacional. Es decir, la oferta de los bienes descritos, que bajo condiciones normales es abundante y accesible mediante el comercio internacional, de pronto se restringió por decisión política bajo condiciones críticas y excepcionales (como una guerra o una pandemia). Una prueba más de que, empleen o no el término, los Estados que así actúan consideran que los bienes involucrados son estratégicos (esto es, de importancia superlativa, cuando menos durante esas coyunturas, para su seguridad o su economía).

Conclusiones

Aunque no existe una definición objetiva e incontrovertible de la frase sector estratégico, ello no implica que, en el proceso de adoptar decisiones en torno a políticas públicas específicas, no se hayan esgrimido criterios esenciales con base en los cuales justificar esas decisiones; es decir, es posible presentar argumentos más o menos persuasivos en favor de ciertas decisiones. Sin embargo, en tanto esas decisiones buscan conseguir ciertos objetivos políticos y estos son por naturaleza controvertibles (tanto por su contenido normativo como porque compiten por recursos con otros objetivos políticos posibles), nunca es lícito bajo un régimen democrático sustraer la designación de un sector económico como estratégico del debate público.

Sobre el autor:

Farid Kahhat Kahhat – Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú

PhD en Gobierno por la Universidad de Texas en Austin. Actualmente, es profesor de Relaciones Internacionales en la Academia Diplomática del Perú y en la Pontificia Universidad Católica del Perú, así como columnista en temas internacionales del diario El Comercio y de la página web de la revista América Economía. Ha sido profesor de Relaciones Internacionales en el Centro de Docencia e Investigación Económicas de México, comentarista en temas internacionales en CNN en español, columnista del diario mexicano Reforma y conductor del programa TV Perú Mundo en el canal público TV Perú. Asimismo, es Investigador Principal – Ad honorem del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú.

Notas finales:

1. El autor ha publicado un artículo similar a través del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú. ↑
2. En teoría de juegos una interacción entre actores es estratégica cuando el logro de los fines que persigue cada uno de ellos, a través de esa interacción, depende en parte de las acciones que llevarían a cabo otros actores que, se presume, son racionales y actúan en interés propio. En ese contexto, es necesario prever o incluso inducir las acciones de esos otros actores para que estas sean compatibles con el logro de nuestros fines. ↑
3. Sun Tzu. “The Art of War”. Long River Press, San Francisco, 2003: 3. ↑
4. Smith, David. “Trump talks himself up as ‘wartime president’ to lead America through a crisis”. The Guardian, 22 de marzo de 2020, https://www.theguardian.com/us-news/2020/mar/22/trump-coronavirus-election-november-2020 ↑
5. Vazquez, Maegan, Collins, Kaitlan, Sidner, Sara y Hoffman, Jason. “Trump invokes Defense Production Act to require GM to make ventilators”. CNN, 28 de marzo de 2020.https://edition.cnn.com/2020/03/27/politics/general-motors-ventilators-defense-production-act/index.html ↑
6. “US Government bails out Freddie Mac and Fannie Mae”. Money Marketing, 8 de septiembre de 2008. https://www.moneymarketing.co.uk/news/us-government-bails-out-freddie-mac-and-fannie-mae/ ↑
7. Malloy, Michael P. “Anatomy of a Meltdown: A Dual Financial Biography of the Subprime Mortgage Crisis”. Wolters Kluwer Law % Business, 2010. ↑
8. BBC News. “How did Iceland clean up its banks?”. BBC, 10 de febrero de 2016. https://www.bbc.com/news/business-35485876 ↑
9. Tae-yoon & Karpinski, Milosz. “Clean energy progress after the Covid-19 crisis will need reliable supplies of critical minerals”. International Energy Agency, 6 de mayo de 2020. https://www.iea.org/articles/clean-energy-progress-after-the-covid-19-crisis-will-need-reliable-supplies-of-critical-minerals ↑
10. TWH. “Inflation Reduction Act Guidebook”. The White house. https://www.whitehouse.gov/cleanenergy/inflation-reduction-act-guidebook/ ↑
11. “For a European Green Industrial Policy. A Franco-German contribution”. Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, 2024. https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/F/for-a-european-green-industrial-policy.pdf?__blob=publicationFile&v=4 ↑
12. Ibid. ↑
13. Ibid. ↑
14. Ibid. ↑
15. DW. “Francia y Alemania Viajan a Estados Unidos para evitar una guerra comercial”. YouTube, julio de 2023. https://www.youtube.com/watch?v=iRAdiCROStw ↑
16. Bureau of Industry and Security. “Commerce Implements New Export Controls on Advanced Computing and Semiconductor Manufacturing Items to the People’s Republic of China (PRC)”. Bureau of Industry and Security, 7 de octubre de 2022.https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/about-bis/newsroom/press-releases/3158-2022-10-07-bis-press-release-advanced-computing-and-semiconductor-manufacturing-controls-final/file ↑
17. Staley, Eugene. “The World Economy in Transition, Council on Foreign Relations”. New York: 1939. Sage Journals. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/000271623920500181 ↑
18. WTO. “Amendment to the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)”. World Trade Organization, 2024https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/tripsfacsheet_e.htm#:~:text=An%20amendment%20to%20the%20WTO’s,health%20originally%20adopted%20in%202003. ↑