Ecuador y Estados Unidos han suscrito una carta de implementación para poner en marcha la estrategia Frontera Segura, un proyecto piloto destinado a fortalecer la seguridad fronteriza mediante la cooperación bilateral, el intercambio de información y acciones coordinadas para combatir el crimen organizado transnacional. La iniciativa reúne los esfuerzos del Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa Nacional, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador y la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de Estados Unidos. El objetivo es mejorar la coordinación institucional y reforzar las capacidades operativas en zonas estratégicas del país latinoamericano. Plan piloto en la frontera norte El proyecto comenzará como un plan piloto en la provincia de Carchi, una de las áreas más sensibles de la frontera norte ecuatoriana. La estrategia contempla la articulación entre Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Aduanas y autoridades migratorias para fortalecer la presencia del Estado y enfrentar delitos como el narcotráfico, el contrabando, el tráfico de armas y la trata de personas. La iniciativa Frontera Segura incorpora herramientas de inteligencia, análisis de riesgos, generación de alertas operativas y mecanismos de verificación e inspección en puntos estratégicos. Además, prevé patrullajes coordinados basados en información compartida entre las instituciones participantes. Implicación de Estados Unidos Como parte del acuerdo, Estados Unidos brindará asistencia técnica, capacitación especializada, equipamiento e intercambio de buenas prácticas para fortalecer las capacidades nacionales de prevención, detección y respuesta frente a amenazas en corredores terrestres, marítimos y aéreos. Asimismo, la estrategia contempla mecanismos permanentes de monitoreo, evaluacióny coordinación interinstitucional para optimizar los controles fronterizos y desarrollar un modelo de intervención que pueda replicarse en otras zonas del país. Compromiso de cooperación La iniciativa Frontera Segura también busca facilitar el comercio legítimo, proteger a las comunidades fronterizas y reducir los espacios utilizados por organizaciones criminales para actividades ilícitas. Con este acuerdo, Ecuador y Estados Unidos ratifican su compromiso de trabajar conjuntamente para fortalecer la seguridad fronteriza, modernizar la gestión institucional y promover una movilidad más segura y eficiente.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exhortó al Estado peruano a no aprobar el proyecto de ley que amplía las competencias de la jurisdicción militar policial para investigar y juzgar determinados hechos vinculados al accionar de militares y policías. El pronunciamiento se produjo luego de que el Pleno del Congreso aprobara, en primera votación, una iniciativa que modifica el Código Penal Militar Policial y el Nuevo Código Procesal Penal. Lea más l Plantean que policías que cometan delitos en prevención e investigación del delito sean juzgados por el fuero policial militar policial A través de un mensaje difundido en redes sociales, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó su preocupación por el alcance de la propuesta legislativa. «Exhorta Perú a no aprobar el proyecto de ley que otorga competencia a la jurisdicción militar para investigar y juzgar posibles violaciones de los derechos humanos», señaló la Oficina del Alto Comisionado. ONU invoca estándares internacionales En el mismo pronunciamiento, Naciones Unidas recordó que las denuncias relacionadas con presuntas vulneraciones de derechos fundamentales deben ser conocidas por órganos jurisdiccionales ordinarios. Según indicó, «las presuntas violaciones de los derechos deben ser conocidas por un tribunal ordinario competente, independiente e imparcial, de conformidad con el derecho internacional». La posición de la ONU se conoce en medio del debate sobre el alcance que tendría la jurisdicción militar policial respecto de hechos ocurridos durante acciones militares, actos de servicio o intervenciones realizadas en contextos de estados de emergencia. Congreso aprobó propuesta en primera votación La advertencia del organismo internacional se produce después de que el Congreso aprobara, con 58 votos a favor, el dictamen recaído en los proyectos de ley 7238/2023-CR, 7922/2023-CR, 9187/2024-CR y otras iniciativas acumuladas. La propuesta legislativa busca modificar el Código Penal Militar Policial y el Nuevo Código Procesal Penal con el objetivo de precisar el alcance del denominado delito de función y fortalecer la competencia de la jurisdicción militar policial en casos relacionados con el ejercicio de funciones de integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Alcances de la iniciativa Entre los principales cambios planteados, el texto sustitutorio establece que determinados hechos cometidos durante acciones militares, actos de servicio o estados de emergencia sean conocidos preferentemente por el fuero militar policial. Asimismo, propone evitar que una misma conducta sea investigada simultáneamente por la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción militar policial cuando exista coincidencia de hechos y de personas involucradas en la investigación. La iniciativa también incorpora modificaciones destinadas a endurecer las sanciones para militares y policías que colaboren con organizaciones criminales. En esos supuestos, las penas podrían alcanzar incluso la cadena perpetua cuando dicha colaboración esté vinculada con la muerte de una persona. Pese a haber sido aprobado por el Pleno del Congreso, el dictamen todavía deberá ser sometido a una segunda votación antes de completar el trámite legislativo correspondiente.

Después de al menos 18 años, Bolivia y Estados Unidos firmaron un acuerdo bilateral de apoyo de hasta $us 20 millones para fortalecer la cooperación técnica, la capacitación y el equipamiento especializado en la lucha contra el narcotráfico y el combate al crimen transnacional. El canciller Fernando Aramayo y la encargada de negocios estadounidense, Debra Hevia, rubricaron la denominada Carta de Acuerdo para fortalecer la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada transnacional. “Este instrumento permitirá canalizar hasta $us 20 millones en cooperación técnica, capacitación y equipamiento especializado para fortalecer las capacidades de las instituciones bolivianas encargadas de la seguridad pública, la investigación criminal y el combate al crimen organizado”, establece un post en Facebook de la Cancillería boliviana sobre el acuerdo Es la primera vez desde 2008 que se concreta un apoyo económico de Washington para la lucha contra el narcotráfico. El gobierno del expresidente Evo Morales rompió ese año relaciones con el país del norte y expulsó al entonces embajador Philip Goldberg y a la agencia DEA. Una vez que llegó al poder el presidente Rodrigo Paz, se dio un giro en la política exterior nacional y se retomó la relación con el gobierno de Donald Trump. Ambos Estados acordaron restablecer la relación diplomática a nivel de embajadores. “Bolivia reafirma su compromiso con una cooperación internacional basada en la responsabilidad compartida, el respeto mutuo y la acción coordinada frente a los desafíos comunes de seguridad”, se añade en el post de la Cancillería.

El gobierno de Javier Milei firmó este jueves a través del Ministerio de Defensa con autoridades de Estados Unidos un acuerdo para lograr un "suministro recíproco de combustible" a "precios militares en todo el mundo". El acuerdo, firmado por el ministro Carlos Presti con el embajador estadounidense Peter Lamelas, respresenta un capítulo más del alineamiento militar argentino con EE.UU. y, según el Gobierno, busca mejorar el apoyo logístico para ejercicios, despliegues y operaciones conjuntas, según las fuentes de Defensa. En ese marco, el ministerio destacó que con las dos cartas de intención firmadas "Argentina se convirtió en el primer país del hemisferio en incorporarse al Mercado Digital de Drones y Sistemas Antidrones del Ejército de los Estados Unidos. Según el comunicado de Defensa, el acuerdo amplía "las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas y fortalecen la proyección internacional de nuestro país". Detalla que el acuerdo "permitirá acceder a combustible a precios militares en todo el mundo, mejorando el apoyo logístico para ejercicios, despliegues y operaciones conjuntas". Y agrega que Argentina se convirtió en el primer país del hemisferio en incorporarse al Mercado Digital de Drones y Sistemas Antidrones del Ejército de los Estados Unidos, una plataforma que "facilitará el acceso a tecnologías certificadas por personal militar y abrirá nuevas oportunidades para que la industria nacional de defensa ofrezca desarrollos tecnológicos argentinos a la red de países aliados que la integran". Se trata, resumieron, de dos iniciativas "que amplían el acceso a recursos estratégicos y acercan a la Argentina a las tecnologías que hoy definen los escenarios operacionales".

Tras años de inactividad, Fabricaciones Militares inició la puesta en marcha de sus líneas productivas para abastecer a la Defensa nacional. El Gobierno informó que se reactivó el horno de forja para fabricar envueltas de munición calibre 105 y 155 mm, material crucial que la empresa había dejado de producir tras la crisis de los años noventa. Se busca recuperar capacidades perdidas: la reactivación contempla la producción de munición para morteros de 81 y 120 mm, además de proyectiles para artillería de 105 y 155 mm. Desde la explosión en Río III en los noventa la actividad decayó; en su mejor momento la fábrica abastecía a las Fuerzas y al exterior. Qué va a producir Fabricaciones Militares Se reabrirán líneas para fabricar munición de 105 mm destinada a los carros TAM y también a los SK-105 Kurassier. Además, la estatal retomará la producción de partes y componentes que formen parte del plan de modernización del parque blindado argentino, tarea que requirió personal y capacidades técnicas. Según fuentes oficiales, la compañía ya entregó seis millones de proyectiles de infantería al Ejército y convocó a las direcciones de I+D de las Fuerzas para relevar necesidades actuales. Está previsto lanzar un concurso público internacional para atraer socios industriales y conformar acuerdos que permitan escalar la producción y actualizar procesos. Cuál es el plan de la nueva administración de Fabricaciones Militares Mientras la demanda global de munición presiona industrias extranjeras, las plantas locales quedaron muchas veces en silencio. Fabricaciones Militares conserva líneas y personal especializado, aunque su gestión fue errática. La nueva administración pretende reagrupar capacidades técnicas y buscar mercados, recuperando el rol de proveedor estratégico para el país y la región. El horno de forja, según comunicaron, estuvo fuera de servicio durante gobiernos kirchneristas; su encendido simboliza la intención de recuperar soberanía industrial. El desafío será modernizar procesos, asegurar gestión técnica y generar clientes. Si se logra, la reactivación no solo cubrirá necesidades internas sino que podría reinsertar a la industria en exportaciones. La nueva conducción tendrá la tarea de dar conducción estratégica y profesionalizar la firma para evitar usos políticos que la debiliten. El encendido de líneas puede impulsar la cadena de PYMES satélites y la generación de empleo calificado. El objetivo oficial: que Fabricaciones Militares vuelva a ser un actor industrial relevante y confiable en defensa.

La Oficina de Catalogación de la Defensa (OCD) del Estado Mayor Conjunto (EMCO) avanza en su hoja de ruta para lograr el estatus de país Tier 2 en el Sistema OTAN de Catalogación, un paso clave que potenciaría la interoperabilidad logística de las Fuerzas Armadas y abriría nuevas oportunidades para la industria nacional de defensa. Desde el lunes 4 de mayo, una delegación chilena integrada por especialistas de la OCD participa en un entrenamiento intensivo en el Centro de Apoyo a los Sistemas Logísticos de Defensa de Brasil (CASLODE). Esta capacitación, impartida por expertos brasileños, se centra en los requisitos técnicos para rendir con éxito el Compliance Test, la evaluación fundamental que debe superar Chile para ascender de Nivel 1 a Nivel 2 dentro del Sistema OTAN de Catalogación (NCS). Sebastián Pierattini Calderón, jefe de la Oficina de Capacitaciones y Normas de la OCD, destacó la importancia de esta instancia en su cuenta de LinkedIn: “Esta es la fase final de los acuerdos bilaterales establecidos entre los Estados Mayores de Chile y Brasil en materia de catalogación y cooperación logística. Fortalece la interoperabilidad y las capacidades técnicas de ambas naciones”. El profesional agradeció el apoyo sostenido de Brasil, que ha sido un aliado estratégico en este proceso a lo largo de los años. Este esfuerzo se enmarca en un avance progresivo que Chile viene consolidando desde hace varios. En 2025 se adquirió el software MC Catalogue de la empresa checa AURA, se avanzó en la integración de piezas de los botes PUMAR de ASMAR al sistema y se realizaron reuniones clave, como la Primera Reunión de Catalogación de 2026, donde se presentó la hoja de ruta y se definieron tareas críticas con delegados de las oficinas institucionales y de las Empresas Estratégicas de Defensa (FAMAE, ASMAR y ENAER). Beneficios de alcanzar el Nivel 2 El ascenso al Nivel 2 permitiría a Chile no solo consultar el catálogo OTAN, sino también catalogar productos nacionales, participar con voz y voto en el Grupo AC-135 y hacer visibles los materiales fabricados localmente ante más de 60 países aliados. Esto se traduciría en economías de escala, reducción de stocks duplicados, mayor eficiencia en la logística de las Fuerzas Armadas y un impulso concreto a la exportación de la industria de defensa chilena. Brasil, que ya opera en Nivel 2, ha jugado un rol fundamental mediante capacitaciones y el intercambio de experiencias. La cooperación bilateral, formalizada en protocolos desde 2018, sigue siendo un pilar para que Chile cumpla con los estándares exigidos por la NATO Maintenance and Supply Agency (NMSA). Con este entrenamiento en Brasil, Chile da un paso concreto hacia la certificación. El proceso sigue su curso según lo planificado, con el objetivo de fortalecer la posición del país en el ámbito logístico internacional sin perder el foco en las necesidades operativas propias de las Fuerzas Armadas posicionando a la industria nacional en un escenario más competitivo a nivel global. (Luis Andres Lautaro)

Brasil y EEUU han firmado un acuerdo para combatir el tráfico de armas y drogas mediante inteligencia compartida y operativos conjuntos. La iniciativa incluye herramientas tecnológicas y coordinación en rutas críticas como la triple frontera. El programa ya ha permitido detectar métodos sofisticados de contrabando y confiscar cientos de piezas ilegales. El Gobierno de Brasil ha dado un paso más en su estrategia contra el crimen organizado internacional con la firma de un acuerdo con la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo de EEUU (CBP). La iniciativa, denominada Proyecto MIT (Mutual Interdiction Team), busca reforzar la cooperación bilateral en materia de seguridad. Este acuerdo se enmarca dentro del diálogo entre los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump, y pretende mejorar la capacidad de ambos países para interceptar envíos ilegales de armas y drogas. Cooperación centrada en inteligencia y operaciones conjuntas El Proyecto MIT integra el intercambio de información en tiempo real y la coordinación de operativos conjuntos para actuar tanto en origen como en destino de las redes criminales. El foco se sitúa en rutas sensibles, especialmente en la triple frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay, una de las zonas más vulnerables al tráfico ilícito. El origen de esta colaboración se remonta a enero, tras una visita técnica a Foz de Iguazú que permitió consolidar la coordinación entre ambos países. El papel clave del sistema “Desarma” Uno de los pilares del acuerdo es el programa informatizado “Desarma”, desarrollado por la Hacienda brasileña. Este sistema permite rastrear armas y materiales sensibles a nivel internacional y compartir datos en tiempo real con las autoridades estadounidenses. Gracias a esta herramienta, se pueden identificar patrones de comportamiento, conexiones entre redes y rutas habituales utilizadas para el tráfico ilegal. Resultados iniciales del programa Los datos aportados por el Gobierno brasileño reflejan ya impactos concretos en la lucha contra el tráfico ilícito.

La medida rige en distritos de la región de Tacna y contempla un mayor despliegue policial y militar para reforzar la seguridad y controlar el ingreso irregular por pasos no habilitados. El Gobierno de Perú decretó este jueves el estado de emergencia en varios distritos de la región de Tacna, zona fronteriza con Chile, con el objetivo de reforzar la seguridad y enfrentar situaciones de criminalidad y violencia en el sector. La medida tendrá una duración inicial de 60 días y permitirá el despliegue conjunto de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para resguardar el orden público y fortalecer los controles en la zona limítrofe. Distritos incluidos en la medida El estado de emergencia se aplicará en cuatro distritos de la región de Tacna: Palca, Tacna, La Yarada-Los Palos y Tarata. Durante este período, la Policía Nacional asumirá el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas, las que participarán en patrullajes y operativos de seguridad en la zona. Las autoridades indicaron que las áreas de intervención serán determinadas a partir de información de inteligencia, estadísticas y mapas del delito, con el fin de focalizar los operativos en sectores considerados críticos. Restricción de algunos derechos y controles migratorios El decreto también contempla la restricción o suspensión de algunos derechos constitucionales, entre ellos la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito y el derecho de reunión, medidas que podrán aplicarse mientras dure el estado de emergencia. Además, eventos masivos de carácter cultural, deportivo o religioso deberán contar con autorización previa de las autoridades para poder realizarse. En paralelo, el gobierno anunció que se intensificarán los operativos para detectar migrantes que intenten cruzar por pasos no habilitados, así como controles permanentes en la línea fronteriza. Patrullajes y monitoreo con drones Como parte de las medidas de seguridad, las autoridades peruanas implementarán patrullajes motorizados permanentes y vigilancia aérea mediante drones en distintos puntos del límite con Chile. El plan también contempla mantener en sesión permanente a los comités regionales y provinciales de seguridad ciudadana de Tacna, con el objetivo de coordinar las acciones durante la vigencia del estado de emergencia.

Estados Unidos ha dado luz verde para la construcción de una nueva base naval en América Latina. Se trata de un proyecto estratégico en Perú cuyo presupuesto supera los 1.500 millones de dólares, según documentos oficiales. ¿Dónde se construirá la nueva base naval de Estados Unidos? El proyecto fue aprobado recientemente y contempla la edificación de la base naval en el puerto del Callao, considerado uno de los enclaves marítimos más importantes del país suramericano. La autorización formal llegó tras la evaluación del Departamento de Estado y la presentación ante el Congreso estadounidense, que enfatizó la relevancia estratégica del acuerdo. La inversión total estimada alcanza los 1.500 millones de dólares, orientada al desarrollo de infraestructura naval que refuerce las capacidades operativas en la zona. El diseño incluye la construcción de nuevos muelles especializados y la liberación de aproximadamente 80 hectáreas para la expansión del puerto comercial del Callao. Infraestructura y alcance La base contará con áreas dedicadas a operaciones navales avanzadas, así como facilidades logísticas para el apoyo de flotas y maniobras conjuntas. La planificación también considera la integración con la infraestructura civil portuaria para optimizar el uso del espacio y mejorar la eficiencia comercial. Importancia del puerto del Callao El Callao es un nodo clave para el tráfico marítimo en el Pacífico sudamericano, con conexión directa a rutas comerciales globales. Su modernización y ampliación, impulsada en parte por esta iniciativa, potenciará el comercio regional y la cooperación militar entre Estados Unidos y Perú. Qué impacto tendrá el proyecto en la región La base naval estadounidense estará situada a menos de 80 kilómetros del megapuerto chino de Chancay, una instalación de gran escala que representa un punto vital para el comercio asiático en Latinoamérica. Esta proximidad plantea un escenario de competencia logística y estratégica en el área. Desde Washington se ha afirmado que la provisión de equipamiento y tecnología para la base no alterará el equilibrio militar regional, sino que tiene como objetivo fortalecer las capacidades defensivas y logísticas de un aliado estratégico. El proyecto se inscribe dentro de los objetivos de política exterior estadounidense, orientados a consolidar relaciones con países claves en el Pacífico. Cooperación en defensa y logística El acuerdo incluye la mejora de capacidades marítimas para responder a desafíos comunes en seguridad y protección de rutas comerciales. La base servirá como punto de apoyo para operaciones conjuntas y ejercicios militares, reforzando la interoperabilidad y preparación entre ambos países.

El presidente Donald Trump se preparaba para recibir a líderes conservadores de América Latina en una cumbre en Florida a principios de marzo cuando las autoridades estadounidenses divulgaron un video en el que se mostraba una gran explosión, y se captaba la destrucción de lo que dijeron que era un campo de entrenamiento de narcotraficantes en un área rural de Ecuador. El video pretendía demostrar que el ejército de Estados Unidos, que durante meses ha bombardeado embarcaciones que, según afirma, transportan drogas desde Sudamérica, “ahora bombardea a narcoterroristas en tierra”, escribió en las redes sociales el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Pero una investigación de The New York Times plantea dudas sobre la operación que tanto Estados Unidos como Ecuador destacaron como parte de una nueva alianza militar contra los narcotraficantes.

José Antonio Kast asumió la presidencia de Chile tras ganas las elecciones de diciembre. El mandato será hasta 2030 y la gestión estará enfocada en el orden y la seguridad. El líder de ultraderecha ganó con la primera de impulsar "un gobierno de emergencia" en el que contempla un duro plan de deportación de 340.000 migrantes ilegales. En los últimos años, Chile recibió una ola de inmigrantes venezolanos que puso el debate de la seguridad en el centro de la agenda política chilena. El gobierno de Gabriel Boric no le encontró una solución a ese flagelo y eso dio mucho espacio punitivo de Kast. "Este gobierno generó caos, desorden e inseguridad. Y nosotros vamos a ir a la inversa", afirmó el nuevo presidente de Chile durante la campaña. Además de Lula que decidió faltar a la ceremonia porque Kast invitó a Flavio Bolsonaro, otros de los ausentes destacados fueron el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a quien el chileno visitó hace algunas semanas y de quien busca imitar el modelo de seguridad.