Por:

Universidad de Morón y Universidad de Congreso, Argentina

Hacia la Conquista del Espacio: Retos y Perspectivas de la Política Aeroespacial Argentina

El presente artículo ha sido publicado originalmente en la Revista Seguridad y Poder Terrestre:

Vol. 4 Núm. 1 (2025): Enero a Abril

Resumen

El artículo analiza la política aeroespacial argentina, examinando su evolución y desafíos en el contexto de la creciente relevancia del espacio ultraterrestre. Se revisa el marco regulatorio internacional, destacando el Tratado del Espacio de 1967, y se exploran las implicaciones de la competencia entre potencias espaciales como Estados Unidos (EE. UU.) y China. El estudio realiza un recorrido histórico por las políticas aeroespaciales argentinas, desde la asignación de posiciones orbitales hasta la creación de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A.  (ARSAT), subrayando la importancia de la autonomía tecnológica y la cooperación internacional para el desarrollo del sector. Se argumenta que la actividad aeroespacial representa un instrumento crucial para fortalecer la defensa, la seguridad nacional y la proyección de poder del país.

Palabras clave: Política aeroespacial argentina, espacio ultraterrestre, soberanía, ARSAT, CONAE.

Introducción

Los avances científicos y tecnológicos, aunados a la necesidad de expansión y liderazgo de los estados centrales y de las empresas privadas, han conferido al espacio un protagonismo creciente en la agenda gubernamental de diversos actores. Estos no solo buscan aprovechar los beneficios que ofrece este nuevo ámbito, sino obtener una ventaja competitiva frente a otros actores internacionales. En este contexto, Argentina, a pesar de ser un país de economía media y posición periférica, ha logrado desarrollar una política aeroespacial incipiente pero sólida durante las últimas dos décadas. Gracias a esta política, el país ha accedido a los beneficios de la economía espacial y ha avanzado en su autonomía tecnológica, proceso que requiere consolidación y fortalecimiento.

En el marco de la política aeroespacial argentina, el país ha firmado acuerdos de cooperación con fines civiles y pacíficos tanto con EE. UU. como con China, dos potencias inmersas en una competencia por la supremacía científica y tecnológica que se ha extendido al espacio y a sus relaciones bilaterales con Argentina. Esto plantea la necesidad de examinar la evolución de la política aeroespacial argentina, sus avances, retos internos y el impacto de sus relaciones internacionales en el desarrollo del sector.

Espacio Ultraterrestre: Regulaciones, Relevancia y Aspiraciones de Dominio

En 1967, se estableció el Tratado del Espacio, considerado el pilar fundamental de los acuerdos que regulan las actividades en el espacio ultraterrestre. Este estipula que ningún elemento en dicho entorno puede ser objeto de apropiación nacional mediante reivindicación de soberanía, uso u ocupación. No obstante, permite la exploración y explotación con fines exclusivamente pacíficos. Hasta la fecha, 133 países se han adherido a este acuerdo.

En el ámbito militar, el artículo IV del tratado establece que los Estados firmantes se comprometen a no colocar en órbita terrestre objetos portadores de armas nucleares o de destrucción masiva ni emplazar dichos armamentos en cuerpos celestes o en el espacio ultraterrestre bajo ninguna modalidad. Sin embargo, la normativa no prohíbe la instalación de armas convencionales ni el uso de satélites con fines militares.

Desde mediados del siglo XX, China, Rusia y EE. UU. han competido por la conquista del espacio. Inicialmente, los satélites tenían propósitos científicos, pero con el tiempo algunos Estados identificaron su potencial en los ámbitos de telecomunicaciones e inteligencia militar. En este contexto, la obra “El poder militar terrestre, naval, aéreo y en el espacio” de los especialistas en defensa Josep Baqués y José Luis Calvo analiza diversas aplicaciones de los sistemas satelitales:[1]

  • Actúan como repetidores de señales electromagnéticas, ampliando su alcance.
  • Permiten la observación de cualquier superficie mediante la captura de imágenes o emisiones electromagnéticas, ya que la soberanía aérea se limita a la atmósfera.
  • Configuran nuevas estrategias espaciales en un entorno de libre acceso, sujeto a limitaciones internacionales para usos militares.
  • Exigen inversiones significativas y conocimientos avanzados para su lanzamiento, seguimiento y monitoreo.
  • Son cruciales para operaciones militares en comunicaciones, inteligencia y posicionamiento.
  • Existen desarrollos armamentísticos específicos diseñados para la destrucción de satélites.

Durante el siglo XXI, las grandes potencias espaciales y las emergentes han demostrado un interés creciente en el espacio, incrementando progresivamente las inversiones y actividades espaciales dentro de sus planificaciones estratégicas económicas, de defensa y seguridad nacional. Esto se ha logrado mediante la cooperación con actores privados. Por ejemplo, actualmente hay una gran cantidad de satélites en órbita: EE. UU. cuenta con 1.308; China con 356; empresas multinacionales, 177; Rusia, 167; Gran Bretaña, 130; Japón, 78; India, 58; y Canadá posee 39. Respecto al uso de los mismos, se distribuyen en: comerciales, 1.440; gubernamentales, 436; militar, 139; usos mixtos, 318; y civil, 133.[2]

Los satélites tienen una amplia gama de aplicaciones, incluyendo el catastro territorial, la gestión de usos del suelo, la hidrología, la agricultura, las explotaciones forestales, el urbanismo, el monitoreo de incendios forestales e inundaciones, la calidad de las aguas, el seguimiento de vertidos de petróleo, las subsidencias, los seguros y el análisis de riesgos, el monitoreo de cambios ambientales, la oceanografía, la meteorología, y las aplicaciones militares. Estas últimas son especialmente relevantes, ya que las futuras guerras podrían comenzar en la superficie terrestre y extenderse al espacio, dado que gran parte de la tecnología militar moderna depende de los satélites en órbita. Además, los satélites permiten la simulación de escenarios reales en 3D, la investigación vulcanológica y sísmica, y los estudios medioambientales.

Al examinar esta creciente relevancia, la académica Molina Domínguez sostiene que la competencia por el poder, impulsada por la creciente necesidad de recursos, se está desplazando nuevamente hacia el espacio. Si en el pasado el objetivo era enviar al hombre a la luna, hoy en día, poseer una flota espacial robusta significa tener dominio en el quinto escenario bélico posible—tierra, mar, aire, ciberespacio y espacio exterior—, especialmente si este último se considera una nueva frontera prometedora.

En este sentido, Molina Domínguez explica: “Actualmente, esta carrera por el poder, unida a la creciente necesidad de recursos, se traslada de nuevo a la órbita espacial. Si en los años sesenta el objetivo fue el lanzamiento del hombre a la luna, en la actualidad, contar con una buena flota espacial supone contar con la hegemonía en el quinto escenario bélico posible (tierra, mar, aire, ciberespacio y espacio exterior) y más si este puede ser la nueva tierra prometida”. Complementando este pensamiento, enfatiza: “Los países industrializados dependen cada vez más de su red de satélites, drones y avances en materia espacial. Por ello, la carrera espacial está llamada a ocupar un lugar prioritario en la agenda de todo aquel que aspire a garantizar su seguridad y a ser tenido en cuenta en el escenario internacional”.

En este sentido, Molina Domínguez argumenta que la carrera por el poder, impulsada por la necesidad creciente de recursos, se está trasladando nuevamente al espacio. En el pasado, el objetivo era enviar al hombre a la luna, pero hoy en día, contar con una flota espacial sólida significa tener hegemonía en el quinto escenario bélico posible, lo cual es especialmente relevante si se considera que este espacio puede ser una nueva frontera prometedora. Complementando esta idea, Molina Domínguez destaca que los países industrializados dependen cada vez más de sus redes de satélites, drones y avances espaciales. Por lo tanto, la carrera espacial está llamada a ocupar un lugar prioritario en la agenda de aquellos que buscan garantizar su seguridad y ser relevantes en el escenario internacional”.[3]

Simultáneamente, EE. UU., China, Rusia, la Unión Europea (UE) y, en menor medida, Japón y la India, se encuentran inmersos en ambiciosos programas espaciales con un doble fin: asegurarse una posición influyente en el escenario internacional y desarrollar planes alternativos que permitan mantener una supremacía científica, tecnológica y económica, resguardar sus intereses y objetivos nacionales, alcanzar objetivos asociados a fortalecer sus capacidades y disminuir sus vulnerabilidades y dependencia respecto a otros países más desarrollados.

En síntesis, las actividades espaciales constituyen un instrumento crucial tanto para fortalecer la defensa y seguridad nacional como para proyectar y construir poder, ya sea por razones económicas, tecnológicas o militares. Gracias a estas actividades, los Estados pueden alcanzar objetivos políticos, económicos y sociales. Sin embargo, no todos tienen igual acceso al espacio cósmico, pues requieren importantes recursos económicos, científicos y tecnológicos avanzados, así como profesionales altamente calificados. La posesión de estos recursos y capacidades permite a los Estados posicionarse dentro de las estructuras jerárquicas internacionales, donde pueden influir en la definición de las reglas del orden mundial.

Regulaciones y Competencia en la Exploración del Espacio Ultraterrestre: El Caso Argentino en el Contexto Internacional

La geografía aeroespacial se entiende como el análisis del impacto global de las condiciones geográficas sobre el Estado y otros actores internacionales. inde interés nacional.[4] Se deduce que tanto la política interna como la externa de un Estado involucra diversos factores de poder en su empleo, los cuales han sido previstos dentro una planificación estratégica gubernamental.

Es importante destacar que el ámbito aéreo abarca las superficies terrestres y marítimas de las fronteras de un Estado, reconocidas por el Derecho Internacional. Por otro lado, el espacio exterior carece de soberanía estatal, aunque se puede determinar la capacidad aeroespacial de un país que busca satisfacer objetivos nacionales mediante políticas específicas que puedan usarse en escenarios futuros y que contribuyen al desarrollo de la industria e infraestructura aeronáutica y espacial, el desarrollo científico y tecnológico nacional e institucional, la aviación general (comercial, deportiva, civil, entre otros), la política aeroespacial, la infraestructura educacional y una conciencia aeroespacial nacional desde los más altos niveles de la conducción nacional”.[5]

En el caso de Argentina, siguiendo lo establecido por el Derecho Internacional, el país sancionó un conjunto normativo, el cual determinó que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) es responsable de ejercer la autoridad de aplicación en el espacio aéreo jurisdiccional como organismo idóneo del gobierno.[6]

Además, la Comisión Nacional de Actividades Aeroespaciales (CONAE) administra los intereses nacionales y tiene entre sus funciones proponer las políticas para la promoción y ejecución de las actividades en el área espacial con fines pacíficos en el ámbito productivo, científico, educativo y para la creación de tecnologías nacionales innovadoras en todo el territorio argentino”.[7] La Fuerza Armada Argentina es la encargada de defender el espacio aéreo jurisdiccional, contribuyendo a la defensa de la soberanía e independencia, la integridad territorial y la autodeterminación previstas dentro del Proyecto de Defensa Nacional. En consecuencia, la ANAC, la CONAE y la Fuerza Aérea constituyen el núcleo central de la actividad aeroespacial del país.

En el contexto específico de las políticas aeroespaciales nacionales, los antecedentes datan de 1985 cuando la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) asignó a Argentina la posición orbital 72° Oeste.[8] En aquel momento, el país debía diseñar un plan satelital que garantizara el uso y resguardo de dicha posición, ya que no ocupar el espacio y la frecuencia adquiridos dentro del tiempo establecido por la UIT podía llevar a la pérdida de la posición orbital permitiendo su uso por parte de otros actores. Como respuesta, se optó por financiamiento privado para esta tarea, y la posición fue ocupada por Nahuelsat, un consorcio compuesto mayormente por capital extranjero, que puso en órbita el satélite Nahuel 1A, fabricado fuera del país.[9]

En 1998, el expresidente Carlos Menem firmó con los EE. UU. un acuerdo de reciprocidad que proponía ceder la posición Orbital 81° O a la Argentina, a cambio de permitir la penetración de los servicios de la empresa DIRECTV en el país, según lo establecido por la Resolución 2593/1998.[10] Como contrapartida, la empresa estadounidense accedería a un mayor mercado de usuarios argentinos para sus servicios satelitales. Esta posición orbital era estratégica, ya que permitía cubrir todo el continente americano, desde EE. UU. hasta Argentina, lo que representaba un valor económico significativo.

Para garantizar el servicio y ocupar la posición orbital, la empresa Nahuelsat se ofreció a construir el segundo satélite geoestacionario, Nahuel 1B. Sin embargo, no garantizaba la ocupación orbital, lo que generó constantes presiones de otros países interesados en esa posición. Frente a esta situación, el gobierno nacional debió gestionar ante la UIT la prórroga de la asignación de la posición orbital 81° O.[11] Así, Argentina disponía de tres años de gracia para colocar un satélite en dicha órbita.

En agosto de 2004, mediante la Resolución N° 188, la Secretaría de Comunicaciones revocó la asignación del uso de la posición orbital 81° O a Nahuelsat, citando razones de ilegitimidad, lo que marcó el inicio de la construcción de la soberanía espacial en manos del Estado Nacional argentino. En el año 2006, el expresidente Néstor Kirchner crea la empresa estatal de telecomunicaciones ARSAT, estableciendo una nueva política satelital que contemplaba “a) el diseño, el desarrollo, la construcción en el país, el lanzamiento y/o puesta en servicio de satélites geoestacionarios de telecomunicaciones en posiciones orbitales que resulten o que resultaren de los procedimientos de coordinación internacionales ante la UIT y las bandas de frecuencias asociadas y b) la correspondiente explotación, uso, provisión de facilidades satelitales y/o comercialización de servicios satelitales y/o conexos”.[12] Acorde con el marco legal establecido, se esperaba que ARSAT colaborara en incrementar las capacidades del país en materia de telecomunicaciones y permitiera el desarrollo e impulso de la industria espacial argentina.[13]

El fin de la vida útil del Nahuel 1B llevó a ARSAT a trasladar a los usuarios al satélite AMC-6 de la empresa internacional SES (Rey Sumay 2021, citando a Convergencia Latina 2007)[14] y a ocupar la órbita 81° mediante satélites alquilados. Para fortalecer su capacidad satelital, ARSAT firmó un contrato para que la empresa argentina INVAP, especializada en el desarrollo de satélites de observación, fuera la contratista principal para la construcción de la plataforma satelital geoestacionaria del país.[15]

Como consecuencia de las políticas públicas implementadas, ARSAT destacó que el 16 de octubre de 2014, Argentina posicionó en la órbita 72° O su primer satélite geoestacionario nacional ARSAT-1. Un año más tarde, en septiembre de 2015, se posicionó el ARSAT-2 en la órbita 81° O.[16]

Además, se suman los satélites Saocom-1A (activo desde el 7 de octubre de 2018) y el Saocom-1B (lanzado desde Florida, EE. UU., en agosto de 2020). Este sistema se compone por una red de estaciones terrenas distribuidas desde el Ártico hasta la Antártida, incluyendo las argentinas Centro Espacial de la CONAE en Córdoba y en Tolhuin, Tierra del Fuego, con equipamiento diseñado y construido en el país. También cuenta con un centro de control de misión y producción de imágenes localizado en el Centro Espacial de Córdoba.

Los especialistas de INVAP explicaron que los satélites cuentan con un innovador radar de microondas capaz de medir diversas características del terreno, como suelos, montañas, cuerpos de agua, hielos, mares y ciudades. Asimismo, señalaron que esta lista no es exhaustiva, ya que el potencial de dicho instrumento aún no está totalmente delimitado.[17]

Posteriormente, se implementó el Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035, formalizado mediante la Ley N° 27.208 (Argentina.gob.ar; Infoleg 2015). Este tenía como objetivo principal optimizar la relación entre la potencia a bordo y el peso del satélite, alineándose con los estándares internacionales mediante sistemas de propulsión eléctricos o híbridos (Redalyc 2018; Marval 2015). Se proyectaba la construcción de seis satélites para reemplazar a los ARSAT-1 y ARSAT-2, incluyendo un cronograma que contemplaba el lanzamiento del ARSAT-3 en 2019 (Argentina.gob.ar). No obstante, estos objetivos no se cumplieron debido al proceso de desinversión durante la administración del presidente Mauricio Macri.

Esta situación se evidencia en el análisis presupuestario realizado por el Dr. Stefani, quien señaló que la inversión pública en ciencia y tecnología creció de manera sostenida entre 2009 y 2013, pasando de 1200 a 2300 millones de USD. Sin embargo, entre 2014 y 2017, presentó fluctuaciones significativas, con un promedio cercano a los 2200 millones de dólares (USD). Para 2018, se proyectó una inversión de 1838 millones de dólares (USD), cifra inferior a la 2012”;[18] tendencia que fue revertida en la gestión presidencial posterior.

Durante los primeros meses de la presidencia de Alberto Fernández, se anunció el relanzamiento del Plan Satelital Geoestacionario Argentino, priorizando la reactivación de la fabricación y puesta en órbita del tercer satélite de la serie, ahora denominado ARSAT SG-1 (segunda generación). Más adelante, se complementó con el lanzamiento del Plan Conectar, cuyo objetivo principal es potenciar el acceso de la población a los servicios de la Información y la Comunicación (TIC). Este contempla la extensión de la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO), la modernización del Centro Nacional de Datos de ARSAT y el fortalecimiento de la Televisión Digital Abierta. De acuerdo con lo establecido por la Ley N° 27.208, este proyecto debe revisarse cada tres años para actualizar sus propuestas, responder a las demandas internas y aprovechar oportunidades y desafíos externos.

Con la asunción del presidente Javier Milei, las políticas aeroespaciales y las relacionadas con el desarrollo científico y tecnológico han sido objeto de revisión y, en algunos casos, paralización en comparación con etapas anteriores. Esta situación debería reconsiderarse desde una perspectiva estratégica para el país, con el objetivo de fortalecer la soberanía tecnológica y satelital, y alcanzar mayores niveles de autonomía respecto a empresas multinacionales y países centrales. A largo plazo, esto permitiría consolidar la defensa de la soberanía nacional y potenciar diversas actividades civiles, como la provisión de información para mitigar el impacto de catástrofes naturales, la detección temprana de incendios forestales, la vigilancia de la pesca ilegal y el fortalecimiento de la seguridad, entre otras áreas.

En 2024, bajo la administración del presidente Javier Milei, se implementaron recortes presupuestarios significativos en los organismos científicos y tecnológicos, incluyendo el sector aeroespacial, con una reducción superior al 30 %, situando el financiamiento en niveles comparables a los de 1976 y 2002. (Di Grande 2024).[19] Además, numerosos contratos de profesionales altamente calificados no fueron renovados, generando preocupación sobre la continuidad de diversas actividades a nivel nacional y el cumplimiento de convenios internacionales vigentes.[20]

A pesar de los desafíos recientes, es crucial destacar las ventajas técnicas que Argentina ha obtenido gracias a políticas aeroespaciales relativamente estables, lo que subraya la importancia de continuar su promoción y desarrollo. Como señala la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en su informe Programa Espacial Nacional Argentino: Impacto y Proyección, el país ha logrado avances significativos en el impulso a la investigación científica y la observación de la Tierra, el fortalecimiento de la infraestructura de telecomunicaciones y el desarrollo tecnológico en sectores estratégicos como la aeronáutica y la energía nuclear. Asimismo, se ha generado empleo altamente calificado y se ha expandido la red de proveedores y colaboradores nacionales e internacionales, contribuyendo al fortalecimiento de la capacidad tecnológica nacional y al avance de la autonomía tecnológica.

CONAE y el Acceso al Espacio: Avances en Misiones Satelitales y Perspectivas de Autonomía

La CONAE desarrolla misiones satelitales propias conforme a los requerimientos de datos e información. Entre sus labores principales se destacan el diseño, la construcción, la calibración, integración, ensayos y la puesta en órbita de satélites, a través de terceros o con lanzadores propios. Además, en colaboración con otras agencias espaciales internacionales, la CONAE forma constelaciones de satélites que operan conjuntamente para mejorar la calidad, cantidad y tipo de información, ampliando significativamente las capacidades del conjunto.

En cuanto a la trayectoria de esta institución, en cooperación con INVAP y otras organizaciones públicas y privadas nacionales e internacionales, se ha llevado a cabo la serie de misiones satelitales «SAC», que incluye instrumentos en el rango óptico. Entre estos proyectos, se encuentran las misiones de cooperación conjunta CONAE-NASA, con la participación de otras agencias espaciales. Los satélites SAC-A (misión tecnológica), SAC-C y SAC-D/Aquarius (observación de la Tierra) cumplieron con sus objetivos, mientras que SAC-B (astrofísica) no logró completar su misión debido a fallas en la separación del satélite tras su lanzamiento. Estos proyectos de cooperación conjunta CONAE-NASA incluyeron aportes de instrumentos a la carga útil de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) de los EE. UU., la Agencia Espacial Italiana (ASI), el Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia (CNES), la Agencia Espacial Danesa (DSA) y la Agencia Espacial Canadiense (CSA).[21]

Recientemente, la serie SAOCOM ha captado atención debido a su capacidad para integrar satélites argentinos de observación con radar, los cuales brindan información esencial para la prevención, monitoreo, mitigación y evaluación de catástrofes tanto naturales como antrópicas, así como para la generación de datos sobre la humedad del suelo (Farré 2017).[22] Estos satélites aportan beneficios sustanciales a la actividad productiva nacional, entre otros sectores. Además, los satélites SAOCOM operan conjuntamente con cuatro satélites italianos COSMO-SkyMed como parte del Sistema Ítalo-Argentino de Satélites para la Gestión de Emergencias (SIASGE), desarrollado por la CONAE y la ASI, con el fin de apoyar la gestión de emergencias y fomentar el desarrollo económico.

Asimismo, dentro del programa satelital del Plan Nacional Espacial, se encuentra en desarrollo la misión SABIA-Mar, dedicada principalmente al estudio de la productividad marina, costas y estuarios, cuyo satélite contará con instrumentos argentinos en el rango óptico y térmico.[23] A su vez, según el informe presentado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República Argentina en 2023, uno de los principales objetivos establecidos por la CONAE en el marco del Plan Nacional Espacial es el desarrollo de vehículos lanzadores que faciliten la colocación en órbita de satélites de observación de la Tierra desde el territorio argentino, un proyecto en el que se está trabajando activamente.[24]

En este sentido, la CONAE lleva adelante el Proyecto Inyector Satelital para Cargas Útiles Livianas (ISCUL), cuyo objetivo es el desarrollo de una familia de vehículos lanzadores, los Tronador II y Tronador III, con capacidad para colocar en órbita polar a satélites de entre 500 y 750 kg a una altura de 600 km. Este incluye el desarrollo de la infraestructura necesaria, como las instalaciones para ensayos de propulsión, la fabricación e integración de los vehículos lanzadores y las bases de lanzamiento

En resumen, Argentina ha estado desarrollando políticas aeroespaciales específicas en las que empresas e instituciones nacionales han jugado un papel crucial en la adquisición y desarrollo de capacidades. A pesar de que estas políticas son aún incipientes, si continúan recibiendo el apoyo y promoción del Estado, el país podría alcanzar, en un mediano plazo, una relativa autonomía y soberanía en el ámbito aeroespacial, lo que le permitiría obtener grandes ventajas en los sectores civil y económico.

Alianzas Internacionales en el Sector Espacial: Sinergias y Tensiones entre Cooperación y Competencia Estratégica

Entre las grandes ventajas que generan los programas espaciales se encuentran contribuir al desarrollo de infraestructura física y no-física, como la tecnología y los conocimientos desarrollados en el marco de los mismos, desarrollar programas educativos en universidades, incentivar y crear nuevos estándares para la industria, establecer nuevas alianzas o consorcios resultantes de los programas espaciales, infraestructura organizacional y capital humano.[25]

Para llevar a cabo estas actividades, se requiere una considerable cantidad de recursos y conocimientos que, en el caso de países medianos y periféricos como Argentina, pueden no estar completamente disponibles o, debido al elevado gasto público que implican, las prioridades gubernamentales suelen ser otras. Ante este escenario, especialmente en las etapas iniciales del desarrollo de políticas relacionadas con la economía espacial, una estrategia viable para el Estado es promover acuerdos de cooperación con países y empresas líderes en estos sectores. Esta colaboración permite aprovechar avances en investigación, desarrollo e innovación, facilitar transferencias tecnológicas y capacitar recursos humanos, entre otros objetivos esenciales, para avanzar hacia una política aeroespacial sólida y capitalizar sus beneficios. En este contexto, naciones centrales como China, Rusia, Estados Unidos, Japón e Italia, así como agencias como la NASA o la Agencia Espacial Europea, mantienen una inversión significativa en sus programas aeroespaciales, posicionándose como líderes en este ámbito.

Es importante destacar que no todos los actores internacionales comparten intereses, valores y objetivos similares. En el actual escenario global, se observa una competencia estratégica entre naciones como EE. UU. y China por el acceso y control de áreas de relevancia mundial, incluyendo el espacio exterior. Ambos países buscan mantener su supremacía científica y tecnológica con fines tanto civiles como militares. China, por ejemplo, ha demostrado su ambición espacial con misiones como la Tianwen-3, cuyo objetivo es recolectar muestras de Marte y traerlas a la Tierra. Además, ha desarrollado armamento de alta tecnología que plantea un riesgo considerable para los recursos estratégicos estadounidenses.

Las particularidades mencionadas deben integrarse en las opciones estratégicas de Argentina, más allá de su tradicional compromiso con el multilateralismo y la cooperación pacífica en las relaciones internacionales. El tipo de decisiones que se tomen sobre con quién asociarse, y las características de esos acuerdos, deben formar parte de una planificación estratégica nacional. Esta no solo debe identificar oportunidades, áreas de mejora y potenciales vulnerabilidades nacionales; también debe ser sostenible a lo largo del tiempo y trascender las distintas administraciones presidenciales, si el objetivo final es alcanzar una verdadera soberanía tecnológica.

Acuerdos Aeroespaciales con EE. UU. y China: Implicancias Estratégicas para Argentina

Trasladada esta opción estratégica a la realidad argentina, el país sudamericano ha celebrado acuerdos diplomáticos de cooperación tanto con EE. UU. como con China, independientemente de la competencia estratégica entre ambas potencias aeroespaciales en su carrera por alcanzar la supremacía civil y militar en este ámbito. A continuación, se presentan los acuerdos suscritos:

a) Estados Unidos

En el marco del uso pacífico del espacio ultraterrestre, los gobiernos argentino y estadounidense suscribieron un acuerdo marco de cooperación en el ámbito aeroespacial el 25 de octubre de 2011, el cual entró en vigor en Argentina el 30 de julio de 2013.[26]

El convenio se fundamenta en el Acuerdo de Cooperación en los Usos Civiles del Espacio, suscrito en Buenos Aires el 6 de agosto de 1991 y finalizado en 2006. El acuerdo subsiguiente tiene como finalidad promover la cooperación en vuelos espaciales tripulados, la exploración de la ciencia espacial, el uso del espacio para la investigación en las ciencias de la Tierra y el estudio del cambio global, así como el restablecimiento de un marco legal general.[27]

La CONAE y la NASA asumieron la responsabilidad de ejecutar las actividades previstas, entre las cuales se incluye: “la investigación, el diseño, el desarrollo, la evaluación, la fabricación, el ensamblaje, la integración, la operación o el uso de vehículos de lanzamiento o de transferencia, cargas, instrumentos y otros servicios, instalaciones y equipos de soporte relacionados; y todas las actividades relacionadas con los equipos de soporte, evaluación, capacitación, simulación u orientación y control terrestre de las instalaciones o servicios relacionados”.[28]

Asimismo, se definieron las siguientes áreas de interés común: observación, monitoreo y ciencias de la Tierra; ciencias espaciales; y sistemas de exploración y operaciones espaciales. En consecuencia, dichos programas podrán implementarse mediante el uso de aeronaves y plataformas de investigación espacial; instrumentos científicos instalados a bordo de las mismas; misiones de operaciones espaciales; campañas de vuelos de globos científicos y cohetes sonda; campañas y vuelos de aeronaves; comunicaciones espaciales —incluidas antenas terrestres para rastreo, telemetría y adquisición de datos—; instalaciones de investigaciones terrestres; intercambios de personal y de datos científicos; participación en reuniones y talleres conjuntos; aplicaciones terrestres y espaciales; actividades de educación y difusión pública; y otros mecanismos que ambas partes decidan incorporar.[29]

Del mismo modo, las partes acordaron mutuamente renunciar a cualquier reclamo relacionado con actividades realizadas conforme al Acuerdo de la Estación Espacial Internacional (EEI), entre otros aspectos. Este convenio tiene una vigencia de diez años desde su aprobación. Gracias a este acuerdo, en 2018 se facilitó el lanzamiento del satélite argentino SAOCOM 1A desde la Base de la Fuerza Aérea Vandenberg en California. Posteriormente, en 2020, la NASA apoyó el lanzamiento del satélite SAOCOM 1B desde Cabo Cañaveral, Florida.

Otro antecedente relevante se produjo en diciembre de 2017, cuando la NASA, que se encontraba en el sur de Argentina recopilando datos para la Operación Ice Bridge, coincidió con la desaparición del submarino argentino ARA San Juan. En ese contexto, la institución estadounidense redirigió su avión de investigación P-3B Orion hacia la misión de búsqueda y rescate del submarino. Paralelamente, durante ese mismo año, la NASA se asoció con la CONAE para organizar el primer seminario regional sobre reducción del riesgo de desastres, en el que participaron científicos de observación de la Tierra, socorristas, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y representantes gubernamentales, con el propósito de abordar problemas e identificar soluciones.

De igual manera, Argentina fue considerada en ese momento como un socio activo dentro del Programa de Aprendizaje y Observaciones Globales en Beneficio del Medio Ambiente (GLOBE) de la NASA, iniciativa mundial que agrupa a estudiantes, docentes, científicos y ciudadanos para promover la ciencia y el conocimiento sobre el medio ambiente.[30]

El 15 de febrero de 2013 se suscribió, asimismo, un acuerdo diplomático relativo al uso de datos provenientes de satélites de detección de remoción de tierras de EE. UU., el cual entró en vigor ese mismo día. Las instituciones involucradas fueron el Servicio Geológico del Departamento del Interior de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) y la CONAE. En el marco de dicho convenio se estableció que el USGS proporcionaría datos satelitales de teledetección terrestre obtenidos de las misiones del satélite Landsat, mientras que la CONAE recibiría, procesaría, archivaría, distribuiría e intercambiaría dichos datos en cooperación con la institución estadounidense. Se estipuló, además, que el USGS conservaría el derecho de propiedad sobre todos los datos de teledetección terrestre sin procesar adquirida por sus satélites.

En síntesis, el acuerdo profundiza el uso civil del ámbito aeroespacial y el aprovechamiento de la información satelital obtenida por EE. UU. del territorio sudamericano, mientras que la CONAE se encarga del procesamiento de dichos datos, pese a que la propiedad intelectual corresponde al USGS. Además, se establece que los programas y datos deben estar disponibles para el socio norteamericano en caso de que su gobierno o sus aliados los requieran. Este convenio plantea numerosos interrogantes que trascienden el fin pacífico acordado, tales como: ¿se vulneran espacios soberanos mediante el uso de nuevas tecnologías para la obtención de información por parte de un organismo estadounidense? ¿Podrían estos datos emplearse en ámbitos de inteligencia y operaciones militares? ¿Representa esta situación una nueva forma de control sobre los espacios geopolíticos tradicionales, como el continental y el marítimo? Tales inquietudes resultan igualmente pertinentes en relación con las actividades chinas que se describen a continuación.

b) La Alianza Sino-Argentina en Materia Aeroespacial

En el ámbito aeroespacial se suscribió un acuerdo de cooperación que respondió tanto a las necesidades actuales y futuras de China como a la referencia a pactos preexistentes que enmarcan nuevas acciones estratégicas en el espacio argentino. Entre dichas disposiciones se destacan:[31]

• El Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre —incluida la Luna y otros cuerpos celestes—, celebrado el 27 de enero de 1967, del que participan Argentina y China.

• El Convenio sobre Cooperación Científica y Técnica entre el Gobierno de China y el Gobierno de Argentina, firmado el 7 de junio de 1980.

• El Acuerdo Marco de Cooperación Técnica para el Uso Pacífico del Espacio Ultraterrestre, celebrado el 16 de noviembre de 2004, entre la CONAE y la Agencia Espacial Nacional de China (CNSA) de la República Popular China (RPC).

Este conjunto de acuerdos culminó en la firma de un convenio de cooperación para la construcción, el establecimiento y la operación de una estación de espacio lejano chino en la provincia de Neuquén, en el marco del programa chino de exploración lunar desarrollado en 2014 y ejecutado efectivamente el año siguiente. En otras palabras, la entonces presidenta Cristina Fernández firmó un acuerdo con el gobierno chino, encabezado por Xi Jinping, mediante el cual se consensuó la instalación de una base espacial en la Patagonia argentina. Dicha base opera en un predio de 200 hectáreas, en la localidad de Bajada del Agrio (Neuquén), constituyéndose en la primera base aeroespacial china en funcionamiento fuera de su territorio soberano.

El acuerdo marco en esta materia, suscrito el 4 de febrero de 2015, establece de manera explícita:

“Teniendo en consideración que las partes destacan la colaboración para llevar a cabo la instalación de una estación terrestre de seguimiento, comando y adquisición de datos en la provincia del Neuquén, Argentina, para las misiones chinas de exploración interplanetaria en el marco del Programa Chino de Exploración de la Luna”. (Acuerdo Marco para la Cooperación en el campo de las actividades espaciales entre el gobierno de la República Argentina y el de la RPC 2015,1).

El tratado internacional define, en efecto, la función específica de la colaboración, orientada a las misiones chinas de exploración lunar. En su Artículo II se identifican las siguientes áreas estratégicas:

“Cooperación en proyectos de ciencia espacial y exploración del espacio profundo de interés mutuo; desarrollo conjunto de vehículos espaciales y de instrumentos para uso espacial; infraestructura terrestre para la investigación y el desarrollo de vehículos espaciales; construcción y operación de estaciones terrestres para la recepción, seguimiento, telemetría y control de vehículos espaciales; servicios de lanzamiento, seguimiento y control para satélites, así como la gestión y el desarrollo de tareas en órbita; cooperación en aplicaciones de satélites de telecomunicaciones, de navegación y de teleobservación; entre otros”.(Acuerdo Marco 2015, 2).

El acuerdo tiene una duración de diez años, con renovación automática por una década adicional. Diversos especialistas y políticos, tanto nacionales como internacionales, han expresado críticas frente a la instauración de la base aeroespacial en territorio argentino, argumentando, entre otros aspectos, que el programa espacial de China está dirigido por el Ejército Popular de Liberación (EPL) y que la estación patagónica es administrada por el Control General de Seguimiento y Lanzamiento de Satélites de China (CLTC), organismo dependiente de la Fuerza de Apoyo Estratégico del EPL.[32]

En enero de 2022, durante la presidencia de Alberto Fernández, se suscribieron trece acuerdos reservados entre el gobierno argentino y su contraparte china, con el compromiso de que el país asiático realizara inversiones por 23 mil millones de dólares.[33] Uno de estos acuerdos se centró en el sistema de geolocalización chino BeiDou. Según el Libro Blanco emitido por China, este sistema ha alcanzado una precisión de tres a cinco metros, destacándose por su constelación híbrida, enlaces intersatélites y estructuras de señal avanzadas. Además, es compatible con otros sistemas de navegación por satélite y ofrece servicios diversificados, como posicionamiento, navegación, sincronización y operaciones de búsqueda y rescate a nivel global.

En materia diplomática se acordó la construcción de una estación de seguimiento para el sistema global de navegación satelital BeiDou, en el Centro Espacial Teófilo Tabanera (CETT), en la provincia de Córdoba. Argentina proporcionará la infraestructura y los servicios necesarios para la operación y mantenimiento de dicha estación, mientras que China facilitará imágenes satelitales de teleobservación.[34] Con este convenio, que se suma a los existentes, se estableció que la CONAE y la Administración Nacional Espacial de China (CNSA) serán las responsables, y se espera que se impulsen investigaciones en el ámbito espacial y marítimo, aprovechando la capacidad de recabar y procesar información del nuevo sistema.

Asimismo, el acuerdo contempla un eje orientado a la información geoespacial obtenida mediante el sistema satelital, previendo “la cooperación en diferentes campos, tales como procesamiento de datos de teledetección de alta resolución, calibración conjunta y verificación de productos; generación y actualización de productos de información geoespacial e intercambio de datos satelitales oceánicos”.

El análisis de la función del sistema satelital de geolocalización chino revela que la ubicación estratégica de la provincia de Córdoba permite acceder a información que abarca el espectro del Atlántico Sur; además, varios analistas internacionales consideran que este desarrollo científico y tecnológico compite con el tradicional sistema GPS de EE. UU.

Considerando lo expuesto, en 2015 la RPC designó oficialmente el ámbito aeroespacial como un nuevo dominio de la guerra, esperando que desempeñe un papel relevante en futuros conflictos al posibilitar mayor precisión y otorgar ventajas en el uso casi exclusivo del mando, control, sistemas de comunicaciones, computadoras, inteligencia, vigilancia y reconocimiento (C4ISR). Su contraparte norteamericana adoptó una postura similar y, en su política de defensa difundida en 2021, manifestó preocupación por el avance del gigante asiático en este sector, identificando a los países aliados y funcionales a los intereses chinos:

“El Departamento del Sistema Espacial (SSF, por sus siglas en inglés) opera al menos ocho bases, incluidas aquellas cuyo núcleo de las misiones es el lanzamiento, seguimiento, I + D y funcionamiento de los satélites vitales para la arquitectura aérea C4ISR de China. La SSF opera estaciones de seguimiento, telemetría y comando en Namibia, Pakistán y Argentina. Además, opera con las naves de apoyo espacial Yuan Wang, que rastrean barcos con capacidad de lanzamientos de satélites y misiles balísticos intercontinentales”.

(Oficina del Secretario de Defensa de los Estados Unidos 2021, 65–66).[35]

Perspectiva Estadounidense sobre el Avance Espacial Chino en Argentina: Riesgos de Militarización y Desafíos de Seguridad

Desde el inicio, los críticos del proyecto aeroespacial chino advirtieron sobre las posibles vulnerabilidades que podría generar para la defensa nacional argentina la instalación de la base aeroespacial. Según la exministra de Relaciones Exteriores del expresidente Mauricio Macri, Susana Malcorra, el Estado argentino no ejerce supervisión sobre las operaciones de dicha estación.

En 2016, la referida funcionaria impulsó la revisión del acuerdo de la estación espacial de China para incorporar una estipulación que estableciera que su finalidad se limitaría al uso civil en el ámbito de la ciencia y la tecnología, y que la información derivada de sus investigaciones no podría utilizarse con fines militares (Art. 2).[36] Este nuevo documento pretendía restringir las acciones del país asiático, que intentaría informar sus actividades a su contraparte argentina en la estación, sin establecer mecanismos de verificación que aseguren el cumplimiento estricto de lo pactado.

EE. UU. expresó su preocupación al considerar que la estrategia china equivale a una forma de militarización del espacio. Un funcionario estadounidense señaló que existían razones para dudar de la insistencia de Pekín en que la base se destina exclusivamente a la exploración científica. Asimismo, Tony Beasley, director del Observatorio Nacional de Radioastronomía de Estados Unidos, indicó que la estación podría, en teoría, «escuchar» los satélites de otros gobiernos y recolectar datos confidenciales.[37]

Por otro lado, algunos expertos en radioastronomía sostuvieron que los chinos cuentan con la capacidad de disimular datos ilícitos en estas transmisiones o de incorporar canales encriptados en las frecuencias pactadas con Argentina, sobre todo considerando que la mayoría del personal que labora y reside en el predio es de nacionalidad china y se encarga de su funcionamiento.[38]

Diversos funcionarios del gobierno argentino han defendido la base china argumentando que el acuerdo no difiere del firmado con la Agencia Espacial Europea (ESA), la cual construyó una instalación similar en una provincia vecina. En ambos casos se establecieron contratos de arrendamiento exentos de impuestos por cincuenta años, y los científicos argentinos disponen del 10 % del tiempo de antena en las dos estaciones, conforme a lo acordado.

Cabe señalar que Argentina convino con China que su base espacial permitiría al organismo nacional “instalar, mantener y operar equipamiento para procesamiento de datos”, a cargo exclusivo del país sudamericano, siempre que ello se realice “sobre una base de no interferencia con las actividades de apoyo del CLTC”. Por su parte, los técnicos militares chinos facilitarán dicho beneficio “mediante solicitud escrita remitida, como mínimo, con tres meses de anticipación.[39] Estas precauciones, de origen oriental, se imponen en un contexto en el que las políticas estatales a largo plazo no constituyen una práctica consolidada.

El diario estadounidense The New York Times (2018) citó a varios expertos en defensa que alertaron sobre la posibilidad de que la denominada “Base China” se utilice para recolectar información mediante espionaje tecnológico satelital, disimulada tras una fachada que, lejos de ser ficticia, refleja el avance de la potencia oriental hacia la Luna.

En tiempos recientes, la General Laura Richardson, actual jefa del Comando Sur, reintrodujo este debate en la agenda política de EE. UU. y en la relación bilateral con Argentina, manifestando su preocupación tanto por la base como por el acuerdo suscrito para el establecimiento de una sección del sistema de geolocalización chino denominado BeiDou, el cual puede emplearse tanto para fines civiles como militares.

Conclusiones

A lo largo de este escrito se ha demostrado que el espacio ultraterrestre ha adquirido una relevancia creciente en las planificaciones estratégicas de las potencias centrales, las cuales han adoptado medidas para asegurar una eventual supremacía científica y tecnológica frente a otros actores estratégicos, tanto estatales como no estatales. El caso argentino, país mediano y periférico, inició a comienzos del siglo XXI la implementación de políticas incipientes en el ámbito aeroespacial, orientadas a promover y desarrollar actividades e instituciones nacionales para la adquisición de habilidades, capacidades y conocimientos específicos. Estas iniciativas han generado importantes ventajas, tales como la consolidación de una infraestructura física robusta, la formación de un recurso humano altamente calificado y el impulso de investigaciones e innovaciones de alto nivel, con efectos positivos de amplio alcance en diversos sectores productivos y sociales. De mantenerse y potenciarse esta línea de acción, es factible que Argentina alcance una consolidada soberanía tecnológica y un mayor nivel de autonomía internacional en materia satelital y de telecomunicaciones a mediano y largo plazo. Asimismo, el país ha suscrito acuerdos de cooperación bilateral con EE. UU. y China, orientados a la transferencia de tecnologías y conocimientos, la compartición de inversiones de alto costo y el fortalecimiento de vínculos con organismos e instituciones nacionales e internacionales, entre otros propósitos destacados. No obstante, la ventaja que representa para China el establecimiento en territorio argentino de una central aeroespacial y un sistema de geolocalización ha generado tensiones con EE. UU. —actualmente gobernado por Donald Trump—, quien ha considerado el accionar chino como una amenaza a la seguridad argentina, latinoamericana y global. En definitiva, Argentina deberá definir con claridad sus intereses y objetivos nacionales para identificar, consolidar y mejorar sus relaciones internacionales, en resguardo de su soberanía, defensa y seguridad, y garantizar el aprovechamiento de las oportunidades que ofrece la economía espacial.

Notas finales:

  1. Josep Baqués y José Luis Calvo, «El poder militar terrestre, naval, aéreo y en el espacio», en Manual de Estudios Estratégicos y de Seguridad Internacional, coordinado por Javier Jesús Jordán (Madrid: Plaza y Valdés Editores, 2013).
  2. Fátima Molina Domínguez, «Geopolítica espacial y búsqueda de recursos», Documento de Opinión IEEE 18/2021, 2021, http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2021/DIEEEO18_2021_FATMOL_Geopolitica.
  3. Ibid.
  4. Guadalupe Rey Sumay, «La soberanía espacial argentina: desafíos y oportunidades para América Latina», Revista Latinoamericana de Economía y Sociedad Digital, 2 de agosto de 2021, https://revistalatam.digital/article/210212.
  5. Ibid.
  6. Argentina.gob.ar, «Información general», Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), n.d., https://www.argentina.gob.ar/anac/aviacion-general/informacion-general-av-grl.
  7. Argentina.gob.ar, «Comisión Nacional de Actividades Espaciales», https://www.argentina.gob.ar/ciencia/conae.
  8. Secretaría de Comunicaciones de la República Argentina, Resolución 2593/98, 1998, https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-2593-1998-54656/texto.
  9. Guadalupe Rey Sumay, «La soberanía espacial argentina: desafíos y oportunidades para América Latina», Revista Latinoamericana de Economía y Sociedad Digital, 2 de agosto de 2021, https://revistalatam.digital/article/210212.
  10. Secretaría de Comunicaciones de la República Argentina, Resolución 2593/98, 1998, https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-2593-1998-54656/texto.
  11. Diego Hurtado y Loizou, «Desregulación de sectores estratégicos en contexto semi-periférico: las comunicaciones satelitales en Argentina, 1991–2006», Revista América Latina, Historia Económica 26 (2017).
  12. Ministerio de Justicia de la República Argentina. n.d. Ley 26.092: Empresa Argentina de Soluciones Satelitales. http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/115000-119999/115886/norma.htm.
  13. La empresa tiene actualmente la Red Federal de Fibra Óptica (que cuenta con una extensión de 31.529 km de fibra iluminada), la gestión del Centro Nacional de Datos y la plataforma de la Televisión Digital Abierta.
  14. Ibid.
  15. Maximiliano Márquez, ARSAT: La iniciativa estatal para el desarrollo de tecnología de avanzada, 2017, https://www.austral.edu.ar/escueladegobierno/casoteca/wp-content/uploads/2017/03/5.ARSAT-La-iniciativa-estatal-para-el-desarrollo-de-tecnologia-avanzada.pdf.
  16. ARSAT. n.d. “El ARSAT-1 cumple 7 años en defensa de la soberanía satelital”. https://www.arsat.com.ar/arsat-1-cumple-7-anos-en-defensa-soberania-satelital/
  17. Josefina Peres y Jorge Medina, Presencia en el cosmos: Saocom 1A, el antes y el después del Plan Espacial (INVAP, 2018), http://saocom.invap.com.ar/presencia-en-el-cosmos-saocom-1a-el-antes-y-el-despues-del-plan-espacial/.
  18. Fernando Stefani, «Evolución del presupuesto del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT), y de la función Ciencia y Técnica del presupuesto nacional» (2017), https://cibion.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/sites/22/2017/10/Evolucion-de-presupuesto-MINCYT-y-f-CyT.pdf.
  19. Ludmila Di Grande, «El ajuste de Milei goza de un apoyo con límites: 3 de cada 4 argentinos rechaza los recortes en ciencia y tecnología, educación, salud y cultura,» Diario Infobae, 11 de septiembre de 2024, https://www.infobae.com/economia/2024/09/11/el-ajuste-de-milei-goza-de-un-apoyo-con-limites-3-de-cada-4-argentinos-rechaza-los-recortes-en-ciencia-y-tecnologia-educacion-salud-y-cultura/.
  20. Andy Ferreyra, «Alerta y angustia en CONAE por la no renovación de contratos: ‘No somos casta’,» Diario Perfil, 24 de marzo de 2024, https://www.perfil.com/noticias/amp/cordoba/alerta-y-angustia-en-conae-por-la-no-renovacion-de-contratos.phtml.
  21. Argentina.gob.ar, «Misiones satelitales», Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), n.d., https://www.argentina.gob.ar/ciencia/conae/misiones-espaciales.
  22. Cecilia Farré, «Argentina lanzará en junio un satélite para prevenir catástrofes», Diario Perfil, 17 de septiembre de 2017, https://www.perfil.com/noticias/ciencia/argentina-lanzara-en-junio-un-satelite-para-prevenir-catastrofes.phtml.
  23. Argentina.gob.ar, «Misiones satelitales,» Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), n.d., https://www.argentina.gob.ar/ciencia/conae/misiones-espaciales.
  24. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República Argentina, Comisión Nacional de Actividades Espaciales, «Acceso al espacio», 2023, https://www.argentina.gob.ar/ciencia/conae/acceso-al-espacio.
  25. Paulo Pascuani, Roberto Battiston, y Andrés López, El programa espacial nacional argentino: resultados, impactos, perspectivas: agenda a futuro (UNESCO Office Montevideo and Regional Bureau for Science in Latin America and the Caribbean, 2024), https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000391549.locale=en.
  26. República Argentina, Ley 26.864, sancionada el 3 de julio de 2013, http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/216984/norma.htm.
  27. Ibid.
  28. Ibid., 4.
  29. Ibid., 5.
  30. Departamento de Estado de los Estados Unidos, Estrategia de Seguridad Nacional del gobierno Biden-Harris, 2022, https://www.state.gov/translations/spanish/ficha-informativa-estrategia-de-%E2%81%A0seguridad-nacional-del-gobierno-biden-harris/.
  31. Cancillería Argentina. 2015. Acuerdo Marco para la Cooperación en el campo de las actividades espaciales entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Popular China. Biblioteca Digital de Tratados. Disponible en https://tratados.cancilleria.gob.ar/.
  32. María Ana Leal, Conflictos políticos, poder y comunicación (Mendoza, Argentina: EdiUC, 2019).
  33. Infobae, «Inversiones chinas por USD 23.000 millones y el ingreso de Argentina a la Ruta de la Seda: detalles del acuerdo firmado entre Alberto Fernández y Xi Jinping», Infobae, 6 de febrero de 2022, https://www.infobae.com/politica/2022/02/06/los-5-puntos-claves-de-la-declaracion-conjunta-firmada-por-alberto-fernandez-y-xi-jinping-en-beijing.
  34. Camila Dolabjian, «Inversiones: los detalles de los 13 documentos reservados que el Gobierno firmó con China», La Nación, 7 de febrero de 2022, https://www.lanacion.com.ar/economia/inversiones-los-detalles-de-los-13-documentos-reservados-que-el-gobierno-firmo-con-china-nid07022022/.
  35. Oficina de la Secretaría de la Defensa de los Estados Unidos, Título del documento (traducción propia), 2021.
  36. Cancillería Argentina. 2020. Protocolo adicional al “Acuerdo de Cooperación entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Popular China sobre la construcción, el establecimiento y la operación de una estación de espacio lejano de China en la provincia del Neuquén, Argentina, en el marco del programa chino de exploración de la luna”, suscripto el 23 de abril de 2014. Firmado en Hangzhou, 4 de septiembre de 2016; entró en vigor desde el 15 de noviembre de 2018.
  37. Ibid.
  38. Ibid.
  39. Cancillería Argentina, Acuerdo Marco para la Cooperación en el campo de las actividades espaciales entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Popular China, 2015, Biblioteca Digital de Tratados, disponible en https://tratados.cancilleria.gob.ar/.

 

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