La ciudadanía no solo se posee; también se ejerce. Cuando carece de responsabilidad social y conciencia cívica, pierde su capacidad transformadora.
— Emilio Cam (2026)

Resumen

Este artículo de investigación emplea una metodología analítica-propositiva para examinar el ejercicio de la ciudadanía en el Perú como un problema público. El estudio identifica que las limitaciones en la práctica ciudadana inciden negativamente en la gobernabilidad democrática, la seguridad, la defensa nacional y el desarrollo social. El concepto se analiza desde perspectivas filosóficas y políticas, en las cuales la ciudadanía se entiende como el ejercicio pleno de derechos y el cumplimiento responsable de deberes sustentados en la conciencia social. A partir de evidencias empíricas, como la desconfianza institucional y las brechas educativas, la investigación formula el problema conforme a la metodología del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) y propone el diseño de una Política Nacional Multisectorial (PNM) con horizonte al año 2035. El análisis concluye que el fortalecimiento de las capacidades cívicas contribuye a optimizar la gestión de recursos en materia de seguridad y a dinamizar el funcionamiento democrático. El análisis concluye que el fortalecimiento de las capacidades cívicas contribuye a optimizar la gestión de recursos en materia de seguridad y a dinamizar el funcionamiento democrático. Además, se destaca el rol de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) en la formación de valores y principios cívicos que fortalecen la resiliencia institucional y promueven el desarrollo sostenible del Estado.

Palabras clave: ciudadanía; conciencia social; cultura cívica; seguridad y defensa nacional; política nacional multisectorial

Introducción

Comprender la ciudadanía implica reconocerla no solo como una condición jurídica o un estatus de membresía, sino también como el vínculo fundamental entre el Estado y los individuos.^[1] Bajo esta premisa, el primero debe garantizar los derechos fundamentales, mientras que los segundos asumen la obligación de respetar el imperio de la ley, cumplir las normas sociales, ejercer sus deberes cívicos y participar activamente en la esfera pública mediante procesos de deliberación democrática.^[2]

Este proceso requiere desarrollar una conciencia individual y colectiva que fomente el compromiso con las responsabilidades sociales. En tal sentido, la formación ciudadana constituye un deber esencial compartido por el Estado, la sociedad, la academia y la familia. Este desafío permanente busca formar personas con cultura cívica, capaces de comprender que sus decisiones afectan el bienestar general. Asimismo, resulta necesario que la población comprenda el funcionamiento del aparato estatal para ejercer plenamente sus derechos y responsabilidades.

Fenómenos sociales como el ausentismo electoral, la carencia de cuadros políticos competentes, la corrupción sistémica y la inestabilidad gubernamental evidencian la presencia de «ciudadanos pasivos». Tales individuos no ejercen una ciudadanía plena ni se involucran en los asuntos públicos para plantear soluciones a problemáticas colectivas o para cumplir voluntariamente sus deberes morales y legales.

Mediante el método analítico-propositivo, este estudio establece como objetivo principal analizar la ciudadanía en el Perú como problema público, con el propósito de proponer lineamientos estratégicos enmarcados en una Política Nacional Multisectorial (PNM). Para ello, se formulan cuatro objetivos específicos: (1) identificar los factores que originan el débil ejercicio ciudadano; (2) evaluar sus efectos en la gobernabilidad democrática y en la Seguridad y Defensa Nacional (SEDENA);^[3] (3) analizar el rol estatal y el marco normativo en materia de formación cívica; y (4) proponer lineamientos para implementar la referida política nacional al año 2035.

El artículo sostiene la tesis de que el fortalecimiento de la ciudadanía requiere una gestión estratégica multisectorial. Se postula que una cultura cívica debilitada vulnera significativamente la SEDENA. Por el contrario, las FF. AA. contribuyen a revertir esta situación al generar en el personal militar una sólida conciencia social, lo que constituye un aporte sustantivo a la formación de ciudadanos responsables y comprometidos con el servicio a la Nación.

Análisis y Conceptualización de Ciudadanía

La ciudadanía constituye un concepto multidimensional —filosófico, social y político— que ha evolucionado significativamente a través de la historia. Según la Real Academia Española (RAE 2023), se define como la cualidad y el derecho de la persona que pertenece a un Estado, lo cual le otorga la condición de miembro activo con prerrogativas y obligaciones.^[4] Este estatus supone una conducta cívica responsable que faculta la participación pacífica en la vida política del país, incluido el derecho al sufragio y a postular a cargos públicos tras alcanzar la mayoría de edad, conforme lo establece la Constitución Política del Perú (1993).^[5]

En su obra La República, Platón (2003) sostiene que esta condición se vincula estrechamente con la intervención en la esfera pública.^[6] Para el filósofo, el ciudadano es quien posee el derecho de participar en las funciones deliberativas y jurídicas, interviniendo en decisiones colectivas que determinan el destino de la comunidad. Esta perspectiva establece una distinción clara entre quienes gozan de derechos plenos y los residentes que carecen de facultad deliberativa. De este modo, la noción no se sustenta únicamente en la residencia o el nacimiento, sino en la capacidad de gestión y gobierno. Tal participación se basa en obligaciones mutuas orientadas al bien común; por tanto, no representa solo un estatus legal, sino una relación política de compromiso obligatorio con el destino colectivo.

De manera semejante, Aristóteles (1998) señala que la ciudadanía radica en la actividad constante tanto en el gobierno de las polis como en la administración de justicia.^[7] Por consiguiente, el ciudadano asume el derecho y la obligación de decidir sobre los asuntos públicos. El estagirita introduce una diferenciación crucial: el poseedor del estatus legal frente al «buen ciudadano» que encarna la virtud cívica. Este último promueve el desarrollo social gobernando, deliberando o, simplemente, respetando el imperio de la ley.

Con el transcurso del tiempo, este concepto transitó de ser un privilegio de élites a una condición de igualdad para todos los integrantes de la sociedad, independientemente de su estrato, etnia o género.^[8] Abarca deberes que sostienen la comunidad política y permiten el ejercicio de derechos, vinculándose directamente con la identidad nacional (Marshall 1950). Bajo esta óptica contemporánea, si un ciudadano omite sus responsabilidades o ignora sus derechos por falta de conciencia social, se le define como «ciudadano pasivo» o nominal. Aunque posee reconocimiento jurídico, nacionalidad y derechos civiles, su participación resulta mínima o indiferente.

En contraste, el ciudadano activo ejerce sus potestades y cumple sus obligaciones con una sólida cultura cívica. No se limita a habitar un territorio, sino que interviene en su transformación y desarrollo. Además de informarse, se involucra en procesos democráticos, acciones solidarias y fiscalización de autoridades, promoviendo el respeto, la sostenibilidad y el uso responsable de plataformas digitales.

La Tabla 1 examina las dimensiones del comportamiento civil, contraponiendo la actitud reactiva e individualista del ciudadano pasivo frente al compromiso ético y transformador de quien ejerce una ciudadanía activa en beneficio del bienestar general.

Tabla 1

Comparación entre ciudadano pasivo y ciudadano activo

Dimensión	Ciudadano pasivo	Ciudadano activo
Participación	Se limita al sufragio obligatorio para evitar sanciones	Interviene de forma continua en actividades cívicas y políticas
Conciencia crítica	Acepta la información de forma acrítica y sin reflexión	Analiza, contrasta y propone soluciones constructivas
Responsabilidad social	Prioriza intereses individuales y muestra desinterés por el entorno	Actúa orientado al bien común y a valores colectivos
Cumplimiento de deberes	Evita u omite obligaciones tributarias y normas de convivencia	Ejerce sus deberes con transparencia, ética y responsabilidad
Ejercicio de derechos	Reclama facultades solo si sus intereses directos se ven afectados	Defiende sus derechos y los de los demás con solidaridad
Compromiso comunitario	Permanece indiferente ante problemas locales, nacionales o globales	Se involucra en soluciones colectivas y fomenta el trabajo conjunto
Relación con la ley	Obedece por imposición o temor a la coacción	Promueve la legalidad como principio de justicia social
Visión de ciudadanía	Entendida como condición legal o formal	Concebida como práctica ética, democrática y transformadora

Fuente: Elaboración propia.

Después del análisis efectuado, se propone un concepto moderno de ciudadanía adaptado a los desafíos actuales: la condición que faculta a las personas para participar plenamente en la vida pública mediante el ejercicio de derechos y deberes —civiles, políticos, sociales, culturales y ambientales— orientados a la convivencia, la solidaridad, la conciencia social y el compromiso con el bienestar general.

En consecuencia, el proceso de consolidación ciudadana en el Perú constituye una tarea compleja, permanente e interinstitucional. Debe abordarse como un problema público que requiere una PNM para su gestión, involucrando al Estado, instituciones educativas, gobiernos descentralizados, organismos electorales, sociedad civil y familias.

Conciencia Social y Cultura Cívica: Condiciones Obligatorias del Ciudadano

En las democracias contemporáneas, la ciudadanía trasciende la simple condición jurídica de poseer derechos y deberes; implica una dimensión ética y participativa que demanda tanto conciencia social como cultura cívica. Mientras la primera se refiere a la facultad del individuo para reconocerse como parte de un colectivo y asumir responsabilidades compartidas, la segunda alude a la interiorización de valores, normas y prácticas que garantizan la convivencia y el respeto del Estado de derecho. Ambos pilares resultan fundamentales para que el ejercicio ciudadano sea efectivo y no simplemente nominal.

La conciencia social se entiende como la capacidad de comprender el impacto de los actos individuales en la colectividad. Según Cortina (1997), un ciudadano no debe limitarse a exigir facultades, sino que debe reconocer y cumplir sus obligaciones sociales.^[9] Esto supone cultivar la empatía, la solidaridad y la justicia, valores que promueven la cohesión comunitaria y motivan el compromiso frente a problemáticas como la exclusión o la desigualdad. De este modo, una persona consciente vincula su libertad individual al bienestar común y participa en iniciativas que fortalecen el tejido social. En sentido opuesto, la ausencia de esta condición genera indiferencia y egoísmo, configura sujetos aislados y fragmenta la confianza pública.

Por su parte, la cultura cívica, concepto desarrollado por Almond y Verba (1963), sostiene que la estabilidad democrática requiere actitudes y conocimientos que fortalezcan la participación ciudadana.^[10] Esta se manifiesta en el respeto a las leyes, la tolerancia a la diversidad y la confianza institucional. En términos prácticos, implica ejercer un sufragio responsable, deliberar en espacios públicos y fiscalizar la gestión de las autoridades. Una cultura cívica sólida dota de legitimidad a las instituciones y optimiza la eficacia democrática (Putnam 1993);^[11] por el contrario, su carencia fomenta la apatía y la arbitrariedad en la vida pública.

Ejercer una ciudadanía activa exige la interacción equilibrada de ambos componentes. Marshall (1950) planteó que los derechos civiles, políticos y sociales solo se materializan cuando los individuos poseen conciencia ética y orientación política democrática.^[12] Habermas (1998) refuerza esta visión al señalar que la legitimidad de un sistema es proporcional a la participación informada y consciente, donde se respeta la normativa común para consolidar una sociedad inclusiva.^[13]

La Tabla 2 detalla las diferencias conceptuales y operativas entre la conciencia social y la cultura cívica, subrayando cómo su integración permite transitar de la pasividad individualista hacia una participación democrática responsable orientada al bien común.

Tabla 2

Dimensiones de la conciencia social y la cultura cívica

Dimensión	Conciencia social	Cultura cívica
Definición	Reconocimiento del individuo como parte de una colectividad (Cortina 1997)	Valores y prácticas que orientan la vida democrática (Almond y Verba 1963)
Enfoque	Ético y solidario	Normativo y participativo
Valores centrales	Empatía, justicia y responsabilidad compartida	Respeto a la ley, tolerancia y compromiso cívico
Manifestaciones	Colaboración comunitaria y sensibilidad social	Voto informado, fiscalización social y respeto legal
Riesgo de ausencia	Indiferencia, egoísmo y pasividad	Desorden, arbitrariedad y apatía democrática
Meta final	Cohesión social y bienestar general	Convivencia democrática y Estado de derecho

Fuente: Elaboración propia basada en Cortina (1997) y Almond y Verba (1963).

En el Perú, tanto la Constitución Política (1993) como la Guía metodológica para la formulación de políticas nacionales del CEPLAN (2018) subrayan la importancia de promover una participación activa que integre los deberes sociales.^[14] No obstante, el país carece de una PNM que articule los esfuerzos aislados de los sectores Educación, Salud, Justicia y Defensa. Esta fragmentación impide una gestión integral para el desarrollo de la ciudadanía, lo que configura un problema público relevante.

En definitiva, la ciudadanía plena requiere de la conciencia social para orientar la solidaridad y de la cultura cívica para garantizar el respeto a las normas. Ambas condiciones resultan inseparables para forjar ciudadanos transformadores que aseguren la estabilidad y cohesión de la sociedad peruana.

Educación por Competencias y su Relación con la Construcción de Ciudadanía

La formación ciudadana constituye un desafío crucial para el fortalecimiento de la democracia y la cohesión social en las sociedades actuales, caracterizadas por una creciente globalización y una intensa interconexión tecnológica. En el Perú, este reto adquiere particular relevancia debido a la persistente desigualdad socioeconómica, la desconfianza en las instituciones asociada a la percepción de corrupción, los bajos niveles de participación cívica y el déficit de conciencia social en amplios sectores de la población.

Bajo este escenario, la educación con enfoque por competencias emerge como una estrategia fundamental para desarrollar ciudadanos plenos, críticos y comprometidos con el bienestar general. Existe una vinculación directa entre el modelo implementado en el Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB 2016) y la construcción de una sociedad con valores éticos y cultura cívica.^[15]

El CNEB define las competencias como la facultad de movilizar conocimientos, habilidades y actitudes para actuar de forma pertinente en diversos contextos. Este cambio de paradigma busca superar la enseñanza memorística de décadas pasadas para avanzar hacia un aprendizaje integral y aplicado. El currículo promueve competencias transversales orientadas a: (1) convivir y participar democráticamente en la búsqueda del bien común; (2) gestionar responsablemente el espacio y el ambiente; (3) construir la identidad personal y cultural; y (4) comunicarse eficazmente. Estas capacidades se complementan con capacidades específicas como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la creatividad.

La Figura 1 ilustra la estructura del sistema educativo peruano bajo el enfoque por competencias, destacando cómo la articulación entre los ejes transversales y las capacidades específicas permite la formación integral del individuo para su inserción en la vida pública.

Figura 1 . Educación en el Perú

Fuente: Elaboración propia.

En este contexto, la educación por competencias se constituye como un pilar fundamental para la construcción de ciudadanía (Zárate 2018).^[16] Este modelo desarrolla una conciencia crítica al formar estudiantes capaces de analizar la realidad, cuestionar las desigualdades y proponer alternativas. De la misma manera, fomenta el compromiso social al vincular la formación académica con la responsabilidad ética y la solidaridad; promueve la inclusión al valorar las múltiples identidades culturales y lingüísticas del país; e impulsa la ciudadanía digital para el ejercicio responsable de derechos en entornos virtuales. Por tal motivo, esta herramienta representa el principal motor para consolidar una participación ciudadana activa en el país.

No obstante, la solidez del marco normativo peruano enfrenta brechas significativas en su ejecución estratégica, táctica y operativa. Estas dificultades integran un problema público complejo caracterizado por: (1) desigualdades territoriales que limitan su aplicación en áreas rurales, altoandinas y amazónicas; (2) formación docente inadecuada, donde se prioriza la transmisión de contenidos sobre el desarrollo de capacidades; (3) brechas digitales y socioeconómicas; y (4) una desconexión entre las instituciones educativas y su entorno, lo que dificulta que el aprendizaje se traduzca en prácticas cívicas concretas.

La Tabla 3 presenta la evolución del presupuesto asignado al sector Educación durante el periodo 2023-2025, destacando el incremento porcentual anual y la eficiencia en la ejecución del gasto orientado al cierre de brechas de aprendizaje y a la mejora de la infraestructura nacional.

Tabla 3

Presupuesto educativo por año fiscal (2023-2025)

Año fiscal	Presupuesto asignado (millones de soles)	Incremento respecto al año anterior	Principales gastos	Ejecución presupuestal
2025	20 400	12,5 %	Remuneración salarial; capacitación docente; infraestructura; becas y cierre de brechas de aprendizaje	48 % (avance a agosto de 2025)
2024	18 100	18 %	Información pendiente de especificación	93 %
2023	15 400	10 %	Información pendiente de especificación	90 %

Fuente: Ministerio de Educación (MINEDU 2024).^[17]

De esta manera, la eficacia del enfoque por competencias está supeditada a la superación de las barreras de implementación descritas. Resulta imperativo aprovechar el incremento sostenido del presupuesto anual asignado a este sector, el cual debe orientarse no solo a la mejora de las remuneraciones y la infraestructura, sino principalmente a la capacitación docente y al cierre de brechas de aprendizaje en contextos vulnerables.

Además, la construcción de ciudadanía no debe restringirse al ámbito escolar; por el contrario, debe consolidarse como una política pública del Estado peruano que articule a las instituciones educativas, las familias, las comunidades, los medios de comunicación y el sistema de justicia. Esta sinergia debe integrar la participación del sector privado, las organizaciones políticas y las FF. AA., entre otros actores civiles. Solo mediante esta articulación multisectorial será posible consolidar una sociedad responsable, competente y participativa que sustente el sistema democrático y enfrente los desafíos permanentes del país.

Impacto de la Ciudadanía en la Seguridad y Defensa Nacional en el Perú

La SEDENA representa pilares fundamentales del desarrollo y la estabilidad estatal. Estos conceptos trascienden el ámbito militar y abarcan un sistema integral que asegura la soberanía, la gobernabilidad democrática, la paz interna, el bien común y el bienestar colectivo. En este marco, la ciudadanía —entendida como el ejercicio consciente, responsable y participativo de derechos y deberes— emerge como un elemento clave para consolidar ambos ámbitos.

Una población informada, crítica y solidaria potencia la cohesión social e incrementa la confianza institucional. En cambio, una ciudadanía apática o desinformada erosiona la democracia, agrava la inseguridad y dificulta la protección integral del Estado. El CEPLAN subraya que la seguridad integral depende de la sinergia entre entidades sólidas y habitantes proactivos; así, una ciudadanía débil obstaculiza la distribución de recursos y estrategias, limitando las capacidades de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú para contrarrestar riesgos externos e internos (CEPLAN 2018).^[18]

Putnam (1993) y Habermas (1998) argumentan que la estabilidad democrática descansa en el capital social y en la participación informada de la sociedad, factores que legitiman al Estado, reducen la propensión a la ruptura del orden constitucional y fortalecen la defensa de la soberanía nacional.^[19]

Definiciones Legales

En el ordenamiento jurídico peruano, la Seguridad Nacional y la Defensa Nacional mantienen una relación funcional, aunque presentan diferencias en alcance y finalidad. Esta distinción resulta esencial para delimitar responsabilidades estatales y sociales en la preservación de la soberanía y del orden constitucional.

La Ley N.º 30748 (2018) define la Seguridad Nacional como la situación en la que el Estado garantiza soberanía, independencia, integridad territorial, bien común, bienestar colectivo y derechos fundamentales,^[20] mediante la vigencia del orden constitucional, la estabilidad democrática y el desarrollo sostenible, sustentados en la colaboración entre autoridades y ciudadanía frente a riesgos internos o externos.

El Reglamento de la citada norma establece que la Defensa Nacional comprende el conjunto de medidas permanentes adoptadas por el Estado para asegurar la Seguridad Nacional ante cualquier amenaza. En tal sentido, constituye un instrumento estratégico y operativo que se implementa mediante políticas públicas, capacidades institucionales y coordinación multisectorial, bajo la conducción del Ministerio de Defensa (MINDEF), la dirección del presidente de la república y la participación del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (COSEDENA) (Decreto Supremo N.° 012-2018-DE 2018).^[21]

La Seguridad Nacional configura un fin esencial del Estado orientado al equilibrio, la paz y la soberanía; la Defensa Nacional, por su parte, comprende las acciones articuladas destinadas a materializar y preservar ese objetivo.

Los artículos 163 al 169 de la Constitución Política del Perú (1993) establecen las bases institucionales de ambos conceptos.^[22] Dicho marco normativo dispone que el Estado garantiza la Seguridad de la Nación y la Defensa Nacional (SNDN), mientras que las FF. AA. tienen como misión asegurar la independencia, la integridad territorial y el orden constitucional. No obstante, la defensa no constituye una responsabilidad exclusiva del sector Defensa, sino una función integral que involucra al aparato estatal en su conjunto y a la ciudadanía, dado que la Seguridad Nacional se vincula directamente con el bien común, el bienestar general y la cohesión social.

Ciudadanía y corresponsabilidad en la Seguridad Nacional

La ciudadanía desempeña una función estratégica en la construcción y sostenimiento de la Seguridad Nacional. La Ley N.° 30748 establece que la Defensa Nacional constituye una función integral del Estado y un deber de todos los peruanos.^[23] Esta disposición implica que la protección de la Nación no se limita al empleo legítimo de la fuerza, sino que requiere la participación informada, activa y responsable de la población.

La Seguridad Nacional y la Defensa Nacional se articulan a través del Sistema de Defensa Nacional (SIDENA), regulado por el Decreto Supremo N.° 012-2018-DE, el cual orienta la planificación, coordinación y ejecución de políticas públicas en esta materia.^[24] En consecuencia, la adecuada comprensión y el fortalecimiento institucional de este sistema resultan indispensables para consolidar la gobernabilidad democrática y preservar la estabilidad del Estado frente a desafíos contemporáneos.

En este ámbito, los ciudadanos no solo se benefician de las condiciones de seguridad, sino que asumen corresponsabilidad directa en su consolidación. El grado de compromiso cívico y el respeto al ordenamiento jurídico inciden de manera determinante en la capacidad estatal para prevenir y enfrentar amenazas internas y externas.

Aporte de las FF. AA. en el Fortalecimiento de la Ciudadanía: el Deber Militar

La célebre respuesta atribuida al coronel Francisco Bolognesi Cervantes antes de la Batalla de Arica, en 1880 —“Tenemos deberes sagrados que cumplir, y los cumpliremos hasta quemar el último cartucho”— sintetiza una concepción del deber vinculada con la responsabilidad, la lealtad institucional y el compromiso con la Nación. Este pronunciamiento, inscrito en un contexto histórico crítico, trasciende el episodio bélico y adquiere una dimensión ética y cívica de notable profundidad. Desde el plano filosófico, la afirmación puede examinarse en tres niveles: la moral kantiana, la libertad existencial y la proyección comunitaria del sacrificio. La determinación de cumplir obligaciones hasta el límite extremo constituye una formulación paradigmática del compromiso incondicional.

En la tradición de Immanuel Kant, la ética del deber se sustenta en una obligación moral que no depende de los resultados, sino de la fidelidad a la ley moral.^[25] El imperativo categórico —obrar de modo que la máxima de la acción pueda erigirse en norma universal— encuentra correlato en la conducta de Bolognesi. La defensa de la patria no se configuró como una alternativa estratégica, sino como un mandato absoluto que admitía la entrega de la propia vida. Este principio orienta la formación castrense, donde el cumplimiento de la misión adquiere carácter irrenunciable.

Desde otra perspectiva, Jean-Paul Sartre sostuvo en El ser y la nada (1943) que el ser humano está “condenado a ser libre”,^[26] lo cual implica decidir y asumir responsabilidad incluso en contextos adversos. Aplicado al ámbito militar, este planteamiento resalta que la obediencia no elimina la libertad, sino que la compromete éticamente en favor del orden constitucional y la estabilidad del Estado.

A su vez, Aristóteles definió al ser humano como zoon politikon,^[27] es decir, un ser orientado a la vida en comunidad. Bajo esta concepción, el acto de Bolognesi no puede entenderse como una decisión aislada, sino como un servicio al bien común. La declaración adquiere así un valor pedagógico: la condición ciudadana no se fundamenta únicamente en la titularidad de derechos, sino en la asunción de responsabilidades compartidas. El deber militar se proyecta, por consiguiente, como una manifestación eminente de compromiso cívico.

En el Perú, las FF. AA. desempeñan una función estratégica en la Defensa Nacional y, simultáneamente, contribuyen a la formación de ciudadanía mediante la promoción de disciplina, responsabilidad, solidaridad y respeto al orden constitucional. T. H. Marshall (1998) subrayó que los deberes cívicos resultan indispensables para equilibrar los derechos individuales con el interés general.^[28] A la luz de este planteamiento, el servicio a la patria representa una expresión concreta de participación activa en la protección del Estado.

Durante la instrucción de oficiales, suboficiales y personal de tropa, la institución fortalece competencias éticas y sociales orientadas al desarrollo integral. Destacan la interiorización de normas, el acatamiento a la autoridad legítima dentro del marco jurídico y la convivencia intercultural, al integrar en una misma organización a personas procedentes de diversas regiones, lenguas y contextos socioculturales. Este proceso favorece la cohesión nacional y consolida la identidad colectiva.

El Servicio Militar Voluntario (SMV) se configura, en consecuencia, como un espacio permanente de aprendizaje cívico. Cada año se licencia aproximadamente a veinte mil jóvenes, quienes retornan a la sociedad con capacidades adquiridas durante su formación. Esta realidad suscita reflexiones académicas respecto de su eventual obligatoriedad, como ocurre en determinados Estados; no obstante, cualquier evaluación requiere un análisis jurídico y contextual riguroso. La participación posterior de personal en retiro y de licenciados en la gestión pública —como presidentes constitucionales, congresistas, autoridades subnacionales o funcionarios— evidencia la proyección social de esa experiencia dentro del marco democrático.

En escenarios de paz, las FF. AA. aportan capacidades logísticas y organizacionales al desarrollo nacional y a la gestión del riesgo de desastres. Intervienen en proyectos de infraestructura y participan en emergencias sanitarias mediante el despliegue de plataformas itinerantes de acción social, tanto fluviales como terrestres, que permiten llevar servicios esenciales a zonas alejadas. Estas acciones consolidan una noción de ciudadanía solidaria orientada al bienestar colectivo.

Igualmente, la institución contribuye a la preservación del orden constitucional (Perea 2016).^[29] Un episodio reciente ocurrió en 2022, cuando el entonces presidente Pedro Castillo Terrones intentó alterar el orden democrático, hecho registrado por medios nacionales como Radio Programas del Perú (RPP 2022).^[30] En esa coyuntura, el Comando Conjunto y los comandantes generales reafirmaron su sujeción a la Constitución, evidenciando responsabilidad institucional y distanciamiento de prácticas intervencionistas del siglo XX.

En suma, el deber militar constituye una expresión significativa de ciudadanía activa. A través de la protección del territorio, la formación en valores, el apoyo al desarrollo en contextos no bélicos y la defensa del sistema democrático —siempre bajo subordinación al poder civil y con respeto a los derechos humanos— las FF. AA. orientan su actuación al servicio de la Nación. De este modo, fortalecen la identidad nacional y promueven una conciencia colectiva basada en el cumplimiento responsable de obligaciones compartidas, tal como lo ejemplificó el coronel Francisco Bolognesi en Arica.

Ciudadanía como Problema Público en el Perú: Desafíos Actuales del Estado

En el Perú, un sector considerable de la población no ejerce plenamente su ciudadanía debido a factores sociales, estructurales e institucionales que limitan su intervención en los asuntos públicos. Esta situación afecta la gobernabilidad, la cohesión social y el desarrollo económico, además de comprometer la legitimidad de las instituciones democráticas. Según IPSOS (2024), solo el 7 % de la población confía en el Congreso de la República (Poder Legislativo) y apenas el 8 % en el sistema electoral.^[31] Asimismo, más del 70 % manifiesta desconfianza hacia el Poder Judicial y el Ministerio Público–Fiscalía de la Nación (MPFN) (Infobae 2024).^[32] En el ámbito internacional, el Edelman Trust Barometer (2025) ubica al Perú con 37 puntos en el índice global de confianza, situándolo entre los países con menor credibilidad institucional.^[33]

Conforme al marco metodológico del CEPLAN, un problema público debe formularse de manera estructurada, comprensible, verificable y orientada al diseño de políticas y planes estratégicos.^[34] La Guía para el Planeamiento Estratégico Institucional y los lineamientos del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN) establecen cinco etapas: (1) definición, (2) identificación de la población afectada, (3) sustento empírico y magnitud, (4) análisis causal y (5) validación. Por lo tanto, su formulación exige describir una situación adversa vigente, respaldada por evidencia objetiva y por la determinación de relaciones causa-efecto cuya atención demanda intervención estatal.

Desde esta perspectiva, la construcción de ciudadanía constituye un asunto de interés colectivo, ya que repercute en el conjunto social y en el funcionamiento del régimen democrático. Lejos de representar un fenómeno aislado, la limitada práctica ciudadana incide en la cohesión comunitaria, el dinamismo productivo, la estabilidad política y la legitimación institucional. Esta problemática se expresa en una reducida conciencia social, ejercicio insuficiente de derechos, débil cumplimiento de deberes, precaria cultura cívica y escasa participación en la toma de decisiones públicas.

La población afectada comprende: (1) jóvenes habilitados para ejercer derechos políticos; (2) habitantes de zonas rurales y urbano-marginales; (3) la Población Económicamente Activa (PEA); (4) dirigentes, gestores y aspirantes a cargos de representación; y (5) funcionarios y servidores públicos de todos los niveles de gestión. De forma indirecta, involucra también a la sociedad en su totalidad, incluidos niños, adultos mayores y personas en condición de vulnerabilidad, cuyo bienestar corresponde garantizar al Estado peruano.

Antes de presentar la Figura 2, corresponde señalar que el siguiente esquema sintetiza gráficamente la relación entre factores estructurales, actores involucrados y manifestaciones del ejercicio ciudadano en el país.

Figura 2. Esquema conceptual sobre la formación ciudadana en el Perú

Fuente: Elaboración propia.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reportó que el ausentismo alcanzó el 25 % en las elecciones regionales de 2022 (ONPE 2022).^[35] El Barómetro de las Américas indica que solo el 19 % de la población se declara satisfecha con el funcionamiento de la democracia (Barómetro de las Américas 2023).^[36] Por su parte, IPSOS (2024) identifica como entidades con menor nivel de confianza al Poder Judicial (22 %), el MPFN (22 %), el Poder Ejecutivo (17 %), los gobiernos regionales (17 %) y el Congreso de la República (7 %).^[37] En contraste, registran mayor credibilidad el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) (65 %), el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) (58 %) y las FF. AA. (53 %) (IPSOS 2024).

El núcleo del problema se define como la “baja calidad y alcance del ejercicio de ciudadanía en el Perú”. Entre los factores directos se identifican: limitada implementación de la educación por competencias; desigualdades socioeconómicas y territoriales; descrédito de las instituciones democráticas; reducidas oportunidades de involucramiento político y comunitario; así como insuficiente práctica de derechos acompañada de frágil cumplimiento de obligaciones.

Entre las causas indirectas destacan: (1) centralismo en la toma de decisiones; (2) brechas culturales y lingüísticas que afectan a los pueblos originarios e indígenas; y (3) insuficiente promoción de valores democráticos en los medios de comunicación y en el ámbito familiar.

En atención al análisis precedente, la Tabla 4 sistematiza los factores estructurales e inmediatos que inciden en el ejercicio ciudadano, así como las consecuencias derivadas de su limitada consolidación en el contexto nacional.

Tabla 4

Árbol de problemas: baja calidad y alcance del ejercicio de la ciudadanía en el Perú

Problema público	Causas directas	Efectos
Baja calidad y alcance del ejercicio de la ciudadanía en el Perú	Bajo nivel de implementación de la educación por competencias.	Deficiente cultura cívica y escasa conciencia social.
	Desconfianza en las instituciones democráticas.	Deslegitimación institucional y desconfianza generalizada en el Estado.
	Escasas oportunidades de participación ciudadana, política y comunitaria.	Exclusión social, pérdida de cohesión comunitaria y apatía política.
	Bajo ejercicio de derechos y débil cumplimiento de deberes.	Debilitamiento de la democracia y de la gobernabilidad, así como incremento del ausentismo electoral.

Fuente: Elaboración propia.

Los efectos derivados de esta problemática comprenden: (1) frágil cultura cívica y reducida conciencia colectiva; (2) acceso restringido a información confiable y a servicios públicos de calidad, junto con el incremento de la conflictividad social; (3) deslegitimación institucional y expansión del escepticismo hacia el Estado; (4) marginación social, debilitamiento del tejido comunitario y apatía política; y (5) erosión de la democracia, menor gobernabilidad y aumento del ausentismo electoral.

La validación del problema público se sustenta en tres criterios fundamentales. Primero, reviste interés público, en la medida en que repercute en la democracia, la gobernabilidad, así como en la seguridad y defensa nacionales. Segundo, admite intervención estatal a través de políticas orientadas a la formación cívica, el enfoque educativo por competencias, la inclusión social y el fortalecimiento institucional. Tercero, posee relevancia nacional, dado que incide directamente en la calidad del sistema democrático, la legitimidad del Estado, la prestación de servicios públicos, la capacidad de respuesta frente a amenazas, el crecimiento económico y el bienestar general del país.

Por consiguiente, la ciudadanía que el Perú requiere enfrenta desafíos complejos propios del siglo XXI, enmarcados en sociedades democráticas, globalizadas y tecnológicamente interconectadas. Tales transformaciones no solo impactan en la esfera individual, sino que además demandan renovadas modalidades de participación, deliberación y acción colectiva.

De este modo, ante el debilitamiento democrático, corresponde a los ciudadanos salvaguardar los principios constitucionales, exigir transparencia y participar activamente en los procesos cívicos. Frente a la desinformación y la manipulación mediática, resulta indispensable fortalecer el pensamiento crítico, la reflexión autónoma, la alfabetización digital y la ética en el uso de redes sociales. En relación con el cambio climático, se impone la adopción de estilos de vida sostenibles y la demanda de políticas ambientales responsables. Ante el avance del individualismo y la apatía pública, se vuelve necesario reafirmar la responsabilidad social, la promoción del bien común y el compromiso comunitario. En un contexto de crisis de referentes éticos, se requiere actuar con coherencia, integridad, solidaridad y sentido de justicia. Asimismo, frente a tensiones globales crecientes, es fundamental cultivar empatía y conciencia humanitaria, con capacidad para comprender la diversidad y contribuir a la construcción de una sociedad más equitativa en los ámbitos local, regional, nacional e internacional. Todo ello constituye un desafío sustantivo tanto para la ciudadanía como para el propio Estado.

Propuesta de PNM y Ruta Estratégica para el Fortalecimiento del Ejercicio de la Ciudadanía en el Perú

Definido el problema público como la baja calidad y alcance del ejercicio de la ciudadanía, se reconocen como factores explicativos la limitada conciencia social, la fragilidad de la cultura cívica, el restringido ejercicio de derechos, el débil cumplimiento de deberes y la reducida participación política. Tales condiciones generan consecuencias adversas, entre ellas, la escasa concurrencia a procesos democráticos, la pérdida de legitimidad institucional, la marginación social, el debilitamiento del tejido comunitario, la gobernabilidad precaria y el aumento de la conflictividad (Latinobarómetro 2022; Instituto Nacional de Estadística e Informática 2021).^[38]

Con base en el enfoque de planeamiento estratégico del CEPLAN (2018), se plantea una PNM con horizonte al año 2035, acompañada de una ruta estratégica orientada a consolidar una ciudadanía activa y responsable mediante la articulación de la educación, la institucionalidad, la participación y la comunicación pública.^[39]

La Tabla 5 presenta el Árbol de Objetivos formulado a partir del problema público identificado, en el cual las causas se transforman en medios estratégicos y los efectos en fines esperados, conforme al enfoque de planeamiento estratégico del CEPLAN.^[40]

Tabla 5

Árbol de Objetivos para el fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía en el Perú

Medios (transformación de causas)	Fines (transformación de efectos)
Implementación integral de la educación por competencias en todos los niveles del sistema educativo	Cultura cívica sólida y mayor conciencia social
Reforzamiento de la credibilidad en las instituciones democráticas mediante transparencia y rendición de cuentas	Legitimidad institucional y confianza efectiva en el Estado
Generación de espacios inclusivos y accesibles de participación política y comunitaria	Inclusión social, cohesión colectiva y participación activa en los asuntos públicos
Desarrollo de mecanismos eficaces para el ejercicio de derechos y el cumplimiento responsable de deberes ciudadanos	Democracia fortalecida, mejor gobernabilidad y reducción del ausentismo electoral

Fuente: Elaboración propia.

Sin embargo, pese a los esfuerzos desplegados, en el Perú la construcción y consolidación de la ciudadanía afronta retos significativos: limitada formación cívica, insuficiente promoción de derechos y responsabilidades, pérdida de credibilidad en las instituciones públicas, escasa articulación entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado (INEI 2021),^[41] así como reducidas oportunidades de involucramiento político (Latinobarómetro 2022).^[42] Tales limitaciones se traducen en una baja incidencia en la esfera pública y una extendida apatía social, factores que restringen el protagonismo ciudadano en los asuntos colectivos.

En concordancia con la metodología de marco lógico aplicada por el CEPLAN, la Tabla 6 desarrolla una propuesta programática al 2035, diseñada para atender las brechas diagnosticadas a través de objetivos específicos, métricas de seguimiento y líneas de intervención estratégicamente articuladas.^[43]

Tabla 6

Matriz de Marco Lógico de la PNM para el fortalecimiento de la ciudadanía al año 2035

Nivel	Resumen narrativo	Indicadores verificables	Medios de verificación	Supuestos / Riesgos
Finalidad	Fortalecer la democracia y la cohesión social en el Perú	Incremento del 25 % en la confianza hacia instituciones democráticas al 2035 Reducción del 20 % en conflictos sociales asociados a la desinformación	Encuestas de Latinobarómetro, INEI e IPSOS; reportes de la Defensoría del Pueblo (DP)	Estabilidad política y continuidad de políticas públicas
Propósito	Consolidar el ejercicio pleno y activo de la ciudadanía en la población peruana	Aumento del 25 % en participación en mecanismos de control social y presupuestos participativos al 2030 Disminución del 15 % en casos de incivilidad en espacios públicos	Informes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), de la ONPE y de los gobiernos locales; encuestas de cultura ciudadana del INEI	Compromiso sostenido de la sociedad civil y respaldo institucional
Componentes	1.Competencias ciudadanas fortalecidas 2. Reducción de brechas socioeconómicas y territoriales 3. Promoción efectiva de derechos y responsabilidades 4. Ampliación de oportunidades participativas 5.Transparencia institucional reforzada	80 % de instituciones educativas aplican currículo de ciudadanía activa al 2030 Pobreza monetaria ≤ 15 %, pobreza extrema ≤ 3 %, IDH ≥ 0,69 Observatorio Nacional de Ciudadanía operativo con informes anuales 60 % de municipalidades implementan Consejos de Juventud 100 % de ministerios con portales de datos abiertos actualizados	Informes del MINEDU; Informe Nacional de Desarrollo Humano – Perú; reportes de la PCM; actas de los gobiernos subnacionales; portales de transparencia y Contraloría	Disponibilidad presupuestal; crecimiento económico sostenible; voluntad política intersectorial; participación comunitaria activa; continuidad de políticas de gobierno abierto
Actividades principales	1. Actualizar currículo nacional de ciudadanía y ética 2. Capacitar docentes y líderes comunitarios 3. Crear Observatorio Nacional de Ciudadanía 4. Reactivar mecanismos participativos locales y regionales 5. Implementar campañas nacionales sobre transparencia	Documento curricular aprobado en el año 1 30 mil docentes capacitados en cinco años Observatorio operativo al año 3 500 Consejos de Coordinación activos al 2030 Mínimo tres campañas nacionales anuales	Resoluciones ministeriales; informes de capacitación; decreto de creación; actas de conformación; reportes de la PCM y medios	Coordinación interinstitucional efectiva; asignación suficiente de recursos; colaboración subnacional; cobertura mediática amplia

Fuente: Elaboración propia.

En el presente marco lógico se evidencia la necesidad de un enfoque multisectorial que articule a diversos sectores del Estado para el fortalecimiento de la ciudadanía. En ese sentido, intervienen el MINEDU con el currículo de ciudadanía activa; el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) con la promoción de la cultura de legalidad; los Gobiernos Regionales y Locales con consejos juveniles y presupuestos participativos; la PCM con mecanismos de transparencia y gobierno abierto; la ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el RENIEC con el fortalecimiento de la participación electoral; el Ministerio de Salud (MINSA) con acciones en nutrición y salud mental; y las FF. AA. con la promoción de valores y deberes cívicos.

Esta visión responde al principio de corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad (CEPLAN, 2018). Bajo esta premisa, se plantea la siguiente ruta estratégica, que vincula objetivos, acciones, productos, resultados e impactos en la población, conforme a la matriz siguiente.

La Tabla 7 muestra la Ruta Estratégica de la PNM al año 2035, vinculando objetivos, acciones, productos, resultados e impactos en la población bajo un enfoque de gestión por resultados.

Tabla 7

Ruta Estratégica de la PNM de fortalecimiento de ciudadanía al 2035

Objetivo específico	Acciones estratégicas	Productos y servicios	Resultados esperados	Impacto en la población
Desarrollar competencias ciudadanas	Implementar el currículo de ciudadanía activa y plena en todos los niveles del sistema educativo	Currículo actualizado Programas de formación docente Materiales educativos	Jóvenes con mayores competencias cívicas y sociales	Población con pensamiento crítico, ética y compromiso cívico
	Campañas de educación cívica masiva	Campañas nacionales en medios y redes Programas de radio y televisión	Incremento del conocimiento sobre derechos y deberes	Cultura cívica fortalecida
Promover el ejercicio de derechos y deberes	Creación del Observatorio Nacional de Ciudadanía y Cultura Cívica	Sistema de indicadores de ciudadanía	Toma de decisiones basada en evidencias	Mejora sostenida del ejercicio ciudadano
	Programas de formación de líderes comunitarios	Escuelas de liderazgo cívico Redes de líderes locales	Liderazgo comunitario fortalecido	Mayor cohesión y organización social
Incrementar oportunidades de participación ciudadana	Fortalecer los consejos de coordinación local, regional y nacional y el presupuesto participativo	Consejos reactivados Participación ciudadana validada	Mayor involucramiento en la toma de decisiones	Democracia participativa más sólida
	Crear plataformas digitales de participación ciudadana	Portales web y aplicaciones móviles	Facilitación de propuestas ciudadanas, denuncias públicas y votaciones electrónicas	Participación ampliada e inclusión digital
Fortalecer la confianza institucional	Transparentar la gestión pública mediante gobierno abierto	Datos abiertos a la ciudadanía Portales de transparencia mejorados	Mayor percepción de legitimidad institucional	Reducción de la desconfianza y la apatía política

Fuente: Elaboración propia.

Definitivamente, el fortalecimiento de la ciudadanía en el Perú constituye una tarea estratégica, compleja y urgente, que exige una respuesta integral, articulada y multisectorial. La presente propuesta de PNM para el fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía al año 2035 se configura como un instrumento de largo plazo que articula los esfuerzos en educación, participación, institucionalidad y comunicación pública.

Sustentada en el enfoque de planeamiento estratégico del CEPLAN, la propuesta integra diagnóstico situacional, objetivos definidos, acciones estratégicas, indicadores de seguimiento y la identificación de los entes responsables de su gestión, asegurando coherencia entre planificación e implementación. Su puesta en marcha contribuiría a la consolidación de una sociedad más participativa, crítica, democrática, cohesionada e inclusiva, bajo un enfoque multisectorial, multiactor y territorial orientado a resultados.

Conclusiones

La construcción y consolidación de la ciudadanía en el Perú constituyen un problema público que limita la participación democrática, debilita la legitimidad institucional y reduce la cohesión social. Esta situación incide directamente en la gobernabilidad y compromete la estabilidad del sistema político.

La ciudadanía trasciende la condición jurídica formal y se configura como una práctica ética, política y social que exige el ejercicio consciente de derechos y el cumplimiento responsable de deberes orientados al bien común. En este marco, la conciencia social y la cultura cívica representan condiciones indispensables para la formación de sujetos corresponsables y participativos.

La evidencia empírica analizada —incluidos los indicadores de desconfianza institucional y ausentismo electoral— confirma la brecha existente entre el reconocimiento formal de derechos y su ejercicio efectivo, lo que exige una intervención estratégica de alcance nacional.

Asimismo, la educación por competencias, en el marco del CNEB, constituye un instrumento clave para fortalecer pensamiento crítico, responsabilidad pública y compromiso democrático. Sin embargo, las brechas territoriales y operativas en su implementación limitan su impacto, lo que demanda una acción articulada y sostenida.

La relación entre ciudadanía y Seguridad y Defensa Nacional resulta estratégica. Una participación cívica debilitada reduce la resiliencia social y limita la capacidad colectiva de respuesta frente a riesgos internos y externos. Por ello, el fortalecimiento del ejercicio ciudadano se integra como componente esencial del Sistema de Defensa Nacional.

En este contexto, las FF. AA., bajo subordinación constitucional al poder civil, contribuyen a la formación de valores como disciplina, responsabilidad y compromiso con la Nación, aportando a la consolidación del capital social.

En consecuencia, se requiere la formulación e implementación de una PNM alineada con la metodología del CEPLAN, que articule educación, institucionalidad, participación e inclusión bajo un enfoque de planificación estratégica orientada a resultados.

La adopción de una ruta estratégica con horizonte al 2035 permitirá consolidar una ciudadanía activa e inclusiva, fortalecer la estabilidad institucional y contribuir al desarrollo sostenible del Estado peruano.

Notas finales

1. T. H. Marshall, Citizenship and Social Class (Cambridge: Cambridge University Press, 1950). ↑
2. Constitución Política del Perú, 1993. ↑
3. Ley N.º 30748, Ley del Sistema de Defensa Nacional, Diario Oficial El Peruano, 2018. ↑
4. Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., s.v. “ciudadanía,” 2023, https://dle.rae.es/ciudadanía. ↑
5. Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., s.v. “ciudadanía,” 2023, ↑
6. Constitución Política del Perú, 1993. ↑
7. Aristóteles, Política, trad. Manuel García Gual (Madrid: Gredos, 1998). ↑
8. T. H. Marshall, Citizenship and Social Class (Cambridge: Cambridge University Press, 1950). ↑
9. Adela Cortina, Ciudadanos del mundo: Hacia una teoría de la ciudadanía (Madrid: Alianza Editorial, 1997). ↑
10. Gabriel A. Almond y Sidney Verba, The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1963). ↑
11. Robert D. Putnam, Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993). ↑
12. Marshall, Citizenship and Social Class. ↑
13. Jürgen Habermas, Facticidad y validez: Sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso, trad. Manuel Jiménez Redondo (Madrid: Trotta, 1998). ↑
14. Constitución Política del Perú, 1993; Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), Guía metodológica para la formulación de políticas nacionales (Lima: CEPLAN, 2018). ↑
15. Ministerio de Educación del Perú (MINEDU), Currículo Nacional de la Educación Básica (Lima: MINEDU, 2016). ↑
16. Patricia Zárate, “Educación, competencias y ciudadanía: retos para el Perú contemporáneo,” Revista Peruana de Investigación Educativa 10, no. 2 (2018): 45–68. ↑
17. Ministerio de Educación del Perú (MINEDU), “Educación lidera ejecución presupuestal con récord histórico de 93.6 % en el 2024,” 2024, https://www.gob.pe. ↑
18. Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), Guía metodológica para la formulación de políticas nacionales (Lima: CEPLAN, 2018). ↑
19. Robert D. Putnam, Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993); Jürgen Habermas, Facticidad y validez: Sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso, trad. Manuel Jiménez Redondo (Madrid: Trotta, 1998). ↑
20. Ley N.º 30748, Ley del Sistema de Defensa Nacional, Diario Oficial El Peruano, 2018. ↑
21. Decreto Supremo N.º 012-2018-DE, Reglamento de la Ley del Sistema de Defensa Nacional, 2018. ↑
22. Constitución Política del Perú, 1993, arts. 163–169. ↑
23. Ley N.º 30748. ↑
24. Decreto Supremo N.º 012-2018-DE. ↑
25. Immanuel Kant, Fundamentación de la metafísica de las costumbres (1785). ↑
26. Jean-Paul Sartre, El ser y la nada (París: Gallimard, 1943). ↑
27. Aristóteles, Política. ↑
28. Marshall, Citizenship and Social Class. ↑
29. Carlos Perea, Democracia y Fuerzas Armadas en América Latina (México: Fondo de Cultura Económica, 2016). ↑
30. Radio Programas del Perú (RPP), “Exjefe del Comando Conjunto ratificó que FFAA y PNP rechazaron el intento de golpe,” diciembre de 2022. ↑
31. Ipsos Perú, encuesta de confianza institucional, 2024. ↑
32. Infobae, “Desconfianza en el Poder Judicial y el Ministerio Público,” 2024. ↑
33. Edelman, Edelman Trust Barometer 2025 Global Report (Nueva York: Edelman, 2025). ↑
34. Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), Guía metodológica para la formulación de políticas nacionales (Lima: CEPLAN, 2018). ↑
35. Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Resultados oficiales de las elecciones regionales y municipales 2022 (Lima: ONPE, 2022). ↑
36. Barómetro de las Américas, informe 2023. ↑
37. Ipsos Perú, encuesta de confianza institucional, 2024. ↑
38. Latinobarómetro, Informe Latinobarómetro 2022 (Santiago de Chile: Corporación Latinobarómetro, 2022); Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), información estadística oficial, 2021. ↑
39. Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), Guía metodológica para la formulación de políticas nacionales. ↑
40. CEPLAN, Guía metodológica para la formulación de políticas nacionales. ↑
41. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), información estadística oficial, 2021. ↑
42. Latinobarómetro, Informe Latinobarómetro 2022. ↑
43. CEPLAN, Guía metodológica para la formulación de políticas nacionales.