La Geocriminalidad como Amenaza a la Seguridad y Soberanía de los Estados

El presente artículo ha sido publicado originalmente en la Revista Seguridad y Poder Terrestre:

Vol. 5 Núm. 2 (2026): agosto a octubre

Resumen

La situación actual de “permacrisis”, entendida como un período prolongado de inestabilidad e inseguridad, ha incrementado la vulnerabilidad de los países de América Latina y el Caribe y, asociada a la debilidad institucional, la porosidad de las fronteras y los altos niveles de corrupción, ha convertido a la criminalidad en el principal desafío para la seguridad y la soberanía de los Estados, con una consecuente afectación del desarrollo socioeconómico. En el caso del Perú, la criminalidad transnacional se vincula con la mayoría de las amenazas a la seguridad nacional identificadas, lo que ha transformado las regiones fronterizas en espacios geoestratégicos para el delito y ha evidenciado la necesidad de replantear una política nacional de seguridad de frontera con responsabilidades institucionales claramente definidas y bajo un enfoque sistémico y de cooperación regional. En este contexto, la capacidad de adaptación de la criminalidad transnacional, su búsqueda de mantener el control territorial y su articulación a mercados globales ilícitos la convierten en un instrumento geopolítico conocido como geocriminalidad, empleado tanto por organizaciones criminales como por determinados Estados que buscan afectar a otros con intereses opuestos, menoscabando su seguridad, su gobernabilidad y su estabilidad política.

Palabras clave: geocriminalidad; gobernanza de la criminalidad; efecto cucaracha; cadena de valor criminal

Introducción

El presente artículo tiene por objeto identificar de qué manera la instrumentalización de la criminalidad transnacional, o “geocriminalidad”, afecta la seguridad y la soberanía nacional de los Estados. Asimismo, la importancia de esta investigación radica en que, una vez identificado el impacto negativo de la geocriminalidad, es posible establecer estrategias para enfrentarla en los ámbitos regional, nacional e institucional.

Para el desarrollo del estudio, se analiza la situación actual de “permacrisis” que experimenta el sistema internacional, se examina el modelo de negocio criminal y se describen las condiciones de vulnerabilidad en América Latina y el Caribe. Estas realidades favorecen la configuración de una “gobernanza de la criminalidad” y, sumadas a la porosidad de las fronteras, facilitan que el delito transnacional se consolide como instrumento de desestabilización de los Estados, fenómeno conocido como geocriminalidad. Esta se encuentra articulada con diversas amenazas a la seguridad y la soberanía nacional y genera un impacto significativo en el desarrollo socioeconómico, de modo que el establecimiento de estrategias de seguridad con enfoque sistémico permite afrontar este problema complejo y promover la cooperación y la solución sinérgica de problemas y riesgos comunes, especialmente cuando las capacidades y recursos disponibles para atender a la población afectada resultan limitados.

Para este trabajo se adopta un enfoque cualitativo sustentado en la recopilación de literatura especializada y opiniones de expertos vinculados con la temática, lo que permite comprender la problemática de seguridad nacional y regional y alcanzar el objetivo central del artículo: identificar cómo la geocriminalidad se ha convertido en una herramienta de desestabilización de los Estados y proponer recomendaciones desde una perspectiva actual y realista.

Permacrisis Global y Modelo de Negocio de la Criminalidad Transnacional

La criminalidad ha tenido en los últimos años un aumento desbordado como resultado de la “permacrisis” que atraviesa el sistema internacional y de la crisis multidimensional sin precedentes que impacta de manera directa la región de América Latina. El Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (NSC, por sus siglas en inglés) identifica, desde el año 2017, que la criminalidad ha ido creciendo y diversificando sus actividades delictivas, generando efectos “explosivos y catastróficos” para los países del mundo. Además, los desastres naturales vinculados al cambio climático, la inadecuada gobernanza, los efectos posteriores a la COVID‑19, las disputas territoriales, las guerras y las crisis energéticas actuales han reducido la capacidad de los Estados para atender las necesidades básicas de la población e intensificado de manera exponencial el debilitamiento político, social y económico de la mayoría de países, sumiendo al mundo entero en el fenómeno denominado “permacrisis” (Zuleeg 2026).

Este crecimiento de la criminalidad, desde el punto de vista económico, ha generado considerables ganancias ilícitas gracias al modelo de negocio transnacional que emplea y al uso de instrumentos de negociación basados en una multiplicidad de delitos. La alta demanda de productos y servicios ilegales genera una importante correlación entre criminalidad y economía, configurando un modelo de negocio basado en el delito, caracterizado por su estructura flexible y adaptativa (Novak y Namihas 2023), de carácter transnacional, con nodos, corredores y centros de poder diferenciados pero funcionalmente integrados, que trascienden los ámbitos nacionales e internacionales y permiten su crecimiento y la generación de riqueza a partir de finanzas ilícitas. En consecuencia, incrementar los niveles de economía formal de un Estado y reducir cualquier forma de economía ilegal impacta de manera positiva en el desarrollo nacional y contribuye a disminuir los delitos asociados a la criminalidad (Boluarte 2026; Looney y Turner 2018).

La criminalidad también produce efectos negativos en los ámbitos político, social y, principalmente, judicial, donde su objetivo es insertarse en el sistema funcional de las instituciones del Estado. Al respecto, Holst toma como referencia el modelo de cadena de valor de Michael E. Porter y define esta dinámica como una “cadena de valor criminal” que aprovecha las necesidades básicas de la sociedad,1 evidenciadas tanto en la desigualdad social y económica como en la debilidad estatal y la corrupción de los operadores de justicia (The Criminal Value Chain 2023), con el propósito de generar una mayor ventaja competitiva sobre la gobernanza de un Estado. Además, la criminalidad busca crear una simbiosis entre organizaciones criminales y gubernamentales que afectan a las instituciones desde adentro y generar un nuevo orden social, político y económico alternativo, conocido como “gobernanza de la criminalidad” (David Rockefeller Center for Latin American Studies 2025). La criminalidad no tiene como objetivo crear un Estado paralelo ni hacer la guerra al existente, sino vivir impunemente y generar riqueza dentro de él, aprovechando las debilidades institucionales e intentando imponer normas y reglas mediante la criminalización de las instituciones estatales. En este contexto, la representación gráfica de Holst en la Figura 1 permite visualizar cómo la criminalidad estructura sus actividades como una cadena de generación de valor ilícito que se alimenta de carencias sociales y debilidades institucionales.

Figura 1
Esquema de la cadena de valor ilícita según Holst

Esquema de la cadena de valor ilícita según Holst

Nota. La figura representa la configuración funcional de la actividad criminal propuesta por Holst, basada en el modelo de cadena de valor de Michael E. Porter, donde la criminalidad genera valor ilícito aprovechando carencias sociales y debilidades institucionales.

Fuente: Jared Holst, “The Criminal Value Chain”, Brands Me a Lot, 21 de febrero de 2023, consultado el 15 de abril de 2026, https://brandsmeanalot.substack.com/p/the-criminal-value-chain

En otro aspecto, la criminalidad opera más allá de los límites, intereses y medidas de protección de un Estado, lo que le otorga su carácter transnacional y vuelve mucho más difícil su control, particularmente en países como el Perú, que poseen fronteras tripartitas, geografía agreste y limitado control territorial.2 En la región, el crimen transnacional ha venido explotando la extensión internacional de las fronteras y su enorme e inhóspita geografía, así como la fragilidad de su control, realidad que les confiere la condición de fronteras porosas, principal multiplicador del crimen transnacional y espacio propicio para que se albergue, se dinamice e incremente la actividad delictiva transfronteriza, generando el fenómeno conocido como “efecto cucaracha” (Dammert y Sampó 2025; Amoo 2026; Novak y Namihas 2023).

Esta realidad permite que la criminalidad transnacional obvie el concepto político de fronteras y las convierta en espacios estratégicos de articulación y movilidad criminal. En el territorio peruano, el crimen transnacional encuentra en las zonas fronterizas un entorno propicio para desarrollar sus actividades ilícitas y facilitar la inserción de organizaciones criminales internacionales a través de ellas. Las triples fronteras se han transformado en áreas de convergencia criminal y financiera donde actúan organizaciones delictivas nacionales y extranjeras, algunas veces en rivalidad y otras de manera conjunta, en la búsqueda de mantener el control delictivo de la zona, como es el caso de la banda criminal del Tren de Aragua, proveniente de Venezuela, y los “Tijerones” de Ecuador, que operan principalmente en la frontera Perú–Ecuador. En la frontera Perú–Colombia–Brasil se encuentra una de las bandas criminales brasileñas más importantes, el Comando Vermelho (Comando Rojo), así como organizaciones criminales disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) conocidas como el Clan del Golfo o el Ejército de Liberación Nacional (ELN), entre otras (Gonzales Begazo 2023).

En la frontera Perú–Bolivia actúan organizaciones criminales de carácter familiar dedicadas principalmente al tráfico ilícito de drogas (TID), al tráfico de oro ilegal, al contrabando y a la falsificación de dinero; y, en la frontera con Chile, organizaciones delictivas se dedican sobre todo al TID y al contrabando, evidenciándose últimamente el incremento del tráfico de personas (Vásquez 2024). Por otra parte, en el Perú la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) ha identificado que una serie de “amenazas contemporáneas” al Sistema de Seguridad y Defensa Nacional (SIDENA) están asociadas, directa o indirectamente, al crimen transnacional. La existencia de grupos residuales terroristas que financian sus ideologías brindando seguridad a organizaciones criminales transnacionales dedicadas al narcotráfico y al TID; la migración ilegal y sus actividades delictivas subsidiarias, como la trata y el tráfico de personas; la afectación al medio ambiente a través de la minería ilegal, la tala ilegal y el tráfico de animales silvestres; así como la afectación a la seguridad digital y la corrupción y su impacto sobre el sistema democrático, evidencian cómo la diversificación de las amenazas transnacionales está afectando la seguridad nacional del país (Novak y Namihas 2023; Eduardo 2022).

La Instrumentalización de la Criminalidad o “Geocriminalidad”

El modelo de negocio transnacional que emplea la criminalidad, su capacidad de adaptación y gobernanza, la existencia de fronteras porosas y la penetración institucional en los Estados han facilitado su instrumentalización por parte de actores desestabilizadores de la seguridad y la soberanía. La criminalidad transnacional se ha convertido en una herramienta de política exterior conocida como “geopolítica de la criminalidad” o “geocriminalidad”, cuyo objetivo es redireccionar la criminalidad y utilizar a las organizaciones criminales como actores geopolíticos para generar una soberanía criminal de facto, enfrentar a la autoridad estatal, vulnerar el control territorial y debilitar la soberanía y la autoridad de los Estados (Schuett y Schramm 2025). En particular, la geocriminalidad es empleada con frecuencia por gobiernos autoritarios aislados de la comunidad internacional y con limitado control interno y externo, condiciones que les permiten instrumentalizar la criminalidad con mayor libertad y sin consecuencias legales, mediante una serie de amenazas híbridas, entre las cuales destacan las migraciones irregulares y el ataque a infraestructuras críticas de los Estados a través del ciberespacio (Vásquez 2024; Schuett y Schramm 2025). Estas amenazas híbridas están en constante evolución y obligan a los Estados a replantear sus sistemas de seguridad regional, integrando estrategias legales, inteligencia, ciberdefensa y medidas diplomáticas entre los países afectados.

Una evidencia de los efectos de la geocriminalidad en la región latinoamericana es el aprovechamiento del drama de los migrantes que ingresan de manera irregular a un país. En América Latina, la migración irregular ha venido ocasionando una de las mayores crisis humanitarias de los últimos años, por estar relacionada con el sufrimiento humano y la afectación de la dignidad de los migrantes; estas circunstancias son aprovechadas por organizaciones delictivas transnacionales y/o por gobiernos con intereses opuestos a los de los Estados receptores, quienes no solo insertan, de manera molecular, camuflada y sistémica, en el tejido social, a delincuentes y agentes de inteligencia, sino que dictan medidas proteccionistas fronterizas que exacerban el nacionalismo entre los países limítrofes, aprovechando las debilidades estructurales existentes, la alta carga ideológica a favor o en contra de los derechos del migrante y la presión mediático‑legal de la opinión pública nacional e internacional, constituyendo una grave afectación al sistema de seguridad y defensa de los Estados (Gonzales Begazo 2023).

Enfoques y Respuestas para la Seguridad Fronteriza

Senge (1994) sostiene que las sociedades suelen intentar solucionar problemas fragmentando el mundo de manera “separada y desconectada”, en contraposición con formar “grandes equipos” que se profesen confianza, que exploten sus fortalezas y superen juntos sus debilidades, a fin de obtener resultados extraordinarios.

Desde una mirada realista y objetiva, es un deber primordial del Estado peruano defender la soberanía nacional y proteger a la población de las amenazas contra su seguridad,3 articulado a través del SIDENA, que es de carácter integral y permanente.4 Sin embargo, la coyuntura actual obliga al Estado a disponer de diversas herramientas con un enfoque sistémico y holístico, identificando sectores u organizaciones que trabajen en equipo y lideren cada una de las estrategias definidas para combatir la criminalidad, dejando de centrarse únicamente en medidas coercitivas que debilitan la legitimidad de los gobiernos (Vásquez 2024). Del mismo modo, a pesar de que el mundo experimenta una contienda constante de poder, los principios liberales‑constructivistas, que promueven la seguridad cooperativa, humana y multidimensional enfocada en el individuo, exigen replantear los enfoques clásicos de seguridad, requiriendo no solo acciones integrales e inclusivas de Estado, sino también medidas de cooperación regional más efectivas, sostenidas, integrales y estratégicas, adaptadas a la realidad existente por parte de actores nacionales e internacionales, que permitan a los Estados recuperar legitimidad, control territorial y cohesión social para hacer frente con éxito a esta gobernanza criminal transnacional (Vásquez 2024).

Al haberse convertido las fronteras en un área de franquicia criminal, donde los sistemas adaptativos complejos de la criminalidad transnacional se desplazan con facilidad a través de su porosidad, es prioritario encontrar soluciones a la problemática de la seguridad fronteriza del país. Para ello, conviene hacer más efectivas las tareas de control fronterizo, basándose en el enfoque sistémico y de procesos, e identificando quién es el dueño del proceso de la seguridad fronteriza (Learning 2023); es decir, cuál es la organización responsable de la gestión de la seguridad de frontera, que garantice el logro de los objetivos estratégicos del Estado y articule las responsabilidades de todos sus componentes, definiendo estrategias que optimicen el empleo de los recursos nacionales para alcanzar los niveles de seguridad requeridos.

En ese sentido, constitucionalmente la Policía Nacional del Perú (PNP) es responsable de la vigilancia y el control de las fronteras;5 no obstante, la Ley de los Institutos Armados otorga responsabilidad similar a los tres institutos de las Fuerzas Armadas (FF. AA.). Asimismo, participan otros sectores y entidades del Estado involucrados en el control y el desarrollo fronterizo, como el Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE), los Gobiernos Regionales (GORE), los Gobiernos Municipales (GG. MM.), los órganos de control y fiscalización del Estado, entre otros. Esta situación hace indispensable un ordenamiento jurídico adecuado, así como una política nacional que oriente las decisiones del Estado sobre la seguridad y el desarrollo de las fronteras, que complemente las políticas existentes, como la Política Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado (PNMSC) 2019‑2030, la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación al 2030 y la Política Nacional de Seguridad y Defensa Nacional (PNMSDN), entre otras, permitiendo contar con mayores herramientas programáticas y de Estado que optimicen el trabajo de las instituciones involucradas, con indicadores y resultados claramente definidos.

La problemática de la seguridad fronteriza en el país ofrece importantes oportunidades de mejora en el empleo de capacidades del Ejército del Perú (EP), que cumple el rol de ejercer el control, la vigilancia y la defensa del territorio nacional en el ámbito terrestre.6 Teniendo en consideración que “es más fácil interoperar entre fuerzas militares de distintos países que entre instituciones distintas del mismo país” (Fontena y Muñoz 2003), actualmente se vienen conduciendo operaciones y acciones militares conjuntas y multinacionales entre fuerzas militares binacionales y multinacionales como una forma de contribuir a la solución de problemas comunes (Gonzales Begazo 2023). De igual forma, se deben continuar gestionando programas estratégicos institucionales que permitan robustecer el control territorial con recursos adecuados, priorizando soluciones tecnológicas que optimicen las existentes, así como fortalecer los mecanismos de ayuda social, económica y de desarrollo fronterizo, integrando las unidades de frontera y de asentamiento rural del Ejército con otras organizaciones del Estado y de cooperación no gubernamental. En el plano regional, esto debe materializarse no solo en el intercambio de inteligencia y el control operativo, sino también en la superación de las limitaciones estructurales de los Estados, como el establecimiento de marcos jurídicos homogéneos contra la criminalidad, la reducción de asimetrías en capacidades institucionales y la mitigación de los riesgos de debilitamiento estatal por presiones políticas y mediáticas, todo ello plasmado en protocolos y doctrina regional común contra el crimen organizado.

Conclusiones

  1. Teniendo en consideración estos aspectos e identificando que los riesgos y las amenazas no conocen fronteras, se concluye que la criminalidad transnacional ha dejado de ser un asunto exclusivamente delictivo para convertirse en un actor geopolítico no estatal con capacidad real de influir en la seguridad, la gobernabilidad y la estabilidad política de los Estados. Este actor criminal socava el control del territorio, la población y los recursos estratégicos, y aprovecha sus complejas redes transnacionales, articuladas con mercados ilícitos globales, para consolidar su poder.
  2. Esta problemática exige que, en el nivel estratégico, se adopte una nueva visión geopolítica de la criminalidad, sustentada no solo en estrategias nacionales, sino también en decisiones de Estado en materia de política exterior que contribuyan a abordar los problemas fronterizos y faciliten la integración regional. En el nivel táctico-operacional, se requiere desarrollar capacidades militares con tecnología de punta que permitan optimizar las medidas de protección fronteriza, así como fomentar el empleo de capacidades conjuntas entre los países de la región, sustentadas en protocolos e indicadores de éxito estandarizados que hagan posible establecer un sistema cooperativo de seguridad eficaz para enfrentar el crimen transnacional.

Bibliografía

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  3. Manuel Boluarte, «Economías criminales mueven más de US$ 28 mil millones al año en el Perú», Inforegión, 2026, 6.
  4. Collins, «Definición de “permacrisis”», Collins Dictionary, s. f.
  5. Lucía Dammert y Carolina Sampó, What do we know about organized crime in Latin America and the Caribbean? (Panama: UNDP, 2025).
  6. David Rockefeller Center for Latin American Studies, Harvard University, 5 de mayo de 2025, https://www.drclas.harvard.edu/news/2025/05/organized-crime-and-insecurity-latin-.
  7. Manolo Eduardo, «Amenazas contemporáneas, los roles de las Fuerzas Armadas y su integración son la Sociedad», Pensamiento Conjunto, 2022, 14.
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  9. Hugo Fontena y Francisco Muñoz, «Reflexiones acerca de la interoperación», Revista de la Marina, 2003, 1‑13.
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Las ideas contenidas en este análisis son responsabilidad exclusiva del autor, sin que refleje necesariamente el pensamiento del CEEEP ni del Ejército del Perú

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