Este artículo ha sido publicado inicialmente en la Revista Seguridad y Poder Terrestre
Vol 3, N°4, octubre – diciembre, 2024

Resumen

Este artículo analiza el impacto de la radicalización ideológica y su convergencia con el Crimen Organizado Transnacional (COT) en la seguridad nacional del Perú. A través de una metodología descriptiva y analítica, se examinan las zonas más afectadas por estos fenómenos, evaluando cómo los grupos radicales y el crimen organizado afectan la gobernabilidad y comprometen el control del Estado sobre territorios clave. Se concluye que esta convergencia incrementa las amenazas a la seguridad interna, requiriendo una intervención estratégica por parte del Estado. Aunque la seguridad interna es una tarea principalmente policial, la intervención de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) resulta fundamental en situaciones donde la magnitud de la amenaza supera las capacidades policiales. Finalmente, se destaca la necesidad de una estrategia integral que combine esfuerzos de seguridad con desarrollo socioeconómico para mitigar los efectos de la radicalización, así como garantizar y fortalecer la estabilidad del país a largo plazo, especialmente en las regiones más vulnerables.

Palabras clave: Radicalización ideológica, Estado, COT, Seguridad Nacional, FF. AA., desarrollo socioeconómico, gobernabilidad.

Introducción

En los últimos años, diversas corrientes político-ideológicas radicales han emergido como fuerzas perturbadoras, desafiando la estabilidad de los Estados a nivel global. En el contexto específico del Perú, estas corrientes han dado lugar a la aparición de grupos radicales que buscan desestabilizar el Estado, amparándose en supuestas reivindicaciones sociales. En la mayoría de los casos, recurren a la violencia como su principal herramienta para instaurar cambios en las estructuras del poder. Aprovechando la ausencia estatal en ciertas áreas, han instrumentalizado actividades ilícitas como el tráfico ilícito de drogas (TID), la minería ilegal y el contrabando, lo que intensifica aún más la percepción de inseguridad. La informalidad que caracteriza a estas regiones no sólo contribuye a la oposición a proyectos de desarrollo, sino que facilita la incursión del COT, agravando la crisis y debilitando la gobernabilidad. Aunque la seguridad interna es una misión primordial de la Policía Nacional del Perú (PNP), la magnitud de las amenazas, en algunas ocasiones, ha requerido la intervención de las FF. AA., especialmente en situaciones donde las capacidades policiales resultan insuficientes. Este artículo examina la participación fundamental de las FF. AA. en el enfrentamiento de estas amenazas asimétricas, que van desde el terrorismo hasta el crimen organizado, y cómo han debido adaptarse a estos nuevos desafíos.

La Radicalización y su Amenaza a la Seguridad Nacional en el Perú

El surgimiento de grupos radicales en el Perú se fundamenta en un marco social de desigualdad, marginalidad y debilidad institucional. Estas agrupaciones emergen de corrientes político-ideológicas que promueven la confrontación como medio para alcanzar sus objetivos, específicamente en áreas donde la presencia del Gobierno, como componente del Estado, es escasa, convirtiéndose en terreno fértil para reclutar seguidores y promover sus agendas.^[1] La falta de acceso a servicios básicos, oportunidades laborales y una representación política legítima alimenta la animadversión hacia el Estado y facilita un proceso de alienación de sectores marginados de la población.

Es una constante social que, en ciertas regiones del Perú donde operan grupos radicales, la población muestra una marcada ausencia de sentido de pertenencia nacional. En su lugar, prevalecen los regionalismos y las identidades étnicas, utilizados como base para profundizar la brecha existente entre estas comunidades y las diversas poblaciones del Estado.^[2] Esta situación dificulta la cohesión social, fomenta la desconfianza y debilita la capacidad del Estado para implementar políticas públicas inclusivas y efectivas. El fortalecimiento de las identidades locales, en detrimento de una identidad nacional compartida, agrava la desconfianza hacia las instituciones estatales, perpetuando un ciclo de marginalización y conflicto que socava aún más la cohesión social y alimenta la radicalización.

Los cabecillas de estos grupos, autodenominados “luchadores sociales autoconvocados”, manipulan y movilizan a las masas en función de intereses personales o grupales. Bajo el pretexto de defender reivindicaciones sociales legítimas, recurren a la violencia para alcanzar sus objetivos políticos^[3] aprovechándose de la vulnerabilidad y, a menudo, del desconocimiento de las comunidades. Una parte considerable de ellos se encuentran involucrados en casos de corrupción y actúan subvencionados por actores vinculados al COT, buscando perpetuar su control sobre las comunidades y socavando la legitimidad del Estado.^[4] En este contexto, se oponen a las fuerzas del orden, incluidas las FF. AA., ya que estas representan un obstáculo para su objetivo de imponer el caos y desorden. Utilizan su ideología política para adoptar una posición de victimización y alegan vulneración de sus derechos. Esta narrativa colisiona con la opinión pública; algunos consideran las acciones militares como necesarias para mantener el orden social, mientras que otros las perciben como una imposición injusta del poder estatal.

Es fundamental entender cómo los grupos radicales desarrollan sus actividades en zonas donde la presencia del Estado no es adecuada o es deficiente.^[5] Estos suelen financiarse mediante actividades informales e ilegales al margen de la ley, como el contrabando, la minería ilegal y el TID.^[6] La interconexión entre las actividades ilícitas y la radicalización fortalece su capacidad operativa, proporcionándoles recursos económicos para continuar con sus agendas subversivas.

Otro aspecto relevante es el amparo social y el sostenimiento económico que algunas autoridades políticas y locales les otorgan, con la finalidad de eludir cuestionamientos, procesos de revocatoria o protestas ante errores o falencias en su gestión. Para ello, emplean una serie de mecanismos como el uso de personas orientadas a efectuar actividades de apoyo, conocidas como “portátiles”, y grupos denominados “fuerzas de choque”; esta modalidad de extorsión se disfraza como “aporte a favor de la lucha del pueblo”.

Asimismo, la inercia, indiferencia, temor a represalias y corrupción por parte de ciertos representantes del Ministerio Público Fiscalía de la Nación (MPFN), impiden la apertura de investigaciones fiscales;^[7] debido a que estos operadores radicales generalmente son naturales de la localidad, lo que demuestra un posicionamiento de poder e impunidad frente a sus acciones.^[8] Un análisis profundo de estas redes de colaboración puede permitir identificar fuentes de financiamiento para intervenciones precisas y efectivas que desarticulen estas alianzas y reduzcan su capacidad operativa.

El Impacto de los Grupos Radicales en el Desarrollo y la Seguridad Nacional

Las actividades de grupos radicales en el Perú afectan negativamente el desarrollo socioeconómico y la seguridad nacional, puesto que no se limitan a incitar la violencia y la inestabilidad en las zonas donde operan; también dificultan los esfuerzos de progreso y causan convulsiones y conflictos sociales.^[9] Por lo tanto, es evidente que estas agrupaciones no sólo generan violencia, sino que contribuyen al estancamiento económico al sabotear la implementación de políticas públicas y, en repetidas ocasiones, paralizar las actividades económicas en regiones estratégicas para el país.

Los que se denominan “autoconvocados” comparten un discurso y una narrativa de desunión y desafección hacia el Gobierno.^[10] En esta coyuntura, la violencia y la intimidación promovidas por estos grupos ahuyentan la inversión y repercute negativamente el clima de negocios en las áreas bajo su dominio, lo cual se traduce en reduce las de oportunidades económicas y estanca el desarrollo local. Acciones radicales, como los bloqueos de carreteras y la toma de instalaciones e infraestructura crítica, no sólo causan pérdidas económicas inmediatas, sino que tienen efectos a largo plazo, reduciendo la competitividad de las regiones afectadas, dañando su imagen y dificultando su desarrollo.

La presencia del radicalismo obstaculiza los esfuerzos del Estado por impulsar obras y promover el desarrollo en estas zonas. La inseguridad y la amenaza constante de violencia dificultan la implementación de políticas públicas efectivas y la prestación de servicios básicos, como educación, salud e infraestructura.^[11] La tentativa de violencia ha debilitado las instituciones locales y erosionado la capacidad del Estado, lo que refuerza el ciclo de marginación y empuja a más personas hacia el radicalismo.

La relación entre ideología política y los intentos del Estado de establecer presencia y promover el desarrollo en diversas regiones revela la complejidad de las dinámicas sociales y culturales. En particular, en áreas con antecedentes de conflictos históricos y ausencia del Estado, estas intervenciones suelen percibirse como transgresiones a sus derechos y a la autonomía local.

La violencia genera un impacto devastador tanto económico como social, debido a la interrupción de actividades productivas y al incremento de los gastos en seguridad,^[12] lo cual deteriora la calidad de vida de las poblaciones afectadas. A nivel nacional, estas acciones ilícitas impactan gravemente en la economía y la identidad nacional.^[13] Prospectivamente, si el Estado no actúa de manera decisiva para controlar y erradicar la influencia de estos grupos radicales, el impacto en el desarrollo económico podría ser aún más grave. A medida que las regiones afectadas por la violencia continúan perdiendo oportunidades de inversión y desarrollo, el costo de la recuperación económica será cada vez mayor.

La ausencia de cohesión entre actores estatales y no estatales debilita los esfuerzos de desarrollo e invisibiliza su presencia y liderazgo, siendo necesario fortalecer alianzas entre el Gobierno, la sociedad civil y el sector privado.^[14] Únicamente mediante el empoderamiento de los líderes de las comunidades legalmente reconocidos y fomentando su participación en la toma de decisiones, se podrá revertir la influencia negativa del retraso y el estancamiento.^[15] Sin una estrategia unificada que promueva la cooperación para formalizar actividades económicas y fortalecer las instituciones, los esfuerzos para combatir estos problemas seguirán siendo insuficientes.

La Convergencia entre Grupos Radicales y el COT

La presencia de estos grupos se relacionada con la violencia y la desestabilización del Estado, fortalecida por su conexión con la criminalidad organizada.^[16] Los radicales encuentran en el COT un aliado estratégico para financiar, escalar y expandir sus actividades. De igual manera, el crimen organizado utiliza estas agrupaciones como instrumentos para generar caos y desorden, aprovechando su capacidad de movilización para desviar esfuerzos y evitar el control por parte de las fuerzas del orden.^[17] Es notorio que la convergencia entre estos actores no es casual ni espontánea; responde a la necesidad de ambos de maximizar sus recursos y buscar impunidad para sus acciones.

A través de subvenciones económicas, el crimen organizado capta a líderes y miembros de grupos radicales como agentes de seguridad, operadores de avanzada e informantes para sus actividades ilícitas, que abarcan desde el contrabando y la minería ilegal hasta el TID y otros delitos conexos. La simbiosis entre actores radicales y el COT permite que la criminalidad se expanda en zonas donde el control del Estado es débil, como el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM),^[18] donde delincuentes dedicados al TID y grupos armados de la Organización Terrorista Sendero Luminoso (autodenominada Militarizado Partido Comunista del Perú Marxista- Leninista-Maoísta principalmente Xiista (MPCP- MLMPM) colaboran para consolidar sus operaciones, fortaleciendo las estructuras criminales y creando un círculo vicioso de violencia e ilegalidad.

Las políticas actuales de combate al crimen organizado en Perú son deficientes y, en diversas ocasiones, ineficaces para neutralizar los recursos y actividades de grupos radicales, debido a la falta de un enfoque integral y a la limitada coordinación interna.^[19] Aunque la cooperación internacional y los tratados bilaterales tienen el potencial de ser beneficiosos, su implementación efectiva es irregular, lo que afecta el ciclo de inteligencia y la ejecución de estrategias.^[20] En este contexto, el Estado adopta un enfoque reactivo frente a esta convergencia, priorizando la respuesta militar sin abordar las raíces estructurales del problema.^[21] El TID, al igual que otras actividades ilícitas, proporciona los recursos financieros que permiten a los grupos radicales sostener su capacidad operativa. Sin embrago, la carencia de una estrategia integral que combine esfuerzos de seguridad con desarrollo económico y cohesión social ha permitido que esta alianza criminal continúe fortaleciéndose.

Si no se toman medidas decisivas, estas alianzas seguirán erosionando el control estatal y debilitando las instituciones locales, dificultando el desarrollo en las regiones más afectadas. Es prioritario mejorar la coordinación y fortalecer las instituciones del orden para enfrentar la convergencia entre grupos radicales y el crimen organizado. Esto requerirá potenciar las capacidades militares y de inteligencia, así como involucrar a las comunidades locales con el objetivo de consolidar el tejido social y evitar que los grupos radicales sigan reclutando nuevos miembros.

El Estado Peruano ante la Amenaza de los Grupos Radicales

El surgimiento y la actividad violentista plantean desafíos significativos para el Estado y sus instituciones.^[22] Si bien existen esfuerzos para hacer frente a esta amenaza, persisten una serie de obstáculos que dificultan una respuesta eficaz y sostenible. La incapacidad del Estado para articular a los operadores de la ley y garantizar la seguridad pública se ve comprometida por la falta de recursos humanos, logísticos y financieros,^[23] así como por la corrupción y la infiltración de agentes del COT en las instituciones estatales, lo que socava la efectividad de las medidas de seguridad y justicia.^[24] Esta complejidad y multidimensionalidad de la amenaza requiere una respuesta integral y coordinada por parte del Estado. La ausencia de una estrategia integral ha permitido que los grupos radicales continúen operando en las zonas más vulnerables.^[25]

Otro desafío importante radica en la cooperación y coordinación entre las diferentes agencias estatales y niveles de gobierno.^[26] La deficiencia en la articulación efectiva entre estas entidades puede obstaculizar la identificación temprana y la neutralización de las amenazas que plantean los grupos radicales.^[27] Desde un enfoque estratégico, el Estado debe avanzar hacia un modelo de gobernanza más inclusivo y cohesivo, en el que la seguridad se aborde no de manera aislada, sino en conjunto con el desarrollo económico y social de las regiones afectadas. No obstante, la ausencia de una estrategia integral ha profundizado la desafección hacia el Estado en las comunidades impactadas, donde la desconfianza hacia las instituciones ha permitido que los grupos radicales se presenten como una alternativa para canalizar dicho resentimiento.

Fortalecer la respuesta del Estado peruano implica implementar reformas institucionales que mejoren las capacidades de las agencias de seguridad, especialmente mediante el fortalecimiento de la comunidad de inteligencia. Además, es crucial optimizar la cooperación internacional y los tratados bilaterales que potenciarían la lucha contra el COT, desmantelando sus fuentes de financiamiento para debilitar a los grupos violentistas. La legitimidad del Estado será un factor determinante en esta lucha, ya que sin la confianza de la ciudadanía, cualquier esfuerzo de seguridad será percibido como una imposición represiva.

Esta estrategia integral debe asegurar una respuesta efectiva que incluya políticas de prevención dirigidas a abordar la desigualdad y la exclusión social en las áreas más remotas y vulnerables del país. El desafío es doble: contener la violencia y, al mismo tiempo, fortalecer la presencia institucional en las regiones más vulnerables.

Las FF. AA. como Garantía de la Seguridad Nacional y Estabilidad del Estado

Ante el crecimiento de estas amenazas, las FF. AA. juegan un papel medular en el mantenimiento de la seguridad nacional y la estabilidad del Estado.^[28] Su intervención resulta esencial para contrarrestar todo tipo de amenazas y preservar el orden interno. Aunque la misión de seguridad interna corresponde principalmente a la PNP, las FF. AA. actúan en situaciones donde las capacidades de la institución policial han sido superadas, previa declaratoria de estado de emergencia, asumiendo un rol complementario cuando la magnitud de la amenaza lo exige.^[29]

Es relevante destacar que, en el cumplimiento de acciones militares, deben evitarse daños colaterales a la población civil, la cual debe ser considerarla siempre como un aliado.^[30] Por ende, la armonía con la comunidad resulta esencial para la ejecución efectiva de sus funciones.

Es fundamental que las FF. AA. cuenten con inteligencia de campo de alta calidad para enfrentar organizaciones radicales, especialmente aquellas vinculadas al COT que amenazan el orden social y la seguridad nacional. Esta inteligencia debe suministrar información precisa y oportuna, permitiendo a las FF. AA. tomar decisiones informadas y estratégicas en la lucha contra estos grupos.^[31]

La cooperación interinstitucional entre las FF. AA., la PNP y las agencias de inteligencia es crucial para garantizar la efectividad de las operaciones de seguridad.^[32] La coordinación y el flujo de información entre estas entidades son clave para anticipar movimientos, identificar líderes y desarticular redes de apoyo, logrando así operaciones más efectivas y con menor riesgo para la población civil.

La necesidad de contar con recursos humanos, tecnológicos y materiales es vital para que las FF. AA. cumplan eficazmente sus roles estratégicos en la defensa nacional. En áreas de alta pobreza, el servicio militar puede ser visto como una oportunidad para mejorar la situación económica,^[33] a pesar de las tensiones ideológicas y la coacción ejercida por grupos radicales. Sin embargo, la falta de un incentivo económico adecuado podría motivar a los jóvenes a involucrarse en actividades ilícitas como el contrabando, la minería ilegal, el TID, entre otras. Por consiguiente, es imperativo que el servicio militar voluntario promueva la inclusión social, ofreciendo alternativas y oportunidades que disuadan a los jóvenes de optar por actividades ilegales.

Es esencial que las FF. AA. estén adecuadamente preparadas y equipadas adecuadamente para enfrentar las diversas amenazas que afectan al país.^[34] Esto incluye no sólo la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia, sino la capacidad de prevenir y neutralizar posibles ataques de nuevas modalidades del terrorismo u otras formas de violencia.^[35] Adicionalmente, deben trabajar en estrecha coordinación con otras agencias estatales y fuerzas del orden para asegurar una respuesta integral y efectiva ante las amenazas. La cooperación interinstitucional resulta fundamental para maximizar los recursos disponibles y garantizar la eficacia de las operaciones de seguridad.

Conclusiones

La radicalización en Perú ha prosperado debido a la acción de agentes con ideología contraria a la correcta concepción del Estado nación, así como a la existencia de contradicciones sociales y debilidades institucionales, lo que ha permitido que los grupos radicales movilizar a sectores marginados y poner en riesgo la estabilidad del Estado. Sin una estrategia integral que aborde tanto la violencia como las causas estructurales que alimentan este fenómeno, la situación seguirá escalando, comprometiendo aún más la cohesión social y la gobernabilidad.

La convergencia entre los grupos radicales y el COT ha intensificado la amenaza, debilitando el control del Estado sobre territorios estratégicos y dificultando las intervenciones de seguridad. Esta alianza estratégica ha permitido a ambos actores fortalecer su influencia en regiones clave, lo que exige una respuesta coordinada que combine esfuerzos en inteligencia, seguridad y desarrollo, con un enfoque a largo plazo para desarticular estas redes criminales.

Las FF. AA., como pilar de la seguridad nacional, deben adaptarse a las nuevas amenazas asimétricas y reforzar su cooperación con otras instituciones del Estado. Su rol no debe orientarse únicamente a la defensa del territorio, sino a las operaciones internas que respeten los derechos fundamentales y protejan a la población civil.

Sólo mediante una genuina intención y voluntad política que combine seguridad, desarrollo y cohesión social, el Estado peruano podrá recuperar el control de las regiones afectadas, desarticular la influencia de los grupos radicales y mantener la estabilidad.

Notas finales:

1. Quispe Mamani, Edgar. 2021. «Corrupción, conflictos y crisis de gobernabilidad democrática en Puno, Perú». Trabajo y sociedad 22.37: 419-437.https://www.redalyc.org/journal/3873/387368391023/movil/ ↑
2. Zerga Arista, Adriana. 2010. «La importancia de llamarse indígena: manejo y uso político del término indígena en Lircay–Perú». e-cadernos CES 07. https://doi.org/10.4000/eces.430 ↑
3. Cabrera, Erwin J. Sacoto. 2024. «Redes sociales, violencia política, enajenación social y su normalización en el Ecuador». Universidad Politécnica Salesiana. https://doi.org/10.17163/abyaups.58 ↑
4. Guillen Guevara, Mìa Lucia, Milton Edward Humpiri Flores, Domingo Jesús Cabel Moscoso, y Richard Andres Veliz Aguilar. 2023. “Incapacidad de solución de conflictos sociales en el Perú, 2022”. Waynarroque – Revista De Ciencias Sociales Aplicadas 3 (1):21-32. Universidad Nacional de Juliaca. https://doi.org/10.47190/rcsaw.v3i1.52. ↑
5. Laiza Cuyubamba, Italo Jason. 2023. «Los límites de los enfoques tecnocráticos y la importancia de las variables sociales en la implementación de políticas públicas: límites de la gestión pública urbana para el acceso al agua en los distritos de Chaupimarca, Vicco y Yanahuanca (Pasco), 2013-2017.» http://hdl.handle.net/20.500.12404/17096 ↑
6. Caldas Velasquez, Josue Daniel. 2024. «Desafíos al Estado, enforcement y legitimidad. El caso del contrabando en el departamento de Puno». http://hdl.handle.net/20.500.12404/26754 ↑
7. Alarcón Serrano, Marisol. 2024. «Análisis de la violencia legítima en base al uso de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional por parte del Estado Peruano en las protestas sociales-2023». https://hdl.handle.net/20.500.12802/12383 ↑
8. Cortez, Víctor Carrasco. 2023. «Crisis política en el Perú: cambios profundos y consecuencias importantes del «golpe» de diciembre de 2022″. Acta Herediana 66.1: 25-31. https://doi.org/10.20453/ah.v66i1.4539 ↑
9. Gudynas, Eduardo. 2023. «Violencias y desarrollo: asociaciones inevitables y esenciales». Observatorio del Desarrollo 12.34: 7-19. Alemania. https://doi.org/10.35533/od.1234.eg ↑
10. Coronel, Omar. 2023. «Ni revolución ni barbarie: ¿Por qué protestan en Perú?» Nueva Sociedad 304: 4-13. https://static.nuso.org/media/articles/downloads/COY_Coronel_304.pdf ↑
11. Vera Alvarez, Deyvi Jahir. 2023. «Las políticas públicas del Estado frente a la violencia económica y su incorporación al código penal peruano». https://doi.org/10.59427/rcli/2023/v23cs.3822-3831 ↑
12. Cordero, Sara Quintero, and Miguel González Martínez. 2022. «El derecho operacional en las amenazas híbridas de los libros blancos de Perú y Brasil». Revista Política y Estrategia 139: 39-62. https://doi.org/10.26797/rpye.vi139.993 ↑
13. Sáez, Manuel Alcántara. 2016. “América Latina, a Vueltas Con La Identidad Nacional”. Política Exterior 30, no. 171: 80–92. http://www.jstor.org/stable/26450705. ↑
14. Lama Bustinza, José Carlos. 2015. Desigualdad territorial de oportunidades, cohesión comunitaria y captura del estado democracia y desarrollo a escala humana en el Perú. Universitat Autònoma de Barcelona. https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1168437 ↑
15. Corrales Ramos, Milagros Gisela. 2022. «Influencia de la participación comunitaria en el empoderamiento de la mujer del programa social del vaso de leche del distrito de Lampa, Puno-2021». https://repositorio.ucsm.edu.pe/handle/20.500.12920/11816 ↑
16. Toro-Garzón, Luis Orlando, and Mónica María Bustamante-Rúa. 2020. «La investigación y la prueba de contexto como elementos de política criminal para la persecución del crimen organizado». Revista criminalidad 62.1: 101-115. https://924.policia.gov.co/sites/default/files/revista_criminalidad_62-1.pdf#page=101 ↑
17. Medina, David Eliseo Pico. 2024. «El desarrollo del Crimen Organizado y del Terrorismo en Ecuador». Revista de la Academia del Guerra del Ejército Ecuatoriano 17.01: 10-10. https://doi.org/10.24133/AGE.VOL17.N01.2024.03 ↑
18. Gonzales Bojórquez, Miguel Angel, Calle Perez, Óscar Luis, Campos Hashimoto, Rolando Enrique, y Eduardo Villagra, Manolo. 2023. “El Narcotráfico en el VRAEM Una Amenaza Naturalizada”. 2023. Revista de Ciencia e Investigación en Defensa 4 (2): 37 56. Centro de Altos Estudios Nacionales, Lima. https://doi.org/10.58211/recide.v4i2.109. ↑
19. Lira Limo, Luis Alberto, Gastón Alzamora Solorzano, y Fernando Enrique Mego Avellaneda. 2023. «Ineficaz Sistema de Inteligencia Policial, para contrarrestar las amenazas generadoras de escenarios de riesgos a nivel nacional, periodo 2020 y 2021». http://hdl.handle.net/20.500.12404/26459 ↑
20. Ríos Cadillo, Eliana. 2023. «Cooperación de seguridad: una estrategia de mitigación de amenazas trasnacionales en los países andinos». https://hdl.handle.net/20.500.14005/13244 ↑
21. Calle Pérez, Óscar Luis. 2024. «Trazando Estrategias: Desafíos y Reflexiones sobre el Narcotráfico y el Terrorismo en el VRAEM 2023.» Revista Seguridad y Poder Terrestre 3.1. Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú. Lima. https://doi.org/10.56221/spt.v3i1.49 ↑
22. Feldmann, Andreas E., y Juan Pablo Luna. 2022. «Gobernanza criminal y la crisis de los Estados latinoamericanos contemporáneos». Annual Review of Sociology 48: S-1. https://ssrn.com/abstract=4180164 o http://dx.doi.org/10.1146/annurev-soc-101221-021836 ↑
23. Donayre, Christian. 2018. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Vol. 31. Fondo Editorial de la PUCP. https://doi.org/10.18800/9786123173418 ↑
24. Reyes, Wilson Francisco Pacheco. 2024. «La Evolución de la Criminalidad Organizada a Nivel Nacional y la Seguridad Ciudadana». Revista de Ciencia e Investigación en Defensa 5.1: 84-95. https://doi.org/10.58211/recide.v5i1.142 ↑
25. Eduardo Villagra, Manolo. 2023. “El VRAEM: Propuesta de Estrategia Para la Mitigación de las Amenazas”. Revista de Ciencia e Investigación en Defensa, 4(2), 101-117. Centro de Altos Estudios Nacionales. Lima. https://doi.org/10.58211/recide.v4i2.115 ↑
26. Ormachea Montes, Juan Fernando. 2020. «Estrategias integradas de ciberseguridad para el fortalecimiento de la seguridad nacional». Revista de Ciencia e Investigación en Defensa 1.4: 36-48. http://recide.caen.edu.pe/index.php/recide/article/download/36/32 ↑
27. Hodge Dupré, Eduardo Andrés. 2024. Antiterrorismo y contraterrorismo en América Latina: Argentina, Brasil y México ante la presencia del terrorismo islámico global (2001-2019). Diss. Universidad Nacional de La Plata. https://doi.org/10.35537/10915/164390 ↑
28. Eduardo Villagra, Manolo. 2022. «Los intereses nacionales, la integridad del Estado y las Fuerzas Armadas». Revista Cuadernos de Trabajo 20. Centro de Altos Estudios Nacionales. Lima. https://doi.org/10.58211/cdt.vi20.26 ↑
29. Arévalo Kalinowski, Jorge Cristhian. 2024. «Ideología Política y Percepción Social de la Intervención Militar, Puno, 2023». Tesis de Maestría. Escuela Superior de Guerra del Ejercito del Perú. Lima. http://repositorio.esge.edu.pe/items/94e5e2d1-db7f-4933-8305-eb7a05a734d0 ↑
30. Eduardo Villagra, Manolo. 2023. «Las Fuerzas Armadas, los Derechos Humanos y el Sistema Democrático». Pensamiento Conjunto Vol. 11 Núm. 2. Escuela Superior Conjunta de las Fuerzas Armadas del Perú. http://repositorio.esffaa.edu.pe/handle/ESCOFFAA/63 ↑
31. Mires Agip, Jose y Reyes Timana, G. 2023. La Importancia de la inteligencia táctica militar y policial en la producción de inteligencia estratégica nacional. Revista Escpogra PNP, 3(1), 81-96. https://doi.org/10.59956/escpograpnpv3n1.8 ↑
32. Gonzales Bojórquez, Miguel Angel, Calle Perez, Óscar Luis, Campos Hashimoto, Rolando Enrique, y Eduardo Villagra, Manolo. 2023. “Problemática del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro: Escenarios prospectivos”. Serie de Cuadernos de Trabajo. Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú. Lima. https://ceeep.mil.pe/2023/08/31/problematica-del-valle-de-los-rios-apurimac-ene-y-mantaro/ ↑
33. Gutiérrez Pérez, José Tomas. 2019. «El ingreso al servicio militar voluntario en el Ejercito del Perú y su repercusión en la seguridad defensa y desarrollo en las zonas de frontera en el Perú». https://hdl.handle.net/20.500.12893/5424 ↑
34. Guzmán, Víctor. 2013. «Rol y funciones de las Fuerzas Armadas en el siglo XXI: un enfoque desde las nuevas estrategias de seguridad». Revista Política y Estrategia 122: 173-201. https://doi.org/10.26797/rpye.v0i122.94 ↑
35. Astudillo Salcedo, Cesar Augusto. 2017. «Un Ensayo sobre la Seguridad y la Defensa en el Perú-Nuevas Amenazas, nuevos roles». http://repositorio.esffaa.edu.pe:80/handle/ESCOFFAA/25 ↑