Resumen

La inversión en defensa constituye un componente estratégico del gasto público que, desde una perspectiva keynesiana, puede estimular la demanda agregada y acelerar el crecimiento económico. Este artículo examina el gasto en defensa como instrumento de política fiscal y evalúa sus efectos sobre los cuatro componentes de la demanda agregada: consumo, inversión, gasto público y exportaciones netas, considerando canales de transmisión como el empleo, los encadenamientos productivos, la investigación y desarrollo dual (I+D) y los spillovers tecnológicos. Se revisan experiencias internacionales con énfasis en Brasil, Argentina y Chile, destacando las condiciones institucionales y macroeconómicas que potencian o limitan los resultados. Los hallazgos sugieren que la inversión en defensa genera beneficios cuando prioriza proyectos con alto contenido tecnológico, mecanismos de transferencia efectiva y articulación con la industria civil; no obstante, enfrenta riesgos de sostenibilidad fiscal, desplazamiento de la inversión privada (crowding-out) y eficiencia asignativa si se ejecuta sin criterios de costo-beneficio y transparencia. Para el Perú, se proponen lineamientos que combinan sostenibilidad macrofiscal con una agenda de innovación dual (ciberseguridad, drones, comunicaciones seguras), fortalecimiento institucional y procesos de negociación de offsets en adquisiciones, con el fin de maximizar sinergias entre seguridad nacional, desarrollo tecnológico y competitividad.

Palabras clave: inversión en defensa, industria militar, modernización tecnológica, empleo, crecimiento económico

Introducción

La inversión en el sector defensa representa un componente esencial del gasto público con efectos que trascienden la seguridad nacional. Desde la perspectiva keynesiana, el gasto en defensa puede actuar como motor de la demanda agregada, estimulando la actividad económica, generando empleo y promoviendo la innovación tecnológica, especialmente en contextos de bajo crecimiento económico o de recesión.

En América del Sur, el debate sobre la relación entre gasto militar y desarrollo económico ha cobrado renovada relevancia. Países como Brasil, Argentina y Chile han implementado políticas diferenciadas de inversión en defensa con resultados diversos: algunos han fortalecido su industria nacional, mientras que otros enfrentan dificultades derivadas de restricciones fiscales y falta de continuidad estratégica. Para el Perú, que destina alrededor del 1,1 % de su Producto Bruto Interno (PBI) a la defensa,¹ comprender cómo la inversión militar puede contribuir al desarrollo económico y tecnológico es fundamental para diseñar políticas públicas sostenibles.

El presente artículo analiza la inversión en defensa desde el enfoque keynesiano, evaluando su papel como instrumento de política fiscal y sus efectos sobre los componentes de la demanda agregada: consumo, inversión, gasto público y exportaciones netas. También examina experiencias internacionales y regionales para identificar lecciones aplicables al caso peruano.

El estudio intenta responder tres preguntas clave:

1. ¿Cómo opera el gasto en defensa como instrumento de política fiscal dentro del modelo keynesiano?
2. ¿Qué enseñanzas pueden extraerse de las experiencias sudamericanas sobre inversión militar?
3. ¿Qué estrategias permitirían al Perú maximizar los beneficios económicos derivados de la inversión en defensa, minimizando sus costos de oportunidad y manteniendo la sostenibilidad fiscal?

1. Fundamentos de la Demanda Agregada en la Teoría Keynesiana

John Maynard Keynes (1883-1946) fue un economista británico y fundador de la escuela keynesiana. En su obra influyente, The General Theory of Employment, Interest and Money (1936),² revolucionó la macroeconomía al argumentar que los mercados no siempre alcanzan automáticamente el pleno empleo, desafiando postulados clásicos.

La escuela keynesiana enfatiza el rol del Estado en la economía, estableciendo que la demanda agregada —el consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones netas— determina el nivel de producción y empleo. En períodos de recesión, recomienda incrementar gasto público y reducir impuestos para estimular el crecimiento.

Paul A. Samuelson desarrolló la síntesis neoclásica-keynesiana, integrando sus postulados con la microeconomía clásica.³ Formalizó el multiplicador fiscal, concepto que explica cómo el aumento del gasto público puede generar un crecimiento mayor en el ingreso nacional total.⁴ En defensa, este principio esclarece cómo la inversión estatal en equipamiento o industria militar amplifica el impacto económico, estimulando empleo y producción vinculada. Así, el gasto en defensa se considera una herramienta económica y estratégica que impulsa crecimiento y soberanía.

Por su parte, John R. Hicks desarrolló el modelo IS-LM (Inversión-Ahorro / Liquidez-Dinero), el cual analiza el equilibrio conjunto entre los mercados de bienes y de dinero.⁵ Este modelo permite entender cómo las políticas fiscales, como el aumento del gasto público en defensa, interactúan con las políticas monetarias y afectan el nivel general de producción, el empleo y las tasas de interés. En el caso del Perú, por ejemplo, una expansión fiscal para modernizar las Fuerzas Armadas (FF. AA.) desplaza la curva IS hacia la derecha, elevando el producto interno y reduciendo el desempleo, aunque puede generar presiones sobre las tasas de interés que afecten la inversión privada. Desde la perspectiva de la seguridad nacional, el modelo de Hicks ayuda a comprender que la defensa no solo tiene implicancias estratégicas, sino efectos macroeconómicos que deben gestionarse de manera coordinada para evitar desequilibrios financieros y maximizar la estabilidad económica.

Paul Krugman revitalizó las ideas keynesianas al defender la necesidad de políticas fiscales expansivas en tiempos de crisis, especialmente durante la Gran Recesión de 2008–2009.⁶ Según este autor, cuando la demanda privada se contrae, el Estado debe asumir un papel activo mediante la inversión pública para evitar la recesión. Aplicado al gasto en defensa, el argumento de Krugman sugiere que, en contextos de desaceleración económica o de baja inversión privada, la inversión militar puede servir como un estímulo inmediato para la producción y el empleo, sin comprometer la sostenibilidad fiscal si se gestiona con eficiencia. Además, en entornos donde la seguridad interna y externa es prioritaria, como en el caso peruano, que enfrenta amenazas híbridas, narcotráfico y minería ilegal, este tipo de inversión cumple una función doble: estabilizar la economía y reforzar la capacidad de respuesta del Estado.

Joseph E. Stiglitz amplió el marco keynesiano al incorporar las fallas de mercado y la información asimétrica, destacando el papel del Estado como agente corrector y promotor de la innovación.⁷ En este sentido, Stiglitz subraya que el gasto público puede generar externalidades positivas o spillovers tecnológicos que benefician a sectores civiles. En el ámbito de la defensa, esto se traduce en el desarrollo de tecnologías con aplicaciones duales, como los drones, la ciberseguridad, los sistemas de comunicación o los materiales avanzados. Estas innovaciones, impulsadas por el sector militar, luego se transfieren al sector civil, fortaleciendo el tejido productivo nacional y generando un círculo virtuoso de desarrollo. En términos de seguridad nacional, el enfoque de Stiglitz refuerza la idea de que invertir en defensa no solo protege al país frente a amenazas externas, sino que puede ser una vía para fortalecer la soberanía tecnológica y reducir la dependencia de importaciones estratégicas.

Los aportes de Samuelson, Hicks, Krugman y Stiglitz consolidan el fundamento teórico que sustenta la inversión en defensa desde una óptica keynesiana. Todos coinciden en reconocer el papel del Estado como motor de la economía y promotor del desarrollo tecnológico. Su aplicación al contexto peruano demuestra que un gasto en defensa bien planificado y fiscalmente sostenible puede actuar como un multiplicador económico, generando innovación, empleo y autonomía tecnológica, sin comprometer el equilibrio macroeconómico ni las prioridades sociales del país.

La teoría keynesiana sostiene que el nivel de actividad económica está determinado por la demanda agregada, expresada en la siguiente ecuación:

DA = C + I + G + (X − M)

Donde:

• C es el consumo de los hogares,
• I es la inversión privada,
• G es el gasto público,
• X − M representa las exportaciones netas.

La Figura 1 ilustra cómo el gasto público en defensa puede mover la curva de la demanda agregada, estimulando la producción nacional y el empleo, y generando el reto de mantener el equilibrio económico general.

Figura 1
Modelo keynesiano de oferta y demanda agregada (AD/AS)

A continuación, se explican las principales siglas empleadas:

1. AD (Demanda Agregada): corresponde al gasto total realizado por los hogares, las empresas y el gobierno en bienes y servicios.
2. SRAS (Oferta Agregada de Corto Plazo): expresa la cantidad de producción que las empresas están dispuestas a ofrecer en función del nivel de precios.
3. Un desplazamiento de la AD hacia la derecha (de AD₁ a AD₀) implica un aumento de la producción (de Y₁ a Yₚ) y una reducción del desempleo.
4. En cambio, una caída de la AD reduce la producción y sitúa a la economía en una fase de menor crecimiento o recesión.

Cuando el gobierno incrementa la inversión militar, por ejemplo, para modernizar las FF. AA., está aumentando la demanda agregada. Ese mayor desembolso impulsa la actividad económica, genera empleo y dinamiza sectores como la industria, la tecnología o la construcción.
No obstante, si el nivel de inversión es muy alto o no está acompañado de una política fiscal y monetaria equilibrada, puede provocar presiones inflacionarias o un déficit fiscal, afectando la estabilidad macroeconómica.

2. El Gasto en Defensa como Instrumento de Política Fiscal Dentro del Modelo Keynesiano

La inversión en defensa constituye un componente estratégico del gasto público y desempeña un papel fundamental dentro del modelo keynesiano de política fiscal. Desde esta perspectiva, el gasto en defensa no solo fortalece las capacidades militares del Estado, sino que también actúa como un motor de la demanda agregada, impulsando el crecimiento económico, la generación de empleo y la innovación tecnológica. Según John Maynard Keynes en The General Theory of Employment, Interest and Money (1936), el Estado debe intervenir activamente para reactivar el ciclo económico mediante políticas fiscales expansivas en contextos de demanda insuficiente. En este marco, la inversión en defensa se presenta como una herramienta idónea para estimular la producción nacional y contrarrestar periodos de recesión o desaceleración económica.

Keynes argumentó que los mercados no se autorregulan hacia el pleno empleo y que el gasto privado tiende a contraerse en situaciones de crisis, debido a la falta de confianza y rentabilidad. Frente a ello, el Estado debe asumir un papel protagónico aumentando el gasto público para generar un efecto multiplicador. Este principio se aplica directamente al gasto en defensa, dado que cada unidad monetaria invertida en equipamiento, infraestructura, mantenimiento o desarrollo tecnológico militar genera múltiples efectos positivos en sectores productivos y de servicios. Por ejemplo, la construcción de bases y sistemas logísticos militares dinamiza industrias como la construcción, ingeniería, metalurgia, electrónica y tecnología, generando empleo directo e indirecto.

La demanda agregada, expresada en la ecuación DA = C + I + G + (X − M), resume el funcionamiento del modelo keynesiano:

1. C (consumo): aumenta cuando las personas trabajan en proyectos de defensa, reciben sueldos y gastan más en bienes y servicios.
2. I (inversión): crece porque las empresas privadas invierten en tecnología y producción para abastecer al sector defensa.
3. G (gasto público): es el impulso inicial, ya que el Estado invierte en defensa para activar la economía y generar empleo.
4. (X − M) (exportaciones netas): mejora cuando el país produce sus propios equipos y reduce importaciones, o incluso exporta tecnología militar.

Paul A. Samuelson fue quien formalizó este efecto en su síntesis neoclásica-keynesiana, explicando que una política fiscal expansiva correctamente implementada puede amplificar el impacto del gasto público sobre el ingreso y el empleo. En el ámbito de la defensa, esto se traduce en un fenómeno concreto: las adquisiciones militares y los programas de modernización impulsan la producción nacional, fomentan la contratación de personal técnico y fortalecen la base industrial. Así, la inversión estatal en defensa se convierte en un instrumento de doble propósito: por un lado, fortalece la seguridad y soberanía nacional; y por otro, estimula la actividad económica a través del crecimiento del PIB y la expansión del empleo.

El modelo IS-LM desarrollado por John R. Hicks permite comprender cómo la política fiscal del gasto en defensa interactúa con la política monetaria. Un aumento en el gasto público desplaza la curva IS hacia la derecha, elevando el nivel de producción y reduciendo el desempleo. Sin embargo, si el gasto público se financia mediante endeudamiento excesivo, puede generar presiones sobre las tasas de interés, encareciendo el crédito y afectando la inversión privada. Este fenómeno, conocido como efecto crowding-out, representa uno de los principales riesgos de las políticas fiscales expansivas. En el caso del Perú, una política de modernización de las FF. AA. orientada a la innovación tecnológica y al fortalecimiento de capacidades industriales podría incrementar el nivel de producto y empleo, siempre que se combine con una gestión fiscal prudente y sostenible.

El gasto en defensa, además de sus efectos inmediatos sobre la demanda, contribuye al fortalecimiento de sectores estratégicos que generan innovación y competitividad. Paul Krugman, al analizar la crisis financiera de 2008–2009, destacó que en tiempos de contracción económica el Estado debe asumir un papel activo mediante la inversión pública para evitar una caída prolongada de la producción. En este escenario, la inversión en defensa se convierte en un estímulo económico inmediato, debido a su alto contenido nacional y a su capacidad de generar encadenamientos productivos. En países en desarrollo como el Perú, donde el gasto en defensa representa cerca del 1,1 % del PBI, este tipo de inversión puede sostener el crecimiento en momentos de debilidad de la demanda privada, al mismo tiempo que refuerza la capacidad institucional del Estado frente a las amenazas híbridas (narcotráfico y ciberataque).

Joseph E. Stiglitz amplió la teoría keynesiana al introducir el concepto de fallas de mercado y el papel del Estado como agente promotor de la innovación. En su análisis, el gasto público en defensa no solo tiene efectos multiplicadores sobre la producción y el empleo, al mismo tiempo genera externalidades positivas conocidas como spillovers tecnológicos. Estas surgen cuando las innovaciones desarrolladas para fines militares se transfieren posteriormente al ámbito civil, impulsando el progreso tecnológico general. Ejemplos paradigmáticos son la creación de Internet, el GPS y los sistemas de radar, todos ellos originados en proyectos de defensa y posteriormente adoptados por la economía civil. En el caso peruano, una inversión en defensa orientada a la investigación, la ciberseguridad y las comunicaciones seguras podría generar beneficios análogos, fomentando una base tecnológica sólida con aplicaciones duales para la industria y la sociedad.

Desde una perspectiva complementaria, Keith Hartley (2007) sostiene que la defensa debe entenderse como un bien público puro, caracterizado por la no exclusión (nadie puede ser privado de su protección) y la no rivalidad (su provisión no se agota por el uso simultáneo de la sociedad). Bajo este principio, el Estado es el único proveedor legítimo de la seguridad nacional y su gasto en defensa se convierte en una inversión colectiva que beneficia a toda la población. Además, Hartley reconoce que la provisión de este bien público tiene una dimensión económica significativa: el gasto militar genera demanda en múltiples sectores industriales, impulsa el empleo y fortalece el aparato productivo. Así, la intervención del Estado en la defensa no solo responde a una necesidad de seguridad, sino a un propósito de desarrollo económico y social.

El modelo de oferta y demanda agregada (AD/AS) permite visualizar de manera gráfica este proceso. La curva de demanda agregada (AD) representa el gasto total que realizan los consumidores, las empresas y el gobierno en bienes y servicios. Cuando el gobierno incrementa el gasto militar, la curva AD se desplaza hacia la derecha (de AD₁ a AD₀), provocando un aumento de la producción (de Y₁ a Yₚ) y una reducción del desempleo. Este movimiento refleja cómo la política fiscal expansiva, en este caso a través del gasto en defensa, puede aumentar el nivel de actividad económica y mejorar el bienestar social. Sin embargo, si el gasto se incrementa de manera desproporcionada o sin respaldo en la productividad, puede generar presiones inflacionarias y desequilibrios fiscales, afectando la estabilidad macroeconómica.

En el contexto peruano, el gasto en defensa cumple un papel cada vez más relevante como instrumento de política económica. La inversión pública en proyectos de defensa, tales como el desarrollo de capacidades en ciberseguridad, vigilancia fronteriza, tecnología satelital y comunicaciones seguras, no solo fortalece la seguridad nacional, sino que estimula la economía interna mediante la creación de empleo especializado, la contratación de servicios tecnológicos y el aumento de la demanda de insumos nacionales. Este tipo de gasto tiene un fuerte impacto territorial, pues dinamiza las economías regionales y promueve la descentralización productiva.

La eficacia del gasto en defensa depende de su planificación, ejecución y control. Un gasto público orientado exclusivamente a la adquisición, sin criterios de sostenibilidad ni articulación con la industria nacional, puede perder su potencial multiplicador. En cambio, una política fiscal en defensa alineada con objetivos de innovación, investigación y desarrollo industrial puede generar un círculo virtuoso entre seguridad y crecimiento económico.

En síntesis, dentro del modelo keynesiano, el gasto en defensa opera como un instrumento de política fiscal expansiva que, al ser implementado de manera responsable y estratégica, puede impulsar la producción nacional, crear empleo, fomentar la innovación tecnológica y fortalecer la soberanía económica del Estado. Su efectividad depende de la capacidad del gobierno para armonizar la expansión fiscal con la estabilidad macroeconómica, transformando la inversión en defensa en un pilar de desarrollo productivo y estabilidad nacional.

3. Lecciones de las Experiencias Sudamericanas en Materia de Inversión Militar

Las experiencias sudamericanas demuestran con claridad que el gasto en defensa puede ser un motor de crecimiento económico, tecnológico e industrial cuando se planifica de manera estratégica y se vincula con políticas de innovación y desarrollo nacional. Desde una perspectiva keynesiana, la inversión en defensa cumple una función expansiva, estimulando la demanda agregada y generando encadenamientos productivos, pero su éxito depende de la capacidad institucional del Estado para articular el gasto militar con los objetivos de política económica y social. En la región, países como Brasil, Argentina y Chile ofrecen ejemplos valiosos que permiten comprender las condiciones bajo las cuales la inversión en defensa puede traducirse en desarrollo sostenible.

En el caso de Brasil, el gasto en defensa ha sido históricamente considerado un instrumento de política industrial. La empresa Embraer, surgida en la década de 1960 como un proyecto estatal vinculado a la Fuerza Aérea Brasileña (FAB), constituye uno de los ejemplos más exitosos de cómo la inversión militar puede generar innovación tecnológica y expansión económica. Con el tiempo, Embraer se consolidó como una de las principales fabricantes de aeronaves del mundo, desarrollando productos tanto militares como civiles. Este modelo demuestra la capacidad del Estado para impulsar industrias estratégicas con proyección internacional, generando miles de empleos calificados y exportaciones de alto valor agregado. Además, la articulación entre las universidades, los centros de investigación y el Ministerio de Defensa brasileño permitió consolidar un ecosistema de innovación que fortaleció no solo la defensa nacional, sino la competitividad global del país. Desde una visión keynesiana, Brasil representa el caso donde el gasto público en defensa, lejos de ser un costo fiscal, se transformó en una inversión productiva capaz de dinamizar toda la economía.

En Argentina, la experiencia con la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) evidencia el potencial de la inversión militar como instrumento de recuperación industrial. Luego de un periodo de inactividad y restricciones presupuestarias, el Estado reactivó la empresa con el propósito de reconstruir su capacidad tecnológica y productiva. FAdeA se enfocó en la fabricación, mantenimiento y modernización de aeronaves, priorizando la investigación, el desarrollo y la cooperación con universidades y proveedores locales. Este proceso permitió generar empleo especializado, recuperar conocimiento técnico y fomentar la innovación aplicada a sectores civiles, como la aviación comercial y la industria electrónica. El caso argentino pone de relieve que, incluso en contextos fiscales limitados, una política de defensa orientada a la reindustrialización puede fortalecer la base tecnológica nacional, siempre que se prioricen proyectos con efectos multiplicadores y sostenibles. Desde el enfoque keynesiano, este tipo de inversión opera como una medida contra cíclica que reactiva la economía, impulsa la demanda y eleva el nivel de empleo en el mediano plazo.

En Chile, la política de financiamiento de la defensa mediante la Ley del Cobre representó un modelo de estabilidad fiscal y previsibilidad presupuestaria. Esta norma asignó un porcentaje fijo de las ventas de cobre de la empresa estatal Corporación Nacional del Cobre de Chile, conocida como CODELCO, al financiamiento de las FF. AA., asegurando recursos constantes para la adquisición y mantenimiento de equipos. A diferencia de otras naciones, el modelo chileno destacó por su disciplina macroeconómica: permitió sostener la inversión en defensa sin recurrir al endeudamiento, evitando presiones inflacionarias o déficits fiscales. Gracias a este mecanismo, Chile logró desarrollar una base industrial de defensa de nivel medio, representada por la Empresa Nacional de Aeronáutica (ENAER) y las Fábricas y Maestranzas del Ejército de Chile (FAMAE), las cuales contribuyeron al fortalecimiento de su autonomía estratégica. Este caso demuestra que el gasto en defensa puede coexistir con la sostenibilidad fiscal si se gestiona bajo un marco de responsabilidad y planificación a largo plazo.

El análisis comparativo de la región, basado en datos del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI)⁸ y el Banco Mundial (BM)⁹ correspondientes a 2025, permite dimensionar las diferencias estructurales entre los países sudamericanos. Brasil asigna aproximadamente el 1,4 % de su PBI a la defensa y cuenta con 334 mil efectivos, consolidando una industria militar avanzada integrada por empresas como Avibras Aeroespacial y Embraer Defensa y Seguridad (EDS).

Chile invierte el 1,9 % de su PBI y cuenta con 77 mil efectivos, manteniendo un nivel industrial medio representado por empresas como ENAER y FAMAE. Colombia destina un 3,2 % del PBI a defensa y tiene 295 mil efectivos, con una industria de nivel medio-bajo centrada en INDUMIL. En contraste, Argentina asigna solo el 0,7 % del PBI con 74 mil efectivos, limitada por restricciones presupuestarias. Perú, por su parte, invierte el 1,1 % del PBI y posee 120 mil efectivos, con una industria todavía en desarrollo, representada por la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército S.A.C. (FAME S.A.C.) y el Sistema Nacional de Promoción de la Industria de Defensa (SINPRODE), ambos con un considerable margen para su crecimiento.¹⁰

Esta comparación evidencia que el Perú tiene un potencial considerable para consolidar su industria de defensa, siempre que oriente su gasto hacia proyectos tecnológicos de alto impacto, respaldados por una estrategia sólida y una coordinación institucional efectiva. A diferencia de Brasil o Chile, donde el gasto en defensa ha generado resultados tangibles en innovación y exportación, el Perú aún se encuentra en una etapa de desarrollo institucional que demanda una política de largo plazo, alineada con sus objetivos de desarrollo económico y autonomía tecnológica.

Desde el punto de vista teórico, las experiencias regionales también ilustran el equilibrio entre las visiones keynesiana y neoclásica del gasto público. Mientras el enfoque keynesiano enfatiza los efectos expansivos del gasto en defensa sobre la producción y el empleo, la corriente neoclásica, representada por Robert Barro (1990), advierte sobre los riesgos de financiar dicho gasto mediante endeudamiento excesivo, lo que podría generar presiones fiscales y desplazar la inversión privada.¹¹ En América del Sur, las políticas más exitosas han sido aquellas que combinan ambos enfoques: expansión fiscal acompañada de responsabilidad macroeconómica. Chile, con su disciplina presupuestaria; y Brasil, con su modelo de innovación tecnológica, son ejemplos de esta convergencia entre crecimiento e institucionalidad fiscal.

Por otra parte, Joseph Stiglitz (2012) aporta una lectura complementaria al destacar que la inversión en defensa puede generar externalidades positivas o spillovers tecnológicos hacia la economía civil.¹² La transferencia de tecnologías militares a usos comerciales, como la aviación, la robótica o las comunicaciones seguras, potencia la productividad general y amplía la base científica del país. En este sentido, las lecciones sudamericanas confirman que la inversión en defensa no debe verse solo como un gasto orientado a la seguridad, sino como un vector de desarrollo tecnológico, industrial y social.

Sin embargo, el éxito de este tipo de política depende de tres condiciones fundamentales: la continuidad institucional, que garantice estabilidad y planificación a largo plazo, evitando ciclos de abandono o reactivación improvisada; la transparencia, para asegurar que los recursos destinados a defensa se ejecuten con eficiencia y sin corrupción, preservando la legitimidad social del gasto militar; y la vinculación con la economía nacional a través de programas de compensación industrial (offsets), cooperación tecnológica y participación de la industria local en contratos de adquisición.

En el caso del Perú, estas lecciones resultan especialmente relevantes. El país puede fortalecer su base industrial de defensa mediante políticas públicas que promuevan la articulación entre el sector militar, la academia y la empresa privada. La creación de consorcios tecnológicos, la inversión en investigación aplicada y la cooperación internacional permitirían transformar el gasto en defensa en una verdadera palanca de desarrollo económico. Así, el Estado reforzaría no solo su capacidad de defensa, sino que impulsaría el crecimiento industrial, la generación de empleo y la diversificación productiva.

De esta forma, las experiencias de Brasil, Argentina y Chile demuestran que la inversión en defensa, gestionada bajo criterios de sostenibilidad y eficiencia, puede ser una fuente legítima de desarrollo nacional. Su éxito depende de mantener el equilibrio entre el impulso expansivo del gasto público y la disciplina fiscal, entre la seguridad nacional y la innovación tecnológica, y entre la autonomía estratégica y la integración industrial. Estas lecciones, aplicadas al contexto peruano, constituyen la base para diseñar una política de defensa moderna, productiva y alineada con los principios del modelo keynesiano.

4. Estrategias para Maximizar los Beneficios Económicos de la Inversión en Defensa

La inversión en defensa, desde el enfoque keynesiano, puede convertirse en un motor de crecimiento económico sostenible si se gestiona con una visión estratégica y a largo plazo. Para que este gasto público se transforme en una herramienta efectiva de desarrollo, debe articularse con políticas de innovación tecnológica, sostenibilidad fiscal y fortalecimiento institucional. En el caso del Perú, el reto consiste en diseñar e implementar una política de defensa que combine el impulso expansivo del gasto público con la disciplina macroeconómica, asegurando que cada sol invertido en seguridad nacional genere retornos tangibles en empleo, productividad e innovación.

En primer lugar, el gasto en defensa debe ser concebido como inversión productiva y no como gasto pasivo. Sus resultados deben evaluarse no solo en términos de capacidad militar, sino también por su impacto en la economía real. Los proyectos de defensa con alto contenido tecnológico y potencial de aplicación dual (militar y civil), como sistemas de vigilancia satelital, redes de ciberseguridad y vehículos no tripulados (UAVs), no solo fortalecen la seguridad nacional, sino que también impulsan sectores como la ingeniería, informática, metalmecánica y telecomunicaciones. Por ello, el Estado debe priorizar proyectos que fomenten la creación de capacidades locales, la formación de capital humano especializado y la transferencia tecnológica.

Una estrategia eficaz para potenciar los efectos del gasto en defensa consiste en promover la cooperación entre el Estado, la academia y la industria, creando sinergias entre las FF. AA., las universidades y las empresas tecnológicas. La experiencia internacional demuestra que los ecosistemas de innovación emergen cuando el sector público actúa como facilitador, conectando la investigación con la producción y el desarrollo industrial.

En segundo lugar, es fundamental incorporar mecanismos de compensación industrial (offsets) en los procesos de adquisición de equipamiento militar. Estos acuerdos obligan a los proveedores extranjeros a reinvertir un porcentaje del contrato en el país comprador, mediante transferencia tecnológica, coproducción o capacitación. Según Transparency International (2016), los offsets correctamente diseñados pueden reducir la dependencia tecnológica, impulsar la industrialización local y fortalecer la transparencia en las adquisiciones. En el caso peruano, incluir cláusulas de compensación en contratos internacionales permitiría que cada compra de defensa se traduzca en beneficios directos para la industria nacional. Por ejemplo, al adquirir vehículos blindados, el Perú podría exigir la coproducción parcial en las instalaciones de la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército del Perú (FAME S.A.C.), con transferencia de conocimiento, generación de empleo y participación de proveedores locales. Esta práctica ha mostrado resultados positivos en Brasil y Corea del Sur, donde los offsets fueron clave para desarrollar capacidades industriales propias.

En tercer lugar, se recomienda la creación de un Fondo Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) para la defensa, con el objetivo de garantizar recursos permanentes destinados al desarrollo tecnológico y científico. Este fondo financiaría proyectos en áreas estratégicas tales como ciberdefensa, inteligencia artificial, sistemas autónomos, robótica militar y comunicaciones seguras. Además, podría promover la colaboración público-privada en la investigación aplicada, asegurando que las innovaciones en el ámbito militar generen beneficios tangibles para la economía civil. Un fondo de esta naturaleza también contribuiría a reducir la dependencia de importaciones tecnológicas y fomentar la autosuficiencia industrial en áreas críticas. Desde la perspectiva keynesiana, este tipo de inversión estimula la demanda agregada a corto plazo y aumenta la productividad y el crecimiento potencial de la economía a largo plazo.

Es imprescindible fortalecer la gestión y modernización de FAME, que constituye el núcleo de la industria de defensa peruana. FAME puede transformarse en una plataforma de innovación dual, tanto militar como civil, si se orienta a la producción de bienes con valor agregado y alta tecnología. Para ello, es necesario que establezca alianzas estratégicas con universidades, startups tecnológicas y socios internacionales para incorporar innovación, optimizar procesos productivos y desarrollar capacidades exportables. Las alianzas de FAME con Hyundai Rotem para fabricar vehículos blindados¹³ y con Israel Weapon Industries (IWI) para producir fusiles ARAD-7 ejemplifican la viabilidad de este modelo.¹⁴ Sin embargo, se requiere continuidad institucional, inversión sostenida y una política industrial que priorice la competitividad y la transferencia tecnológica.

Desde la perspectiva teórica, Robert Barro (1990) advierte que financiar el gasto en defensa con deuda pública puede generar presiones fiscales a largo plazo y desplazar la inversión privada. Esta visión neoclásica complementa la perspectiva keynesiana al recordar que el impulso fiscal debe darse dentro de un marco sostenible. Para el Perú, esto implica mantener una gestión fiscal prudente, respaldada por ingresos estables, reglas de responsabilidad macrofiscal y mecanismos de evaluación costo-beneficio, asegurando que la política expansiva no comprometa la estabilidad a largo plazo ni el equilibrio intergeneracional de las finanzas públicas.

Asimismo, Joseph Stiglitz (2012) destaca que el gasto en defensa puede ofrecer retornos económicos más amplios si se orienta hacia la creación de conocimiento y la innovación. Las tecnologías de doble uso —drones, sistemas de navegación, robótica, sensores inteligentes— tienen aplicaciones tanto militares como civiles, amplificando los beneficios de la inversión pública. En el contexto peruano, impulsar la investigación en estos sectores podría generar un efecto multiplicador, beneficiando no solo a la defensa sino también a la agricultura, minería, seguridad ciudadana y gestión ambiental. En consecuencia, la defensa se convierte en un catalizador del desarrollo nacional, generando beneficios palpables para distintos sectores de la sociedad.

La sostenibilidad de la política de defensa requiere una institucionalidad sólida, transparencia y continuidad estratégica. Es fundamental implementar mecanismos eficaces de supervisión, auditoría y rendición de cuentas para garantizar que los recursos se utilicen de manera eficiente e íntegra. Además, la planificación a mediano y largo plazo debe estar coherentemente alineada con el Plan Nacional de Seguridad y Defensa y con el Plan de Transformación Institucional (PTI) del Ejército del Perú (EP) al 2030.¹⁵ Estos marcos estratégicos facilitan la articulación de la inversión en defensa con los objetivos nacionales de desarrollo económico, científico y tecnológico.

Para maximizar los beneficios económicos de la inversión en defensa, se precisa una estrategia integral que integre la expansión productiva, la sostenibilidad fiscal y el avance tecnológico. La transformación del gasto militar en una inversión de alto valor agregado fortalecerá la economía nacional, favorecerá la innovación y consolidará la autonomía estratégica del Estado. Por ello, es imprescindible fortalecer la institucionalidad, fomentar la investigación y la tecnología, y promover la cooperación entre los sectores público, privado y académico. Solo bajo estas condiciones la inversión en defensa cumplirá su doble propósito: salvaguardar la seguridad nacional y contribuir decisivamente al desarrollo económico y social del país.

5. Comparación de la Inversión en Defensa entre Países de la Región

La Tabla 1 presenta una comparación de indicadores clave sobre la inversión en defensa y la capacidad industrial en países de América del Sur, basada en los datos más recientes disponibles del SIPRI¹⁶ y del BM¹⁷ para 2025.

Tabla 1. Comparativa regional de inversión y capacidad industrial en defensa según SIPRI y Banco Mundial (2025)

País	Inversión en defensa (% del PBI)	Efectivos (miles)	Nivel de la industria de defensa
Brasil	1.4 %	334	Alta (Avibras, Embraer Defensa)
Chile	1.9 %	77	Media (ENAER, FAMAE)
Colombia	3.2 %	295	Baja – Media (INDUMIL)
Argentina	0.7 %	74	Baja (limitada por restricciones)
Perú	1.1 %	120	Baja (SINPRODE, FAME limitada)

Fuente: Elaboración propia basada en datos del SIPRI Military Expenditure Database y World Bank DataBank (2025).

Conclusiones

1. La inversión en defensa, vista desde el enfoque keynesiano, constituye un instrumento eficaz de política económica al impulsar la demanda agregada, estimular el empleo y fomentar la innovación tecnológica. La experiencia en países sudamericanos como Brasil, Argentina y Chile evidencia que una gestión orientada hacia el desarrollo del gasto militar genera efectos positivos en la economía y la industria local. Por ejemplo, la expansión de Embraer en Brasil fortaleció la industria aeronáutica y creó miles de puestos de trabajo; en Argentina, la recuperación de FAdeA fomentó la investigación y el desarrollo tecnológico; y en Chile, la Ley del Cobre garantizó un financiamiento estable para la defensa sin poner en riesgo la sostenibilidad fiscal.
2. En Perú, la inversión en defensa representa alrededor del 1.1 % del PBI, cifra menor en comparación con otros países regionales, pero con un considerable potencial de crecimiento. Si se orienta adecuadamente, esta puede generar efectos multiplicadores en la economía, tales como la creación de empleo, la transferencia tecnológica y el fortalecimiento de una base industrial nacional. La política de defensa en el mediano y largo plazo ha mostrado avances positivos al vincular la seguridad con la innovación y la productividad, sin descuidar el equilibrio fiscal. No obstante, resulta crucial fortalecer los mecanismos de control, gestión y transparencia para evitar desequilibrios financieros y garantizar una planificación sostenible.
3. Los resultados revisados confirman que la inversión en defensa debe concebirse como una herramienta estratégica que dinamiza la economía, fortalece la soberanía tecnológica y contribuye al desarrollo nacional. El reto consiste en equilibrar la expansión del gasto público con la prudencia fiscal que asegure la estabilidad económica estatal.
4. Mantener una base industrial sólida aporta beneficios desde las perspectivas militar, tecnológica y económica, especialmente frente a recortes presupuestales y desplazamientos en la curva de demanda que afectan precios e ingresos. En este contexto, es esencial que los líderes identifiquen el punto óptimo de eficiencia para maximizar los resultados.

Recomendaciones

1. Consolidar una política de inversión en defensa que priorice la eficiencia, sostenibilidad y la vinculación con el desarrollo nacional. Esta debe fomentar la cooperación entre el Estado, la industria y la academia para que cada proyecto fortalezca las capacidades tecnológicas y productivas del país.
2. Priorizar inversiones que incluyan transferencia tecnológica y que tengan potencial de aplicación dual, beneficiando tanto los ámbitos militares como civiles. Igualmente, impulsar que las adquisiciones de defensa incorporen cláusulas de compensación industrial (offsets) para garantizar la participación de empresas nacionales y la creación sostenible de capacidades locales, generando un impacto positivo en la sociedad.
3. Crear un fondo permanente de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en defensa orientado a sectores estratégicos como la ciberdefensa, ciberseguridad, inteligencia artificial (IA), drones y comunicaciones seguras. Este fondo debe canalizar recursos públicos y privados hacia proyectos que eleven el nivel tecnológico nacional.
4. Fortalecer la gestión corporativa de FAME S.A.C. como eje de la industria de defensa peruana, promoviendo alianzas estratégicas con universidades, startups tecnológicas y socios internacionales para avanzar hacia una política integral que integre seguridad, desarrollo industrial y sostenibilidad económica desde una óptica militar y económica.

Bibliografía

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