Resumen

El presente artículo analiza la trascendencia estratégica de la neutralización de la capacidad militar del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y del Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL), hecho que consolidó la victoria militar del Estado peruano frente al terrorismo y puso fin a la fase armada a escala nacional. Se sostiene que, aunque el fenómeno terrorista fue derrotado en el plano militar, el enfrentamiento no concluyó, sino que dio paso a una etapa de confrontación no convencional, caracterizada por disputas políticas, ideológicas, jurídicas, culturales y narrativas impulsadas por remanentes ideológicos y redes afines. La investigación adopta un enfoque cualitativo de carácter estratégico-analítico, sustentado en el estudio histórico de las operaciones “Chavín de Huántar” (1997) y “Cerco” (1999), así como en el análisis estratégico-doctrinario del periodo posterior, complementado con la experiencia operacional de los autores. Los resultados confirman que la derrota del terrorismo fue decisiva en el plano militar, al desarticular su conducción político-militar y degradar de manera irreversible su capacidad de acción estratégica. No obstante, el análisis evidencia que la ausencia de una estrategia integral de posconflicto facilitó la reorganización ideológica del radicalismo, su convergencia con economías ilícitas y el surgimiento de amenazas híbridas. Se concluye que la victoria militar requiere consolidarse mediante una respuesta estatal integral orientada a fortalecer la institucionalidad, la memoria histórica y la seguridad nacional.

Palabras clave: terrorismo; seguridad nacional; MRTA; PCP-SL; guerra narrativa; amenazas híbridas

Introducción

Entre las décadas de 1980 y 2000, el Perú enfrentó uno de los periodos más violentos y desestabilizadores de su historia republicana, como consecuencia de la acción sistemática de organizaciones terroristas que buscaron destruir el orden constitucional mediante asesinatos, emboscadas, coches bomba, sabotaje de infraestructura, adoctrinamiento forzado y control coercitivo sobre poblaciones enteras.^[1] Este ciclo de violencia no respondió a una confrontación simétrica entre actores armados equivalentes, sino a una estrategia orientada a debilitar la autoridad del Estado y someter a la población civil.^[2] Por consiguiente, no se trató de una guerra entre “partes equivalentes”, sino de una agresión terrorista dirigida contra el Estado peruano, ejecutada principalmente por dos organizaciones: el PCP-SL y el MRTA.^[3]

El PCP-SL, bajo la conducción de Abimael Guzmán Reynoso, alias “Presidente Gonzalo”, emprendió una campaña terrorista con un objetivo abiertamente totalitario: destruir al Estado peruano y reemplazarlo por la denominada “República Popular de Nueva Democracia”,^[4] concebida como un régimen comunista inspirado en el marxismo, el leninismo y una interpretación radical del maoísmo adaptada al contexto andino.^[5] Su estrategia se sustentó en la guerra popular prolongada, el control territorial coercitivo y la eliminación sistemática de cualquier forma de autoridad estatal o social que no se subordinara a su proyecto ideológico.^[6] Por otra parte, el MRTA, liderado por Víctor Polay Campos, alias “Camarada Rolando”, procuró imponer un proyecto marxista-leninista con fuerte influencia guevarista, particularmente mediante el foquismo insurgente y la propaganda armada, privilegiando el terrorismo urbano y las acciones de alto impacto simbólico.^[7] Ambas organizaciones compartían un objetivo estratégico convergente: socavar las instituciones, debilitar al Estado y sustituir el sistema democrático por regímenes de carácter autoritario-revolucionario.

Las capturas de Abimael Guzmán Reynoso (12 de septiembre de 1992) y Víctor Polay Campos (9 de junio de 1992) constituyeron golpes estratégicos decisivos para las estructuras de conducción del PCP-SL y del MRTA. No obstante, dichos acontecimientos no implicaron el colapso inmediato de sus capacidades operativas ni la desaparición automática de la amenaza subversiva. En ambos casos, las organizaciones intentaron prolongar la confrontación mediante la rearticulación de cuadros remanentes y la promoción de nuevos mandos con ascendiente operativo. En el PCP-SL, Óscar Ramírez Durand, alias “Camarada Feliciano”, asumió el liderazgo de la fracción que optó por proseguir la lucha armada, asociada en el argot interno a la denominada Línea Liquidacionista de Izquierda (LLI). Paralelamente, en el valle del Alto Huallaga, Florindo Eleuterio Flores Hala, alias “Camarada Artemio”, mantuvo una jefatura regional que persistió como remanente armado, en medio del debate interno generado por las propuestas de negociación y “acuerdo de paz”.^[8] En el MRTA, Néstor Cerpa Cartolini, alias “Comandante Evaristo”, se consolidó como el dirigente más visible tras la captura de Polay, intentando recomponer la organización y preservar su iniciativa mediante acciones de alto impacto. En conjunto, estos relevos procuraron mantener la cohesión interna, reactivar comandos y sostener la violencia como instrumento de presión política, prolongando la agresión contra el Estado y la población.

Frente a este escenario, el Estado peruano, a través de sus Fuerzas Armadas (FF. AA.) y del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA), ejecutó dos operaciones decisivas que marcaron el cierre de la campaña militar contra el terrorismo: la Operación Chavín de Huántar (1997), que neutralizó al “Comandante Evaristo” y eliminó de manera definitiva la capacidad militar y política del MRTA, y la Operación Cerco (1999), que culminó con la captura del “Camarada Feliciano” y la desarticulación del último mando estratégico-militar del PCP-SL.^[9] Ambas operaciones evidenciaron la maduración de la inteligencia estatal, la superioridad operativa de las FF. AA. y la recuperación efectiva del monopolio legítimo del uso de la fuerza por parte del Estado.

La neutralización de estos dos dirigentes constituye el punto culminante que consagra la victoria militar del Estado peruano sobre el terrorismo. Este resultado tuvo efectos estratégicos, operacionales y psicológicos, al eliminar la conducción político-militar de ambas organizaciones y quebrar su capacidad de regeneración armada.^[10] Este logro también abrió paso a una nueva fase del enfrentamiento, caracterizada por el empleo de mecanismos políticos, ideológicos, jurídicos y culturales por parte de estructuras de fachada, colectivos afines y remanentes doctrinarios, directa o indirectamente vinculados con las antiguas organizaciones terroristas. Desde el año 2000, se desplegó un esfuerzo sistemático orientado a erosionar la legitimidad de la autoridad estatal, cuestionar el accionar de las FF. AA., judicializar a quienes combatieron el terrorismo, reinterpretar el rol de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), promover la reinserción de excarcelados bajo la narrativa de “víctimas” e impulsar frentes políticos legales asociados al senderismo, entre ellos el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF).^[11] Al mismo tiempo, estos sectores buscaron ampliar su influencia en universidades, sindicatos, organizaciones no gubernamentales (ONGs) y determinadas instancias del aparato estatal, configurando una disputa por la legitimidad histórica e institucional.

En tal virtud, las operaciones “Chavín de Huántar” y “Cerco” representan no solo el cierre definitivo de la ofensiva militar contra el terrorismo, sino el umbral de una transición estratégica, en la que la confrontación dejó de expresarse prioritariamente mediante el uso de las armas para trasladarse al ámbito de la narrativa histórica, la legitimidad institucional y la disputa por espacios políticos y culturales. Comprender esta transformación resulta fundamental para interpretar las amenazas contemporáneas a la seguridad nacional y para consolidar una doctrina que reconozca que, aunque el terrorismo fue derrotado en el plano militar, sus remanentes continúan intentando influir por medios indirectos, propios de las amenazas híbridas del siglo XXI.

La Neutralización de Néstor Cerpa Cartolini “Comandante Evaristo” (1997): Colapso Estratégico del MRTA

La neutralización de Néstor Cerpa Cartolini durante la Operación Militar de Rescate de Rehenes “Chavín de Huántar”, el 22 de abril de 1997, constituye uno de los hitos estratégicos decisivos en la derrota del terrorismo en el Perú. La muerte de su principal dirigente operativo y la eliminación del destacamento emerretista que mantenía la toma de rehenes significaron el colapso inmediato de su capacidad militar organizada. A diferencia de otras experiencias insurgentes que logran recomposición tras la caída de un líder, el MRTA carecía de profundidad estructural, mando alterno consolidado y base territorial suficiente para sostener la continuidad estratégica.^[12] Con la desaparición de Cerpa, la organización perdió su cohesión doctrinaria, su capacidad de planificación operativa y su valor simbólico como actor insurgente, quedando desarticulada de manera irreversible y sin posibilidad real de reconstruirse como amenaza estructurada en el escenario nacional.

Luego de la captura de Víctor Polay Campos en 1992, Cerpa asumió la conducción del MRTA en medio de una crisis interna que amenazaba con disolver la organización. A diferencia del PCP-SL —cuya estructura vertical y dogmática permitía cierta continuidad aun tras la caída de sus líderes—, el MRTA carecía de una organización jerárquica rígida y dependía en gran medida del liderazgo personal de sus comandantes.^[13] En ese contexto, Cerpa se convirtió en el último dirigente político e ideológico del movimiento, su principal referente operativo y simbólico, y el responsable de demostrar —tanto a sus militantes como al entorno internacional— que la organización aún poseía capacidad de acción y un proyecto revolucionario vigente.

Cerpa encarnó la orientación marxista-leninista del MRTA con fuerte influencia guevarista, particularmente en la adopción del foquismo insurgente como método de acción político-militar. Bajo su conducción, la organización privilegió operaciones urbanas de alto impacto orientadas a provocar crisis políticas, obtener visibilidad internacional y reposicionarse ante la opinión pública como actor insurgente vigente.^[14] A diferencia de la estrategia del PCP-SL basada en la guerra popular prolongada y la expansión territorial sostenida, el MRTA optó por un modelo de confrontación centrado en la propaganda armada, secuestros selectivos y acciones espectaculares de choque.^[15] Este enfoque priorizaba el efecto simbólico y mediático por encima del control territorial, lo que evidenciaba las limitaciones estructurales de la organización en términos de masa crítica, base social y profundidad logística. La toma de la residencia del embajador del Japón en diciembre de 1996 constituyó la expresión culminante de esta lógica operativa. La acción buscaba demostrar capacidad de planeamiento y ejecución, forzar una negociación política y proyectar la imagen de una organización cohesionada; sin embargo, estratégicamente reveló su situación de debilidad estructural, al concentrar en una sola operación su último núcleo operativo significativo.^[16] La respuesta estatal, materializada en abril de 1997, transformó esa apuesta de reposicionamiento en el punto culminante de su derrota definitiva.

La toma de rehenes también constituyó la apuesta final de una organización terrorista sin capacidad real de reposición militar, sin financiamiento sostenible y sin base social significativa. El MRTA jugó su última carta estratégica en una acción que terminó convirtiéndose en su punto de quiebre definitivo.^[17] La respuesta del Estado, materializada en la Operación Chavín de Huántar, el 22 de abril de 1997, constituyó una demostración contundente de capacidad operativa, integración efectiva de inteligencia estratégica y táctica, y dominio del arte militar aplicado a operaciones de fuerzas especiales. El éxito del asalto fue el resultado de un planeamiento meticuloso, entrenamiento especializado y coordinación interinstitucional sostenida en el tiempo. Asimismo, expresó una intención y voluntad política inequívoca frente a la amenaza subversiva: “Con el terrorismo no se negocia”.^[18] Esta decisión reafirmó el principio de autoridad del Estado y la preservación del monopolio legítimo de la fuerza, evitando que la organización terrorista transformara el secuestro masivo en una plataforma de legitimación política. En términos estratégicos, la operación permitió recuperar la iniciativa, neutralizar el núcleo decisional enemigo y clausurar la última capacidad del MRTA para proyectarse como actor insurgente con relevancia nacional.^[19] Por ende, la sincronización entre inteligencia, planeamiento y ejecución táctica evidenció un nivel de madurez institucional inédito hasta entonces. La liberación de los rehenes, la recuperación del control de la instalación y la neutralización total del comando emerretista representaron una victoria completa en los planos táctico, operativo y estratégico.

Con la muerte de Cerpa, el MRTA quedó sin conducción política, sin cuadros intermedios con legitimidad interna y sin capacidad orgánica para reconstituirse. Su desaparición significó la pérdida del eje estratégico que mantenía cohesionada a la organización y provocó su colapso inmediato; no quedaron frentes militares activos, mandos capaces de reorganizarse, bases sociales que posibilitaran un rebrote insurgente ni fuentes de financiamiento o presencia territorial sostenida.^[20] Desde 1997, el MRTA dejó de ser una amenaza militar y pasó a convertirse en un remanente ideológico desarticulado, desprovisto de capacidad real de influencia estratégica.

La operación confirmó la plena vigencia del monopolio legítimo de la fuerza por parte del Estado peruano. El país demostró que podía enfrentar con éxito situaciones complejas vinculadas al terrorismo, que contaba con una estructura de inteligencia capaz de anticipar y neutralizar amenazas críticas y que disponía de fuerzas especiales de élite con capacidad para ejecutar operaciones de precisión en entornos altamente sensibles.^[21] La Operación “Chavín de Huántar” no solo tuvo efectos militares inmediatos, sino que consolidó un efecto disuasivo de largo alcance, elevando el prestigio del Perú y convirtiéndose en un referente doctrinario para operaciones especiales en la región.

El impacto estratégico de la operación fue profundo: fortaleció la confianza ciudadana en las FF. AA., configuró una narrativa nacional de victoria y permitió al Estado recuperar la iniciativa y la legitimidad en el manejo de crisis internas. Se reafirmó la autoridad estatal frente a la coerción terrorista y se estableció un precedente disuasivo claro: el Perú no negociaría bajo presión, las acciones terroristas no generarían concesiones políticas y ninguna organización podría instrumentalizar la opinión pública internacional para obtener ventajas estratégicas.^[22] Desde entonces, no volvió a registrarse una toma de rehenes de naturaleza político-terrorista en el país. La neutralización de Cerpa desmontó definitivamente la pretensión del MRTA de presentarse como guerrilla urbana o movimiento revolucionario, exponiéndolo como lo que realmente era: una organización terrorista sin respaldo popular ni viabilidad política, cuyos métodos buscaban únicamente generar conmoción y desestabilización. Esta victoria estratégica, sumada posteriormente a la captura de “Feliciano”, permitió que hacia el año 2000 la dimensión militar del terrorismo estuviera completamente derrotada y abrió paso a la etapa posterior, marcada por la disputa política, ideológica y cultural.

La Captura de Óscar Ramírez Durand “Feliciano” (1999): Colapso del Mando Estratégico-Militar de Sendero Luminoso

La captura de Óscar Ramírez Durand, alias “Feliciano”, en julio de 1999, constituyó el golpe final al mando doctrinario, político y militar del PCP-SL, hecho que selló la incapacidad definitiva de esta organización para operar como un actor terrorista estructurado con proyección estratégica. Luego de la captura de Abimael Guzmán en 1992, el movimiento experimentó una profunda crisis de conducción que amenazaba con fragmentarlo por completo. En esas circunstancias, Feliciano asumió el liderazgo senderista en sectores de la sierra central, entre los valles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), mientras que Florindo Eleuterio Flores Hala, alias «Camarada Artemio», ejerció liderazgo en el valle del Alto Huallaga.^[23] De ambos dirigentes, Feliciano se consolidó como el único conductor con autoridad efectiva sobre los remanentes operativos y como el último dirigente capaz de sostener la continuidad de la violencia bajo los postulados maoístas que guiaron la estrategia original del PCP-SL.

Durante los años posteriores a la caída de Guzmán, Feliciano consolidó su posición como heredero operativo del proyecto maoísta, sosteniendo la consigna de prolongar la guerra y oponiéndose frontalmente a la línea de “acuerdo de paz” difundida por Guzmán desde prisión. Esta postura generó una fractura doctrinaria interna al rechazar la autoridad simbólica del líder histórico y asumir una conducción sustentada principalmente en la coerción armada.^[24] Su influencia sobre las columnas subversivas dentro del VRAEM le permitió preservar, aunque de manera precaria, una estructura insurgente que aún ejecutaba emboscadas, asesinatos selectivos y sabotajes, además de mantener bajo coerción a comunidades originarias en zonas rurales de difícil acceso.^[25] Bajo esta conducción, el PCP-SL conservó un nivel mínimo de cohesión doctrinaria y operativa suficiente para prolongar la violencia y proyectar la apariencia de continuidad revolucionaria, aun cuando su base social, legitimidad ideológica y capacidad estratégica se encontraban en acelerado declive.

La captura de Feliciano significó el quiebre inmediato del centro de gravedad militar del PCP-SL. La estructura subversiva quedó sin un liderazgo capaz de ejercer mando y control, sin una dirección doctrinaria que otorgara sentido político a la lucha armada y sin capacidad para coordinar acciones de manera articulada en el ámbito nacional.^[26] Este vacío de conducción produjo un colapso funcional, dejando a los remanentes senderistas sin cohesión interna ni posibilidad real de reorganizarse en una estructura político-militar. En consecuencia, la pérdida de su conductor provocó la desintegración de destacamentos rurales, el quiebre definitivo de la disciplina interna y la desaparición del PCP-SL como fuerza insurgente organizada.

Sin un referente doctrinario capaz de interpretar y proyectar el denominado “pensamiento Gonzalo”, los militantes remanentes quedaron sin orientación política ni horizonte estratégico. Paralelamente, este colapso ideológico coincidió con un proceso acelerado de desplazamiento hacia economías ilícitas, favorecido por la ausencia de un proyecto político viable, la presión sostenida de las fuerzas del orden y la existencia de corredores del narcotráfico previamente establecidos en el VRAEM.^[27] De esta manera, la estructura residual, despojada de su finalidad revolucionaria original, derivó progresivamente hacia actividades criminales como el tráfico ilícito de drogas (TID) y otras economías ilegales asociadas. Este proceso marcó la mutación del PCP-SL, que pasó de ser una organización terrorista con pretensiones de transformación política a convertirse en un remanente criminal instrumental, fenómeno que dio origen a las dinámicas contemporáneas del narcoterrorismo en el VRAEM.

El impacto de la captura de Feliciano fue decisivo para el PCP-SL, al destruir su centro de gravedad estratégico y anular cualquier posibilidad de regeneración organizacional. A diferencia de insurgencias con estructuras más flexibles, el PCP-SL dependía de una cadena de mando estrictamente vertical y de una doctrina rígida, incapaz de subsistir sin un liderazgo ideológicamente legitimado.^[28] La caída de Feliciano dejó a la organización sin cuadros con solidez doctrinaria para conducirla, sin bases sociales que la respaldaran y con una capacidad prácticamente nula para reclutar nuevos integrantes con convicción política. Desde una perspectiva estratégica, su captura cerró de manera irreversible la última ventana para cualquier intento de reactivación de la lucha armada en el Perú y desplazó el conflicto desde la dimensión militar hacia la disputa política, jurídica y narrativa.

La Operación «Cerco», que permitió la ubicación progresiva de Óscar Ramírez Durand en la selva central del departamento de Junín y culminó con su captura el 14 de julio de 1999 —cuando intentaba evadir el dispositivo de seguridad desplazándose en un microbús entre Cochas Grande y Cochas Chico, en Huancayo—, constituyó una victoria táctica de alto valor operativo y, al mismo tiempo, un punto de inflexión estratégico.^[29] La neutralización del principal conductor de la facción senderista que persistía en la lucha armada desarticuló la última estructura con capacidad real de mando y control en la sierra central y marcó el final efectivo de la amenaza terrorista como fenómeno insurgente estructurado con proyección nacional.

Con el abatimiento de su último líder militar con capacidad de conducción, el Estado peruano consolidó la victoria militar sobre el PCP‑SL. La captura de Feliciano confirmó la supremacía de la inteligencia estatal, fortaleció el control territorial y dejó al movimiento sin dirección, sin doctrina y sin capacidad de acción estratégica.^[30] De la misma manera, esta detención terminó de fracturar cualquier posibilidad de conducción nacional unificada en los remanentes senderistas, dejando como núcleo armado predominante al clan Quispe Palomino en el ámbito del VRAEM, bajo el liderazgo de Víctor Quispe Palomino, alias “Camarada José”. Esta estructura posteriormente pasó a autodenominarse Militarizado Partido Comunista del Perú Marxista-Leninista-Xiista (MPCP‑MLX).^[31] No obstante, lo que subsistió no fue una organización revolucionaria con proyecto político nacional orientado a la toma del poder, sino una estructura armada de carácter territorial progresivamente subordinada a economías ilícitas —principalmente al TID— y carente de capacidad para articular una insurgencia estructurada a nivel nacional, lo que evidencia una mutación desde la subversión ideologizada hacia una configuración criminalizada con retórica política residual.^[32] Este desenlace simboliza la culminación del esfuerzo conjunto de las FF. AA. y la Policía Nacional del Perú (PNP) que permitió restablecer el orden interno, desarticular el mando senderista y cerrar definitivamente la etapa militar del terrorismo en el país.

Resultado Conjunto: el Estado Peruano Gana la Campaña Militar de la Guerra Contra el Terrorismo

La neutralización de Néstor Cerpa Cartolini en 1997 y la captura de Óscar Ramírez Durand, alias “Feliciano”, en 1999, constituyen, en conjunto, el punto culminante de la campaña militar del Estado peruano contra el terrorismo.^[33] Más allá de su relevancia táctica u operativa individual, estos hechos expresan una victoria estratégica integral, materializada en la desarticulación irreversible de la conducción político-militar del MRTA y del PCP-SL, así como en la clausura definitiva de la vía armada como mecanismo viable de disputa por el poder en el Perú.

Desde una perspectiva estratégica, esta victoria no debe interpretarse como la simple suma de operaciones exitosas, sino como la expresión de un proceso institucional consolidado, mediante el cual el Estado recuperó la iniciativa, impuso superioridad decisional y restableció de manera efectiva el monopolio legítimo del uso de la fuerza.^[34] La derrota del terrorismo fue estructural y no meramente simbólica: al desaparecer el liderazgo y quebrarse el sistema de mando y control, se destruyó el núcleo de cohesión ideológica y organizacional, cerrando de manera irreversible cualquier posibilidad de recomposición armada.

Otro efecto estratégico derivado de este desenlace fue la clausura definitiva del terrorismo como actor racional de negociación política. Con la eliminación de sus principales conductores y la pérdida total de viabilidad armada, tanto el MRTA como el PCP-SL dejaron de poseer capacidad para imponer condiciones, forzar diálogos o atraer mediación internacional.^[35] De este modo, el Estado peruano anuló el empleo de la violencia como instrumento político y descartó cualquier pretensión de equivalencia o reconocimiento del terrorismo como actor beligerante, cerrando así toda posibilidad de legitimación externa. En adelante, las reivindicaciones remanentes quedaron desprovistas de poder coercitivo y reducidas al plano discursivo e ideológico.

El cierre del ciclo armado produjo un efecto político-estratégico adicional de gran relevancia. Al desaparecer los centros de gravedad militares de las organizaciones terroristas, el conflicto dejó de expresarse prioritariamente en el plano bélico y comenzó a desplazarse hacia otros dominios de confrontación. En ese sentido, la victoria militar del Estado no implicó la desaparición del enfrentamiento, sino la transición hacia una nueva etapa caracterizada por disputas no convencionales en los ámbitos político, ideológico, jurídico, cultural y narrativo.^[36]

Desde una perspectiva histórico‑estratégica, este resultado conjunto representa un doble hito. De un lado, corrobora que el terrorismo fue vencido de forma integral en el plano militar;^[37] de otro, delimita el umbral estratégico desde el que la amenaza se transforma y obliga al Estado a adoptar respuestas diferenciadas, más allá de las soluciones de carácter únicamente militar.^[38] Asimilar esta inflexión resulta indispensable para interpretar la trayectoria ulterior del fenómeno y para impedir que un triunfo bélico plenamente consolidado se traduzca, por descuido estratégico, en fragilidades políticas e institucionales durante el periodo posconflicto.

La Transición Estratégica (2000–2001): la Continuación de la Guerra por Otros Medios

Una vez clausurada la posibilidad de negociación política y anulada la violencia armada como instrumento eficaz, la confrontación no desapareció; por el contrario, se desplazó hacia dominios no convencionales, donde la disputa por la legitimidad, la memoria histórica y la influencia institucional reemplazó al enfrentamiento militar directo.

La victoria militar del Estado peruano sobre el terrorismo no implicó la desaparición del conflicto, fenómeno frecuente en confrontaciones irregulares en las que un actor insurgente es derrotado en el plano armado. A partir del año 2000 comenzó una nueva etapa de confrontación, menos visible aunque igualmente compleja: la transición del terrorismo hacia modalidades de disputa política, ideológica, jurídica y cultural.^[39] Diversas organizaciones, colectivos y frentes legales vinculados directa o indirectamente al PCP-SL y al MRTA reconvirtieron sus métodos de acción, abandonando el uso sistemático de la violencia armada y recurriendo a mecanismos institucionales, narrativos, legales y socioculturales con el propósito de reposicionar agendas radicales, erosionar gradualmente la legitimidad estatal y abrir espacios de influencia política para sus operadores.

Uno de los primeros componentes de esta transición se orientó al cuestionamiento progresivo de la legitimidad institucional de las FF. AA., impulsado desde determinados sectores políticos, mediáticos y académicos que promovieron narrativas críticas sobre la conducción estatal durante el periodo de violencia interna. En ese contexto se difundió la tesis de una responsabilidad estatal ampliada que, en algunos casos, tendió a establecer una equivalencia moral entre la actuación constitucional de las FF. AA. y los crímenes sistemáticos perpetrados por las organizaciones terroristas.^[40] Este enfoque narrativo influyó en ciertos segmentos de la opinión pública, erosionando la legitimidad moral, jurídica y simbólica de las instituciones encargadas de garantizar el orden interno y generando efectos en la cohesión doctrinaria del sistema de seguridad nacional.

De manera paralela, se desarrolló un proceso sostenido de judicialización respecto del personal militar que participó en la lucha contra el terrorismo, en un contexto en el cual el periodo de violencia fue progresivamente encuadrado bajo la categoría jurídica de conflicto armado interno y sometido a interpretaciones expansivas del derecho penal y del Derecho Internacional Humanitario (DIH). En determinados casos se reabrieron investigaciones previamente concluidas y se aplicaron nuevas valoraciones normativas sobre hechos ocurridos décadas atrás, lo que generó en amplios sectores institucionales la percepción de un entorno de inseguridad jurídica.^[41] Desde una perspectiva estratégica, este fenómeno incidió en la moral institucional, afectó la confianza en el respaldo estatal y proyectó incertidumbre respecto del alcance de la responsabilidad funcional en escenarios de alta complejidad operativa, con posibles efectos sobre la disposición futura al cumplimiento de misiones en contextos de riesgo elevado.

Otro componente de esta transición se vinculó con la disputa en torno al significado y uso público del Informe Final de la CVR. Aunque su mandato formal consistió en esclarecer los hechos ocurridos durante el periodo de violencia y formular recomendaciones orientadas a la reconciliación nacional, determinados sectores utilizaron sus conclusiones como fundamento para una reinterpretación crítica de la actuación estatal, enfatizando responsabilidades institucionales en el marco del conflicto. En algunos espacios de debate, esta lectura proyectó una equivalencia moral entre la acción constitucional de defensa del Estado y la violencia sistemática ejercida por las organizaciones terroristas.^[42] Estas interpretaciones influyeron en la percepción pública sobre la legitimidad del uso de la fuerza en defensa del orden constitucional y generaron tensiones doctrinarias dentro del sistema de seguridad nacional, especialmente en ámbitos académicos, culturales y juveniles donde la memoria histórica continúa siendo objeto de controversia.

Simultáneamente, se produjo un proceso de excarcelación, otorgamiento de beneficios penitenciarios e indemnización a personas condenadas por terrorismo, lo que facilitó la reinserción política y social de operadores ideológicos que se incorporaron a ONGs, universidades, sindicatos, asociaciones estudiantiles y colectivos de derechos humanos, así como a “frentes de lucha” vinculados con la defensa de la hoja de coca y de la minería ilegal.^[43] Desde estos espacios legales se rearticularon discursos radicales bajo nuevas formas de legitimidad, favoreciendo procesos de infiltración sindical, universitaria e institucional, la captura de espacios gremiales estratégicos y la presencia de actores con orientación ideológica extremista dentro de entidades públicas.

Este proceso constituyó la base para la creación de frentes legales como el MOVADEF, organización que buscó la inscripción política del senderismo y promovió una amnistía general para personas condenadas por terrorismo, además de otras agrupaciones que operaron como plataformas de adoctrinamiento y agitación política.^[44] De forma paralela, el remanente senderista experimentó una mutación funcional hacia el crimen organizado, particularmente en el VRAEM, donde se articuló con el TID, la minería ilegal y otras actividades delictivas conexas.^[45] Esta convergencia consolidó estructuras narcoterroristas altamente violentas, configurando una amenaza híbrida en la que confluyen componentes terroristas, criminales y económicos bajo una misma lógica operativa.

En este nuevo escenario, las organizaciones radicales adoptaron tácticas asociadas a lo que diversos autores denominan revolución molecular disipada, caracterizada por la fragmentación del conflicto, la generación de microviolencias, la instrumentalización de movimientos sociales y la activación de conflictos internos de baja intensidad, aunque de alta persistencia.^[46] Mediante protestas violentas, agitación digital, redes de desinformación y captación de colectivos vulnerables, se buscó desgastar la gobernabilidad, desbordar la capacidad de respuesta estatal y erosionar la estabilidad institucional.^[47] Esta dinámica se vio favorecida por la ausencia de una estrategia integral de posconflicto, en un contexto marcado por el debilitamiento estructural del Estado y la limitada articulación entre seguridad, desarrollo y legitimidad política.

En consecuencia, la transición estratégica del terrorismo marcó el inicio de —en palabras de Carl von Clausewitz— “la continuación de la guerra por otros medios”,^[48] escenario en el cual los fusiles fueron reemplazados por discursos, litigios, propaganda ideológica, manipulación social mediante procesos de victimización y alianzas con redes criminales.^[49] Aunque la campaña militar había sido ganada, el país ingresó a una etapa en la que las amenazas se volvieron más difusas, adaptativas y complejas, capaces de erosionar al Estado desde el interior sin recurrir a la confrontación armada directa.

La Nueva Guerra: Política, Ideológica, Jurídica, Cultural y Narrativa

Con la derrota militar del terrorismo, el enfrentamiento no concluyó; por el contrario, adoptó nuevas modalidades de confrontación. Desde el año 2000, actores vinculados —de manera directa o indirecta— a las antiguas organizaciones terroristas, así como sectores de izquierda radical, comprendieron que la vía armada había perdido viabilidad y orientaron sus esfuerzos hacia una disputa política, ideológica, jurídica, cultural y narrativa, destinada a disputar el sentido de la historia, redefinir la memoria colectiva y erosionar la legitimidad del Estado.^[50] Este cambio estratégico respondió al reconocimiento de que el empleo de la violencia armada había fracasado como mecanismo de acceso al poder; sin embargo, ello no implicó el abandono de los objetivos políticos originales, sino su reformulación mediante instrumentos no armados.^[51]

Uno de los ámbitos más sensibles de esta confrontación es la disputa por la memoria histórica, utilizada para reinterpretar el accionar del terrorismo y trasladar la responsabilidad hacia el Estado.^[52] A través de discursos académicos, producciones culturales, plataformas mediáticas y activismo político, se ha intentado posicionar la idea de que lo ocurrido en el Perú constituyó un “conflicto armado interno” entre actores equivalentes y que las FF. AA. representaron un participante adicional del enfrentamiento. Esta caracterización resulta conceptualmente inexacta y estratégicamente funcional a los remanentes ideológicos del terrorismo, ya que diluye la naturaleza criminal de dichas organizaciones, invisibiliza el carácter sistemático del terror ejercido contra la población civil y cuestiona la legitimidad del uso constitucional de la fuerza por parte del Estado.^[53]

En este escenario adquiere relevancia la dimensión psicológica de la confrontación, la cual no se libra mediante armas convencionales, sino a través de significados, símbolos, narrativas y emociones, desarrollándose en escuelas, universidades, redes sociales, medios de comunicación y espacios culturales.^[54] Su propósito consiste en disputar el sentido común, moldear percepciones colectivas, alterar el recuerdo histórico, transformar al agresor en víctima y presentar al Estado como victimario mientras el terrorismo es proyectado como actor político portador de demandas supuestamente legítimas. La difusión de narrativas asociadas al “conflicto armado interno”, al “Estado violador de derechos” y a las “víctimas políticas” responde a esta lógica, orientada a sustituir el reconocimiento del terrorismo como fenómeno criminal por una interpretación de confrontación simétrica que debilita la doctrina de seguridad nacional y desacredita a las instituciones encargadas de preservar el orden constitucional.

En simultáneo, se desarrolló una confrontación jurídica acompañada de procesos de ocupación institucional, mediante los cuales redes vinculadas a agendas radicales ingresaron a la burocracia estatal, organismos de derechos humanos, cátedras universitarias, sindicatos y espacios de representación social. Desde determinados ámbitos políticos y jurídicos se promovieron reformas normativas, activismo judicial y litigios estratégicos orientados a revisar o restringir el marco legal aplicado durante la lucha contra el terrorismo. En algunos casos, estas iniciativas cuestionaron instrumentos jurídicos y operativos que habían resultado determinantes para la derrota militar de las organizaciones subversivas.^[55] Más allá del debate legítimo sobre estándares de derechos y control institucional, el efecto acumulativo de estas dinámicas generó en sectores de las Fuerzas del Orden la percepción de una reducción del respaldo estatal y de una mayor exposición a responsabilidades posteriores.^[56] Este proceso influyó en la autoridad del Estado, redujo su margen de maniobra frente a amenazas internas complejas y contribuyó a un clima de autocontención institucional respecto al uso legítimo de la fuerza.

En esta situación, la doctrina desarrollada por Antonio Gramsci adquirió un papel relevante. Su énfasis en la conquista de la hegemonía cultural antes que del poder político fue apropiado funcionalmente por movimientos radicales que buscaron influir en la formación de percepciones colectivas, especialmente entre sectores juveniles, estudiantiles y comunitarios.^[57] Apropiarse del lenguaje de las reivindicaciones sociales, adoptar causas populares, victimizarse políticamente y reinterpretar la narrativa histórica permitió construir bases de apoyo donde previamente no existían, debilitando la idea de ciudadanía, fragmentando la identidad nacional y erosionando la cohesión social, condiciones que incrementan la vulnerabilidad del Estado frente a procesos de polarización y captura institucional.

La nueva dinámica de confrontación también se manifestó en la convergencia con economías ilícitas, particularmente en corredores del narcotráfico y zonas afectadas por la minería ilegal.^[58] La percepción de debilitamiento progresivo de las Fuerzas del Orden y la erosión de la autoridad estatal generaron espacios de oportunidad para el crimen organizado, facilitando la articulación entre remanentes ideológicos radicales, intereses criminales y financiamiento ilícito.^[59] Este proceso dio lugar a una amenaza híbrida que combina discurso político radical, economías ilegales y violencia fragmentada, configurando un escenario propicio para la expansión del Crimen Organizado Transnacional (COT) en diversas regiones del país.^[60]

La interacción de estos factores produjo un entorno asociado a dinámicas descritas como revolución molecular, caracterizado por protestas simultáneas, microviolencias, conflictos inducidos y agendas políticas encubiertas bajo demandas sectoriales aparentemente legítimas.^[61] El propósito estratégico de estas acciones no consiste en la toma inmediata del poder, sino en el desgaste sostenido de la gobernabilidad, la deslegitimación de la autoridad estatal y la apertura de fisuras institucionales que faciliten la captura de territorios, economías y espacios de decisión.^[62]

El Perú enfrenta una confrontación prolongada de carácter político, ideológico, jurídico, cultural y narrativo, en la cual los remanentes ideológicos del terrorismo y diversos actores radicales procuran reemplazar la confrontación armada por una disputa orientada a la hegemonía cultural, la memoria histórica y la legitimidad del Estado. Aunque la campaña militar fue ganada, la disputa política permanece abierta, y su desenlace incidirá directamente en la fortaleza o vulnerabilidad del Estado frente a amenazas híbridas contemporáneas, en particular el COT.

Discusión Estratégica: Implicancias de la Victoria Militar y del Posconflicto

La derrota militar del terrorismo permitió la continuidad del sistema político democrático del país, el restablecimiento del control territorial y la neutralización de la capacidad operativa del PCP-SL y del MRTA; no obstante, el conflicto no se extinguió en sus dimensiones política, ideológica y cultural.^[63] El Perú demostró su capacidad para imponerse en el plano militar; sin embargo, evidenció una debilidad estructural al no desarrollar oportunamente una estrategia integral de posconflicto, orientada a enfrentar la reorganización del radicalismo mediante medios no armados. Esta omisión estratégica abrió una nueva fase de confrontación de carácter no convencional.

La etapa iniciada desde el año 2000 puso en evidencia que los remanentes ideológicos del terrorismo adoptaron un enfoque de disputa cultural y política, en el cual la narrativa pública, el litigio judicial, la infiltración institucional y la instrumentalización de demandas sociales reemplazaron progresivamente el recurso a la violencia armada.^[64] Una vez destruida la capacidad militar de las organizaciones terroristas, el centro de gravedad del conflicto se desplazó hacia el ámbito de la legitimidad, y diversos actores radicales procuraron preservar influencia mediante la erosión de la autoridad estatal y la reinterpretación de la historia reciente conforme a sus intereses políticos.

El núcleo de esta etapa puede describirse como una disputa por la narrativa pública del periodo de violencia, en la cual determinados actores promovieron interpretaciones orientadas a reconfigurar el significado político de la derrota militar del terrorismo. Mediante la relativización de responsabilidades y el cuestionamiento de la respuesta constitucional del Estado, se generó en ciertos sectores de la sociedad un clima de desconfianza hacia las Fuerzas del Orden y hacia la legitimidad del uso de la fuerza en defensa del orden democrático.^[65] Esta dinámica influyó en la percepción pública de la doctrina de Seguridad y Defensa Nacional, debilitando su capital simbólico e institucional. El efecto acumulativo no resultó neutro: al erosionarse la legitimidad de quienes ejercen el monopolio constitucional de la fuerza, se redujo la capacidad disuasiva del Estado y se estrechó su margen de acción frente a amenazas internas y emergentes.

A su vez, la ocupación de espacios institucionales por parte de colectivos radicalizados permitió influir en el sistema educativo, los gremios y diversos organismos públicos, condicionando agendas, discursos y marcos normativos. A ello se sumó la convergencia entre remanentes ideológicos y economías ilícitas, particularmente en zonas como el VRAEM, donde el terrorismo experimentó una mutación hacia estructuras criminales que combinan violencia, propaganda y financiamiento ilegal.^[66] Este fenómeno reflejó una transición funcional del extremismo ideológico hacia el crimen organizado, en un entorno donde la ausencia de una estrategia estatal de estabilización facilitó la consolidación de amenazas híbridas.

En este escenario, las amenazas evolucionaron hacia modalidades híbridas caracterizadas por la convergencia de agitación social, intereses criminales, infiltración ideológica y disputas narrativas.^[67] El debilitamiento sostenido de las Fuerzas del Orden y la erosión de la autoridad estatal generaron condiciones de vulnerabilidad sistémica posteriormente explotadas por el COT, que encontró un entorno favorable en territorios con limitada presencia estatal, elevados niveles de informalidad y profundas fracturas sociales.^[68]

La principal lección estratégica resulta evidente: ganar la campaña militar de una guerra irregular no garantiza estabilidad si el Estado no asegura simultáneamente la victoria política, cultural y narrativa. Al concluir la campaña militar contra el terrorismo debió iniciarse una fase de estabilización, consolidación institucional y transición hacia el desarrollo, particularmente en las zonas más afectadas por la violencia; pero este proceso no se ejecutó de manera sistemática ni sostenida.^[69] El Perú derrotó al terrorismo armado, a pesar de no consolidar una doctrina integral de posconflicto que impidiera la reorganización ideológica de sus remanentes. Cerrar este vacío compone hoy un imperativo estratégico que exige fortalecer la identidad nacional, proteger la memoria histórica, reafirmar la legitimidad de las instituciones y robustecer la capacidad del Estado para enfrentar amenazas no convencionales en un entorno de creciente complejidad.^[70]

Conclusiones

Las operaciones que neutralizaron a Néstor Cerpa Cartolini, “Comandante Evaristo”, y que capturaron a Óscar Ramírez Durand, “Camarada Feliciano”, constituyeron el punto culminante de la derrota militar del terrorismo en el Perú. La eliminación de los últimos conductores político-militares del MRTA y del PCP-SL desarticuló de manera irreversible su sistema de mando y control, anulando su capacidad para sostener una guerra prolongada o reactivar una estrategia insurgente a escala nacional. Como consecuencia, el Estado recuperó la iniciativa estratégica, restableció el monopolio legítimo del uso de la fuerza y consolidó su presencia territorial frente a organizaciones que habían buscado destruir el orden constitucional mediante el terror sistemático contra la población civil.

La derrota militar de estas organizaciones no implicó, sin embargo, la desaparición del conflicto. A partir del año 2000, la confrontación experimentó una transición estratégica hacia modalidades no convencionales, en las que actores vinculados al radicalismo ideológico buscaron reposicionarse mediante instrumentos políticos, jurídicos, culturales y narrativos. En este nuevo escenario, la disputa se desplazó del control del territorio hacia el ámbito de la legitimidad, convirtiendo la narrativa histórica, la memoria colectiva y la interpretación del periodo de violencia interna en espacios centrales de confrontación, frecuentemente articulados con economías ilícitas y dinámicas de agitación social.

La experiencia peruana evidencia que la victoria militar, aun cuando resulta decisiva en el plano operativo, no garantiza por sí sola una estabilización duradera del Estado. La consolidación estratégica de dicha victoria requiere políticas integrales orientadas a fortalecer la institucionalidad democrática, preservar la memoria histórica, reafirmar la legitimidad de las Fuerzas del Orden y prevenir la reorganización ideológica de remanentes radicales o su convergencia con estructuras criminales. En ausencia de una estrategia integral de posconflicto, los espacios de disputa política, cultural y narrativa pueden convertirse en ámbitos de erosión progresiva de la autoridad estatal.

En consecuencia, la principal lección estratégica del caso peruano radica en que la derrota militar del terrorismo debe ser acompañada por un proceso sostenido de consolidación institucional, fortalecimiento de la identidad nacional y protección del orden democrático. Solo mediante una respuesta estatal articulada —capaz de integrar seguridad, legitimidad política y cohesión social— será posible transformar la victoria militar obtenida en el pasado en una victoria estratégica duradera frente a las amenazas híbridas del siglo XXI.

Sobre los autores

Oscar Luis Calle Pérez

General de División del Ejército del Perú (EP), del Arma de Infantería, perteneciente a Fuerzas Especiales (FF. EE. ) y con especialidad de Comando, con una amplia trayectoria en planeamiento estratégico, conducción operacional, inteligencia, educación militar y cooperación internacional, ámbitos estrechamente vinculados con las líneas de investigación y análisis del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú (CEEEP). En el plano académico, es doctor en Administración de Empresas por la Universidad Alas Peruanas (UAP), máster en Finanzas por EADA Business School (España) y magíster en Gestión Pública y en Administración de Empresas, con mención en Dirección General, por la Universidad ESAN; completó igualmente el grado de magíster en Ciencias Militares en la Escuela Superior de Guerra del Ejército – Escuela de Posgrado (ESGE-EPG). Su proceso de perfeccionamiento profesional incluye el Curso de Alto Mando del EP y diplomados en Políticas de Defensa, Inteligencia, Defensa y Seguridad Nacional, Gestión de Recursos Humanos y Finanzas. Su proceso de perfeccionamiento profesional incluye el Curso de Alto Mando del Ejército del Perú y diplomados en Políticas de Defensa, Inteligencia, Defensa y Seguridad Nacional, Gestión de Recursos Humanos y Finanzas, estudios que fortalecen su capacidad para el análisis integral de amenazas, la formulación de estrategias de defensa y la articulación entre seguridad, gobernabilidad y desarrollo. A lo largo de su carrera ha ejercido funciones de alta responsabilidad en comandos operacionales, organismos de inteligencia, instituciones de educación militar y espacios de representación internacional, entre las que destaca su desempeño como Jefe de la Delegación del Perú ante la Junta Interamericana de Defensa de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Dentro de estas responsabilidades sobresalen los cargos de Comandante del Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjuntas (CIOEC) y Jefe de Estado Mayor Conjunto del Comando Especial VRAEM (CE-VRAEM), posiciones desde las cuales contribuyó a la planificación y conducción de operaciones frente a amenazas a la seguridad nacional. Su experiencia operacional comprende la participación en operaciones contra el terrorismo en el teatro de operaciones del Huallaga y en los valles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), escenarios decisivos en la respuesta del Estado peruano frente a esta amenaza. En el ámbito de la formación militar dirigió la Escuela de Infantería y la Escuela de Paracaidistas del EP, desempeñándose igualmente como subdirector académico de la Escuela Militar de Chorrillos (EMCH), donde contribuyó a la formación doctrinaria y profesional de nuevas generaciones de oficiales. Su trayectoria operativa incluye su participación como defensor calificado de la Patria durante el Conflicto del Alto Cenepa (1995) y como defensor calificado de la Democracia en la Operación de Rescate de Rehenes “Chavín de Huántar”, acontecimientos emblemáticos en la defensa de la soberanía nacional y en la lucha del Estado peruano contra el terrorismo. En reconocimiento a su destacada labor ha sido condecorado con la Orden Cruz Peruana al Mérito Militar en sus distintos grados, la Orden Militar Francisco Bolognesi en el grado de Caballero y la Cruz de Guerra al Valor Militar. En la actualidad se desempeña como Comandante General de la II División de Ejército y del Comando Operacional del Centro (COC).

Manolo Eduardo Villagra

Doctor en Desarrollo y Seguridad Estratégica por el Centro de Altos Estudios Nacionales – Escuela de Posgrado (CAEN-EPG). Su trayectoria académica y profesional se orienta al estudio estratégico de la seguridad nacional, las amenazas emergentes y el planeamiento del Estado frente a desafíos complejos que afectan la estabilidad y gobernabilidad del país. Posee maestrías en Ciencias Militares, con mención en Planeamiento Estratégico y Toma de Decisiones; en Gestión e Innovación Tecnológica; y en Ciencias de la Educación. Es licenciado en Ciencias Militares y en Administración, y cuenta con diplomados en Seguridad y Defensa Nacional; Liderazgo y Planeamiento Estratégico; e Historia Militar y Pensamiento Estratégico. Es autor del libro El Perú bajo ataque: Estrategia Integral contra el Crimen Organizado Transnacional, obra de análisis estratégico que examina la expansión del crimen organizado como una amenaza estructural a la seguridad nacional y propone una respuesta estratégica integral del Estado, que articula instrumentos legales, institucionales y operativos para enfrentar la expansión del crimen organizado transnacional. Ha realizado especializaciones en Desafíos Globales, Ciberseguridad, Políticas Públicas y Gobernanza en la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos Steven J. Green de la Universidad Internacional de Florida (EE. UU.). Además, obtuvo la Medalla Académica de Defensa en el grado de “Honor”, al alcanzar el primer puesto en el XVIII Programa de Comando y Estado Mayor Conjunto de la Escuela Superior Conjunta de las Fuerzas Armadas (ESCOFFAA). Se desempeña como investigador principal del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú (CEEEP) y es investigador del Instituto de Investigación “Gral. Div. José del Carmen Marín Arista” (IIGMA) del Centro de Altos Estudios Nacionales – Escuela de Posgrado. Asimismo, es docente, conferencista y asesor en temas de estrategia, prospectiva, geopolítica, amenazas a la seguridad nacional y planeamiento estratégico para el desarrollo, con una sostenida producción académica en el ámbito de la seguridad y la defensa nacional. La combinación de experiencia operativa y esfuerzo investigador le ha permitido analizar y comprender la problemática de la seguridad nacional in situ en diversos espacios estratégicos del país, particularmente en zonas afectadas por economías ilegales, dinámicas transfronterizas y amenazas híbridas. En el ámbito de la investigación estratégica, ha desarrollado estudios sobre la problemática de seguridad en el Putumayo y otros espacios de frontera, así como investigaciones de carácter geopolítico sobre las dinámicas estratégicas que inciden en la estabilidad del territorio nacional. En el campo operativo, participó en operaciones contraterroristas en el Alto Huallaga (2002–2005) y en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – VRAEM (2013–2014), así como en acciones militares contra la minería ilegal en Madre de Dios (2019). Se desempeñó además como oficial de Operaciones Terrestres en el Estado Mayor Conjunto del Comando Especial VRAEM (2023). Durante los años 2024 y 2025 prestó servicios en la región Puno, zona estratégica caracterizada por su dinámica transfronteriza, la presencia de economías ilegales y la complejidad sociocultural del altiplano peruano. Actualmente, presta servicios en el Cuartel General de la II División de Ejército, en la ciudad de Lima.

Notas finales

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2. Rafael Calduch, “La guerra subversiva y el terrorismo”, CEURA, Madrid, 1993, 1–57, https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-55160/lib2cap6.pdf. ↑
3. Manolo Eduardo Villagra, “Las Fuerzas Armadas a la luz de las conclusiones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR)”, vol. 9, n.º 10 (2022), https://www.esffaa.edu.pe/wp-content/uploads/2022/08/ARTICULO-FFAA-a-la-luz-de-las-conclusiones-de-la-CVR.pdf. ↑
4. Santiago Roncagliolo, La cuarta espada: la historia de Abimael Guzmán y Sendero Luminoso (Lima: Debate, 2017). ↑
5. Víctor Quechua, Perú… 13 años de oprobio, 2.ª ed. (Lima, 1994). ↑
6. Jerónimo Ríos Sierra, “Sendero Luminoso: una apología de la violencia”, Revista de Cultura de Paz 2 (2018), https://revistadeculturadepaz.com/index.php/culturapaz/article/view/22/16. ↑
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8. Ejército del Perú, “En honor a la verdad”. ↑
9. Centro de Documentación e Investigación (CDI), “La operación Cerco y la captura del camarada Feliciano”, 2026, https://lum.cultura.pe/cdi/fotografia/la-operacion-cerco-y-la-captura-del-camarada-feliciano. ↑
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12. Ricardo Aníbal Benavides Febres, “Un análisis de la influencia de las fricciones de los campos no militares sobre las fricciones del campo militar presentes en la operación de rescate de rehenes Chavín de Huántar”, 2012, https://apps.dtic.mil/sti/tr/pdf/ADA581031.pdf. ↑
13. Ariel Álvarez Rubio, “La toma de rehenes como acto terrorista internacional. Análisis de la operación de rescate ‘Chavín de Huántar’”, Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad 10, n.º 2 (2015), https://doi.org/10.18359/ries.578. ↑
14. Miguel La Serna, Con las masas y las armas: auge y caída del MRTA, vol. 61 (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2023). ↑
15. Carlos Iván Degregori, “Una historia inconclusa”, DESCO, s. f., https://www.desco.org.pe/recursos/sites/indice/339/1081.pdf. ↑
16. Ricardo Aníbal Benavides Febres, “Un análisis de la influencia de las fricciones de los campos no militares sobre las fricciones del campo militar presentes en la operación de rescate de rehenes Chavín de Huántar”, 2012, https://apps.dtic.mil/sti/tr/pdf/ADA581031.pdf. ↑
17. Nicolás de Bari Hermosa Ríos, “Operación Chavín de Huántar. Rescate en la residencia de la Embajada del Japón” (Lima, 1998). ↑
18. Ibid. ↑
19. Adán Doria Velarde, “Trascendencia de las acciones de inteligencia en las operaciones de rescate de rehenes: caso Chavín de Huántar” (tesis, 2016), https://tesis.pucp.edu.pe/items/d0798e75-236f-4d42-9c5e-69cf845e377d. ↑
20. Miguel La Serna, Con las masas y las armas: auge y caída del MRTA, vol. 61 (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2023). ↑
21. César Astudillo Salcedo, “Chavín de Huántar: el legado 1997–2019”, 2019, http://bibliotecaep.mil.pe/wp-content/uploads/2020/01/CHAVIN_DE_HUANTAR_EL_LEGADO_compressed.pdf. ↑
22. Ariel Álvarez Rubio, “La toma de rehenes como acto terrorista internacional. Análisis de la operación de rescate ‘Chavín de Huántar’”, Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad 10, n.º 2 (2015), https://doi.org/10.18359/ries.578. ↑
23. Aníbal Cueva López, “Sendero Luminoso en el VRAEM: ¿antigua organización terrorista o nuevo cartel del narcotráfico?”, 2015, https://www.esffaa.edu.pe/wp-content/uploads/2020/10/LIBRO-SENDERO-LUMINOSO-EN-EL-VRAEM.pdf. ↑
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29. Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), “La operación ‘Cerco’ y la captura del camarada Feliciano”, fotografía/documento, 1999, https://lum.cultura.pe/cdi/fotografia/la-operacion-cerco-y-la-captura-del-camarada-feliciano. ↑
30. Eduardo Fournier Coronado, “Feliciano: captura de un senderista rojo” (Lima, 2002). ↑
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32. Miguel Ángel Gonzales Bojórquez, Oscar Luis Calle Pérez, Rolando Enrique Campos Hashimoto y Manolo Eduardo Villagra, “El narcotráfico en el VRAEM: una amenaza naturalizada”, Revista de Ciencia e Investigación en Defensa 4, n.º 2 (2023), https://doi.org/10.58211/recide.v4i2.109. ↑
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66. Verónica Jazmín Núñez Cárdenas y Danitza Alexandra Rojas Misagel, “Relación entre las actividades del narcotráfico y los remanentes del terrorismo en el VRAEM con respecto a la seguridad nacional del Perú”, 2020, https://repositorio.usil.edu.pe/entities/publication/6aa3c984-9ef4-4827-9693-fd64a1296389. ↑
67. Carol López, “Agencia, actores, escenarios, la tensa calma de la zona gris sudamericana”, Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE 5, n.º 2 (2020), http://uajournals.com/ojs/index.php/cisdejournal/article/view/635. ↑
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69. Miguel Ángel Gonzales Bojórquez, Oscar Luis Calle Pérez, Rolando Enrique Campos Hashimoto y Manolo Eduardo Villagra, “El narcotráfico en el VRAEM: una amenaza naturalizada”, Revista de Ciencia e Investigación en Defensa 4, n.º 2 (2023), https://doi.org/10.58211/recide.v4i2.109. ↑
70. Manolo Eduardo Villagra, “Crisis globales emergentes y el rol estratégico de las Fuerzas Armadas del Perú”, Pensamiento Conjunto 13, n.º 1 (2025), https://pensamientoconjunto.com.pe/index.php/PC/article/view/154. ↑