Robert Evan Ellis^[1]

Resumen

El artículo «Los desafíos de seguridad de Guatemala y la respuesta del gobierno» de R. Evan Ellis analiza los desafíos de seguridad que enfrenta Guatemala y la respuesta del gobierno encabezado por Bernardo Arévalo. La ubicación geográfica estratégica de Guatemala la convierte en un punto clave para el tránsito de drogas y migrantes hacia los Estados Unidos, así como un enlace importante entre América del Norte y del Sur. A pesar de los importantes esfuerzos del gobierno y el apoyo de Estados Unidos, Guatemala enfrenta enormes desafíos debido a la corrupción, la fragmentación de los grupos criminales, el limitado control estatal en regiones clave y las tensiones políticas internas. El gobierno de Arévalo, comprometido con la lucha contra la corrupción y la profesionalización de las fuerzas de seguridad, ha implementado varias medidas, entre ellas el aumento del número de policías y la modernización de las fuerzas armadas. Sin embargo, las restricciones presupuestarias, la resistencia de las élites conservadoras y la compleja situación en el Congreso obstaculizan su capacidad para abordar eficazmente la crisis de seguridad. El artículo concluye que, si bien la situación es precaria, la falta de fortalecimiento de la seguridad y la democracia en Guatemala tendría graves consecuencias regionales.

Introducción

La sorpresiva elección del candidato reformista Bernardo Arévalo en Guatemala en agosto de 2023, y su lucha con las élites que intentaron bloquear su toma de posesión en enero de 2024 y la legalización de su partido político Semilla,^[2] pone el foco en la lucha de Guatemala como país de tránsito de drogas ilegales e inmigración, y la importancia de su éxito como una democracia estable y próspera con instituciones sanas. tanto para Estados Unidos como para la región.

La posición geográfica de Guatemala es estratégica. Se extiende por el istmo centroamericano desde el Atlántico hasta el Pacífico, por lo que es clave para el tránsito de drogas y migrantes hacia Estados Unidos, y también para controlar esos flujos. También vincula geográficamente, o separa, a América del Norte, incluido México, del resto de América Central y del Sur, incluido el Canal de Panamá. Es el

último país de habla hispana de Centroamérica en reconocer a Taiwán, en lugar de a la República Popular China, en un momento en el que la República Popular China (RPC) está consolidando su influencia política y proyectos estratégicos de infraestructura con regímenes del sur, con diversos grados de diferencias políticas con Estados Unidos.^[3] Entre ellos se encuentra el grupo anti-EE.UU. el régimen de Ortega en Nicaragua, el régimen populista de izquierda Libre en Honduras y el régimen autoritario inconformista de Nayib Bukele en El Salvador.^[4] El posible deterioro de Guatemala hasta convertirlo en un narcoestado populista debido a su incapacidad para controlar los desafíos criminales, o su giro hacia la RPC y su consiguiente caída en la dependencia de China,^[5] serían estratégicamente desastrosos para Estados Unidos y la región.

Este trabajo examina los desafíos de seguridad que enfrenta Guatemala y los esfuerzos de la actual administración de Bernardo Arévalo para enfrentarlos. Muestra que el gobierno y sus fuerzas de seguridad, con el apoyo de Estados Unidos y otros, están haciendo un esfuerzo valiente contra una serie de amenazas a la seguridad, pero se enfrentan a graves desafíos por la magnitud del desafío, la corrupción asociada, las limitaciones de recursos y las divisiones dentro del propio gobierno.

Desafíos de seguridad en Guatemala

Debido a su posición geográfica, Guatemala ha sido durante mucho tiempo una ruta de tránsito para la cocaína producida en Colombia, y más tarde en Venezuela, con destino al mercado norteamericano.^[6] Las autoridades guatemaltecas incautaron 5,04 toneladas métricas de cocaína que pasaban por el país y sus aguas en 2022, muchas más que en los vecinos Honduras y El Salvador, pero una cantidad relativamente pequeña en comparación con las 739 toneladas métricas incautadas por las autoridades colombianas el mismo año.^[7]

Guatemala, que alguna vez fue un país de origen de migrantes, también se ha convertido en un país de tránsito para un gran número de migrantes de Venezuela, Cuba, Haití, Ecuador y otros lugares, que pasan por el Tapón del Darién y el istmo centroamericano hacia los Estados Unidos.^[8]

La estructura de las rutas del narcotráfico y la relación entre los grupos externos y locales en Guatemala ha evolucionado considerablemente en los últimos años. Antes de 2008, un número limitado de «familias» de contrabandistas guatemaltecos, conocidas localmente como «transportistas», incluidos los clanes Lorenzana, Mendoza y López Ortiz, trabajaban con sus homólogos mexicanos para transportar drogas desde Colombia a través del país a través de narcopistas (pistas de aterrizaje) en la región relativamente inaccesible de Petén en el norte del país, y más tarde, por tierra desde Honduras a través de Guatemala a México y luego a los Estados Unidos.^[9] El resultado fue un estado controlado por los conservadores con niveles relativamente altos de corrupción, pero niveles relativamente bajos de violencia.^[10]

A partir de 2008 aproximadamente, dos dinámicas trastocan ese equilibrio criminal. El cartel mexicano Los Zetas, con importantes capacidades militares debido al reclutamiento de miembros de las fuerzas especiales del ejército mexicano en sus filas,^[11] se alineó con un grupo de contrabandistas guatemalteco desfavorecido liderado por Horst Walther Overdick,^[12] para ingresar al país y dominar las rutas de contrabando de drogas de alto valor. En 2012, las fuerzas de seguridad del gobierno guatemalteco de Otto Pérez Molina, con la importante ayuda de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), ampliaron la campaña del gobierno contra las familias clave de los transportistas. El resultado fue una escalada de la violencia, pero también una fragmentación de los grupos de contrabandistas guatemaltecos.^[13]

Eventualmente, la campaña de las fuerzas de seguridad mexicanas contra Los Zetas en ese país, junto con la resistencia de grupos guatemaltecos bien arraigados como los Huistas de Huehuetenango, expulsó a Los Zetas de Guatemala, mientras que el^[14] presidente guatemalteco Pérez Molino fue encarcelado por corrupción y asociación con narcotraficantes.

Hoy en día, los dos principales carteles de orientación internacional de México, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG), trabajan con una gama aún fragmentada de grupos de contrabando guatemaltecos,^[15] una dinámica que beneficia a los mexicanos y les da un interés personal en prevenir la reconsolidación de las organizaciones criminales en Guatemala. Sin embargo, la composición de estos grupos, entre ellos Los Huistas, uno de los grupos más grandes que sobreviven en Guatemala,^[16] y los Pochos, cuyo líder recientemente arrestado, Juan José Morales Cifuente, proviene de la familia Zúñiga (con un largo historial de asociación criminal),^[17] son recordatorios del legado del pasado criminal de Guatemala.

Con el tiempo, el cultivo de coca y los laboratorios para procesarla han comenzado a aparecer en áreas remotas del país como Izabal y Alta Verapaz,^[18] lo que refleja la relativa ausencia del Estado en esas regiones y los incentivos para producir cocaína en Guatemala en lugar de contrabandearla o comprarla en Colombia. El suelo relativamente fértil y las condiciones de crecimiento adecuadas, particularmente en áreas montañosas como San Marcos, ayudan a producir hojas de coca con un contenido relativamente alto de alcaloides, produciendo más productos de mayor valor.^[19]

En Guatemala, las principales rutas de contrabando siguen involucrando narcopistas en el Petén, cruzando^[20] la porosa frontera con Honduras hacia el sur, y contrabandeando por tierra hacia México, tanto a lo largo de rutas muy utilizadas cerca de la costa como en el interior del país. En los últimos años, los tránsitos de embarcaciones, incluidos los semisumergibles, desde la costa del Pacífico de Colombia y Ecuador, también han atravesado cada vez más la extensa zona económica exclusiva de 200 millas de Guatemala, en ruta hacia desembarcos en México o en la propia Guatemala.^[21] Tales tránsitos han desafiado las capacidades limitadas de la Armada de Guatemala, con un número limitado de lanchas rápidas que deben patrullar hasta el límite de su resistencia en los mares de la costa del Pacífico, a menudo agitados, para responder a tales tránsitos.

Para Guatemala, la región fronteriza en el este con Belice también se ha convertido en un problema, debido a la relativa falta de presencia estatal y de infraestructura vial en la zona escasamente poblada.^[22] Para agravar el problema, la región fronteriza en las cercanías del río Sastoon es objeto de una disputa territorial entre los dos países, lo que llevó a un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad de los dos países en 2016.^[23] Afortunadamente, el incidente se manejó sin una mayor escalada debido a la estrecha relación de trabajo entre las Fuerzas Armadas de los dos países. La disputa territorial se encuentra actualmente ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ),^[24] pero los esfuerzos por evitar enfrentamientos entre las fuerzas armadas de ambas naciones en la región han contribuido a una limitación de la presencia de los ejércitos de las dos naciones, lo que a su vez facilita la explotación de la región por parte de narcotraficantes y otros contrabandistas.

Aprovechando la limitada presencia estatal en partes del territorio guatemalteco, aumentada por el desfinanciamiento del ejército guatemalteco después del final de la Guerra Civil de 1960-1996,^[25] la región montañosa de San Marcos, cerca de la frontera con México, se convirtió en el principal sitio de la región para el cultivo de amapola de heroína.^[26] La marihuana también se cultiva en zonas escasamente pobladas de todo el país.^[27]

Con la expansión de las operaciones del gobierno guatemalteco contra los narcotraficantes, los grupos que compran la heroína de San Marcos y la marihuana han disminuido, lo que ha resultado en un marchitamiento de la producción, aunque el cultivo de coca y los laboratorios para su procesamiento limitado se han expandido.^[28] Los expertos consultados para este trabajo también expresaron su preocupación de que áreas de Guatemala con presencia estatal limitada también podrían usarse para producir drogas sintéticas, incluido el fentanilo, ya que la demanda de tales sustancias en los EE. UU. y en otros lugares ha crecido. ^[29]

Como complemento a las drogas que fluyen a través de la región, Guatemala, al igual que los vecinos El Salvador y Honduras, se ha visto acosada por violentas pandillas callejeras,^[30] particularmente Mara Salvatrucha (MS-13)^[31] y Barrio 18 (B-18).^[32] A diferencia de El Salvador y Honduras, donde la presencia de las pandillas ha sido más generalizada, en Guatemala se ha limitado a los suburbios marginales de la Ciudad de Guatemala, particularmente en los barrios de Villanueva y Mixto,^[33] y hasta cierto punto, a la zona urbana de Escuintla, al sur de la Ciudad de Guatemala.^[34]

La dominación del campo en las afueras de la Ciudad de Guatemala por parte de narcotraficantes y élites conservadoras ha impedido que la MS-13 y la B-18 establezcan una presencia más amplia en el campo. Además, las dos principales pandillas en Guatemala han respetado generalmente el territorio de la otra, minimizando la violencia de las batallas territoriales entre ambas,^[35] pero dejando a los ciudadanos de las áreas dominadas por las pandillas perjudicados por su extorsión.

Las acciones en El Salvador contra el liderazgo y las estructuras de la MS-13 y la B-18 han contribuido a la fragmentación y la falta de liderazgo de las pandillas dentro de Guatemala, creando una apertura para que otros grupos extorsionen a la población en «nombre de» las pandillas, sin la capacidad de las pandillas para hacer valer su territorio. De 2013 a 2021, la extorsión en Guatemala se duplicó con creces.^[36] Además, las demandas de extorsión y otras actividades de los nuevos grupos «imitadores», como los robos de motocicletas, han contribuido a una sensación de inseguridad pública en el país. Aunque los homicidios han disminuido de 46 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2016 (una de las tasas más altas de la región) a 16,7/100.000 en la actualidad,^[37] el número de delitos denunciados por la policía guatemalteca en 2023 fue un 10,5% mayor que el año anterior.^[38]

Más allá de las drogas y las pandillas, Guatemala se ha convertido cada vez más en un país de tránsito para los migrantes que pasan por el istmo centroamericano hacia Estados Unidos desde Venezuela, Ecuador, Haití, Cuba y otros países.^[39] La estrecha costa atlántica de Guatemala, el «rincón» de Centroamérica, con Honduras al este y Belice al norte, se ha convertido en un punto de entrada clave, aunque los migrantes también son contrabandeados a través de la porosa frontera desde Belice, y finalmente cruzan a México, frecuentemente cerca de la costa opuesta a la ciudad mexicana de Tapachula.^[40]

Aunque los venezolanos han sido el grupo más grande que ha pasado por Guatemala, en contraste con América del Sur, donde grupos criminales venezolanos como Tren de Aragua han explotado y traficado a esos migrantes,^[41] estas pandillas venezolanas aún no han creado una presencia fuerte en Guatemala. Los expertos consultados para este trabajo sugieren que esto se debe principalmente a que los migrantes venezolanos no han permanecido en Guatemala el tiempo suficiente, en cantidades suficientemente grandes, para que las pandillas venezolanas se establezcan allí.^[42]

En el contexto de las actividades de los narcotraficantes y las pandillas callejeras en Guatemala, el control de las cárceles del país es un desafío constante.^[43] Una parte clave del problema es el hacinamiento en las cárceles. La población de las cárceles guatemaltecas se ha triplicado desde el año 2000.^[44] El abuso de la prisión preventiva es uno de los factores que contribuyen a ello, ya que más del 47% de las 23.000 personas encarceladas en Guatemala aún no han sido juzgadas.^[45] En algunos casos, las personas que aún no han sido juzgadas han cumplido el equivalente del tiempo de la condena por el delito del que se les acusa, e incluso han muerto en prisión en espera de juicio.^[46]

Finalmente, en 2024, la provocación deliberada de incendios para despejar la tierra, en condiciones secas,^[47] provocó una serie de grandes incendios forestales en los departamentos norteños de Jutiapa y Petén durante más de dos meses, incluidos daños en más de 465 millas cuadradas de la Reserva Nacional de la Biósfera Maya,^[48] lo que obligó al presidente Arévalo a declarar una emergencia ^[49]nacional y desplegar a las fuerzas armadas para apoyar la respuesta. Ese despliegue, que incluyó la lucha contra los incendios, la evacuación de las poblaciones locales y el mantenimiento de la seguridad, en apoyo de la autoridad nacional de gestión de emergencias CONRED, puso a prueba la limitada capacidad de las fuerzas armadas para responder a otras misiones.^[50]

La respuesta del gobierno guatemalteco

La respuesta del gobierno guatemalteco refleja iniciativas iniciadas antes de la actual administración Arévalo, así como una nueva dirección por parte de la Administración.

Para hacer frente a los desafíos de seguridad nacional, la Policía Nacional de Guatemala ha aumentado su tamaño y ha adquirido equipos adicionales, incluidas 500 motocicletas nuevas y 24 camiones adquiridos en diciembre de 2023.^[51] El gobierno de Arévalo aspira a agregar hasta 12.000 policías adicionales, aunque la capacidad de la academia de policía y otras instituciones en las que serían entrenados limitará la velocidad con la que esa expansión puede ocurrir, incluso si se encuentran los fondos para pagar los salarios, el equipo y otros gastos de una fuerza ampliada.

Más allá de los números, según los entrevistados para este trabajo, la policía se ha enfrentado al reto de abordar los problemas fundamentales de profesionalización y corrupción dentro de sus filas, lo que limita su efectividad. A lo largo de varias administraciones anteriores, podría decirse que los cambios en la dirección de la policía han tenido un efecto caótico en la institución,^[52] sin lograr avances reales. Durante el gobierno de Alejandro Giammattei, el gobierno desarrolló una elaborada estrategia para la transformación policial.^[53] Como se señaló anteriormente, se realizaron algunos cambios de conformidad con ese plan, incluidos nuevos uniformes de policía y nuevo equipo entregado justo después de que la administración Giammattei dejara el cargo. El presidente Arévalo y su ministro del Interior, Francisco Jiménez, han asumido un firme compromiso con el fortalecimiento y la lucha contra la corrupción en la policía,^[54] aunque aún se están definiendo los detalles del rumbo de la Administración y su relación con el anterior plan de transformación policial.

Durante la época en que los índices de homicidios eran más altos y el número de policías menor, el gobierno creó las «Brigadas de Seguridad Ciudadana», compuestas principalmente por ex militares, para aumentar la percepción de la seguridad pública.^[55] En el momento álgido de su implementación, había 10 brigadas de este tipo en funcionamiento.^[56] Desafortunadamente, su falta de poder para realizar arrestos o usar la fuerza letal disminuyó el impacto disuasorio de las brigadas.^[57] En los últimos años, a medida que se ha expandido el número de policías civiles nacionales (PNC), las Brigadas de Seguridad Civil se han rediseñado para brindar seguridad perimetral alrededor de las cárceles guatemaltecas, apoyando el trabajo realizado por la PNC en las propias cárceles, al proporcionar un amortiguador entre la población carcelaria y aquellos que podrían pasarles armas, teléfonos celulares, información o contrabando.^[58]

La policía también ha creado unidades especiales para hacer frente a los problemas particulares del país. Estos incluyen el FIAAT, similar a las unidades de Armas y Tácticas Especiales (SWAT) en los EE. UU. Las unidades de FIAAT, en los últimos años, han adquirido sus propios helicópteros para la movilidad aérea a través de donaciones de los EE.UU.,^[59] con policías entrenados como pilotos para alejarse de la dependencia de los militares guatemaltecos para su movilidad aérea.^[60]

La PNC guatemalteca también cuenta con una unidad especial antipandillas, DIPANDA, que se enfoca en la amenaza y la extorsión de las pandillas.^[61] Con la ayuda de los Estados Unidos, también busca abordar las causas de la membresía de pandillas en Guatemala, ayudando a los jóvenes en riesgo a evitar el reclutamiento de pandillas.^[62]

Además de DIPANDA, con la escalada de la amenaza de extorsión percibida tanto por parte de pandillas establecidas como la MS-13 y B-18, como de «imitadores», el Ministerio del Interior ha establecido un nuevo Grupo de Trabajo Antiextorsión,^[63] aunque los logros reales de la organización para abordar el desafío han sido limitados hasta la fecha.^[64]

Con respecto a la seguridad fronteriza, los gobiernos anteriores habían establecido una serie de Fuerzas de Tarea Interagenciales (IATF, por sus siglas en inglés) policía-militares para controlar la frontera y los «pasos ciegos» asociados.^[65] Entre ellas, Chortí para cubrir la frontera con Honduras, Xinca, para cubrir la frontera con Salvador, Tecún-Umán para cubrir la frontera con México cerca de la costa, y Belém, en construcción, para cubrir la frontera entre Guatemala y México en el interior del país. Debido a las diferencias institucionales entre la policía y el ejército que crearon tensiones, socavaron la unidad de mando y, por lo tanto, socavaron la eficacia operativa, la administración Alejandro Giammattei disolvió las IATF en marzo de 2023.^[66] Esto liberó a la policía para concentrarse en asuntos de seguridad interna, incluido un aumento de la presencia a lo largo de la frontera con México en enero de 2024.

Dentro del Ministerio del Interior, el gobierno también ha tratado de abordar los problemas de control y exceso de capacidad de las prisiones. Las 15 cárceles del sistema guatemalteco, incluida la Cárcel de Máxima Seguridad, Enfermito, en Escuintla, dependen del Ministerio de Gobernación. En los últimos años, reconociendo la necesidad de separar a los detenidos sin juicio de los condenados por delitos graves, el gobierno también creó un Centro de Detención Preventiva.

El gobierno guatemalteco también ha tratado de construir nuevas cárceles, incluida una instalación de máxima seguridad en Masagua,^[67] aunque las dificultades administrativas y legales han ralentizado el progreso.

Con respecto a las Fuerzas Armadas guatemaltecas, las prioridades de la administración entrante de Arévalo y del Ministro de Defensa, general Henry Sáenz Ramos, han sido en primer lugar garantizar que la institución siga siendo política alejada, y combatir la corrupción dentro de las filas militares.^[68]

Con respecto a mantenerse al margen de la política, a favor de los militares antes de la llegada del presidente Arévalo al poder, la institución logró evitar las percepciones de que estaba «tomando partido» durante las encarnizadas luchas entre el presidente electo Arévalo y su partido Semilla, por un lado, y la Procuraduría General de la República y las élites conservadoras que buscaban desafiar a ambos.^[69]

Con respecto a la lucha contra la corrupción, el Ministerio de Defensa de Arévalo habría adoptado una postura estricta contra la corrupción y las irregularidades dentro de las filas, incluida la obligación de retirar a algunos oficiales que se creía firmemente que eran corruptos, pero para quienes habría sido difícil demostrarlo en un tribunal militar o de justicia. ^[70]

La tercera prioridad de la Administración ha sido el control fronterizo, incluyendo el envío de 5.000 efectivos para reforzar la frontera con México en los departamentos de San Marcos y Huehuetenango en la Operación «Cinturón de Fuego»,^[71] particularmente en los departamentos de San Marcos y Huehuetenango.

La cuarta prioridad de la Administración Arévalo para las fuerzas armadas ha sido garantizar el cumplimiento estricto y continuo de las normas de derechos humanos en sus interacciones con la población civil y en otros ámbitos. En abril de 2024 inauguró una nueva escuela de formación en derechos humanos en el Cuartel General de la Brigada Mariscal Zavala.^[72]

Más allá de estos, la nueva administración también está trabajando para hacer de las fuerzas armadas una fuerza más inclusiva. En la actualidad cuenta con un número sin precedentes de cuatro mujeres coronel, incluida la directora de la nueva escuela de derechos humanos. Es probable que una de las cuatro se convierta en la primera mujer Oficial General de Guatemala. ^[73]

En términos de capacidades específicas, las fuerzas armadas guatemaltecas continúan operando de manera impresionante dentro de las limitaciones de recursos muy limitados.

Con respecto al control del espacio aéreo nacional contra incursiones de narcovuelos en áreas como Petén, las fuerzas armadas se han visto limitadas por un número limitado de aviones interceptores, incluyendo un Pilatus PC-7 y dos viejos A-37 estadounidenses, ninguno de los cuales está actualmente en servicio activo. Aunque los gobiernos anteriores han buscado adquirir nuevos aviones interceptores de Argentina y Brasil, las adquisiciones han estado llenas de acusaciones de irregularidades y, en última instancia, no han avanzado. ^[74]

Del mismo modo, para detectar incursiones en su espacio aéreo, Guatemala confía en un antiguo sistema de radar español Indira.^[75] A pesar de que los sistemas ofrecen algunas capacidades, las brechas y limitaciones en su cobertura son información que ha sido proporcionada, a través de funcionarios corruptos, a los narcotraficantes, quienes utilizan el conocimiento de las brechas para realizar vuelos fuera de los límites de esa cobertura.

Más allá de los interceptores, las capacidades de transporte e inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) basadas en aeronaves de las fuerzas armadas guatemaltecas están igualmente limitadas, con cinco transportes de ala fija Cessna 208, un Pilatus PC-12 recibido de los EE. UU. en mayo de 2024,^[76] dos Beech Super King Air, un DHC-6 Twin Otter más antiguo y un Bassler B-67 que no está disponible operativamente debido al mantenimiento.

Las capacidades de las alas rotatorias de Guatemala son algo mejores. Entre ellos se encuentran dos Bell 412EXP, recibidos en diciembre de 2022,^[77] y un Bell 429, adquirido en enero de 2024.^[78] Según se informa, solo la adquisición de los Bell 412 aumentó la disponibilidad operativa de la flota guatemalteca de ala rotatoria en más del 50%.

Un factor complementario de la preparación del ala rotatoria ha sido la contribución de Taiwán a la formación de sus pilotos. De hecho, el gesto de Taiwán de hacerlo fue clave para que el país preservara su capacidad de vuelo de ala rotatoria cuando las tensiones guatemaltecas con Colombia lo llevaron a cancelar el entrenamiento colombiano de sus pilotos. Las tensiones debidas a la selección del polémico exjefe de la organización anticorrupción de las Naciones Unidas de Guatemala, CICIG, fue nombrado ministro de Defensa por el presidente izquierdista del país. Tras la toma de posesión del presidente Arévalo, Colombia renovó su formación.

En el ámbito marítimo, como se señaló anteriormente, Guatemala lucha por cubrir su zona económica exclusiva de 200 millas náuticas contra el tránsito de drogas. Su herramienta clave para la intercepción marítima en el Pacífico son sus fuerzas especiales navales, la FEN,^[79] que opera desde lanchas rápidas relativamente pequeñas en los mares del Pacífico, a menudo agitados.^[80] Para contribuir al desafío, la Armada de Guatemala tiene solo una instalación portuaria principal en Puerto Quetzal, en la parte sur de la costa del Pacífico, relativamente lejos de la frontera marítima con México, donde atracan la mayoría de las narcoembarcaciones en tránsito. La Armada tiene instalaciones menores en Ocos y Champurico, más cerca de la frontera, pero sin un gran número de personas allí o capacidades sustanciales para apoyar y reabastecer a los buques más grandes. ^[81] Un segundo puerto militar importante planeado en Champurico nunca se llevó a cabo, porque la infraestructura portuaria comercial nunca se construyó. No obstante, Estados Unidos continúa trabajando con los guatemaltecos en opciones para aumentar sus capacidades portuarias militares en el futuro.^[82]

Para extender el alcance y el tiempo en la estación de la FEN y sus embarcaciones, el Comando Sur de los EE. UU. proporcionó a Guatemala una «nave nodriza» de apoyo logístico para reabastecer de combustible a sus pequeñas embarcaciones interceptoras en el Pacífico y proporcionar descanso a la tripulación,^[83] y Guatemala ha estado en contacto con el astillero colombiano COTECMAR en relación con la compra de una segunda embarcación de este tipo.^[84] Sin embargo, se descubrió que el buque original era demasiado lento y no era apropiado para los mares más agitados del Pacífico y se trasladó al Atlántico.

Para extender su alcance y tiempo en la estación en el Pacífico, a finales de junio de 2024, Guatemala recibirá un buque de patrulla costera naval (NCPV) más grande de 85 pies de los EE. UU., retirado de la Guardia Costera de los EE. UU.

Con respecto al control de los ríos de Guatemala, críticos para el movimiento dentro del país en regiones remotas como el Petén, así como a través de sus fronteras, la Armada ha ampliado su capacidad con embarcaciones patrulleras de fondo poco profundo. Ha desplegado embarcaciones más pequeñas previamente proporcionadas por Estados Unidos o confiscadas a los delincuentes. En 2020, Guatemala también abrió un modesto astillero en su puerto de la costa atlántica,^[85] que ha utilizado para construir aproximadamente 10 embarcaciones más pequeñas de tres tamaños, conocidas como Eduarinos. El astillero también tiene capacidad para realizar el mantenimiento y algunas reparaciones de las embarcaciones de Guatemala.^[86] Con su capacidad ampliada, Guatemala ha podido ejercer un nivel razonable de control fluvial, incluyendo patrullajes del río Suchiate que define la porción suroeste de la frontera entre Guatemala y México.

Con respecto a las fuerzas terrestres, las fuerzas armadas de Guatemala han tenido una gran escasez de recursos, con un presupuesto para sus fuerzas armadas de solo 0,4%-0,5% de su PIB.^[87] La «Brigada de la Selva» del país es principalmente una unidad de infantería ligera sin el equipo especializado, como las lanchas fluviales, para darle mayor efectividad en el entorno selvático de Petén.^[88] Del mismo modo, su Brigada de Alta Montaña aún carece de los equipos orgánicos que le permitan operar con la eficacia que podría hacerlo en el terreno montañoso que se encarga de controlar. En 2024, cuando se ha pedido a esas fuerzas que aumenten el control de la frontera y combatan los incendios en el Petén y Jutiapa, el ejército guatemalteco ha complementado sus capacidades con el envío temporal de unidades de otros lugares con las capacidades especializadas necesarias, aunque a expensas de un alto ritmo operativo de esas unidades adjuntas temporalmente. y su falta de disponibilidad en otras partes del país.^[89]

Con respecto a los vehículos para la movilidad terrestre, el ejército guatemalteco continúa operando con Jeep CJ-8 blindados proporcionados por los EE. UU.,^[90] aunque durante mucho tiempo han estado plagados de problemas de suspensión y otros problemas que han afectado negativamente su disponibilidad operativa.^[91] En octubre de 2022, Estados Unidos donó 95 vehículos nuevos, entre ellos Toyota Hilux, Land Cruiser y motocicletas.^[92] Según se informa, la donación ayudó un poco a las Fuerzas Armadas a aumentar su movilidad, particularmente cuando se les pidió en enero de 2024 que aumentaran las capacidades hacia la frontera mexicana en los departamentos de San Marcos y Huehuetenango en la Operación «Cinturón de Fuego».^[93]

Como complemento al equipamiento, al igual que con la FIAAT en la policía y la FEN en la Marina, desde 2007, las Fuerzas Armadas de Guatemala cuentan con una unidad de élite que combina sus respetadas fuerzas especiales militares, los Kabiles, con activos de movilidad aérea y otros activos mejorados. La unidad, el Batallón Especial de Interdicción y Rescate (BEIR),^[94] se utiliza en operaciones contra el narcotráfico de alto valor y otros objetivos difíciles.

Más allá de nuevos equipos, instalaciones de apoyo y capacitación, el gobierno de Arévalo está redactando actualmente una nueva Estrategia de Seguridad Nacional. El propio presidente Arévalo, cuya formación académica antes de asumir el cargo, incluye varios libros sobre las relaciones civiles-materiales en Guatemala,^[95] ha tenido un interés particular en el sector de la Defensa y la política de defensa. El país está trabajando actualmente para revisar la ley penal militar del país, con el apoyo de Estados Unidos. De hecho, a medida que Estados Unidos amplía su relación de cooperación con Estados Unidos, ha trabajado con Guatemala para mejorar su sistema de planificación militar, Siplagde. Estados Unidos también ha ayudado al Ministerio con nuevas herramientas de investigación operativa para fortalecer sus capacidades de análisis y planificación, incluido el MAGDEF, y ha pagado para que tenga un Asesor del Ministerio de Defensa (MODA) de alto nivel.^[96]

Fortalecidas por dicho apoyo, las Fuerzas Armadas, y en particular la Armada de Guatemala, han logrado avances importantes en la planificación de la defensa, aumentando la racionalidad de las adquisiciones de defensa, la comprensión de los costos del ciclo de vida y la capacidad de las fuerzas armadas para justificar las solicitudes presupuestarias para la adquisición de capacidades específicas al Congreso.^[97]

A pesar de los esfuerzos guatemaltecos por reformar la defensa, la respuesta del gobierno en la lucha contra el crimen organizado sigue viéndose obstaculizada por las luchas políticas internas entre el poder ejecutivo y la fiscalía guatemalteca independiente, encabezada por Consuela Porras.^[98] Aunque los enjuiciamientos rutinarios contra figuras criminales guatemaltecas continúan avanzando, los casos de alto nivel han sido prejuiciosos, incluido el intercambio limitado de información importante entre la oficina de Porras y la policía. Ante la ausencia de información fiable de alto nivel por parte de la Fiscalía General, la organización de inteligencia del Ministerio del Interior, DIGCI, se ha visto obligada a depender principalmente de la inteligencia policial, que a menudo es deficiente.^[99]

Desafíos cívico-militares

Como se señaló anteriormente, el presidente Arévalo ha tenido varios desafíos y tensiones menores a medida que ha avanzado como comandante en jefe civil de las fuerzas armadas de Guatemala, aunque su propia experiencia como erudito en temas de relaciones cívico-militares,^[100] además de los aportes de asesores de confianza como su jefe de seguridad nacional, el general retirado Ismael Cifuentes Bustamante, lo han ayudado a gestionarlos.^[101]

La selección por parte del presidente Arévalo de oficiales para puestos de liderazgo superior de la promoción 117 para obtener a los oficiales con los que quería trabajar, cuando los miembros de la promoción 118 tenían un año adicional de antigüedad y experiencia, causó cierto descontento. La tensión de más alto perfil fue entre su ex Jefe de Estado Mayor de la Defensa, el General Carlos Medina Juárez, de la Promoción 118, quien tenía un amplio historial de experiencia de mando,^[102] incluso en operaciones de combate que involucraban al contingente de mantenimiento de la paz de Guatemala en el Congo, y su Ministro de Defensa, Henry Sáenz Ramos de la Promoción 117, quien había terminado el servicio como Coronel, antes de ser ascendido a General. pero que contaba con la confianza del Presidente Arévalo, y con sólidas capacidades para representar a las Fuerzas Armadas de Guatemala ante su Congreso, la Sociedad Civil y la Comunidad Internacional. ^[103]

Si bien las diferentes capacidades de los dos líderes también fueron complementarias, también hubo tensiones, que llegaron a un punto crítico en la decisión del general Sáenz, como ministro de Defensa, de acompañar al presidente Arévalo en uniforme, en una marcha pública desde el Palacio Presidencial hasta el Congreso,^[104] como parte del esfuerzo del presidente Arévalo para que el Congreso aprobara una ley que restringiera los poderes de la Procuraduría General de la Nación. cuya cabeza, Thelma Aldana, había estado trabajando para paralizar, y posiblemente expulsar, al Presidente y sus partidos a través de investigaciones y otras maniobras.^[105]

El general Medina optó por no acompañar al presidente y al ministro de Defensa en la marcha. En el contexto de una disputa pública sobre si había sido apropiado o no que altos oficiales uniformados se unieran al Presidente en la actividad, las tensiones subyacentes aparentemente se volvieron demasiado, lo que llevó al Presidente a destituir al General Medina y reemplazarlo por un coronel, Hermalindo Choz.^[106]

En la medida en que el cambio también colocó temporalmente a un coronel en una posición de autoridad sobre los generales del Estado Mayor, provocó un mayor descontento y preocupaciones de los de la derecha sobre las credenciales izquierdistas de Arévalo, de que el presidente estaba tratando de socavar la jerarquía militar tradicional. ^[107] Otros ascensos militares propuestos por el presidente Arévalo fueron bloqueados, al menos temporalmente, por una demanda legal presentada por otro coronel guatemalteco que alegaba que los ascendidos no tenían las capacidades legalmente estipuladas para sus nuevos rangos.^[108]

Arévalo también ha tenido dificultades para aprobar leyes que implementen políticas de seguridad y de otro tipo. A los 100 días de su administración, el Presidente no había logrado aprobar ninguna ley. El hecho de que no lo hiciera se debió principalmente a que sus aliados en el partido Semilla habían sido bloqueados por opositores conservadores que controlan las instituciones electorales, para tener una identidad legal en el Congreso, lo que les permitía ocupar presidencias de comités y ejercer otras formas de poder procesal. ^[109]

Para agravar aún más las dificultades, Arévalo, como candidato de «gobierno limpio», se ha visto obligado a despedir a dos miembros de su nuevo gobierno. En abril de 2024, despidió a su ministra de Medio Ambiente, María José Iturbide, por el uso indebido de un automóvil del gobierno por parte de su hija.^[110] En mayo de 2024, destituyó a su ministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, por irregularidades en los pagos a empresas constructoras.^[111] Si bien el pueblo guatemalteco sigue apoyando firmemente a Guatemala, el Presidente Arévalo está bajo presión para producir resultados y evitar la percepción de irregularidades, a fin de seguir teniendo capital político para gestionar la seguridad y otros desafíos difíciles que enfrenta el país. ^[112]

Conclusiones

La influencia corruptora y las tensiones sociales de los narcóticos transnacionales y los flujos de inmigrantes a través de Guatemala, así como la inseguridad pública alimentada por las pandillas callejeras y la criminalidad, continúan erosionando la fe de los guatemaltecos en sus instituciones democráticas.

La elección de Bernardo Arévalo fue una expresión de la frustración de los guatemaltecos por la incapacidad percibida de los gobiernos anteriores para abordar los desafíos fundamentales de la corrupción, la inseguridad, la desigualdad y la falta de oportunidades. El régimen de Arévalo goza actualmente del beneficio de la duda del pueblo guatemalteco mientras lucha por abordar esos desafíos y restaurar la fe de los guatemaltecos en su gobierno. Desafortunadamente, enfrenta esos obstáculos con recursos muy limitados y poca influencia en la legislatura para adquirir más recursos y fortalecer los marcos legales. El gobierno de Arévalo también continúa enfrentando a las élites atrincheradas con un interés personal en el fracaso de la Administración y su desplazamiento del poder. Estados Unidos ha brindado un apoyo sustancial al nuevo gobierno en materia de seguridad y otros asuntos, sin embargo, el gobierno de Estados Unidos también debe tener cuidado de no intervenir con demasiada fuerza en los asuntos internos de Guatemala en su deseo de ver a Arévalo y la democracia triunfar. Es una lucha contra adversidades considerables, pero en la que los costos del fracaso para Guatemala, Estados Unidos y la región son inaceptables.

Notas:

1. El autor es profesor de investigación para América Latina en el Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos. Las opiniones expresadas en este documento son estrictamente suyas. El autor agradece al General® Juan Pérez Ramírez, al VADM® Carlos Lainfesta, al BG® Carlos Villagrán, al Dr. Guillermo Pacheco y a Diego Solís, entre otros, por sus importantes aportes a este trabajo. ↑
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106. Najarro, Fátima. «Bernardo Arévalo asiste a ceremonia de ascensos en el Ejército en la Escuela Politécnica». Prensa Libre, 25 de mayo de 2024. https://www.prensalibre.com/guatemala/bernardo-arevalo-asiste-a-ceremonia-de-ascensos-en-el-ejercito-en-la-escuela-politecnica/. ↑
107. Basado en una entrevista extraoficial del autor con expertos en seguridad guatemaltecos, junio de 2024. ↑
108. Najarro, Fátima. «Bernardo Arévalo asiste a ceremonia de ascensos en el Ejército en la Escuela Politécnica». Prensa Libre, 2024. ↑
109. Basado en una entrevista extraoficial del autor con expertos en seguridad guatemaltecos, junio de 2024. ↑
110. Infobae. «El presidente de Guatemala destituye a la ministra de Medio Ambiente por supuesta corrupción». 8 de abril de 2024. https://www.infobae.com/america/agencias/2024/04/08/el-presidente-de-guatemala-destituye-a-la-ministra-de-medio-ambiente-por-supuesta-corrupcion/. ↑
111. Infobae. «El presidente de Guatemala destituyó a su ministra de Comunicaciones por irregularidades en pagos a constructoras». 18 de mayo de 2024. https://www.infobae.com/america/america-latina/2024/05/18/el-presidente-de-guatemala-destituyo-a-su-ministra-de-comunicaciones-por-irregularidades-en-pagos-a-constructoras/. ↑
112. Basado en una entrevista extraoficial del autor con expertos en seguridad guatemaltecos, junio de 2024. ↑