Resumen

El presente artículo analiza exhaustivamente las amenazas a la seguridad nacional en La Rinconada, Puno, enfocándose en la criminalidad organizada, la minería informal e ilegal, la contaminación ambiental y la crisis de salud pública. En esta región, diversas organizaciones criminales operan, dedicadas al tráfico de oro, el contrabando y el crimen transnacional, consolidando estructuras delictivas con acceso a armamento y financiamiento ilícito. Su control territorial, basado en la violencia y la corrupción, no solo debilita la autoridad del Estado; también explota a los trabajadores mineros y monopoliza el comercio ilegal de insumos. Además, su accionar sostiene una economía clandestina paralela que financia actividades ilícitas a nivel nacional e internacional. En este contexto, el objetivo es comprender cómo la falta de intervención estatal y los intereses de ciertos grupos han permitido que esta región se convierta en un núcleo de actividades ilícitas que comprometen la estabilidad y el desarrollo del país. Con el fin de abordar esta problemática, es fundamental concientizar a la clase política, las instituciones y la sociedad en su conjunto sobre la urgencia de generar e implementar una estrategia integral de seguridad nacional. Esta debería ser capaz de desmantelar redes delictivas y eliminar los vínculos de ciertos actores con la minería ilegal, lo que permitiría impulsar una recuperación económica, social y ambiental sostenible. La metodología empleada se basa en un análisis cualitativo de investigaciones de carácter fenomenológico que incluye visitas y entrevistas en la zona, así como la revisión de estudios socioeconómicos y ambientales con fuentes nacionales e internacionales. Esto lleva a la conclusión principal de que, sin una intervención estatal integral y sostenida, La Rinconada se consolidará como un bastión del Crimen Organizado Transnacional (COT), con repercusiones directas en la seguridad nacional y la gobernabilidad del país. En consecuencia, para evitar este escenario, es imperativo articular una estrategia que combine medidas de seguridad, formalización minera y desarrollo socioeconómico, asegurando la presencia efectiva del Estado y la erradicación de las estructuras criminales que actualmente dominan la región.

Palabras clave: Seguridad nacional, COT, minería ilegal, violencia, contaminación ambiental, gobernabilidad

Introducción

Ubicada en la región de Puno, aproximadamente a 5 200 metros sobre el nivel del mar, La Rinconada es conocida como uno de los asentamientos habitados más altos del mundo. Este centro poblado comenzó a desarrollarse en las últimas décadas del siglo XX como un campamento minero informal, atrayendo a miles de migrantes andinos en busca de oportunidades laborales en la extracción de oro.^[1] Este asentamiento representa un caso paradigmático de la minería informal en el Perú, caracterizándose por su enorme potencial aurífero, así como por los elevados niveles de precariedad y desorden que la rodean; su riqueza mineral contrasta con su reputación de ser un lugar donde predominan la informalidad, la explotación laboral y la criminalidad.

Sin embargo, lo que comenzó como un asentamiento temporal pronto evolucionó en un centro urbano caótico y desprovisto de infraestructura básica, propiciado en parte por la alta demanda de oro y la limitada presencia estatal en la región. La historia de La Rinconada refleja patrones migratorios característicos de las zonas mineras del Perú, donde la promesa de riqueza rápida impulsa a comunidades enteras a asentarse en condiciones extremas de precariedad e informalidad.^[2] Desde una perspectiva sociológica, esta migración responde a la falta de oportunidades económicas en el ámbito rural y a la histórica postergación de desarrollo de las poblaciones indígenas y campesinas de la serranía peruana.^[3] La Rinconada se convierte, en consecuencia, en un “espacio de supervivencia” en el que la ilegalidad e informalidad son la única vía de subsistencia, conformando un sistema económico paralelo donde la explotación laboral y la inseguridad son percibidas como “fenómenos naturalizados”.

Asimismo, La Rinconada alberga una gran diversidad étnica y cultural, compuesta principalmente por migrantes de origen quechua y aimara; cuyas prácticas culturales y su cosmovisión andina, especialmente en lo que respecta a la minería, aportan un marco de comprensión para las dinámicas que rigen la vida social de esta comunidad.^[4] Para muchos, el trabajo minero está impregnado de significados, rituales y creencias que justifican y explican el riesgo y sacrificio que esta actividad conlleva.^[5] Estas prácticas culturales, aunque refuerzan los lazos comunitarios, se ven amenazadas por la violencia y el COT, que han surgido en torno a la minería ilegal.

Figura 1. Vista panorámica del centro poblado La Rinconada

Factores como la falta de infraestructura básica, la reducida presencia de las fuerzas del orden, la ausencia de regulación en la actividad minera y el control territorial ejercido por grupos criminales han permitido que La Rinconada se mantenga al margen del orden institucional.^[6] En este escenario, las autoridades locales y regionales han demostrado una incapacidad sistemática para ejercer control sobre la zona, permitiendo la expansión de economías ilícitas y la consolidación de redes delictivas que imponen su propia estructura de poder. La falta de aplicación de la ley y la impunidad con la que operan estos grupos han generado un clima de intimidación y violencia, donde la población local es víctima de extorsiones, explotación laboral y desplazamiento forzado, consolidando aún más la condición de La Rinconada como un territorio fuera del control estatal.

La Rinconada representa un claro ejemplo de lo que algunos estudiosos denominan “zona liberada”, donde el Estado ha perdido la capacidad de controlar el orden público y asegurar la seguridad ciudadana. En palabras de Gonzales, la expansión de actividades criminales y la presencia de actores extranjeros plantean una amenaza directa a la soberanía y seguridad nacional.^[7] Bajo esta realidad, este centro poblado presenta un mosaico de problemas sociales que incluyen no solo la explotación laboral y la falta de servicios; también una profunda crisis ambiental derivada del uso indiscriminado y sin regulación del mercurio, lo que afecta la salud de los habitantes y los ecosistemas locales.

Figura 2 . Vía principal de acceso al centro poblado La Rinconada

A través de este análisis, se abordarán las principales amenazas a la seguridad nacional que La Rinconada representa, explorando el complejo entramado sociocultural, las implicancias de su ilegalidad y el impacto en la salud de la población. Igualmente, se examinarán estrategias potenciales para restaurar la gobernabilidad en esta región y fomentar un desarrollo más seguro y sostenible.

Minería Ilegal: Un Ecosistema de Economía Paralela y Criminalidad

La minería ilegal ha dejado de ser una actividad marginal para convertirse en una industria paralela significativa, actuando fuera del marco legal y desafiando la capacidad del control gubernamental. La extracción de oro en esta región atrajo a miles de migrantes en busca de oportunidades, consolidando a La Rinconada como uno de los puntos de mayor concentración de minería ilegal en el país.^[8] Este fenómeno ha sido facilitado por una serie de factores estructurales que evidencian la debilidad del Estado en la región. En primer lugar, la falta de fiscalización y la ausencia de operativos, debido a la inaccesibilidad geográfica, han permitido que estas actividades crezcan sin restricciones. En segundo lugar, la corrupción dentro de las entidades encargadas de la supervisión minera ha generado un entorno de impunidad, donde actores ilegales pueden operar sin temor a sanciones. A esto se suma la escasa presencia de fuerzas de seguridad en la zona, lo que deja a la población expuesta a la violencia de grupos criminales que controlan la extracción y comercialización del oro. Finalmente, la insuficiencia de programas efectivos de formalización minera ha llevado a que muchos pequeños mineros continúen operando al margen de la ley, perpetuando la informalidad y la explotación laboral. De acuerdo con datos recientes, las operaciones mineras en Puno no disponen de derechos laborales básicos ni de regulaciones de carácter fiscal.^[9] Como resultado, se perpetúa un ciclo de explotación, pobreza y evasión tributaria que se está naturalizando,^[10] alimentando un sistema económico ilegal e informal que evade impuestos y escapa al control del Estado. De este modo, la inacción política, la insuficiencia de infraestructura institucional y la permisividad frente a estas economías han transformado a La Rinconada en un enclave donde la minería ilegal opera sin restricciones, afianzándose como un foco de inseguridad y deterioro ambiental.

Figura 3 . Actividad del comercio informal en La Rinconada

La minería ilegal en La Rinconada constituye la única fuente de sustento para sus pobladores.^[11] Por otro lado, al generar ingresos rápidos sin regulación, fomenta la explotación laboral y favorece el auge del crimen organizado. Según la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (DRTPE) en el 2022 se registraron 838 676 personas ocupadas en la zona, de las cuales el 90.2 % trabajaba en condiciones de informalidad, lo cual significa que 756 539 individuos laboraron sin acceso a beneficios sociales y en empresas que evadían obligaciones tributarias.^[12] Un factor que agrava esta situación es el sistema de trabajo ancestral conocido como “cachorreo”, en el cual los mineros trabajan sin salario durante 28 días, a cambio de la oportunidad de quedarse con el mineral extraído durante dos días al mes.^[13] Así, su ingreso depende exclusivamente de la cantidad y calidad del material obtenido, lo que puede traducirse en una ganancia significativa o en la ausencia total de remuneración. Esta dinámica refuerza la precarización laboral, provoca una dependencia extrema de los mineros respecto a su suerte en la extracción del oro y exacerba la evasión de impuestos.

Desde una perspectiva estratégica, la economía paralela debilita la autoridad estatal al consolidar un espacio donde la ley es reemplazada por estructuras ilegales y relaciones de poder impuestas por grupos delictivos. La carencia de regulación y control gubernamental permite que estas actividades ilícitas configuren un sistema basado en la explotación y la violencia que escapa al alcance de las instituciones del Estado.^[14] Por lo tanto, la economía de La Rinconada, sostenida sobre la minería ilegal, crea un entorno donde la violencia y la explotación se perciben como prácticas comunes y necesarias para la supervivencia.

El impacto de la minería ilegal trasciende la economía regional y tiene repercusiones a nivel nacional. La explotación de oro es vista por diversos grupos de crimen organizado como una oportunidad para expandir sus operaciones delictivas y extender sus redes.^[15] Estas organizaciones, algunas de los cuales incluyen elementos extranjeros, utilizan las ganancias obtenidas para traficar armamento, como munición y explosivos, y consolidar su control territorial en la región.^[16] Su presencia no solo ha incrementado los índices de criminalidad, sino que ha generado una economía ilícita donde delitos conexos, como el Tráfico ilícito de drogas (TID), la trata de personas y el sicariato, se han arraigado en la zona. Las redes criminales han implementado mecanismos de extorsión y cobro de cupos a los mineros informales, estableciendo un sistema de control basado en la violencia y la intimidación.^[17] Además, la elevada concentración de población masculina en las actividades ha generado un aumento alarmante de la trata de mujeres y menores de edad con fines de explotación sexual, favorecida por la proliferación de prostíbulos clandestinos sin regulación.

Ante esta situación, la minería ilegal se constituye como una fuente de financiamiento para estos grupos delictivos, lo cual representa una amenaza directa a la seguridad nacional. Su accionar ha erosionado la gobernabilidad en la región y ha generado temor en las poblaciones locales, que se ven obligadas a abandonar la zona debido a la expansión de actividades ilícitas; en este sentido, la minería ilegal no solo representa un problema de orden público, sino una amenaza integral que compromete la estabilidad social, la seguridad interna y la sostenibilidad del país.

Desde una prospectiva analítica, resulta evidente que la falta de intervención estatal en La Rinconada ha favorecido el establecimiento de una economía ilegal, que continúa impulsando la criminalidad en la región. Ante esta coyuntura, es imperativo, primeramente generar e implementar una estrategia que combine la formalización minera con medidas de intervención en la economía local para evitar que la criminalidad organizada asuma el control absoluto de la zona.

Un enfoque integral, que combine la regulación de la actividad minera con una estrategia de desarrollo económico inclusivo, es esencial para desarticular esta economía paralela. Esto implicaría la presencia constante y suficiente de las fuerzas del orden, la creación de empleos formales, el control de tributos al Estado y la promoción de alternativas de sustento económico para la población.^[18] A la par, el fortalecimiento de la cooperación fronteriza con países vecinos es fundamental para frenar el tráfico de insumos mineros y el ingreso de armamento, que son esenciales para el sostenimiento de la economía criminal en La Rinconada.

Para enfrentar esta amenaza a corto plazo, es necesario que el Estado adopte una postura activa y coordinada que incluya el control minero-ambiental y el fortalecimiento de la gobernanza local. Cabe reflexionar si la creación de programas de incentivo para la formalización y la provisión de servicios básicos ayudarán a reducir la dependencia de la minería ilegal.^[19] En este sentido, la intervención de entidades gubernamentales, en conjunto con organizaciones internacionales, sería esencial para garantizar que los esfuerzos de formalización y control de las actividades ilegales se implementen de manera sostenible.^[20]

Contrabando y Evasión de Impuestos: Un Estado Informal en Puno

La informalidad en la región Puno trasciende la minería, extendiéndose a diversas actividades económicas que operan fuera del marco legal y representan amenazas importantes para el desarrollo y la gobernanza. Esta economía informal, caracterizada por el contrabando y la evasión de impuestos, crea una estructura marginal que desafía la capacidad del Estado para fiscalizar y regular las actividades en la región.^[21]

El contrabando en Puno se nutre de la cercanía a las fronteras con Bolivia y Chile, donde la falta de controles rigurosos facilita el flujo de productos no regulados como combustible, alimentos y textiles. De acuerdo con la Alianza Latinoamericana Anticontrabando (ALAC), casi el 60 % de los productos y mercancías ilícitas ingresan por estas zonas, afectando la economía formal y desincentivando a los negocios locales a integrarse a una economía formal.^[22] Ismael Rubén Vargas Céspedes, exministro del Interior, afirma que:

Es una criminalidad que está asesinando a través de sicarios y genera zozobra en la población. Hay que recordar que la percepción de inseguridad supera el 80 % de la población, por lo que es importante analizar el rol que juegan estas economías ilegales en la generación de criminalidad organizada y en los daños que causa en la gobernabilidad, porque su poder corrosivo afecta y precariza nuestras instituciones.^[23]

Desde un enfoque estratégico, la informalidad y el contrabando no solo implica una pérdida económica significativa, sino que favorecen el control de la actividad económica por parte de redes organizadas, dado que la falta de regulación limita el alcance de la ley. Estas, en muchos casos asociadas con grupos delictivos, encuentran en la informalidad un mecanismo de financiamiento que facilita la expansión de su influencia en la región.^[24]

Dichos grupos criminales aprovechan la debilidad del control estatal y la falta de fiscalización para establecer estructuras de poder ilegal basadas en la corrupción y la coerción. A través del soborno a funcionarios locales y la intimidación a comerciantes, garantizan la continuidad de sus operaciones ilícitas sin repercusiones, lo que refuerza su dominio sobre la economía ilegal. Además, imponen “cupos” a diversos trabajadores informales, lo que da lugar a un sistema económico paralelo que facilita la consolidación de su financiamiento. De manera complementaria, aprovechan las redes de contrabando para el lavado activos, movilizando grandes sumas de dinero sin ser detectados por los mecanismos de supervisión e inteligencia financiera.

En este escenario, la economía informal en Puno crea un espacio propicio para la expansión de actores que operan al margen de la ley, lo que debilita la gobernanza y compromete la seguridad de la población.^[25] Esta dinámica convierte a la región en un refugio para el crimen organizado, facilitando el tráfico de mercancías ilícitas, el comercio ilegal de oro y el ingreso de armas y explosivos, lo que fortalece las estructuras delictivas que operan en la zona.

La evasión de impuestos constituye otro desafío crítico, pues la reducción de la recaudación fiscal limita la capacidad del Estado para invertir en infraestructura, educación y salud. Esta situación genera un ciclo de desconfianza en las instituciones, ya que los ciudadanos perciben un Estado débil para contener la informalidad y el contrabando.^[26] Sin los ingresos necesarios, el gobierno enfrenta serias barreras para brindar servicios esenciales y garantizar un entorno seguro y próspero para la población, lo que -a su vez- es empleado como argumento y justificación para movilizaciones sociales violentas conducidas por lideres de organizaciones radicales.

Figura 4. Incautación de mercancía de contrabando en la provincia de Huancané

En el mediano y largo plazo, la consolidación de esta economía ilegal, informal y paralela plantea amenazas y riesgos significativos para el desarrollo y la estabilidad de Puno. En lo que respecta al índice del progreso social regional para finales del 2024, la región registró una mejora gradual, aunque continúa en niveles bajos de progreso social, alcanzando 51.3 puntos. En contraste, Moquegua obtuvo 66.4 puntos, y Arequipa con 64.6 puntos; siendo uno de los principales problemas la gran informalidad que presenta, lo cual limita su progreso.^[27] Por lo tanto, los retos en esta región deben centrarse en garantizar servicios esenciales como educación, salud, agua potable y saneamiento de calidad, lo que requiere intervenciones específicas en cada sector. Sin una intervención coordinada y multisectorial, es probable que estas economías continúen expandiéndose, reduciendo aún más la efectividad de la gobernabilidad y atentando contra la seguridad nacional.

Para abordar esta problemática, se vuelve esencial fortalecer el control fronterizo y la cooperación con Bolivia y Chile, además de crear incentivos para que los empresarios y comerciantes locales se integren a la economía formal.^[28] En un esfuerzo conjunto, el desarrollo de infraestructura básica y la formalización de actividades económicas contribuirían a reducir la dependencia del contrabando y la ilegalidad, promoviendo un entorno de gobernanza estable en la región.

Crisis de Gobernanza y Ausencia del Estado: Desafíos para la Seguridad y el Orden Público

La falta de una presencia estatal efectiva en La Rinconada ha generado un entorno caótico y desregulado, donde el crimen y la ilegalidad han configurado un sistema predominante. La ausencia de instituciones gubernamentales sólidas ha llevado a que los ciudadanos dependan de sistemas informales y, en muchos casos, de grupos organizados para satisfacer sus necesidades básicas de seguridad y justicia.^[29] En este vacío de autoridad, bandas criminales han asumido funciones que, en un Estado funcional, corresponderían a las fuerzas del orden y al sistema judicial.

Por ejemplo, grupos como “Los Primos” y “Los Perros de Lunar”, dos de las bandas más peligrosas en la zona, imponen su propio sistema de “justicia”, castigando con violencia extrema a quienes incumplen sus normas, como una forma de control social y advertencia. Además, han establecido sistemas de seguridad privada ilegal, cobrando tarifas obligatorias a los comerciantes y mineros a cambio de “protección”, en una práctica que se asemeja a un régimen de extorsión sistemática.

Según el General PNP, Jefe de la Región Policial de Puno, “hasta siete bandas delictivas están operando activamente en la región… estas organizaciones criminales tienen un fuerte control en el centro poblado minero de La Rinconada, en la provincia de San Antonio de Putina, y han extendido sus operaciones a otras áreas del departamento”.^[30]

Figura 5. Detención de Narciso Huayta, presunto líder de “Los Perros de Lunar”, durante un operativo de control de identidad en posesión de armas y municiones

Diario Sin Fronteras, «Juliaca: Detienen al presunto cabecilla de Los Perros de Lunar en La Rinconada», 1 de julio de 2024, https://diariosinfronteras.com.pe/2024/07/01/juliaca-detienen-al-presunto-cabecilla-de-los-perros-de-lunar-en-la-rinconada/amp/

Esta situación genera un contexto en el que la confianza en el Estado y sus instituciones se erosiona significativamente, lo que da un lugar a un vacío de poder donde el crimen organizado prospera. Las deficiencias de las fuerzas del orden llevan a las poblaciones locales a recurrir a estructuras criminales para garantizar su seguridad. Sin embargo, estas no constituyen una solución efectiva, ya que refuerzan el control de las bandas sobre la región, consolidando un sistema de gobernanza criminal donde la ley se impone mediante la fuerza y la intimidación. En este contexto, el operador minero Edwin Ajahuana manifiesta:

“…La Rinconada requiere atención del Estado tras el incremento de la criminalidad, que deja al menos dos o tres muertos a diario… En Puno necesitamos de mayor intervención para salvaguardar la vida e integridad de las personas porque los secuestros en las labores mineras son frecuentes… La delincuencia se ve a diario, acá se ha perdido la paz y la gente, a veces, por necesidad propia se tiene que exponer”.^[31]

Bajo un análisis crítico, la crisis de gobernanza en La Rinconada es una manifestación de problemas estructurales más amplios en la región de Puno. La falta de infraestructura, servicios básicos, calidad educativa y programas sociales fomenta la desconfianza en las autoridades y la dependencia de economías ilegales e informales. La investigación de Ancco revela que los pobladores en Puno consideran que el gobierno no tiene la capacidad de atender sus necesidades esenciales, lo cual refuerza un sentimiento de abandono y descontento hacia el Estado.^[32] Esta insuficiencia de presencia estatal genera un entorno propicio para que las organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal se consoliden como actores de poder en la región.

Ante la escasez de oportunidades económicas y el colapso de los servicios públicos, los pobladores encuentran en la minería ilegal la única fuente viable de sustento, sometiéndose a condiciones de explotación laboral impuestas por redes delictivas. Además, la inseguridad y las limitaciones en el acceso a la justicia permiten que estos grupos actúen con total impunidad, instaurando un sistema siniestro en el que controlan no solo la extracción de oro, sino la distribución de insumos, la comercialización del mineral y la “imposición de normas” mediante la violencia y la intimidación.

Esta percepción de abandono no solo debilita la legitimidad de las instituciones; también socava los esfuerzos para restaurar el orden público en zonas críticas del país, como La Rinconada.^[33] En este escenario, la crisis de gobernanza perpetúa la informalidad y, al mismo tiempo, facilita el arraigo de grupos delictivos que han convertido la minería ilegal en una fuente clave para el financiamiento de economías criminales más amplias, incluyendo el tráfico de armas, la trata de personas y el lavado de dinero.

Desde un punto de vista estratégico, la falencia de gobernabilidad representa un desafío significativo para la seguridad nacional. Cuando el Estado no logra ejercer su autoridad en una región, se abre la puerta para que actores no estatales, incluidos grupos criminales y redes delictivas, ocupen ese espacio de poder. En La Rinconada, estas organizaciones han tomado el control de gran parte de la actividad económica y social, incluyendo la minería ilegal, el comercio informal y la seguridad privada no regulada.^[34] Bajo este clima, las estructuras delictivas se expanden y representan una amenaza directa a la estabilidad y soberanía del país.

A futuro, resulta evidente que, sin una intervención estatal integral y sostenible, La Rinconada y otras áreas de Puno y del Perú seguirán experimentando una consolidación de poderes alternativos al Estado. El crecimiento de estas organizaciones y economías ilícitas responde a múltiples factores interrelacionados. En primer lugar, la falta de una política efectiva de formalización minera obliga a miles de trabajadores a operar al margen de la ley, lo que es aprovechado por grupos criminales que establecen redes de control sobre la extracción y comercialización del oro. En segundo lugar, la fragilidad institucional y la corrupción dentro de las entidades encargadas de fiscalizar la actividad minera permiten que la explotación ilegal prospere sin restricciones, generando un ciclo de impunidad que refuerza su expansión. Finalmente, la carencia de infraestructura vial y conectividad dificulta la presencia del Estado, lo que favorece la operatividad de economías ilícitas y la consolidación del crimen organizado.

Para evitar que esta situación se agrave, el Estado necesita implementar un plan estratégico que aborde los problemas estructurales de gobernanza y promueva la creación de un entorno seguro y ordenado.^[35] Este debe contemplar la formalización progresiva de la minería informal mediante incentivos que otorguen a los trabajadores derechos laborales y regulación ambiental, disminuyendo su dependencia de estructuras criminales. De la misma manera, es fundamental establecer un control efectivo en la comercialización del oro, aplicando mecanismos de trazabilidad y supervisión que impidan la inserción del mineral extraído ilegalmente en el mercado formal.

Figura 6. Conversatorio con el alcalde del centro poblado La Rinconada

A largo plazo, resulta decisivo adoptar un enfoque multisectorial que integre la presencia de fuerzas de seguridad, la formalización de actividades económicas y el desarrollo de programas sociales para recuperar la confianza de la población en el Estado y fortalecer la gobernanza. La instalación de centros de atención ciudadana y oficinas de servicios sociales en La Rinconada y otras zonas vulnerables de Puno podría ser un primer paso para restablecer la presencia estatal y reducir el impacto del crimen organizado. Además, el establecimiento de un sistema de fiscalización articulado con las comunidades y los gobiernos locales y regionales facilitaría la creación de un entorno de control y regulación, reforzando la autoridad del Estado en la región.

Proliferación del COT: Amenaza Directa a la Seguridad Nacional

La Rinconada ha evolucionado hasta convertirse en una amenaza transnacional con implicancias directas para la seguridad nacional. Este fenómeno se enmarca en la expansión del COT, que ha penetrado significativamente en espacios estratégicos del país, estableciendo “franquicias criminales”, a través del control de bandas locales y su integración en estructuras jerárquicas más amplias. La presencia de organizaciones criminales, como “Los Primos” y “Los Perros de Lunar”,^[36] así, como la participación de actores extranjeros, entre ellos colombianos, bolivianos y venezolanos, ha generado un estado de permanente zozobra en la población local. Estas agrupaciones han implementado métodos criminales que les permiten expandir su influencia y fortalecer sus redes ilícitas.

Entre las principales estrategias utilizadas por el COT en América Latina se encuentra el sistema de préstamos “gota a gota”,^[37] una práctica de usura que somete financieramente a comerciantes y pequeños empresarios mediante el cobro de intereses exorbitantes respaldados por amenazas de violencia. Aunque esta modalidad no es predominante en La Rinconada, su lógica de operación se asemeja al cobro de “cupos” exigido a mineros informales, ilegales, legales, comerciantes y transportistas en la zona, quienes deben pagar a cambio de “protección” para operar sin represalias.

La usurpación y tráfico de terrenos es otra práctica recurrente en la que el COT ocupa ilegalmente predios mineros y los revende a precios elevados, generando disputas violentas entre los grupos que buscan consolidar su control territorial.^[38] Paralelamente, estas organizaciones han extendido su influencia sobre los penales de la región y del país, infiltrándose en redes de corrupción penitenciaria para operar desde el interior de las cárceles y coordinar sus actividades delictivas. Además, han implementado estrategias de secuestro, extorsión y sicariato como mecanismos de presión y control social, asegurando su hegemonía en la zona.

La expansión de estas redes se ha visto facilitada por las rutas ilegales de ingreso a la región, particularmente a través de la triple frontera entre Perú, Bolivia y Brasil, donde la falta de controles efectivos permite el paso de personas vinculadas al COT.^[39] Asimismo, los corredores informales que conectan Madre de Dios con Puno y las rutas clandestinas en la frontera con Bolivia han sido aprovechados para el tráfico de oro ilegal, TID, armas, explosivos e insumos químicos. La presencia de grupos delictivos vinculados al COT, con acceso a armamento moderno, representa un riesgo de violencia extrema en la zona, donde las disputas territoriales y el tráfico de recursos configuran una amenaza de gran envergadura para el Estado.^[40]

Otras rutas utilizadas por el COT incluyen los corredores de Moho, Huancané, Juliaca – Tripartito, Ancomarca, Kelluyo, Desaguadero – Desaguadero, Masocruz y Capazo.^[41] En estas vías, la intensa actividad de contrabando y comercio informal facilita la movilidad de actores delictivos sin mayores restricciones, perpetuando un entorno propicio para la evasión fiscal y la elusión de controles legales. Según la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), El 58, 8 % del contrabando que ingresa al Perú proviene de las fronteras entre Perú, Bolivia y Chile.^[42] Esta actividad delictiva, parte fundamental del COT, ha evolucionado considerablemente, pasando del uso de “culebras” [convoyes de vehículos protegidos por criminales armados], a nuevas estrategias de almacenamiento y distribución.^[43] De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT), Puno es la principal ruta de ingreso de productos de contrabando al país, concentrando el 38,7 % del total. Se estima que en el 2023 este delito aduanero alcanzó un valor de 232 millones de dólares.^[44]

El tráfico de mercancías ilícitas como combustible boliviano, cigarrillos adulterados y ropa de segunda mano provoca millonarias pérdidas para el Perú, al tiempo que financia redes criminales. La disparidad de precios entre los productos legales y los ilícitos hace que este negocio sea altamente rentable: mientras que en Lima una cajetilla de cigarrillos cuesta 20 soles, en la frontera con Bolivia diez cajetillas adulteradas se venden por solo 50 soles, asegurando enormes ganancias para los contrabandistas.^[45] Este escenario, agravado por la débil fiscalización en corredores estratégicos, fortalece la presencia del crimen organizado y expande la economía ilegal en la región.

Asimismo, se observa la posible influencia de exintegrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes, después de su desmovilización en junio de 2017, y con sus disidencias reunidos en los Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR), podrían haber ingresado al país, a través del sector del Putumayo, facilitando la expansión de redes de criminalidad organizada en la región.^[46] La persistencia del conflicto armado en Colombia, junto con la proliferación del narcotráfico y otras economías ilícitas, ha permitido la infiltración de individuos vinculados al crimen organizado, incluidos exguerrilleros y miembros de estructuras criminales ligadas a los GAOR. Además, la crisis económica y política en Venezuela ha generado una migración masiva descontrolada, dentro de la cual se han insertado organizaciones criminales como el “Tren de Aragua”, que ha extendido su accionar delictivo a nivel transnacional. Estos elementos, en alianza con las bandas peruanas preexistentes, han consolidado un sistema de control territorial en puntos estratégicos del país, recurriendo a la violencia extrema y al uso de armamento de guerra para afianzar su dominio en zonas de alto interés criminal.

El crimen organizado opera bajo objetivos estratégicos que abarcan los ámbitos político, económico, social y de seguridad.^[47] En el plano político, busca infiltrarse y captar instituciones para socavar la legitimidad del Estado. En el económico, controla la cadena de lavado de dinero y recurre a la extorsión y violencia para afianzar su dominio. En lo social, desconfigura el tejido comunitario mediante el terror; y en el ámbito de seguridad, se establece como fuerza armada dominante mediante la corrupción y la intimidación.

Desde una perspectiva analítica, las organizaciones del crimen organizado, en las diversas zonas donde operan a nivel nacional, emplean estrategias propias de una “guerra híbrida” para debilitar al Estado peruano. Sustituyen la autoridad mediante el ejercicio del poder político, económico y social, acompañado de una violencia sistemática que consolida su dominio.^[48] Investigaciones recientes han evidenciado la presencia de redes de trata de personas en la región, donde mujeres y menores de edad, principalmente de origen boliviano y venezolano, son captadas con falsas promesas de trabajo y posteriormente explotadas sexualmente en campamentos mineros clandestinos.^[49] Este tipo de organización permite que los grupos criminales se beneficien de la cooperación entre actores nacionales e internacionales, facilitando el tráfico de armas, personas y recursos.

Un caso documentado en 2023 por la PNP, en colaboración con la Organización Internacional de Policía Criminal – INTERPOL (abreviado como ICPC–INTERPOL), reveló que organizaciones delictivas peruanas y bolivianas operaban en conjunto para introducir armamento y explosivos desde el altiplano boliviano, aprovechando rutas ilegales.^[50] De igual manera, se ha identificado la existencia de corredores de contrabando de oro entre Madre de Dios y Bolivia, donde el mineral extraído ilegalmente en La Pampa es comercializado en mercados negros internacionales sin trazabilidad, financiando redes delictivas con alcance globales.^[51]

En términos económicos, estas organizaciones han consolidado mecanismos de control sobre la comercialización de oro, asegurando su tránsito hacia mercados internacionales a través de intermediarios y empresas de fachada, lo que refuerza la urgencia de un marco normativo más riguroso y eficaz.

La presencia de criminales extranjeros intensifica la amenaza a la seguridad nacional, transformando la región en un foco del COT con implicancias en la estabilidad del país. Amador Núñez Mamani, presidente del Frente de Organizaciones Populares de Puno (FOP) manifestó que la participación de extranjeros en actividades ilícitas, la insuficiencia en el control migratorio y la impunidad con la que operan estos grupos han generado indignación en la ciudadanía.^[52] Esta problemática no solo pone en evidencia la fragilidad del control estatal en la frontera; también el fortalecimiento de redes delictivas que actúan con total impunidad en la región. Por consiguiente, La Rinconada se consolida como un epicentro de la minería ilegal y punto clave en las rutas del COT, facilitando el tráfico transnacional de oro, drogas y armas.

El impacto de estos grupos va más allá de la violencia directa; su capacidad para infiltrarse en instituciones públicas, manipular decisiones políticas y controlar economías ilícitas resalta la necesidad urgente de un enfoque integral para contrarrestar esta amenaza^[53]. En La Rinconada y otras zonas del país, la minería ilegal se ha convertido en un punto de encuentro para diversas estructuras criminales que han tejido redes de corrupción con autoridades locales y operadores judiciales. Mediante el financiamiento de campañas electorales y la captación de funcionarios, estas organizaciones han logrado influir en decisiones clave que favorecen la permanencia de su estructura delictiva en la región. Un ejemplo de esto es la modificación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), cuya vigencia ha sido ampliada en reiteradas ocasiones, lo cual ha afectado la lucha contra la minería ilegal.^[54]

Además, la flexibilización en la tipificación de la Ley 32108 que introduce modificaciones al Código Penal y otras leyes penales en materia de crimen organizado,^[55] constituye un retroceso en la lucha contra el COT. Desde un enfoque estratégico y de seguridad nacional, estas modificaciones debilitan la capacidad del Estado para enfrentar amenazas como el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando, actividades que financian redes criminales con nexos internacionales. En consecuencia; sus promotores desconocen la evolución del crimen organizado, el cual opera mediante estructuras descentralizadas y flexibles, mientras que la normativa exige una complejidad estructural que no corresponde a la realidad operativa de estas mafias. En lugar de reforzar el marco legal, se incorporan conceptos ambiguos y restrictivos que obstaculizan la persecución penal y fomentan la impunidad, a pesar de que la lucha contra estas organizaciones demanda normativas jurídicas eficaces y alineadas con estándares internacionales.

Figura 7. Recorrido por La Rinconada con autoridades y pobladores

Para hacer frente a esta problemática, resulta imperativo modificar el marco legal y derogar aquellas disposiciones que limitan una investigación y persecución efectiva, además de fortalecer las sanciones para estos delitos de alto impacto. También es necesario adoptar medidas como la incautación preventiva de bienes y recursos provenientes de economías ilícitas, la protección de testigos y la detención preventiva, con el propósito de desarticular las redes criminales que operan en la zona.

La clasificación de estos grupos como COT exige una respuesta integral que combine seguridad interna y cooperación internacional. A corto plazo, es fundamental ejecutar operaciones conjuntas entre la PNP, las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y los organismos de inteligencia para desmantelar estas redes delictivas.^[56] Adicionalmente, la implementación de operaciones de inteligencia y la cooperación con las fuerzas de seguridad de Colombia, Brasil, Bolivia y Venezuela pueden resultar determinantes para rastrear y reducir la influencia de estos actores del crimen internacional. La cooperación con países vecinos será esencial para abordar la complejidad de este fenómeno social en la región, mediante una estrategia integral y sostenida que permita restablecer el control estatal y garantizar un entorno seguro para la población.

En un contexto prospectivo, la intervención en La Rinconada debe incluir una estrategia de desarrollo multisectorial que viabiliza a la región reducir su dependencia de actividades ilícitas. Esto implica generar alternativas económicas, fortalecer la presencia estatal y consolidar un marco de seguridad que garantice el control territorial y la gobernanza, asegurando así la estabilidad del país frente a las crecientes amenazas del COT.^[57]

Contaminación y Crisis de Salud Pública: Impacto Ambiental y Humano de la Minería Ilegal e Informal

La actividad minera en La Rinconada involucra múltiples actores y prácticas, todos en busca de oro, aunque bajo distintos marcos normativos y con repercusiones diversas para la salud y el medio ambiente. En términos generales, se identifican cuatro tipos de minería: legal, artesanal, informal e ilegal, cada una con características específicas y niveles de impacto diferenciados.

La minería legal cumple con las regulaciones ambientales, laborales y fiscales establecidas por el Estado, operando dentro de un marco supervisado. Sin embargo, en la Rinconada su presencia es reducida debido a la insuficiencia de infraestructura y supervisión estatal^[58].

La minería artesanal, por su parte, abarca operaciones de pequeña escala, realizadas por individuos o familias que explotan los recursos mineros en cantidades limitadas.^[59] Aunque esta práctica es tradicional y forma parte de la economía local, en La Rinconada suele mezclarse con prácticas informales o ilegales. Esto ocurre especialmente cuando se utilizan métodos contaminantes sin supervisión, lo que genera un entorno propicio para la incursión de redes criminales que controlan a los pequeños mineros mediante extorsiones y cobros obligatorios para permitirles operar en determinadas zonas.

La minería informal en La Rinconada comprende a quienes extraen oro sin cumplir con todas las regulaciones exigidas. Aunque no necesariamente actúan en contra de la ley, carecen de formalización. En este contexto, la falta de requisitos como permisos o licencias ambientales los excluye del control estatal, a pesar de que su actividad no tenga una intención delictiva.^[60] No obstante, esta ausencia de regulación ha sido aprovechada por organizaciones criminales que han instaurado un sistema de “protección obligatoria”. En consecuencia, los mineros deben pagar cuotas para obtener seguridad o acceso a zonas de extracción. Además, estas agrupaciones delictivas controlan la distribución de insumos esenciales, como el mercurio y explosivos empleados en el procesamiento del mineral, imponiendo su comercialización exclusiva a través de sus redes, con precios sobrevalorados y condiciones estrictas. Por otro lado, la minería ilegal se caracteriza por prácticas que infringen intencionalmente la ley, como la explotación de terrenos no autorizados, la contratación de trabajadores sin contratos formales y la aplicación de métodos altamente dañinos, como el vertido de mercurio en cuerpos de agua.^[61] En la Rinconada, esta actividad resulta especialmente destructiva, ya que contribuye significativamente a la contaminación y agrava la crisis de salud pública en la región.^[62]

A nivel estructural, el COT obtiene beneficios financieros de la minería ilegal, mientras que esta última depende del COT para sostener sus operaciones. El oro extraído sin regulación facilita el lavado de activos y su comercialización en mercados internacionales. Además, la explotación laboral en los campamentos mineros es promovida por estas redes, las cuales se benefician de la falta de fiscalización estatal para imponer condiciones abusivas a los trabajadores, generando un ciclo de dependencia económica que fortalece su poder en la región.

La actividad minera en La Rinconada, independientemente de su modalidad, está directamente vinculada al uso de mercurio, un metal pesado altamente tóxico que contamina el suelo y el agua, además de representar un grave riesgo para la salud. En este contexto, la exposición al mercurio y a otros químicos tóxicos ha provocado serios problemas de salud pública, especialmente entre los mineros y sus familias, quienes presentan elevados niveles de este metal en la sangre.^[63] Por lo tanto, la contaminación por metales pesados en comunidades mineras constituye una de las mayores amenazas sanitarias en zonas de extracción ilegal e informal.

Desde un enfoque estratégico, esta crisis ambiental y de salud pública requiere una intervención coordinada que no solo controle las prácticas de minería ilegal, sino que facilite la formalización de los mineros artesanales e informales para mitigar el daño ecológico. La formalización de la minería en La Rinconada permitiría un mayor control del uso de mercurio y la implementación de prácticas más seguras y sostenibles.^[64] Asimismo, es fundamental fortalecer la infraestructura médica y establecer programas de monitoreo de salud en la región para mermar el daño en la población.

Figura 8 . Visita a las instalaciones del centro de salud de La Rinconada

Desde una perspectiva prospectiva, la ausencia de una política ambiental y sanitaria sólida intensificará la crisis en La Rinconada con consecuencias irreversibles para la región. Una estrategia de recuperación de suelos contaminados, desarrollada en colaboración con organismos internacionales y especialistas en salud ambiental, podría ser una medida efectiva de resarcimiento para evitar un desastre ecológico a largo plazo.^[65] Igualmente, la educación y concientización de los mineros sobre los efectos nocivos del mercurio son esenciales para fomentar prácticas más responsables. En este sentido, la formalización de la minería, el control ambiental y el fortalecimiento del sistema de salud pública resultan imprescindibles para reducir el impacto negativo de la extracción de oro y garantizar un entorno seguro y sostenible para las generaciones presentes y futuras.

Estrategias para la Recuperación de La Rinconada y su Inserción en el Estado de Derecho

La inacción política y los intereses particulares de ciertos sectores han obstaculizado la ejecución de medidas eficaces y sostenibles en esta zona crítica.^[66] Resulta prioritario que las autoridades en funciones, así como los actores políticos sindicados con presuntos nexos y subvenciones provenientes de la minería ilegal, impulsen una estrategia estatal que restablezca el orden y la seguridad, erradicando la influencia actividades ilícitas en el ámbito gubernamental.

La intervención en La Rinconada no debe responder a decisiones aisladas ni verse condicionada por conveniencias particulares. La relación de grupos vinculados a la minería ilegal con el ámbito político ha socavado la capacidad del Estado para enfrentar con determinación esta problemática, manteniendo una economía ilegal y alimentando estructuras criminales^[67]. Por consiguiente, la inacción en el ejercicio de responsabilidades y la protección de intereses vinculados a la minería ilegal constituyen un obstáculo directo a la seguridad nacional y deben ser sancionados como delito. La clase política debe adoptar medidas firmes y coordinadas que permitan el desarrollo e implementación de políticas que aborden, además de la seguridad, el crecimiento económico y social de la región.

Desde una perspectiva estratégica, decretar un estado de emergencia constituiría un primer paso para restaurar el orden, el principio de autoridad y debilitar el poder de los grupos del COT. Sin embargo, esta intervención debe formar parte de una Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) que integre labores de inteligencia, operativos conjuntos y un seguimiento riguroso que garantice su sostenibilidad a largo plazo. De este modo, será posible superar la inacción gubernamental y enfrentar los intereses de sectores con conexiones en actividades y financiamiento ilegales.

El fortalecimiento del control fronterizo y la cooperación con naciones vecinas, como Bolivia y Colombia, son elementos clave para frenar el tráfico transnacional de armas, dinero y personas ligadas al COT.^[68] La firma de acuerdos bilaterales en materia de inteligencia y la ejecución de operativos conjuntos constituirían medidas estratégicas para limitar el acceso de recursos a estas organizaciones y desarticular sus redes en la región de Puno.

Figura 9. Interacción con escolares de la IEP 72147 de La Rinconada

La puesta en marcha de programas de formalización y la generación de incentivos para que los trabajadores informales de la minería puedan regularizarse permitirían un mayor control sobre los recursos naturales y frenarían la influencia de las redes criminales. Esto, a su vez, facilitaría la construcción de un entorno basado en la gobernanza y el desarrollo sostenible. Asimismo, una estrategia orientada a la salud y educación ambiental es indispensable para mitigar los efectos sobre la población y disminuir la dependencia en métodos contaminantes como el uso del mercurio.^[69]

Campañas de sensibilización sobre los efectos nocivos del mercurio, junto con la creación de infraestructura sanitaria y la capacitación de profesionales especializados, permitirían abordar de manera integral la crisis ambiental y de salud en La Rinconada.

Conclusiones

La situación en La Rinconada constituye una amenaza grave para la seguridad nacional del Perú y exige una respuesta integral y contundente. La presencia de redes del COT, la expansión de economías ilícitas, la falta de regulación en la minería, la contaminación ambiental y la crisis de salud pública configuran un escenario de desorden y violencia en el que el Estado peruano ha perdido progresivamente su capacidad de control y autoridad. La inacción política, sumada a los intereses de algunas agrupaciones vinculadas a la minería ilegal, ha obstaculizado los esfuerzos por restablecer el orden y mejorar las condiciones de vida de la población. Esta carencia de acción ha permitido que La Rinconada se convierta en un bastión de criminalidad y economía ilícita, comprometiendo la seguridad, la estabilidad y la sostenibilidad de la región.

Resulta imprescindible generar una estrategia de seguridad nacional que aborde la problemática de La Rinconada de manera integral, desde el desmantelamiento de redes delictivas hasta la formalización de actividades económicas. Para ello, es fundamental establecer una presencia estatal sostenida mediante operativos de control permanentes que impidan la reaparición de estructuras criminales y aseguren el cumplimiento de la ley.

La declaración de un estado de emergencia, la intervención de las FF. AA. y el fortalecimiento del control fronterizo constituyen medidas urgentes para reducir la influencia de actores criminales en la zona y restaurar el orden público. No obstante, esta intervención debe trascender una respuesta temporal y represiva, pues requiere una planificación sostenida que refuerce la gobernabilidad e incluya programas de desarrollo integral. Esto implica no solo la mejora de infraestructura, calidad educativa y servicios de salud, sino la generación de oportunidades económicas formales que disminuyan la dependencia de actividades ilícitas y prevengan la reincidencia en la ilegalidad.

Asimismo, es fundamental que los tomadores de decisiones asuman su responsabilidad en la formulación e implementación de políticas destinadas a eliminar los vínculos entre determinadas agrupaciones y las economías ilícitas. El financiamiento irregular de campañas políticas, derivado de la minería ilegal, el TID y el contrabando, debe ser investigado y sancionado con firmeza, evitando que intereses privados sigan condicionando decisiones estatales clave en materia de seguridad y desarrollo. La transparencia y la rendición de cuentas de quienes participan en procesos electorales resultan esenciales para garantizar que los intereses de la nación prevalezcan sobre los beneficios particulares de grupos vinculados a la minería ilegal. La impunidad hacia estos actores no solo perpetúa la crisis en La Rinconada, sino que pone en riesgo la seguridad y estabilidad del país.

El Estado peruano enfrenta el desafío de recuperar el orden y la autoridad en La Rinconada mediante una estrategia integral y multisectorial. La generación e implementación de una estrategia de seguridad nacional con un enfoque a corto plazo resulta esencial para erradicar las redes delictivas, formalizar las actividades económicas, establecer mecanismos de control efectivos y garantizar la protección de los trabajadores mineros, quienes hoy operan en un entorno de extrema vulnerabilidad. Únicamente, a través de un compromiso sostenido y sin colusiones se podrá transformar La Rinconada en una región segura, próspera y alineada con los valores de justicia y respeto a la ley, promoviendo un futuro de estabilidad y desarrollo para el país. El fracaso en la implementación de estas medidas no solo perpetuará el caos en La Rinconada, sino que sentará un peligroso precedente para otras regiones mineras del Perú, consolidando un modelo donde la criminalidad y la ilegalidad prosperan ante la ausencia del Estado.

Notas finales

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