Los múltiples recortes realizados en los presupuestos generales afectan a la Defensa en Argentina, que afronta problemas estructurales críticos. Según el presidente Javier Milei, la crisis económica del país va disminuyendo si se tiene en cuenta “el fuerte descenso de la inflación”. Pero la operatividad y modernización de las Fuerzas Armadas se están resintiendo. En este marco, no hay que olvidar que una de las primeras medidas adoptadas fue la reducción del Gobierno. Así, de 18 ministerios se pasó a 9, pero esa fuerte rebaja no significó que los que quedaron recibieran un refuerzo en aportaciones para cumplir con sus programas anuales. Por todo ello, entre el 2025 y lo que va de 2026 se han registrado las bajas voluntarias de “más de 15.000 efectivos entre oficiales, suboficiales y soldados voluntarios”, informan fuentes castrenses. Y la principal causa de la deserción ha sido el factor económico, es decir los escasos emolumentos, que han provocado que muchos militares buscaran otras oportunidades en el sector privado. Comprometido el funcionamiento de las Fuerzas Armadas Los datos citados forman parte del Informe 144 de la Jefatura de Gabinete. Así, el Ministerio de Defensa ha podido precisar que “desde el 10 de diciembre de 2023 hasta la fecha exacta de elaboración del documento, 15.415 efectivos de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea presentaron su renuncia voluntaria”. El texto oficial también incluye retiros anticipados, ceses de contrato y destituciones, lo que hace más preocupante este inusual fenómeno en la historia de las tres armas. Al entrar a definir los casos de abandono, se sabe que el Ejército es la fuerza más afectada, con 421 oficiales, 1.327 suboficiales y 10.329 soldados voluntarios que pidieron el retiro. En la Armada fueron 89 los oficiales retirados, y a ellos se sumaron con el mismo destino 779 suboficiales y marineros voluntarios. Finalmente, en la Fuerza Aérea las bajas tuvieron estos números: 137 oficiales, 344 suboficiales y 1.989 voluntarios quienes dejaron el arma por los mismos motivos económicos. Esta situación y la falta de mejora del presupuesto compromete notablemente el funcionamiento de las Fuerzas Armadas argentinas, a solo dos meses de haber asumido un nuevo ministro de Defensa, el teniente general Carlos Presti, que ejercía como jefe del Estado Mayor del Ejército. Es el primer ministro de Defensa procedente de las Fuerzas Armadas desde el comienzo de la democracia en el país, hace 43 años. Déficit crónico Paralelamente los números oficiales también indican un déficit crónico provocado por muchos años de escasa inversión que situaron el gasto de Defensa por debajo del 1% del PBI, sobre todo por razones ideológicas con Gobiernos peronistas. Esta situación afecta también a la modernización y el mantenimiento operativo. Mientras tanto, las previsiones presupuestarias para 2026 dan cuenta de que continuará las restricciones: el gasto en Defensa en Argentina es uno de los menores de la región. Con el 80% del presupuesto destinado a salarios y funcionamiento, resulta muy limitada la compra de equipos nuevos, al tiempo que no es posible un correcto mantenimiento de vehículos y capacitación del personal. A su vez, el presupuesto 2026 propone derogar la ley que establecía el 0,8% de los ingresos para el reequipamiento de las Fuerzas Armadas, lo que complica la operación de la compra de seis cazas F-16 acordados con Dinamarca, que formaban parte de un total de 24 aeronaves similares, operación que el Gobierno calificó como “la adquisición militar más importante de los últimos 50 años”.

El plan busca estabilizar la seguridad interna del país, impulsar su recuperación económica y facilitar una transición política hacia un nuevo orden democrático El Comando Sur de los Estados Unidos confirmó este martes que su comandante, el general Francis L. Donovan, viajará próximamente a Venezuela para encabezar la puesta en marcha del plan de “tres fases” impulsado por el presidente Donald Trump, informó el diario El Nacional. “Espero regresar pronto a Venezuela para liderar los esfuerzos del Comando Sur para impulsar el plan de tres fases del presidente Trump. La colaboración del gobierno estadunidense con las autoridades interinas apoya la estabilización de la seguridad interna de Venezuela, su recuperación económica y la transición hacia una nueva era”, indicó el jefe del Comando Sur en un mensaje publicado en la red social X de la institución.

El país apuesta por una estrategia abierta de alianzas múltiples para impulsar sus minerales críticos y tierras raras. En un escenario geopolítico marcado por la creciente rivalidad entre las grandes potencias, Brasil ha definido una hoja de ruta clara para su sector extractivo: la construcción de alianzas estratégicas no exclusivas. El gigante sudamericano busca posicionarse como un proveedor global confiable de minerales críticos —como el litio, el niobio y las tierras raras— sin quedar atrapado en la polarización entre Occidente y China, priorizando el desarrollo industrial interno y la diversificación de sus socios comerciales. El gobierno brasileño ha dejado claro que su riqueza geológica no estará atada a un solo bloque. Mientras avanza en diálogos con Estados Unidos y la Unión Europea para integrar las cadenas de suministro de tecnologías limpias y defensa, Brasil mantiene y fortalece sus vínculos comerciales con Asia. Esta estrategia de "puertas abiertas" busca maximizar el flujo de inversión extranjera directa (IED) y asegurar el acceso a diversos mercados tecnológicos, aprovechando la urgencia global por descarbonizar la economía. Un pilar fundamental de esta nueva política es la exigencia de valor agregado. Brasil ya no se conforma con ser un mero exportador de materias primas en bruto; el objetivo es atraer inversiones que contemplen el procesamiento local y la fabricación de componentes, como baterías para vehículos eléctricos. Al evitar acuerdos de exclusividad, el país gana margen de maniobra para negociar transferencias tecnológicas y mejores condiciones de financiamiento con múltiples actores globales. Expertos del sector señalan que esta postura pragmática es una respuesta inteligente a la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) de EE. UU. y a las políticas de suministro seguro de la UE. Al no alinearse exclusivamente con una potencia, Brasil se convierte en un "puente" estratégico, capaz de abastecer a diferentes industrias manufactureras alrededor del mundo, mitigando al mismo tiempo los riesgos asociados a las tensiones comerciales internacionales. Sin embargo, el desafío no es solo diplomático sino también operativo. Para sostener esta ambiciosa política, Brasil está impulsando reformas en sus marcos regulatorios mineros y ambientales, buscando dar previsibilidad a los inversores de cualquier origen. La simplificación de trámites y el fomento a la exploración geológica son piezas clave para transformar el potencial del subsuelo en una realidad industrial que beneficie a la economía nacional. Finalmente, la estrategia brasileña envía una señal fuerte a la región: en la era de la transición energética, los recursos naturales son una herramienta de soberanía y desarrollo. Con una visión de largo plazo, Brasil se encamina a consolidarse no solo como una potencia minera, sino como un actor central en la arquitectura de la nueva economía verde global, donde la neutralidad y la cooperación múltiple son sus mejores activos.

La designación se inscribe dentro de la nueva estrategia de seguridad nacional de la administración Trump, que pone el foco en América Latina y busca blindar su influencia en la región. ¿Qué implicaciones tiene para Perú? Washington oficializó la designación de Perú como Aliado Principal No Miembro de la OTAN (MNNA), un movimiento estratégico que refuerza significativamente la relación bilateral en defensa, seguridad y cooperación tecnológica. La medida se inscribe dentro de la nueva estrategia de seguridad nacional del gobierno que, con una versión trumpista de la Doctrina Monroe, busca blindar la influencia de Estados Unidos en América Latina y frenar el avance de China en la región. El estatus otorga a Lima privilegios militares y económicos que la sitúan como un socio clave en el hemisferio.

Un incidente inédito se produjo en los últimos días con el desplazamiento masivo de migrantes venezolanos indocumentados desde Chile a Perú, lo que llevó al gobierno peruano a militarizar la frontera sur y decretar el estado de emergencia. Decenas de migrantes decidieron abandonar territorio chileno ante la posibilidad de una victoria electoral del candidato presidencial ultraderechista José Antonio Kast, quien prometió expulsar a los indocumentados. Desde el viernes, decenas de ellos quedaron varados en la frontera entre Chile y Perú, de unos 150 kilómetros, donde el paso principal está entre la peruana Tacna y la chilena Arica. Un video publicado por el gobernador de la región fronteriza de Arica, unos 2.200 km al norte de Santiago, reveló la situación al mostrar a decenas de personas intentando salir de Chile en el paso de Chacalluta-Santa Rosa. El estado de emergencia se mantendrá por 60 días y regirá en los distritos fronterizos de Palca, Tacna y La Yarada-Los Palos, en la región Tacna (sur). De acuerdo al texto del decreto, el estado de emergencia peruano servirá además “para hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia”, señala la norma. “La Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas”, agrega. Presión migratoria. El ministro del Interior peruano, Vicente Tiburcio, viajó a la frontera en Tacna, desde donde declaró que medio centenar de soldados del ejército se desplegarán “de inmediato” en el puesto fronterizo peruano Santa Rosa. Otros cincuenta efectivos del ejército se sumarán en los primeros días de diciembre, agregó. La intención es controlar el ingreso de los migrantes y admitir sólo a los que cuentan con permiso. El canal peruano radio Tacna difundió temprano imágenes de migrantes con niños en brazos en la ruta cerca del paso fronterizo. Desde Chile, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, dijo que “se ha producido una concentración de personas migrantes que desean abandonar el país y han tenido dificultades en su ingreso a Perú”. El presidente interino peruano, José Jerí, también justificó la decisión a través de la red social X al señalar que lo hacían “para generar tranquilidad ante el riesgo de ingreso de migrantes sin autorización y que podría amenazar la seguridad ciudadana de nuestro país”. El canciller peruano, Hugo de Zela, informó por su lado que Lima y Santiago abordarán el tema desde el lunes a través de un “comité binacional de cooperación migratoria” creado expresamente para afrontar la situación. Señaló que “el estado de emergencia en Tacna permitirá incrementar de inmediato la presencia policial y militar en el lugar, especialmente en la zona de fronteras”. También resaltó que Perú no acogerá más migrantes sin papeles. Al país arribaron desde 2015 más de 1,5 millones de venezolanos, que huyen de una crisis humanitaria y política. “No permitiremos la migración irregular, no tenemos las condiciones ni capacidad para recibir más migrantes”, declaró el jefe de la diplomacia peruana. No es la primera vez que Perú militariza la frontera con Chile. En abril de 2023 estuvo dos meses bajo el estado de emergencia también por un desborde de indocumentados venezolanos. Advertencia de Kast. El ultraconservador José Antonio Kast, favorito para ganar el balotaje del 14 de diciembre en Chile frente a la izquierdista Jeannette Jara, promete expulsar a los 330 mil inmigrantes indocumentados, en su mayoría venezolanos, a quienes vincula con la ola de inseguridad. “A los inmigrantes irregulares en Chile, les digo que quedan 103 días para que salgan voluntariamente de nuestra patria. Si no salen voluntariamente, van a tener que salir posteriormente a que yo asuma la presidencia”, dijo Kast en un video publicado el viernes en las redes sociales. Más allá de la utilización política del tema por parte de Kast, Chile se ha convertido en un destino clave de migrantes, principalmente de Venezuela. La población migrante se duplicó en siete años y alcanzó al 8,8% del total en 2024 en este país de 20 millones de habitantes, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Es la segunda proporción más alta de residentes extranjeros en un país latinoamericano después de Costa Rica, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Venezuela es el principal país de origen de los inmigrantes en Chile (41,6%), seguido de Perú (14,5%) y Colombia (12,3%). Según estimaciones oficiales, unos 337 mil inmigrantes son indocumentados. La mayoría ingresó al país por la frontera norte con Bolivia y Perú, un área donde el gobierno de Boric desplegó al Ejército a principios de 2022. El tema es central en la campaña electoral, con una mayoría de chilenos que vinculan el aumento de la delincuencia con la inmigración irregular. La llegada masiva y acelerada de inmigrantes su-damericanos, y caribeños (principalmente venezolanos y haitianos) a Chile durante la última década ha transformado significativamente la sociedad, la economía y el panorama político del país. Chile, que tradicionalmente fue un país de emigración, se convirtió en los últimos años en un receptor principal de flujos migratorios en la región. El impacto de la inmigración Entre diciembre de 2014 y diciembre de 2018, la población extranjera en Chile se duplicó, pasando de 490 mil a más de 1.25 millones de personas, con un aumento acelerado de venezolanos y haitianos. Este fenómeno ha tenido múltiples consecuencias. Por un lado, explican los expertos, ha contribuido al crecimiento demográfico y ha rejuvenecido la población chilena, aportando un significativo porcentaje al crecimiento total entre 2010 y 2020. Además, los inmigrantes han incrementado la fuerza de trabajo, ocupando a menudo labores de primera línea y puestos esenciales. A pesar de que una parte importante de la población migrante (especialmente la venezolana) posee altos niveles de educación (con un alto porcentaje de profesionales), muchos enfrentan obstáculos para homologar sus títulos, lo que resulta en subempleo o trabajos en la informalidad con bajos salarios. Pero, al mismo tiempo, la concentración de la población migrante ha generado una mayor demanda en los servicios públicos, como salud y educación, obligando a municipios a implementar medidas especiales. También se ha observado un aumento en los asentamientos informales o campamentos en regiones con alta llegada de migrantes, como Antofagasta. Un impacto social relevante es la creciente hostilidad y xenofobia hacia los migrantes, con una percepción social muy difundida que vincula su llegada con un aumento de la inseguridad pública y la aparición de formas de delincuencia antes menos comunes en Chile.

El presidente de Perú, José Jerí, anunció este lunes un giro en la política de seguridad nacional al confirmar que su gobierno decretará estado de emergencia en las provincias que limitan con Chile y otros países de la región. La medida busca reforzar la vigilancia fronteriza con apoyo de las Fuerzas Armadas, ante el sostenido aumento de delitos y el ingreso irregular de personas. El anuncio se realizó durante una visita oficial a Tacna, donde Jerí inspeccionó el Complejo Fronterizo Santa Rosa y afirmó que el país enfrenta una crisis de seguridad derivada, en parte, de la falta de control en zonas limítrofes. El mandatario señaló que el Ejecutivo implementará un plan multisectorial que partirá por el sur del país y que incluye la participación del Ejército para apoyar a la Policía Nacional del Perú (PNP). Según explicó, esta colaboración permitirá impedir actos irregulares y reforzar la vigilancia migratoria. “Ninguna persona sin documentación ingresará al país”, advirtió. Jerí adelantó que también se evalúa un proyecto de ley que otorgaría a las Fuerzas Armadas un rol permanente en el resguardo fronterizo, evitando depender de estados de emergencia para activar su participación. “Estamos día a día luchando contra la delincuencia y debemos anticipar problemas que eventualmente pueden suceder”, señaló. Durante el recorrido, el presidente estuvo acompañado por autoridades de Interior, Defensa y Migracion es, quienes detallaron el funcionamiento del sistema de control con Chile, por donde cruzan más de 15 mil personas diariamente. La declaración de emergencia abarcará 28 provincias fronterizas con Chile, Bolivia, Brasil, Colombia y Ecuador, y busca consolidar un principio de autoridad en la primera línea del territorio peruano.

El presidente Rodrigo Paz posesionó este jueves al Alto Mando Militar de las Fuerzas Armadas, bajo el mando del general Víctor Hugo Balderrama, con el desafío de avanzar en la autosostenibilidad económica de la institución armada con iniciativas como la protección de los bosques. El nuevo Alto Mando está integrada por Balderrama y los nuevos comandantes del Ejército, Héctor Alejandro Alarcón Antezana; de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), general Sergio Fernando Lora Araoz, y el comandante de la Armada, Ernesto Adalid Amparo Palma. El acto de posesión se realizó en Palacio Quemado, donde Paz los instó a trabajar en una reforma y reconstrucción de las Fuerzas Armadas para que sean autosostenibles, lo que no se lo hizo -lamentó- en los últimos 20 años. “En 20 años pudo haber un modelo de sostenibilidad económica para nuestras Fuerzas Armadas, sin embargo, se mantuvo bajo la dependencia política y hoy día nuestras Fuerzas Armadas que podrían tener un modelo económico sostenible, desgraciadamente viven más una coyuntura de vinculación a las voluntades o al momento económico que podamos vivir en el país”, reflexionó. Por ello insistió en la necesidad de concretar ese cambio “para que las Fuerzas Armadas puedan depender de sus propios procesos y de sus propias fuentes económicas”. “Esto no va a ser fácil, es una nueva instancia, lo hacen en otros países y creo que Bolivia lo puede hacer”, aseguró y perfiló un eventual camino. Por ejemplo, mencionó que dentro de poco el país ingresará a la emisión de bonos de carbono para generar entre $us 20.000 millones y $us 25.000 millones en los próximos 15 a 20 años, donde los militares pueden jugar un papel importante. Dijo que esa meta se puede concretar con una alianza con las Fuerzas Armadas “para cuidar nuestro medio ambiente” y “generar un retorno (de recursos económicos) que sea siempre el mismo y que no dependa de la voluntad, sino que sean recursos que puedan servir para sostener unas Fuerzas Armadas ágiles, con una visión y una academia y una capacidad de respuesta rápida”. La monetización de la reducción de emisiones de carbono, que es una forma alternativa de financiamiento, implica que el país pueda obtener recursos financieros por la reducción de emisiones de carbono y protección de medioambiente sin incurrir en deuda. Es un enfoque que se basa en la gestión sostenible de los recursos naturales y las oportunidades de financiamiento que implican el cuidado del medioambiente, respetando la soberanía del Estado, informó en noviembre de 2024 el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Y para concretar este objetivo, Paz anunció que se trabajará en la modernización operacional y tecnología de las Fuerzas Armadas, que implica potenciar la lucha contra el contrabando que hasta la fecha dejó 18 militares asesinados. Paz llamó a analizar por qué se perdieron estas vidas y cómo se puede responder. “Ni Bolivia debe sufrir en su economía, pero tampoco nuestras Fuerzas Armadas en la defensa de la misma”, advirtió y explicó que el proceso de fortalecimiento institucional se basará en tres ejes: modernización tecnológica, seguridad interna y función social, y desarrollo doctrinal y de recursos humanos.

Estados Unidos tiene la mirada puesta en la consulta popular que impulsa Daniel Noboa en Ecuador. El próximo domingo los ecuatorianos votarán para decidir si se instala una Asamblea Constituyente que redacte una nueva constitución y si se permite nuevamente la presencia de bases militares extranjeras en el país. Esto último es lo que más le interesa a la Casa Blanca como parte de su despliegue para combatir el crimen organizado y recuperar terreno en territorio sudamericano. El hombre de Marco Rubio en esta tarea el número dos del Departamento de Estado, Christopher Landau, que viene de tener un rol protagónico en el proceso electoral boliviano que dio como ganador a Rodrigo Paz Pereira quien espera que sea nuevo aliado de la Casa Blanca en la región. Las recientes visitas de Rubio, y de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, reabrieron la posibilidad de volver a tener tropas y equipos militares en territorio ecuatoriano si el país aprueba el "Sí". El ecuatoriano Noboa también quiere ser parte de ese nuevo esquema y por eso propone una relación con Estados Unidos mas estrecha. En el mapa que mira el Departamento de Estado aparecen Argentina, Bolivia, Paraguay y Ecuador como países aliados desde buscarán un alineamiento a sus intereses estratégicos que podría incluir en breve a Chile y Colombia. Además de la Constituyente y de la eliminación de la prohibición de bases militares extranjeras en territorio nacional, los ecuatorianos votarán si están de acuerdo con reducir el número de asambleístas y suprimir la financiación estatal de los partidos políticos.

Entre el 22 y el 24 de octubre, Chile será epicentro del diálogo en materia de defensa y cooperación internacional al acoger la 10ª Reunión de Ministros de Defensa del Pacífico Sur (SPDMM, por sus siglas en inglés). El encuentro se desarrollará en Viña del Mar y Valparaíso, consolidando el liderazgo del país como un actor clave en los asuntos de seguridad del Pacífico y en la promoción del multilateralismo frente a los desafíos globales. La SPDMM es el único foro de alto nivel en defensa del Pacífico Sur, integrado por Australia, Nueva Zelanda, Francia, Chile, Papúa Nueva Guinea, Tonga y Fiji, con la participación como observadores de Estados Unidos, Reino Unido y Japón. Su objetivo central es fortalecer la cooperación militar y la capacidad de respuesta conjunta ante amenazas compartidas, desde el crimen organizado transnacional hasta los efectos del cambio climático. La elección de Chile como anfitrión reviste un significado geopolítico especial. Es el único país iberoamericano miembro del mecanismo, gracias a su condición tricontinental y su presencia en Oceanía a través de Isla de Pascua y la isla Sala y Gómez. Esta posición le otorga un rol de puente natural entre Sudamérica y el Pacífico Sur, en un momento en que la seguridad marítima y la protección de los recursos oceánicos se han convertido en prioridades estratégicas. Seguridad, clima y equidad de género La agenda de la reunión refleja la complejidad de los desafíos contemporáneos. Entre los temas centrales destacan la seguridad marítima y crimen organizado transnacional, particularmente el tráfico ilícito y la pesca ilegal en aguas del Pacífico. Además, se tratarán problemas de cambio climático y defensa, con foco en los impactos sobre la infraestructura militar, la respuesta a desastres naturales y la resiliencia de las comunidades insulares. Por último se abordará temas emergentes como“Mujer, Paz y Seguridad”, impulsada por Naciones Unidas, que busca fortalecer el rol de las mujeres en la toma de decisiones de defensa y en la construcción de la paz. La ministra de Defensa Nacional, Adriana Delpiano, destacó la importancia del encuentro como un espacio de convergencia entre seguridad, desarrollo y sostenibilidad: “En SPDMM, Chile ocupa una posición singular como país de encuentro entre Sudamérica y el Pacífico Sur. Este foro nos permite profundizar vínculos y proyectar nuestra presencia hacia el Asia Pacífico, no solo en lo económico, sino también en temas de defensa y medio ambiente”. Delpiano subrayó además que el multilateralismo es la vía más efectiva para enfrentar amenazas comunes: “Ningún país puede hacer frente solo a desafíos como el crimen organizado o los efectos del cambio climático. La cooperación internacional es una necesidad, no una opción”.

El Gobierno colombiano anunció un plan histórico para modernizar sus Fuerzas Armadas. La inversión supera los 12.000 millones de dólares y busca renovar equipos, flotas y tecnología antes de julio de 2026. Colombia se prepara para realizar la mayor inversión en defensa de su historia, aunque el anuncio resulta llamativo ya que se da en un contexto en donde el actual gobierno redujo en cerca de un 50 % el gasto en defensa durante 2025, al punto de que unidades que se encuentran combatiendo a la narcoguerrilla carecen de munición y otros insumos críticos, tal como adelantamos en este artículo del mes de julio: https://www.pucara.org/post/las-fuerzas-armadas-de-colombia-en-una-crisis-cada-vez-m%C3%A1s-profunda . El Ministerio de Defensa Nacional proyecta destinar más de 49 billones de pesos colombianos, equivalentes a unos 12.500 millones de dólares, para modernizar las capacidades de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional antes de julio de 2026. El plan contempla la adquisición y actualización de sistemas de armas, la modernización de flotas aéreas y navales, el fortalecimiento de la inteligencia estratégica, y la renovación de infraestructura logística y tecnológica. Según indicaron desde la institución, con este programa, el país busca garantizar su capacidad operativa y de disuasión frente a los nuevos desafíos de seguridad interna y regional. Además, se estableció que los proveedores extranjeros que participen en las licitaciones deberán invertir al menos un 10% del valor adjudicado en la industria nacional, como parte de una política orientada a impulsar la reindustrialización, la innovación y la transferencia tecnológica. Para el año 2025, el presupuesto total destinado al sector defensa y seguridad rondará los 60 billones de pesos, equivalente a cerca del 4,1% del Producto Interno Bruto (PIB), aunque solo se han asignado efectivamente 33 billones de pesos para todo el año. Sin embargo, de concretarse en su totalidad, este programa posicionará a Colombia entre los países de América Latina con mayor inversión militar proyectada en los próximos años, marcando un punto de inflexión en la estrategia de seguridad nacional y en la industria de defensa del país.

El Gobierno de Chile ingresará esta semana al Congreso Nacional una reforma constitucional que permitirá al presidente de la República desplegar a las Fuerzas Armadas en la frontera a través de un decreto supremo sin la necesidad de requerir autorización cada 90 días del poder legislativo. Esta medida, como publicó Infodefensa.com, fue dada a conocer por el presidente Gabriel Boric en Colchane en la inauguración de las etapas Ily III del Sistema Integrado de Fronteras (Sifron) que refuerza el control fronterizo en las regiones de Arica y Paricanota, Tarapacá y Antofagasta a través de la adquisición de tecnologías avanzadas, y detalló la propuesta que busca facilitar el despliegue militar. Según Bío Bío Chile, la iniciativa busca dar estabilidad y permanencia a un mecanismo que hoy depende de renovaciones cada 90 días y que ha sido clave para reforzar el control migratorio y enfrentar el crimen organizado en la Macrozona Norte. La reforma constitucional ha generado debate político y desde la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputadas y Diputados, partidos de la oposición han manifestado rechazo al proyecto ya que se acuso al al gobierno de intentar debilitar los contrapesos institucionales. En el oficialismo, la propuesta también está generando fisuras. En el Frente Amplio algunas voces critican el salto hacia una lógica más presidencialista, mientras que en el Partido Comunista-aliado habitual del Ejecutivo-surgen dudas sobre la constitucionalidad y el alcance del uso de las Fuerzas Armadas sin control parlamentario.

En el marco de un creciente debate sobre la soberanía y el poder disuasorio del país, nuevas voces en Brasil abogan por revisar las limitaciones constitucionales que restringen el uso de la energía nuclear a fines pacíficos. La iniciativa más reciente proviene del diputado federal Kim Kataguiri (União-SP), quien presentó una Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) que autorizaría a las Fuerzas Armadas brasileñas a desarrollar armamento nuclear con fines de defensa. De aprobarse, la medida significaría un giro histórico en la política de defensa y en la posición diplomática de Brasil, que durante más de tres décadas se ha mantenido firme en su adhesión a los tratados internacionales de no proliferación nuclear. La propuesta de Kataguiri busca modificar la Constitución sancionada en 1988, eliminando la cláusula que limita las actividades nucleares a “fines pacíficos” y habilitando su empleo en casos de amenaza de ocupación territorial o ante el uso de armas de destrucción masiva contra la nación. En su justificación, el legislador argumenta que la actual reconfiguración geopolítica mundial obliga a los Estados a fortalecer su capacidad de disuasión, sosteniendo que “preservar la paz por medio de la fuerza” constituye un ejercicio legítimo del derecho de autodefensa reconocido por la Carta de las Naciones Unidas. No obstante, la iniciativa ha reavivado preocupaciones en los círculos diplomáticos y académicos, donde se advierte sobre las posibles implicancias regionales e internacionales de un cambio tan drástico. Cabe destacar que, recientemente, el ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, ya había anticipado un posible cambio de postura al afirmar que Brasil deberá considerar, a largo plazo, la utilización de energía nuclear con fines de defensa. En sus declaraciones, Silveira subrayó que el país no puede ignorar sus recursos estratégicos -que comprende minerales críticos, reservas de agua dulce y su posición geográfica privilegiada- frente a un escenario internacional cada vez más competitivo. Estas afirmaciones, sumadas a la iniciativa de Kataguiri, refuerzan la percepción de que sectores del gobierno y del Congreso comienzan a plantear una reinterpretación del marco constitucional y de los compromisos internacionales en materia nuclear. El debate, sin embargo, no está exento de riesgos. La introducción de una doctrina de disuasión nuclear en Brasil podría alterar el equilibrio estratégico regional, reabriendo antiguos recelos, especialmente con Argentina, país con el que Brasil ha desarrollado mecanismos de transparencia y cooperación nuclear desde la década de 1990. Además, el giro propuesto tendría profundas repercusiones diplomáticas, pudiendo afectar la posición de Brasil como referente del desarme y la no proliferación en foros internacionales. En este contexto, la discusión sobre el papel del poder nuclear en la defensa brasileña se presenta como uno de los dilemas más complejos y sensibles de la agenda estratégica del país en las próximas décadas.